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Estado mexicano culpable de cientos de asesinatos en guerra sucia

None | 27 de Febrero de 2006 a las 00:00

Washington – El ejército de México y las fuerzas de seguridad asesinaron a cientos de ciudadanos durante la "guerra sucia" en ese país entre las décadas de 1960 y 1980, revela un reporte mexicano divulgado por el organismo independiente, Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos.

"Ese documento es el resultado de cuatro años de trabajo de la oficina de Procurador de Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto", detalla el informe.

"Esa fiscalía fue creada en 2002 por el presidente de México, Vicente Fox, para investigar violaciones a los derechos humanos", indica en un comunicado el organismo independiente de investigación con sede en Washington.

"El reporte aún no ha sido hecho público, a pesar de que sus autores --un grupo de 27 investigadores, historiadores y activistas humanitarios contratados por el Procurador Especial en 2004 para redactarlo-- lo entregaron al Dr. Prieto el 15 de diciembre", añade el texto del organismo cuya biblioteca e instituto están en la George Washington University.

La entidad, fundada en 1985, suele divulgar documentos oficiales estadounidenses obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información.

"Pero ese borrador sobre el reporte está circulando actualmente en México. Un periodista de la revista nacional, Eme Equis, tiene una copia y ahora publica un análisis en profundidad en la sección dedicada a las operaciones de contrainsurgencia patrocinadas por el Estado mexicano en el estado de Guerrero (sur) durante los años 70".

Otras personalidades también tienen el reporte, incluyendo a los destacados escritores e historiadores Elena Poniatowska, Carlos Montemayor y Carlos Monsivais", precisa el texto.

"Desde el año 2000, cuando la elección de Fox devino en una transición después de más de 70 años de gobierno de un sólo partido (Partido Revolucionario Institucional - PRI), el gobierno mexicano ha actuado con energía en favor de una mayor apertura y responsabilidad", reconoce el instituto.

Los archivos señalan que los crímenes mencionados en el borrador del reporte fueron cometidos "durante los gobiernos del presidente (Gustavo) Díaz Ordaz (1964-70), (Luis) Echeverría (1970-1976) y (José) López Portillo (1976-1982)", de los cuales sólo sobrevive Echeverría, de 84 años.

"En aquellos años, cientos de ciudadanos mexicanos --incontables civiles inocentes además de militantes armados-- fueron asesinados o "desaparecidos" (secuestrados y presuntamente muertos) por militares y fuerzas de seguridad", prosigue.

"Miles más fueron torturados, o detenidos ilegalmente, o sometidos a hostigamiento gubernamental y vigilancia".

"Estamos enviando el borrador porque las familias de las víctimas de la "guerra sucia", y la opinión pública mexicana, tiene el derecho a saberlo", explica Kate Doyle, directora del Proyecto México del National Security Archive.

En esa época, los "ciudadanos fueron frecuentemente expulsados de la participación cívica por un gobierno determinado a mantenerlos en la oscuridad. Información era poder, y el derecho a la información no existe para los hombres y mujeres mexicanos comunes", agregó Doyle.

El sitio web del archivo es www.nsarchive.org.

La violencia política en el pasado de México ha sido mucho menos documentada que la de otros vastos planes de represiones en Amércia Latina, como Argentina y Chile, mientras estaban bajo gobiernos militares.

El "reporte secreto está basado parcialmente en documentos desclasificados del Ejército mexicano y por primera vez ofrece nombres de funcionarios militares y unidades involucradas en la destrucción de comunidades enteras que el gobierno sospechaba que servían como bases para el líder rebelde Lucio Cabañas" en el montañoso estado de Guerrero (sur de México), informó The New York Times.

"En esos puestos, soldados rodearon a todos los hombres y muchachos, ejecutaron a algunos de ellos y descubrieron y detuvieron a otros, y luego utilizaron la violencia, incluyendo violaciones, para echar el resto de la gente", según el diario.

"Muchos de los detenidos sufrieron torturas severas, incluyendo golpizas, choques eléctricos y fueron obligados a beber gasolina, en las instalaciones militares que fueron operadas como 'campos de concentración'", puntualiza el informe.

Episodio aún no resuelto en la historia del país

La "guerra sucia" en México, ocurrida en las décadas de los años 60 y 70, es un capítulo aún no resuelto en la historia del país. Un ex presidente, Luis Echeverría (1970-1976), su ex ministro del Interior, Mario Moya, y varios jefes policiales, procuradores y mandos de inteligencia en esas décadas han sido investigados oficialmente, pero aún no se han producido sentencias.

La Fiscalía que creó el presidente Vicente Fox en 2001 para investigar los delitos del pasado no ha conseguido llevar a juicio a ningún responsable, y además ha recibido varios reveses provenientes de la justicia.

La Suprema Corte mexicana rechazó el pasado 11 de enero asumir el caso de la matanza estudiantil de la plaza de Tlatelolco, en 1968, por la que la Fiscalía especializada quiere juzgar a Echeverría.

Aunque los episodios de represión política y sindical se remontan a años anteriores, los historiadores consideran que la 'guerra sucia' se inició formalmente con esa sangrienta matanza de los estudiantes, acaecida el 2 de octubre de 1968, en vísperas de los Juegos Olímpicos.

En esa época gobernaba México el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Cifras oficiales señalan un saldo de 30 muertos en la plaza de Tlatelolco, pero corresponsales extranjeros e investigaciones independientes llegaron a reportar entre 200 y 300 víctimas.

La matanza de 1968 significó un punto y aparte en la historia contemporánea de México, y según expertos marcó el inicio de la lenta descomposición del régimen priista.

La represión a los estudiantes volvió a ser utilizada de forma sangrienta el 10 de junio de 1971, cuando un grupo paramilitar denominado los "Halcones" mató oficialmente a 12 jóvenes en las calles de la capital.

La respuesta violenta de grupos de extrema izquierda, influenciados por los grupos guerrilleros en boga en toda América Latina, creó una espiral de atentados, torturas y ejecuciones extrajudiciales en todo México.

Durante esos años, "el gobierno mexicano cometió reiterados abusos contra los derechos humanos de opositores y disidentes políticos", señaló el grupo Human Rigths Watch en un balance de la "guerra sucia" emitido el año pasado.

"Entre los objetivos de esta campaña estaban los grupos armados y sus auténticos o presuntos simpatizantes, así como los activistas estudiantiles y otras personas que participaban en protestas, aunque nunca se involucraran en la actividad armada", añadió ese texto.

En 1974 el gobierno mexicano afirmaba combatir unos 23 grupos guerrilleros, según ha documentado la oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Al año siguiente, la policía del estado de Nuevo León (norte) detiene y hace desaparecer a Jesús Piedra Ibarra, un joven estudiante y militante de extrema izquierda que provocará la mobilización de su madre, Rosario Ibarra, junto a grupos de defensa de los derechos humanos en México.

El caso Piedra Ibarra se convirtió en emblemático y acentuó la presión sobre el régimen priista.

En 1978, el entonces presidente José López Portillo (1976-1982) otorgó una amnistía a más de 150 ex guerrilleros que permanecían presos. Los liberados testimoniaron de personas a las que vieron vivas en cárceles clandestinas y que permanecían desaparecidas.

La 'guerra sucia' fue declinando lentamente hasta desaparecer -salvo casos esporádicos- en los años 80, junto a los cambios internos del régimen político mexicano, que desembocaron en el fin del régimen en 2000.


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