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Magistrado Arguello admite participó en robo de narcodólares

None | 17 de Diciembre de 2005 a las 00:00

El magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Róger Camilo Argüello admitió que participó de manera indirecta en la pérdida de más de 600.000 dólares ligados al narcotráfico de una cuenta del Poder Judicial en un banco local.

Argüello, en una entrevista que publica el matutino local "La Prensa", dijo que él facilitó a la abogada Berenice Bracamonte el proyecto de sentencia en donde se liberaban al guatemalteco Luis González Largo y a la nicaragüense Leyla Bucardo, a quienes se le incautó el dinero supuestamente ligado al narcotráfico, pero que "esa jugada es legal".

Bracamonte, quien era abogada defensora de González Largo y de Bucardo, fue suspendida por un año del ejercicio profesional por órdenes de la CSJ debido a este escándalo. Sus clientes fueron detenidos en abril de 2004 en un hotel de Managua cuando manejaban un vehículo en cuyo neumático de repuesto escondían 606.540 dólares.

Argüello resumió su actuación a lo siguiente: él elaboró el proyecto de sentencia, firmó a favor de la liberación de los presuntos narcotraficantes y fue quien mostró a Bracamonte el proyecto de sentencia a pesar que aún faltaba que fuera refrendada por otro magistrado y el secretario de la Sala Constitucional.

"Si te das cuenta que yo tengo una sentencia a favor tuya, esta jugada la podés hacer y es legal. Llevás cuatro firmas y hay dos firmas que están gallo-gallina (indecisos) que quieren y no quieren. Pueden recibir una orden y retiran la firma", dijo Argüello.

El magistrado sandinista se refiere a que de los cinco magistrados que integran la Sala Constitucional, cuatro ya habían refrendado el proyecto de sentencia y que solo faltaban hacerlo el magistrado liberal Iván Escobar Fornos y el secretario Rubén Montenegro; y que para evitar que la sentencia se cayera fue que prestó el proyecto a Bracamonte.

Fue en base a ese proyecto de sentencia que los 606.540 dólares incautados salieron de la cuenta que la CSJ tiene en el Banco de la Producción (Banpro).

Argüello aseguró que él no se robó "ni diez centavos" de ese dinero y que tampoco servirá a la campaña electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), tal como acusó recientemente el vicepresidente primero del Parlamento, el diputado liberal Wilfredo Navarro.

Por este escándalo la CSJ decidió el pasado día 13 destituir a cuatro jueces y les suspendió el ejercicio profesional a ellos y dos abogados litigantes involucrados en la sustracción ilegal del dinero, entre ellos Bracamonte.

La resolución fue firmada por 15 de los 16 magistrados que integraron corte plena en esa fecha y el único que no la firmó, porque no asistió a la reunión, fue Argüello, a quien ni siquiera se le mencionó por ninguna parte en el caso.

El presidente Enrique Bolaños, ha instado a la Fiscalía General a que realice una investigación exhaustiva sobre la pérdida de los 606.540 dólares.

El jefe de la Policía de Nicaragua, Edwin Cordero, afirmó que los bienes decomisados al crimen organizado deben ser resguardados por instituciones ajenas al Poder Judicial, porque éste es "manipulable".

¿Quién se robó los 600 mil dólares? ¿habrá justicia?

El presidente Enrique Bolaños, instó a los fiscales a que tomen acciones en un escándalo que involucra la desaparición de dinero producto del narcotráfico. Dicho dinero fue confiscado y colocado en una cuenta de banco de la Corte Suprema.

El mandatario dijo que la corrupción tiene que ser arrancada de raíz en todas las ramas del Estado. "Si encuentran algo malo que la ley le pase encima a quien sea y la Fiscalía tiene que actuar en este caso", aseguró Bolaños a los medios de comunicación. "Creo que hubo una manipulación por parte de abogados y por parte de personas sin escrúpulos, que se prestaron a hacer toda una trama para sacar ese dinero de la Corte de manera legal y (para) que se perdiera", agregó el dignatario.

A principios de esta semana, la corte destituyó a cuatro jueces y dos abogados, diciendo que habían estado involucrados en llevarse más de US$606,000 sin autorización. El dinero fue depositado en la cuenta de la Corte Suprema luego de haber sido confiscado a sospechosos en el tráfico de drogas.

La CSJ decidió el pasado día 13 destituir a cuatro jueces (tres sandinistas y uno liberal) y suspenderle por varios años el ejercicio profesional a ellos y a dos abogados litigantes involucrados en la sustracción de 606.540 "narcodólares".

De acuerdo con la Corte, todos los sancionados se confabularon para sacar el dinero de la cuenta que la CSJ tenía en el Banco de la Producción (Banpro), el cual fue decomisado al guatemalteco Luis González Largo y su esposa, la nicaragüense Leyla Bucardo, por estar ligado a actividades de narcotráfico.

El dinero salió de la cuenta del Banpro en base a un proyecto de sentencia por medio del cual se ordenaría la libertad de González Largo y Bucardo, porque supuestamente estaban detenidos de manera ilegal, pero esa decisión nunca fue refrendada por la Sala Penal de la CSJ.

El fiscal general Julio Centeno, informó a medios locales de que esa entidad trabaja para determinar qué tipos de delitos hubo con la sustracción del dinero.

El jefe de la policía Edwin Cordero, dijo que no se podía confiar más en el poder judicial para proteger los activos confiscados al crimen organizado.

El Primer Comisionado Cordero afirmó que los bienes decomisados al crimen organizado deben ser resguardados por instituciones ajenas al Poder Judicial, porque éste es "manipulable". Cordero declaró que el mejor ejemplo de que el Poder Judicial es vulnerable es la pérdida de 606.540 dólares relacionados a un caso de narcotráfico de una cuenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Creo que sí hubo una manipulación por parte de abogados y por parte de personas sin escrúpulos, que se prestaron a hacer toda una trama para sacar ese dinero de la Corte de manera legal y que se perdiera", añadió.

Consideró que lo más indicado es que el Parlamento por medio de una ley determine que los bienes decomisados al crimen organizado como el narcotráfico, lavado de dinero o tráfico de armas, quede bajo el resguardo de entidades que podrían ser el Ejército y la Policía.

El jefe del Ejército de Nicaragua, general Omar Halleslevens, indicó, por su parte, que la instancia para resguardar bienes confiscados al narcotráfico debe estar supeditada al Ministerio de Hacienda, que al final debe decidir el destino de esos fondos.


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