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Las interesantes «matemáticas» de las compañías petroleras

None | 18 de Febrero de 2006 a las 00:00

Los voceros compañías petroleras han argumentado que el impuesto temporal especial sobre las utilidades de estas firmas, que se utilizaría para subvencionar las tarifas del transporte colectivo urbano, es un impuesto confiscatorio. Este impuesto se califica de confiscatorio porque –de acuerdo con estas compañías– sus utilidades son "apenas" del 2%, mientras la tasa del impuesto es del 3%. Según estas extrañas matemáticas, el impuesto del 3% absorbería todas sus utilidades y más que eso. Pero como yo estoy seguro que los voceros de estas empresas saben muy bien aritmética, debo concluir que deliberadamente intentar crear una gran confusión en la opinión publica.

En efecto, un impuesto del 3% sobre las utilidades, no puede absorber todas las utilidades. Absorberá solo el 3% de las utilidades, mientras el 97% de las mismas permanecerá en manos de la empresa. Por tanto, si la tasa de utilidad en efecto es del 2% como argumentan las compañías transnacionales petroleras, entonces el impuesto gravaría el 3% de ese 2%. El 3% del 2% es igual al 0.06%.

Es decir, el impuesto absorbería solo el 0.06% de ese 2% de utilidades –o sea solo absorbería el 3% de las utilidades– mientras el 1.94% remanente de ese mismo 2%, –o sea el 97% remanente de las utilidades– quedaría en manos de las empresas.

Como se ve, aun si aceptamos que las utilidades de las empresas son solo el 2% (¿de los activos?), no es cierto que se les este confiscando la totalidad, ni siquiera una parte importante, de las utilidades. El 97% de las utilidades no se tocarían.

De hecho, en todo el mundo existe un verdadero escándalo, e incluso conmoción, por el hecho de que las petroleras estén obteniendo beneficios monopólicos extraordinarios, explotando a los consumidores en esta crisis a través de su dominio de carácter semi-monopólico sobre el mercado del petróleo.

En el propio senado de los EEUU, país en donde la noticia acerca de las enormes ganancias de Exxon Mobile causó gran revuelo –Exxon Mobile, la compañía petrolera más grande del mundo, dio parte de nada menos que 26 mil millones de dólares en utilidades durante el ejercicio pasado– se está exigiendo una investigación respecto a beneficios exagerados que están obteniendo las grandes compañías petroleras en ese país. Pero no solo es el caso de EEUU. En el 2005, el consorcio angloholandés Shell registró utilidades de alrededor de 22,900 millones de dólares, las cifras más altas en la historia de Shell.

Tanto políticos como organizaciones de consumidores en estos países han hecho un llamado conjunto para la introducción de un impuesto especial para las compañías petroleras. Con los fondos generados, se debería compensar los altos precios de energía y combustibles, que es lo mismo que se propone en Nicaragua.

El combustible no es un bien como cualquier otro. Es un bien clave, fundamental y extremadamente sensible para el funcionamiento de toda la economía y del conjunto de la vida social, y el precio de este bien, además, tiene un impacto directo, inmediato y generalizado sobre toda la cadena de precios y costos de la economía.

Las compañías que tienen dominio semi-monopólico sobre este mercado, no pueden esperar ser tratadas del mismo modo que compañías que no distribuyen un bien con estas características. No se trata de bienes típicos, de los que hablan los libros de texto. Se trata de bienes muy especiales.

Es por eso que, en todo el mundo, normalmente existen entes estatales reguladores sobre los mercados de este tipo de bienes (agua potable, telecomunicaciones, energía eléctrica, transporte colectivo y combustible, además del sistema financiero).

Por lo demás, como lo sabe cualquier economista, en teoría el "libre mercado puede ser calificado como un mecanismo eficiente de regulación únicamente cuanto existe competencia perfecta, es decir en aquellas condiciones en que no existe concentración del poder de mercado en unas cuantas firmas. Cuando el mercado realmente existente se acerca mas a uno dominado por grandes firmas, y se aleja por completo del "mercado de competencia perfecta" de los libros de texto, entonces lo que tenemos, en vez de eficiencia, son grandes firmas aprovechando su poder de mercado semi-monopólico para explotar a los consumidores y a otras empresas, cargando márgenes excesivos.

En este caso, no se justifica reclamar la aplicación de principios doctrinarios como la "neutralidad" de la política fiscal frente a los precios relativos de mercado, los cuales únicamente tienen cierta validez en condiciones de mercados de competencia perfecta, y que no tienen nada que ver con mercados donde, de manera monopólica o semi-monopólica, se fijan precios clave" para el conjunto de la economía y la vida entera del país.

COSEP se enemista con los ministros

(Servicio noticioso de Radio La Primerísima

Los grandes empresarios están defendiendo con todas sus fuerzas a las transnacionales petroleras. Tanto, que ahora hasta respaldan la propuesta de sus archienemigos del Frente Nacional de los Trabajadores, para que la Asamblea Nacional apruebe una ley mediante la cual se reduzcan sustancialmente los salarios de los altos funcionarios del gobierno y de todos los poderes del estado.

"Este país no puede seguir con esos salarios de funcionarios excesivamente altos", dijo el jueves al Canal 12 de la televisión local el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Erwin Krüger. "Hay que empezar a revisar las compensaciones y los gastos del sector público, porque aquí hay grandes desproporciones entre los salarios de los funcionarios de alto nivel, los de nivel intermedio, los asesores, los consultores internacionales y lo que reciben los empleados de base", agregó.

El economista independiente Adolfo Acevedo, sostiene que "la planilla salarial del gobierno asciende al 4% del PIB. De esta planilla, casi un 1% del PIB es absorbida por 695 altos funcionarios, mientras a los restantes 98,498 trabajadores absorben el restante 3% del PIB. O sea, el 0.7% de los funcionarios públicos (los altos cargos) absorbe el 25% de la planilla, mientras el 99.03% restante de trabajadores absorbe solo el 75% de la planilla. Una disparidad salarial gigantesca".

Agrega el economista que "el sueldo del ministro del ramo de educación en Costa Rica, es equivalente a 5 veces el sueldo de un docente. La relación entre el sueldo más alto (el de ministro) y el más bajo en el Ministerio de Educación de Costa Rica, es de 10 a 1, y en El Salvador, de 11 a 1. En cambio en Nicaragua, esa relación es de cien a uno".

Krüger se opone al acuerdo entre los partidos, el gobierno y los dirigentes de los buseros, bajo la mediación del Cardenal Miguel Obando, mediante el cual se gravan las utilidades de las compañías distribuidoras de combustibles en 3% para financiar el subsidio a los transportistas.

El empresario se reunió con Rafael Quinto, dirigente de la Unión Regional de Cooperativas del Transporte Colectivo (Urecotraco), que exigía un subsidio de 20 millones de córdobas (1,1 millones de dólares) mensuales o aumentar el precio del boleto de autobús de de 2.5 a 3.5 córdobas (15 a 20 centavos de dólar). Quinto arguyó que "para nosotros es indiferente el origen el subsidio". Los sueldos para altos funcionarios del Estado superan los 3,500 dólares mensuales.

Tras un paro de ocho días en el que hubo arrestos y policías lesionados, los transportistas lograron al final que el gobierno del presidente Enrique Bolaños aceptara crear un impuesto del 3% a las utilidades de las empresas distribuidoras de combustible para subsidiar al transporte.

Las empresas afectadas por el impuesto serían: Shell, Esso, Texaco y la estatal Petronic, que alegan operarían con pérdidas. El presidente del Banco Central, Mario Alonso, confirmó que las empresas petroleras en el país "han tenido las utilidades récord en su historia". No precisó cifras. La Coordinadora Civil informó que las distribuidoras de combustibles tuvieron utilidades de 52% en el país, mientras en el resto de Centroamérica fueron de 33%.

El decreto de creación del impuesto ya está en la asamblea nacional, pero es rechazado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que junto con la empresa privada considera que "provocará inflación y desestimulará la inversión extranjera".

El impuesto fue apoyado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuyo líder el ex presidente Daniel Ortega, dijo el jueves "que esas compañías sinvergüenzas (las petroleras) ganaron más de 80 millones de dólares en 2005". El FSLN posee 38 diputados, de los 91 diputados del legislativo, en tanto que el PLC tiene 40. Otros 13 diputados independientes dividen opiniones al respecto.

Liberales de todos los caudillos se unen para defender a petroleras

La creación de un impuesto temporal del 3% a las utilidades netas de las compañías distribuidoras de combustibles para subsidiar al transporte público de Managua, ha generado lo que nadie podía pronosticar hace tan solo unos días: el presidente Enrique Bolaños, el caudillo liberal Arnoldo Alemán y el banquero y aspirante presidencial Eduardo Montealegre, se han unido para defender las ganancias de los dueños de las petroleras.

La decisión de gravar las utilidades petroleras fue tomada en la mesa del Diálogo Nacional en la madrugada del martes para poner fin a una huelga de los transportistas que durante ocho días obligó a más de 850 mil personas a caminar largas distancias o a viajar en inseguras camionetas piratas.

El impuesto generaría unos 66 millones de córdobas (casi cuatro millones de dólares) en los próximos cuatro meses y es respaldado por los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y algunas bancadas minoritarias. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que no participó en las extensas negociaciones sostenidas en Casa Presidencial para conjurar el paro de los transportistas, se opone al gravamen, al igual que los dueños de las compañías petroleras Shell, Esso, Texaco y la estatal Petronic.

Según el acuerdo, subscrito la madrugada del martes por el Gobierno, la Alcaldía de Managua y los transportistas, para poner fin a una huelga de ocho días, se acordó en la mesa de diálogo la creación por ley un impuesto a las utilidades de las petroleras que estaría vigente por cuatro meses, mientras los transportistas adquieren unidades nuevas que les permitan establecer tarifas diferenciadas. Eso significará alrededor de 66 millones de córdobas que, junto a los 16 millones de córdobas que percibió el Estado en enero por el arriendo de Petronic, sumarán 82 millones para los buseros, que se les entregarían de febrero hasta mayo.

Tanto el PLC como las transnacionales afirman que la medida es inconstitucional e inviable, y que el consumidor final será en definitiva el que pagará los platos rotos.

Los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) dijeron este martes que apoyarán la creación de un nuevo impuesto para las empresas petroleras, con el que subsidiarán a los transportistas de Managua, pero los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) anunciaron que se opondrán

Empresarios rechazan impuesto

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) rechazó este miércoles un acuerdo entre el gobierno y los transportistas para crear un impuesto del 3% a las utilidades de las empresas distribuidoras de petróleo para subsidiar el transporte urbano de la capital.

La futura creación del impuesto permitió poner fin a un paro de ocho días en Managua, que hicieron los transportistas para exigir un subsidio total de 1,1 millones de dólares mensuales o un aumento en el precio del pasaje de autobús de 14 a 20 centavos de dólar.

El Cosep alegó en un comunicado distribuido a los diferentes medios de comunicación que el impuesto "envía un mensaje negativo a los inversionistas privados nacionales y extranjeros" y tiene "un impacto inflacionario en deterioro del poder de compra de los asalariados".

Propuso que, en vez de gravar a las distribuidoras de combustible, se liberen los precios de las tarifas del transporte, se permita la entrada al mercado a otros transportistas y se reordenen las rutas.

Los representantes de la industria petrolera que opera en el país han rechazado tal decisión del gobierno de imponerles un gravamen del 3% sobre sus utilidades mensuales para subsidiar a los empresarios del transporte público.

Los dueños de las distribuidoras de combustible del país en su reunión de este miércoles con la empresa privada decidieron cerrar filas contra la aprobación del nuevo impuesto, del tres por ciento a las utilidades de dichas empresas petroleras para subsidiar a los empresarios del transporte público de Managua, mientras que ejecutivos de la industria petrolera iniciaron un cabildeo en contra del gravamen.

Los gerentes generales Agustín Fuentes, de la compañía Esso; y Mauricio Aranda, de la Shell; así como el director ejecutivo de Petronic, José García, sostuvieron un encuentro este miércoles con el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Eduardo Gómez, a quien le hicieron ver que la aprobación del impuesto podría provocar un incremento de los precios de los combustibles, o una situación de insolvencia en las empresas petroleras que no les permitirá cumplir con sus importaciones regulares de petróleo y sus derivados.

Gómez, vicepresidente del partido Alianza por la República (Apre), declinó realizar comentario alguno al término del encuentro, argumentando que tenía "una reunión urgente".

Mientras el Cosep, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), y la Cámara Italo-Nicaragüense emitieron un pronunciamiento donde rechazaron la imposición del gravamen y demandaron un ajuste en las tarifas de transporte de acuerdo a los costos de operación y de mercado.

Los argumentos de los representantes de las petroleras son infundados, y así se lo demostraremos cuando comparezcan ante la comisión que dictaminará el anteproyecto de ley que grava con el tres por ciento las utilidades de productores, procesadores e importadores de combustibles, dijo Orlando Tardencilla, diputado del grupo de Herty Lewites y uno de los proponentes de la Ley.

Según Tardencilla, la ley crea un tributo especial y temporal sobre las utilidades netas de las empresas procesadoras e importadoras de combustible, pero el impuesto no se aplicará sobre el proceso de producción, sino las utilidades después del Impuesto sobre la Renta. Agregó que las petroleras tampoco se verán afectadas por el impuesto en su capacidad adquisitiva de nueva materia prima para la producción de hidrocarburos terminados. "Yo creo que esos temores se fundamentan en el hecho que no conocen a fondo la iniciativa de ley, y estoy seguro que al final verán una panorámica distinta porque además de estar desagregado, este impuesto es de naturaleza temporal", advirtió Tardencilla.


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