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OEA pide cese de hostilidades

None | 10 de Septiembre de 2005 a las 00:00

"Estoy totalmente satisfecho", dijo el ministro nicaragüense de Exteriores, Norman Caldera, quien participó en las negociaciones durante todo el viernes.

El inicio de una sesión especial de embajadores de los 34 Estados miembros fue retrasado cinco horas. La resolución –el segundo pronunciamiento de la OEA sobre Nicaragua en los últimos tres meses– pide a la oposición nicaragüense "un cese inmediato de cualquier acción que tienda a agravar la crisis política en Nicaragua".

La oposición, que controla todas instituciones y poderes públicos, excepto el Ejecutivo, tiene planes de llevar la próxima semana a la Asamblea Legislativa (Parlamento) una propuesta de desafuero de Bolaños para que sea juzgado en un tribunal común por presuntos actos de corrupción durante su campaña electoral.

Detalles de la resolución de la OEA sobre Nicaragua

Detalles de la resolución aprobada el viernes unánimemente por los 34 estados miembros de la OEA sobre la crisis política en Nicaragua:

– Manifiesta que la profundización de la crisis institucional y política arriesga la gobernabilidad democrática del país.

– Exhorta "en los términos más enérgicos posibles" a las partes involucradas a iniciar un diálogo amplio y constructivo, libre de presiones y amenazas y en condiciones de igualdad.

– Exhorta al cese de la aplicación de las medidas que han provocado el escalamiento de la crisis institucional y a respetar el mandato conferido libremente por el pueblo nicaragüense al presidente Enrique Bolaños y demás autoridades.

– Pide al secretario general de la OEA José Miguel Insulza insistir sobre la importancia de actuar para mantener la institucionalidad democrática y alcanzar acuerdos que preserven dicha institucionalidad.

– Pide un cese inmediato de cualquier acción que tienda a agravar la crisis política en Nicaragua.

– Convocar, si la urgencia del caso lo aconsejare, un periodo extraordinario de sesiones de cancilleres para pronunciarse sobre la crisis.

– Reitera que la crítica evolución de los acontecimientos en Nicaragua "compromete gravemente la separación e independencia de los poderes públicos".

– Manifestar el respaldo a la labor realizada por el secretario general de la OEA y su enviado especial, el ex canciller argentino Dante Caputo.

Tensas negociaciones

En las negociaciones, los diplomáticos tuvieron que buscar un compromiso entre los países centroamericanos, los caribeños y Estados Unidos, que pedían la mención del artículo 20 de la Carta Democrática, y miembros de ALADI (Sudamérica y México) que no la deseaban.

Los 34 países de la OEA negociaron a puerta cerrada la resolución en la que "la manzana de la discordia" fue la palabra "condena". Las dificultdes del Consejo Permanente de la OEA surgieron a raíz de la oposición de algunos países a la referencia a un artículo de la Carta Democrática que autoriza la convocatoria de una asamblea de cancilleres.

La reunión del Consejo Permanente convocada para las 10:30 de la mañana hora local fue postergada hasta las 16:00, a la espera de que los representantes de los 34 países lograran un acuerdo sobre la resolución.

El canciller nicaragüense Norman Caldera, que participó en la reunión, se limitó a declarar que "la Carta Democrática tiene varios pasos y hay que tomar los que correspondan", en alusión al artículo 20 de dicho texto que permite convocar una general de los cancilleres cuando las gestiones diplomáticas no dan resultados.

Según una fuente diplomática centroamericana, que pidió el anonimato, los países de esa región, así como Estados Unidos, Canadá y la Comunidad de países del Caribe (CARICOM), apoyaban una resolución fuerte y se enfrentaban a la oposición del grupo de los países sudamericanos y México (ALADI). Venezuela y Uruguay han sido identificados por la fuente como los dos países que más se oponían a que se mencione el artículo 20 de la carta en la resolución. "No consideran que estamos en una situación en que debe aplicarse dicho artículo", añadió.

Los representantes ante el foro interamericano negociaron resoluciones presentadas por los países del Grupo ALADI, y por el GRUCA. En las negociaciones EEUU mantuvo un perfil bajo. ALADI opinaba que no se debía emitir una condena sobre hechos que aún no han ocurrido, como el eventual desafuero del presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños.

El nuevo embajador de Nicaragua ante la OEA, José Velásquez, no compartía esa opinión. "Estamos al borde de un golpe de Estado y hay que aplicar el artículo 20", explicó a la prensa. "Esperar a que ocurra sería como legislar sobre un caballo muerto", advirtió.

"No ser severos ahora en defensa de la democracia en Nicaragua sería equivalente a legislar sobre un caballo muerto", dijo Velásquez, al sugerir una resolución de pleno apoyo al presidente y a las instituciones democráticas de su país.

"Es una prueba de fuego para la organización", aseguró el diplomático. "Se están reflejando aquí los intereses del pacto", añadió, en referencia al acuerdo entre los sandinistas del ex presidente Daniel Ortega y el Partido Liberal Constitucionalista de Arnoldo Alemán contra Bolaños.

La resolución incluye un llamamiento a las partes enfrentadas en la crisis nicaragüense a resolver sus diferencias por medio del diálogo en beneficio de la democracia y el Estado de derecho.

La Asamblea Nacional pretende el desafuero de Bolaños y de siete funcionarios de alto rango del Gobierno (tres ministros, tres viceministros y el presidente de una institución descentralizada del Estado), para que sean juzgados por presuntos delitos electorales. Estos delitos consisten en supuestamente no haber informado al Consejo Supremo Electoral (CSE) de determinados gastos en la campaña de las elecciones generales de noviembre de 2001.

El Parlamento nicaragüense aprobó hace más de diez meses reformas constitucionales, que restringen el poder del presidente y que fueron ratificadas por el Tribunal Supremo a principios de este mes.

El gobierno de Bolaños ha estado prácticamente paralizado en lo que va del año al ser puesto contra la pared por la oposición, que luego de un pacto ha pasado a controlar prácticamente todas las instituciones nacionales, desde el Congreso a los tribunales y ahora desea destituir al presidente.

Si la destitución de Bolaños, de producirse, fuese considerada inconstitucional por la Asamblea General, Nicaragua podría ser suspendida del sistema interamericano, según lo establece la Carta Democrática Interamericana. Bolaños ha dicho que calificará como un "golpe de estado" su desafuero, que la oposición gestiona bajo acusaciones de corrupción presuntamente cometidos en su campaña electoral del 2001.

La oposición ha dicho que llevaría el caso del desafuero al debate plenario posiblemente la próxima semana.

El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, analizó la crisis en Nicaragua en una sesión privada que mantuvo el miércoles con el enviado especial a ese país a promover el diálogo, el ex canciller argentino Dante Caputo. Caputo también informó en privado sobre sus gestiones de promoción del diálogo –en las que no ha logrado mayores frutos–, al Consejo Permanente de la OEA.


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