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Coalición hispana urge aprobar pronto reforma migratoria

None | 30 de Enero de 2006 a las 00:00

Una amplia coalición hispana ha planteado la urgencia de que se apruebe lo antes posible una reforma migratoria justa ante la proliferación de medidas contra los inmigrantes en estados de la frontera con México.

Esta alianza considera que todavía no ha desaparecido el riesgo de que algunos legisladores republicanos sigan promoviendo una iniciativa que pretende negar a los hijos de inmigrantes indocumentados la ciudadanía estadounidense.

La idea, respaldada por el republicano Tom Tancredo que mantiene una postura a favor de más restricciones a los inmigrantes, fue rechazada por la Cámara de Representantes en diciembre pasado, pero sigue latente.

También está en marcha el involucrar a los cuerpos de policía estadounidenses en la persecución de extranjeros indocumentados.

Esta medida ya está vigente en varias ciudades, particularmente de la frontera sur.

Grupos de derechos civiles de EE.UU. han criticado duramente este plan que tuvo sus orígenes entre varios republicanos del Congreso.

El involucrar a las instituciones de policía en asuntos migratorios forma parte de la ley de Seguridad Fronteriza de 2005.

Esta ley busca impedir que los indocumentados consigan alguna vez todos los derechos legales y convierte la permanencia ilegal de extranjeros en este país en un delito grave, además de penalizar a los estadounidenses que les den protección.

La coalición de organizaciones hispanas urgió al Congreso ayer a debatir cuanto antes una reforma migratoria que tenga entre sus pilares la unidad de la familia, legalización de los indocumentados, promoción de la naturalización, restablecimiento de la ley y el fortalecimiento de la seguridad nacional.

La alianza, formada por grupos religiosos, sindicatos y otros sectores interesados en el desarrollo de la comunidad latina en EE.UU., asegura que la reforma pondría fin a la gran variedad de regulaciones migratorias en muchos de los 50 estados del país.

Opinan que esas medidas afectan la educación, salud y progreso de los inmigrantes y sus familias y sitúan a estas personas en la mira de quienes luchan por acciones más drásticas contra los extranjeros, a los que culpan de casi todos los males de Estados Unidos.

Appleseed, un grupo no partidista de políticas públicas, junto con la firma de abogados Wilmer Cutler Pickering, ha publicado un manual para funcionarios electos, fuerzas policiales y activistas sobre la legalidad de la aplicación de las leyes federales de inmigración por parte de instituciones de policía local.

Tras el 11-S, EE.UU. redobló esfuerzos contra el terrorismo y entre las medidas involucró a la policía local en la aplicación de las leyes de inmigración, un hecho que según activistas de derechos civiles, crea una brecha entre esas entidades y los inmigrantes.

En urbes como Washington, Nueva York y Los Angeles, la policía se niega a asumir funciones migratorias.

La mayor central sindical de EE.UU., la AFL-CIO, se unió a la coalición hispana para demandar que no se retrase más la reforma migratoria, porque las leyes actuales de inmigración "lo único que hacen es promover la explotación de los trabajadores indocumentados y favorecer a los patronos".

Debate por residencia temporaria a centroamericanos en EEUU

Miami — Las visas de residencia temporaria en Estados Unidos, entregadas a miles de centroamericanos, deben expirar en los próximos meses, y muchos de los que las recibieron temen ser deportados, al aumentar en la vida política norteamericana el debate sobre inmigración.

El status de inmigrantes temporales otorgado a nicaragüenses y hondureños luego del huracán Mitch en 1998 y a los salvadoreños tras el devastador sismo del 2001 ha sido renovado de manera reiterada con escaso debate público. Pero la oposición a la medida va ahora en aumento.

Los críticos dicen que nunca se pensó en que el programa sería permanente y que ya ha llegado el momento de que más de 300.000 personas que son protegidas por el mismo retornen a sus países.

Pero los inmigrantes y sus partidarios dicen que si se permite la expiración de ese status especial, tendrá consecuencias devastadoras no sólo para los individuos, sino para sus familias, y para sus países de origen, que reciben miles de millones de dólares que esas personas ganan en Estados Unidos y envían a sus hogares como remesas.

"No habíamos visto este tipo de debate en muchos años. Este es un año electoral, y se trata de un asunto de gran perfil", dijo Ana Navarro, una consultora política que vive en Miami, y que fue previamente embajadora de Nicaragua en las Naciones Unidas.

Navarro señaló que el debate sobre el Status de Protección Temporaria (SPT) --que no es oficialmente una visa y no permite obtener la residencia permanente-- se registra en momentos en que hay cuatro proyectos de ley en Washington para controlar la inmigración.

El Departamento de Seguridad Interior debe decidir si renueva el SPT para los nicaragüenses y hondureños en mayo, y para los salvadoreños en julio. Hay 220.000 salvadoreños, 70.000 hondureños y 3.600 nicaragüenses en Estados Unidos protegidos por ese programa. Unos 4.000 africanos son amparados por permisos similares.

La camarera Iris de la Rosa, de 33 años, dijo que desconoce qué hará una vez el status expire. Vino a Estados Unidos desde El Salvador hace siete años, pues ella y su hija no podían vivir en su país con su sueldo de asistente de un farmacéutico.

La mujer pensaba quedarse unos pocos años, pero aprovechó el SPT luego del sismo del 2001 en su patria. El permiso otorga a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos la posibilidad de quedarse cuando las condiciones extraordinarias impiden de manera temporal un retorno.

Si el programa expira, los beneficiados con el SPT vuelven a su status inicial.

En caso de expirar el SPT "?Me deportarán?" preguntó de la Rosa, quien tiene ahora un niño de dos años que nació en Hollywood. Ella dice que su madre y su hija en El Salvador dependen de los centenares de dólares que les envía mensualmente.

De la Rosa dijo que le gustaría quedarse, inclusive si pierde la protección, aunque odia la idea de volver a convertirse en una inmigrante ilegal. "Ahora pago mis impuestos, tengo una licencia de conducir. No tengo el temor de que alguien me arreste en cualquier momento", dijo.

La organización sin fines de lucro Central American Resource Center ha sido inundada con llamadas de personas que temen perder su status legal.

"La gente nos pregunta todo el tiempo qué es lo que va a pasar", dijo Daniel Sharp, director legal del centro en Los Angeles.

"Sería injusto dejarlos ahora a la intemperie", señaló Saúl Solórzano, director de las oficinas del centro en Washington.

Gerson Anzueto, de 35 años, empleado en el restaurante salvadoreño El Atlacatl, in Miami, dijo que su novia y varias camareras en su restaurante tienen permisos temporarios.

"Esto va a tener un gran efecto en los empleadores, y no sólo en los restaurantes salvadoreños", dijo Anzueto, que es residente permanente en Estados Unidos. "La gente está muy asustada".

El dilema que enfrentan los centroamericanos se registra en momentos en que otros grupos buscan una protección similar. Varios legisladores republicanos de Florida pidieron recientemente al gobierno de George W. Bush que ofrezca a los haitianos protección de SPT.

El representante Lincoln Díaz Balart, republicano por Florida, dijo que el asunto va más allá de los desastres naturales. El ascenso de varios gobiernos populistas en América del Sur que con frecuencia emplean una retórica antinorteamericana, hace que líderes centroamericanos puedan citar los beneficios de seguir siendo aliados de Estados Unidos, especialmente en El Salvador y en Nicaragua, donde se realizarán elecciones este año.

El Salvador es el único país de América latina que aún mantiene soldados en Irak.

"Esos son gobiernos amigos y vecinos que han sido elegidos por sus pueblos", dijo. "Debemos hacer todo lo posible para respaldar a nuestros amigos en la región".

Dirigentes centroamericanos están presionando con vigor para lograr que el SPT se extienda. Para ello han señalado que el daño causado por el huracán Stan es razón suficiente.

De la Rosa admite que le gustaría quedarse en Estados Unidos pues puede ganar más aquí y no debe preocuparse por la violencia de pandillas callejeras. Se pregunta qué pueden hacer ella y su gobierno, en caso de regresar.

"Sigue habiendo poco trabajo", dijo. "¿Qué ocurre si todos volvemos? ?Qué harán con nosotros?"


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