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Miles de escuelas amenazadas por desalojo

None | 19 de Marzo de 2006 a las 00:00

El caso del Centro Educativo Autónomo Japón, que podría ser destruido por estar ubicado en una propiedad ahora en litigio, es solo la punta del iceberg, porque miles de escuelas nicaragüenses se encuentran hoy en la misma situación. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, hay más de siete mil planteles asentados en terrenos cuyos títulos de propiedad aún no están en manos del Estado.

Ante esa situación, las autoridades hacen esfuerzos por legalizar esas propiedades y así evitar problemas similares a los que enfrenta el colegio de Managua construido cuatro años atrás con ayuda del gobierno de Japón.

La desolación y la ira se apoderaron de los pobladores de un barrio pobre de la zona norte de esta capital a finales de la semana pasada, tras conocerse que una jueza había ordenado la destrucción de la escuela. De acuerdo con el fallo, el plantel debe ser desocupado y demolido porque fue construido sobre terrenos expropiados a una ciudadana nicaragüense tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979.

Durante la tiranía de Anastasio Somoza, en el lugar ahora en litigio se encontraba el Club de Clases y Soldados de la Guardia Nacional, por lo que los ciudadanos se preguntan cómo se las arregló la ciudadana para obtener la propiedad.

Una vez conocida la decisión de la jueza, los padres de los más de 700 niños que estudian en el centro y los maestros y profesores anunciaron que impedirán a toda costa su destrucción. Los pobladores mantienen una guardia perenne en los alrededores de la escuela, al tiempo que claman por la intervención de las autoridades del Ministerio de Educación.

Niños se levantan para defender su escuela

(Agencia AFP) "¿Cómo quieren que seamos el futuro de Nicaragua si quieren destruir nuestro colegio?", se pregunta Damir, un vivaz niño de apenas 10 años, quien estudia en el Centro Educativo Autónomo Japón, en una empobrecida zona del norte de Managua, cuya destrucción fue ordenada por una jueza de la capital.

Allí, en barrio Los Angeles, cerca del Mercado Oriental, estudian 735 niños que proceden de familias humildes, que pagan la suma simbólica de 30 córdobas mensuales –menos de dos dólares– al colegio, construido hace cuatro años con ayuda de Japón.

En los predios de este colegio funcionó en el pasado el club social de la desaparecida guardia del ex dictador militar Anastasio Somoza, quien fue derrotado en 1979 por la guerrilla sandinista. El gobierno sandinista expropió estos terrenos y autorizó que en ellos se construyera una escuela, que durante muchos años impartió clases a niños pobres del lugar, en aulas forradas con sacos y mallas.

En lo que eran viejas instalaciones se levantó un moderno edificio que alberga a los estudiantes, que reciben clases en pequeñas pero cómodas aulas, en cuyas afueras construyeron un lindo jardín. El centro brinda además un programa vespertino para niños y adolescentes que trabajan en la calle.

"Antes aquí nos sentábamos en las piedras para dar lecciones, ahora gracias a Dios, el Gobierno de Japón nos donó esta escuela y tenemos este edificio con gran orgullo", afirma Otilia Prado, una niña de 11 años que cursa el sexto grado, rodeada por sus compañeros ansiosos de tomar la palabra para denunciar lo que las autoridades pretenden hacer.

Un fallo dictado por la jueza del Distrito Civil II de Managua, Maria Gómez, ordenó esta semana desocupar y destruir las instalaciones de la escuela, para entregarla a una ciudadana que asegura que la propiedad le pertenece, porque habría sido expropiada por el Estado durante la revolución sandinista (1979-1990).

La disposición de la jueza causó revuelo entre ciudadanos, padres de familia y organizaciones de la sociedad civil. La jueza dio un plazo de tres días, que vence este sábado, para desalojar el inmueble.

"De aquí no nos van a sacar porque queremos ser alguien en la vida, no es justo que nos estén quitando la escuela", advirtió Prado con energía.

La amenaza de desalojo agitó la vida de este humilde colegio, donde la comunidad logró hace cuatro años con el apoyo de Japón, levantar el centro de los escombros para convertirlo en una institución modelo.

"Yo he crecido aquí, es injusto lo que hacen, si quieren destruir el colegio primero tendrán que destruir a todas las personas que están aquí", dijo Haysel Guadamuz, una alumna de 11 años, de frágil contextura, mientras las lágrimas corren por sus mejillas.

La angustia y la tristeza se apoderó de los alumnos del centro, algunos de los cuales, como Everth Morales, de ocho años, pidió con voz entrecortada que "no nos quiten la escuela", porque a él le gusta estudiar.

"Es injusto lo que hacen porque aquí nosotros aprendemos valores y a ser buenos ciudadanos", manifestó por su lado Alejandro, del sexto grado.

Los alumnos reciben clases de música y danza que son impartidas por una simpática cooperante japonesa que este viernes terminó su misión de dos años en Nicaragua, con un emotivo acto donde los estudiantes la despidieron con cantos, bailes y aplausos.

A la fiesta escolar asistieron los profesores y padres de familia, que cuestionaron el fallo judicial y advirtieron que no permitirán que le destruyan el colegio que le "costo a la comunidad".

"Yo tengo cuatro nietos estudiando aquí. Cómo van a desalojar a los niños de clases, no queremos tener niños analfabetos", cuestiono Diana Martínez, de 53 años.

Padres de familia y profesores del centro esperan este viernes analizaban este viernes las medidas que tomarían si la policía llega a desalojarlos. La dirección del centro y los profesores por su parte dice que no saben de donde salió la mujer que reclama la propiedad, porque el terreno que actualmente ocupa el colegio es del Estado.


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