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EEUU: dilema de deportar, extraditar o enjuiciar al terrorista Posada

None | 9 de Diciembre de 2005 a las 00:00

Washington (Agencia española de noticias EFE)La resolución del caso sobre el terrorista Luis Posada Carriles, requerido por Venezuela bajo cargos de terrorismo, será la prueba decisiva del compromiso de EEUU en su cruzada contra el terrorismo internacional.

Posada Carriles afronta dos procesos paralelos: uno porque entró ilegalmente a EEUU en marzo pasado, y el de extradición que solicitó Venezuela y que tiene amplias repercusiones políticas.

Expertos consultados señalan que los dos casos presentan un dilema para EEUU, en el primero porque Washington ha prometido tolerancia cero con la inmigración ilegal y, en el segundo, porque también se ha comprometido con una lucha contra los terroristas, en todos los frentes y estén donde estén.

El gobierno de Venezuela, por medio de su abogado en Washington, José Pertierra, exigirá de nuevo que Estados Unidos "sea consecuente" y decida de una vez sobre la extradición de Posada Carriles.

El cubano-venezolano, confeso enemigo de la Revolución Cubana, está acusado por Venezuela de ser el autor intelectual de la voladura de un avión de Cubana de Aviación que causó la muerte de 73 personas en 1976.

"Posada Carriles es la versión latinoamericana de Osama bin Laden (cabecilla de la red terrorista Al Qaida). EEUU tiene que cumplir con sus propias leyes y con el derecho internacional, y extraditarlo a Venezuela", dijo Pertierra, horas antes de reunirse con asesores de líderes del Congreso.

La sesión informativa, organizada por la organización "Latin American Working Group", tiene como propósito educar a los legisladores y a la opinión pública sobre lo que está en juego en este caso.

Pertierra recordó que EEUU suscribió un acuerdo de extradición con Venezuela en 1922, y es también signatario de convenios internacionales que condenan actos terroristas contra vuelos comerciales.

"Muchos creen que el caso de extradición está muerto, cuando ni siquiera ha comenzado. Hasta ahora el gobierno de EEUU no ha actuado porque prefiere amparar a este terrorista", enfatizó Pertierra.

Según el letrado, el caso cumple con todos los requisitos para que el Departamento de Justicia procese la extradición: existe una orden de arresto en Venezuela; Posada Carriles está acusado de la voladura del avión, un delito penalizado por los tratados de extradición y, al lograr refugio en EEUU, ha escapado de la Justicia venezolana.

En el caso de extradición, EEUU tendría sólo dos opciones: extraditarlo -algo que debido a las tensiones entre Washington y Caracas está prácticamente excluido-, o enjuiciarlo en los Estados Unidos.

"La ley es clara: o lo extraditan o lo enjuician, pero no pueden seguir amparándolo. EEUU no puede desoír sus obligaciones internacionales, especialmente después de la tragedia que vivió con los atentados de 2001", señaló Pertierra.

En eso coincidió Peter Kornbluh, director del proyecto de documentación sobre Cuba de los "Archivos Nacionales de Seguridad" (NSA), un grupo de estudios de la Universidad George Washington.

El NSA ha divulgado documentos previamente secretos de los servicios de espionaje de EEUU que vinculan a Posada Carriles con la voladura del avión en 1976.

"EEUU se está jugando su credibilidad en este caso, porque Bush ha dicho que ninguna nación debe dar refugio a los terroristas, y aquí tienen, delante de sus narices, a un legendario terrorista internacional", dijo Kornbluh, quien también participará en la reunión del Congreso.

"Los desacuerdos con Chávez, la política de EEUU contra Cuba y el hecho de que el gobernador de Florida (cuna de la extrema derecha cubana) es hermano del presidente parecen socavar el interés de EEUU de hacer justicia en este caso", lamentó el experto.

Así, el caso de extradición pone al Gobierno de Bush en una encrucijada nada envidiable: EEUU es el abanderado de la lucha global contra los terroristas y, como tal, debe ser consecuente en este polémico caso. Pero se trata de Posada Carriles, quien muchos creen que ha recibido trato preferencial y quien tiene a sus espaldas más de cuatro décadas de servir a los gobiernos norteamericanos para destruir la Revolución Cubana.

El Departamento de Seguridad Nacional tiene hasta el 26 de enero para decidir sobre el caso de deportación y cuenta con tres opciones: deportarle a un tercer país que no sea Venezuela –Cuba no lo ha pedido–; dejarlo libre o continuar con su detención.


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