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Histórica sentencia favorece a las víctimas del Nemagón

None | 15 de Enero de 2006 a las 00:00

Una jueza de Managua embargó este viernes las marcas comerciales de las subsidiarias de las transnacionales Shell, Dole y Dow en Nicaragua. Las tres compañías fueron acusadas de fabricar y distribuir ilegalmente el pesticida nemagón usado en plantaciones bananeras que operaron en Nicaragua en los años 70, en perjuicio de la salud de miles de labriegos, informó el abogado de los demandantes.

La orden fue girada por la jueza tercera civil del Distrito de Managua, Vida Benavente, contra las marcas que las empresas Dow Agro Sciences, Dole Food Corporation y Shell Oil Company tienen registradas en Nicaragua, declaró el representante legal de los ex trabajadores, Angel Espinoza. "El embargo se hizo contra las tres marcas registradas en Nicaragua. Fuimos personalmente al registro mercantil de Managua a notificar" la medida, dijo Espinoza.

La decisión de Benavente fue tomada a solicitud del bufete "Ojeda-Gutiérrez-Espinoza y Asociados", para que responda a una sentencia dictada en 2002 por otro tribunal contra esa trasnacional, que obligaba a Shell a pagar una indemnización de 489,4 millones de dólares a favor de 450 ex trabajadores afectados por el uso del pesticida nemagón, que fue fabricado y distribuido por estas trasnacionales.

El cáncer, la esterilidad y los problemas renales se cuentan entre las secuelas dejadas por el pesticida, que se utilizó ampliamente en las plantaciones bananeras de Centroamérica hasta los años 70 y cuyo principio activo es el dibromocloropropano (DBCP).

El embargo fue ejecutado por el juez Felipe Jaime, quien nombró como depositario de las marcas a la oficina de abogados "Ojeda, Gutiérrez Espinoza", que en noviembre del 2002 ganó la demanda de indemnización a favor de 450 campesinos que resultaron víctimas de enfermedades tras ser expuestos al agroquímico.

El embargo afecta fundamentalmente a la compañía Shell Nicaragua, que distribuye combustible en varias gasolineras ubicadas en el país, la cual ya fue notificada por el juez de la medida. A las otras trasnacionales no se les conoce actividad comercial, por lo que la notificación no se pudo efectuar.

"Quedamos en posesión de la marca Shell", la cual debe responder por el valor total de la indemnización, debido a que la ley establece que la obligación es solidaria, (puede ser cobrada a cualquiera de las tres empresas sindicadas), explicó el abogado. "Cualquier negocio que se haga por medio de la marca Shell tiene que ser por medio de nuestro buffete", advirtió.

Espinoza dijo que desconocen el número de gasolineras que la Shell tiene en Nicaragua y el valor de sus operaciones, pero que en cuanto terminen de hacer el evalúo, empezarán el proceso de remate y subasta, que podría durar un mes.

"Si la Shell no paga la suma de 450 millones de dólares procederíamos a adjudicarnos la marca Shell de Nicaragua", sentenció Espinoza, aunque dijo que están anuentes a negociar un arreglo con la trasnacional. Señaló que próximamente pedirán la ejecución de otra indemnización de 36 millones de dólares que la jueza ordenó pagar en julio del 2005 a las trasnacionales, a favor de otro grupo de 75 campesinos nicaragüenses.

El gerente general de la Shell, Mauricio Aranda, declaró que está "sorprendido" por el embargo, ya que ellos comercializan combustibles y no pesticidas. Aranda, en un comunicado oficial, asegura que "las acciones tomadas el día de hoy (viernes) por la autoridad judicial no son de aplicación a Shell Nicaragua, S.A., ya que es una empresa constituida bajo las leyes de la República y posee personalidad jurídica propia y no tiene relación con los juicios antes indicados, llevados a cabo en contra de otras entidades".

Agrega que "todas las estaciones de servicio de nuestra red están funcionando con total normalidad, ya que ningún derecho de Shell Nicaragua, .S.A, ha sido afectado por las acciones judiciales acaecidas". Aranda señala en el comunicado que "durante los 45 años de operación de Shell en Nicaragua, nuestro actuar ha sido siempre en apego a las leyes del país y nuestros Principios Comerciales de Negocio, aportando al desarrollo económico y social de Nicaragua, confiando siempre en la legalidad que otorga el marco jurídico nacional".

No obstante, uno de los representantes legales de las más de cuatro víctimas del Nemagón en el país dijo que en virtud de la orden, las gasolineras no pueden seguir comercializando en nombre de Shell. Cualquier venta tendrá que hacerse a través del órgano jurisdiccional competente, el Juzgado Tercero del Distrito Civil de Managua que el que decretó el embargo, aseguró el abogado Espinoza.

Según el letrado, la compañía, que fue uno de los principales productores y distribuidores del Nemagón en el istmo, tiene un plazo de 30 días para pagar, o de lo contrario la marca será sometida a subasta y las ganancias entregadas a las demandantes.

La jueza Benavente presentó al abogado de la compañía Shell, Rodolfo Sánchez, la resolución dictada por ella, en fecha que no fue precisada. El texto de esta resolución también fue entregado a todas las estaciones de servicio Shell de Managua.

Fuentes del bufete "Ojeda-Gutiérrez-Espinoza y Asociados" informaron de que, tras el embargo, un perito tendrá que establecer cual es el valor de la marca Shell en Nicaragua, tras conocerse cuanto genera en ingresos al año en el país. Agregaron que el bufete representa en total a 4.200 afectados por el pesticida en Nicaragua, de los cuales 500 fueron favorecidos por la sentencia de Benavente.

El pesticida Nemagón fue utilizado en los años 60 y 70 en las plantaciones de banano, especialmente en el noroeste del país.

Grupos de afectados por el pesticida tras conocer la noticia del embargo reaccionaron con diversas acciones, entre otras, cubrir los rótulos de Shell con mantas que dicen "marca Shell embargada por los más de 4.000 afectados por el pesticida Nemagón".

Al menos un centenar de ex trabajadores de las bananeras se manifestaron frente a las gasolineras de Managua para demandar justicia.

Por el uso de este pesticida también conocido como di-bromo cloruro propano (DBCP) las empresas Dole Fruit Company, Shell Chemical, Chiquita Brand Internacional, Standard Fruit Co. y Del Monte han sido demandadas por daños en la salud de ex trabajadores bananeros.

Los afectados por el pesticida han marchado en diversas ocasiones desde sus comunidades al occidente del país, hasta un parque ubicado frente a las instalaciones del Parlamento en Managua, para demandar leyes que les brinden protección y beneficios sociales. Después de permanecer meses en ese lugar los campesinos han regresado a sus sitios de origen, con la promesa de los legisladores de aprobar las normas para beneficiarles.


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