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Albert Gore y el discurso de Washington (segunda parte)

None | 4 de Febrero de 2006 a las 00:00

Después de describir el poder absoluto que se atribuye George W. Bush, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, Al Gore estigmatiza la filosofía constitucional que los nuevos miembros de la Corte Suprema se disponen a imponer para situar al presidente por encima de las leyes. Condena además el desmoronamiento del Congreso en cuyo seno se generaliza la corrupción. Ante nuestros ojos, los tres poderes se confunden en uno solo dando lugar a una tiranía a la que sólo puede hacer frente una reacción del pueblo. Publicamos hoy el final del discurso que el ex vicepresidente de Estados Unidos pronunciara, el 16 de enero de 2006, en un encuentro organizado por la American Constitution Society y la Liberty Coalition.

Ese mismo instinto que trata de ampliar el poder y establecer un dominación caracterizó las relaciones entre esta administración, los tribunales y el Congreso. En un sistema que funcione correctamente, la rama judicial serviría de árbitro constitucional para garantizar que las instancias de gobierno se atengan a su propia esfera de autoridad, respeten las libertades civiles y se mantengan dentro del Estado de derecho.

La Corte Suprema en alianza con el ejecutivo

Desgraciadamente, el ejecutivo unilateral se esforzó por minar la capacidad del poder judicial para desempeñar su papel manteniendo los diferendos fuera de su alcance (sobre todo aquellos que hacían peligrar su derecho a mantener detenidos a individuos sin juzgarlos), nombrando jueces que debían mostrarse complacientes ante su manera de ejercer el poder y su apoyo a las violaciones de la independencia de la tercera rama.

La decisión del presidente, por ejemplo, de ignorar la ley FISA [1] era un ataque frontal al poder de los jueces que componen esa corte. El Congreso creó la corte FISA precisamente para que ejerciera un control sobre el poder ejecutivo.

Sin embargo, para garantizar que la corte no pudiera ser un obstáculo para el poder ejecutivo, el presidente simplemente se abstuvo de presentarle los casos. Además, ni siquiera hizo saber a la corte que la estaba dejando al margen.

Las nominaciones judiciales del presidente se efectúan claramente de manera que garanticen que los tribunales no puedan ejercer control sobre el poder ejecutivo. Como ya sabemos todos, el juez Alito [2] es desde hace mucho favorable a un ejecutivo fuerte, es partidario del supuesto ejecutivo unitario [3]. Estén de acuerdo o no con su confirmación –y respeto el hecho de que algunos patrocinadores de este evento así lo hagan–, sea cual sea el punto de vista de ustedes, tenemos que estar de acuerdo sobre el hecho de que él no votará como supervisor de la expansión del poder ejecutivo. De la misma forma, el presidente de la Corte Suprema, el juez Roberts [4] no ocultó su simpatía por la expansión del poder ejecutivo al apoyar la sumisión del poder judicial a las decisiones de los órganos ejecutivos.

La administración apoyó también el asalto contra la independencia judicial emprendido principalmente desde el Congreso. Ese asalto incluía la amenaza, por parte de la mayoría senatorial, de cambiar definitivamente las reglas para eliminar el derecho de la oposición a participar con profundidad en los debates sobre las nominaciones del presidente.

El asalto se prolongó mediante esfuerzos legislativos tendientes a diezmar la competencia de los tribunales sobre asuntos que van desde el habeas corpus [5] hasta el juramento de fidelidad.

En resumen, la administración ha dado prueba de su desprecio por el órgano judicial y ha tratado de evitar en todo momento el examen judicial de sus acciones.

La corrupción del Congreso

Sin embargo, los más graves daños a nuestra estructura constitucional han sido los inflingidos a la rama legislativa. El agudo declive del poder y de la autonomía del Congreso en los últimos años es casi tan chocante como los esfuerzos del ejecutivo por obtener esta gran expansión de su poder [6].

Yo fui electo al Congreso en 1976. He sido miembro de la Cámara de Representantes durante siete años y miembro del Senado durante ocho. Presidí el Senado durante ocho años, en calidad de vicepresidente [de Estados Unidos]. Anteriormente, siendo un joven, vi el Congreso de cerca, como hijo de un senador. Mi padre fue electo al Congreso en 1938 –10 años antes que yo naciera– y dejó el Senado después de mi graduación como universitario.

En el plano estructural, el Congreso actual está irreconocible en comparación con aquel del cual fue miembro mi padre. Entre los senadores y representantes actualmente en funciones hay mucha gente distinguida y brillante. Es para mí un honor conocerlos y haber trabajado con ellos. Pero toda la rama legislativa del gobierno, bajo su presidencia actual, funciona actualmente como si estuviera completamente sometida a la rama ejecutiva. A mi modo ver, eso es inconcebible y totalmente ajeno a lo que debe ser el Congreso. Además, demasiados miembros de la Cámara de Representantes y del Senado se sienten ahora obligados a pasar más tiempo no debatiendo los problemas de forma razonable, sino buscando fondos para comprar espacios publicitarios de 30 segundos en la televisión.

Asimismo, hay ahora dos o tres generaciones de congresistas que no saben realmente qué cosa es una audiencia de control. Durante los años 70 y 80, las audiencias de control en las que participamos mis colegas y yo examinaban el trabajo de la rama ejecutiva sin importar qué partido estuviese en el poder. A pesar de eso, el control parlamentario es hoy prácticamente desconocido en el Congreso. El papel de las comisiones de autorización ha decaído hasta hacerse insignificante.

Las 13 leyes de reparto de finanzas apenas se votan ahora como leyes. A menudo, vienen todas incluidas en un gran paquete familiar que a veces ni siquiera es propuesto para su lectura ante el Congreso antes del voto. Es corriente ahora que los miembros de la oposición sean excluidos de las comisiones de debate y las enmiendas son a menudo rechazadas durante el análisis de las leyes en el Congreso.

En el Senado de los Estados Unidos, que se jactaba antes de ser el mejor órgano de deliberación del mundo, los debates coherentes se han convertido en algo fuera de lo común. Incluso en vísperas del voto crucial sobre la autorización de la invasión de Irak, el senador Robert Byrd [7] planteó la famosa pregunta «¿Por qué está vacía esta asamblea?».

En la Cámara de Representantes, los que participan en una verdadera competencia electoral cada dos años son generalmente menos de una docena entre los 435 miembros. Y demasiados congresistas han llegado a creer que la clave para tener acceso constante al dinero para ser reelectos es estar del lado correcto, del lado de los que tienen dinero que darles.

Por otra parte, en el caso del partido mayoritario, el proceso en su conjunto es ampliamente controlado por el presidente en funciones y su organización política. La voluntad del Congreso de oponerse a la rama ejecutiva se verá así más limitada aún cuando el partido controla a la vez el Congreso y la administración.

El ejecutivo ha limitado repetidamente el papel del Congreso. Y el Congreso ha sido reiteradamente cómplice voluntario de la renuncia a su propio poder. Analicen, por ejemplo, el papel del Congreso en el control del programa masivo de escuchas de cuatro años que parece ser una abierta violación de la Bill of Rights [8] El presidente dice que él informó al Congreso. Lo que eso significa en realidad es que habló del asunto al presidente de la comisión conjunta de inteligencia y a los principales miembros de ésta y, a veces, a los dirigentes de la Cámara y del Senado. Ese pequeño grupo afirma a su vez que no le presentaron los hechos en su totalidad, aún cuando por lo menos uno de los responsables de la comisión escribió una carta expresándole su inquietud al vicepresidente.

Además, aunque comprendo la posición ambigua y difícil en la que fueron puestos esos hombres y mujeres, no puedo estar en desacuerdo con la Liberty Coalition cuando dice que tanto los demócratas como los republicanos del Congreso deben compartir la responsabilidad por no haber sido lo suficientemente activos en protestar y tratar de impedir lo que esa organización considera como un programa decididamente anticonstitucional. Muchos lo hicieron. Además, en todo el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, la creciente importancia del dinero en el proceso de reelección, que viene a agregarse al severo declive del debate y de la deliberación razonada, engendró una atmósfera favorable a la corrupción institucionalizada a la que algunos se han hecho vulnerables.

El escándalo Abramofs [9] es la parte visible de un gigantesco iceberg que amenaza la integridad de nuestra rama legislativa de gobierno. Y es el estado deplorable de nuestro sistema legislativo lo que explica en esencia el fracaso de nuestro tan elogiado sistema de control y de equilibrio mutuo de los poderes en cuanto a la prevención del peligroso acaparamiento por la rama ejecutiva que amenaza en lo adelante con transformar radicalmente el sistema estadounidense. Exhorto a los miembros del Congreso de ambos partidos a que hagan honor a su juramento y defiendan la Constitución. Dejen de seguir la corriente para permanecer en la corriente. Empiecen a actuar como la rama independiente e igual del gobierno estadounidense que se supone que sean, según la Constitución de nuestro país.

La responsabilidad final pertenece al pueblo

Pero, queda aún otro factor. Queda un factor constitucional cuyas faltas deben ser tomadas también en cuenta y cuyo papel debe ser examinado para poder comprender el desequilibrio que acompañó esos esfuerzos de la rama ejecutiva por dominar el sistema constitucional.

Nosotros, el pueblo, somos colectivamente el elemento clave de la supervivencia de la democracia estadounidense. Debemos autoanalizarnos. Como decía Lincoln, hasta nosotros aquí tenemos que analizar nuestro propio papel como ciudadanos en la aceptación y en el hecho de no prevenir la descomposición intolerable, la pérdida de la esencia y la degradación de la democracia estadounidense.

Es hora de levantarse por el sistema estadounidense que conocemos y defendemos.

Es hora de insuflar una vida nueva a la democracia estadounidense.

Thomas Jefferson dijo: «Una ciudadanía informada es la única garantía verdadera de la voluntad del pueblo»

Estados Unidos se basa en la convicción de que podemos gobernarnos nosotros mismos y ejercer el poder del autogobierno. El ideal de Estados Unidos se basaba en el sólido principio según el cual el poder justo proviene del consentimiento de los gobernados. Ese sistema complicado y finamente equilibrado, hoy en grave peligro, fue creado con la participación más amplia y total del conjunto de la población.

Los Federalist Papers [10] fueron, en su época, ensayos periodísticos ampliamente leídos. Además eran solamente una de las 24 recopilaciones que poblaban el terreno lleno de ideas en el que granjeros y mercaderes repasaban los prolijos debates que se desarrollaban en Filadelfia. Más tarde, cuando la Convención había hecho su mejor esfuerzo, fue el pueblo el que, en sus variadas manifestaciones, se negó a confirmar el resultado hasta que, debido a su insistencia, la Bill of Rights se desarrolló integralmente en los documentos sometidos a ratificación. Y somos nosotros, el pueblo, quienes tenemos ahora que encontrar de nuevo la capacidad que teníamos antes para desempeñar un papel integral en la salvación de nuestra constitución.

Hay razones para sentir inquietud y abrigar a la vez grandes esperanzas. La era de los panfletos y ensayos políticos impresos cedió su lugar hace mucho a la de la televisión, un medio que distrae y absorbe, que parece más destinado a divertir que a informar y educar. El memorable llamado de Lincoln durante la Guerra Civil es aplicable ahora, de una manera nueva, a nuestro actual dilema: «Tenemos que despertarnos de nuestro sopor,» dice, «y después salvar nuestro país».

La degradación del debate público

Cuarenta años han transcurrido desde que la mayoría de los estadounidenses adoptaron la televisión como principal fuente de información. Y ese predominio es ahora tan amplio que virtualmente toda comunicación política está limitada a un escandaloso spot publicitario de 30 segundos, y no son los Federalist Papers.

La economía política, apoyada por esos cortos pero costosos anuncios televisivos, es tan diferente de la animada política de los cien primeros años de Estados Unidos como lo era ésta del feudalismo que prosperaba gracias a la ignorancia de las masas de la era oscura.

El escaso lugar que ocupan las ideas en el actual sistema político estadounidense favoreció los esfuerzos de la rama ejecutiva llevándola a creer que puede y que debe controlar el flujo de información como forma de control de la toma de decisiones importantes que sigue estando en manos del pueblo.

La administración afirma con vehemencia su posibilidad de mantener sus acciones en secreto. Después de todo, si las demás ramas no saben lo que sucede, no pueden desempeñar su papel como elementos de control y equilibrio.

Por ejemplo, cuando la administración trataba de persuadir al Congreso para que aceptara el programa de prescripciones de medicamentos Medicare [11], muchos en el Congreso y el Senado expresaron sus inquietudes sobre el costo y el establecimiento de ese programa.

Sin embargo, en vez de establecer un debate abierto sobre la base de hechos concretos, la administración mantuvo hechos en secreto e impidió activamente al Congreso oír el testimonio que quería obtener por parte del principal experto de la administración que tenía en su poder los datos que mostraban antes del voto que los verdaderos costos estimados estaban mucho más allá de las cifras presentadas al Congreso por el presidente. El funcionamiento del programa debía resultar incluso muy diferente de lo que se había dicho al Congreso.

En vez de ello, privado de esas informaciones y creyendo en las cifras erróneas que le fueron presentadas, el Congreso aprobó el programa, y –trágicamente– toda la iniciativa se está derrumbando ahora a través del país. Este mismo fin de semana, la administración lanzó un llamado pidiendo a las principales compañías de seguros que expresen su voluntariedad para sacar a flote el programa.

Pero el pueblo estadounidense, que tiene derecho a pensar que sus representantes electos buscarán la verdad, actuarán sobre la base de conocimientos y recurrirán a la razón, se vio abandonado.

Para poner otro ejemplo, advertencias de científicos sobre las consecuencias catastróficas del calentamiento global galopante fueron censuradas por un consejero político de la Casa Blanca que no tenía la más mínima formación científica.

En este momento uno de los expertos científicos más distinguidos del mundo en lo tocante al calentamiento global, que trabaja en la NASA, ha recibido la orden de no hablar con periodistas. Se le ordenó anotar detalladamente cada una de las personas con las que se reúne para que la rama ejecutiva pueda seguir y controlar los conocimientos que intercambia sobre el tema del calentamiento global. Se trata de una crisis mundial. Tenemos la obligación de hablar de ello de manera sincera y razonada.

El argumento del miedo

Otro medio utilizado por la administración para tratar de controlar el flujo de información es el uso constante de la semántica y de la política del miedo para impedir el debate e imponer su agenda sin tener en cuenta los hechos ni el interés público.

El presidente Eisenhower [12] dijo lo siguiente: «Quien actúa como si la protección de la libertad residiera en la eliminación, la sospecha y el miedo, confiesa una doctrina ajena a Estados Unidos.» El miedo elimina la razón. El miedo suprime la política del discurso y abre el camino a la política de la destrucción. El Juez Supremo Brandeis [13] escribió: «Los hombres temían a las brujas y quemaban mujeres.»

Los fundadores de nuestro país se veían ante graves amenazas. De haber fracasado en su intento, habrían sido colgados como traidores. La existencia misma de nuestro país estaba en juego. Ante tales peligros, insistieron sin embargo en establecer la Bill of Rights en su totalidad.

¿Está nuestro Congreso más amenazado hoy que su predecesor cuando el ejército británico avanzaba sobre el Capitolio? ¿Es más peligroso el mundo de hoy que cuando estábamos frente a un enemigo ideológico armado con decenas de miles de misiles nucleares que podían ser utilizados en cualquier momento para aniquilar totalmente el país? ¿Corre acaso más peligro Estados Unidos ahora que cuando estábamos ante al fascismo mundial en marcha, cuando la última generación tenía que luchar y ganar dos guerras mundiales simultáneamente?

Resulta simplemente insultante para quienes nos precedieron y sacrificaron tantas cosas por nosotros pretender que tenemos más razones que ellos para estar asustados. A pesar de todo, ellos defendieron lealmente nuestras libertades y ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. Tenemos derecho, como estadounidenses, a defender nuestro derecho ciudadano, no sólo a la vida sino también a la libertad y a la felicidad. Es por ello vital, en las actuales circunstancias, tomar medidas inmediatas para salvaguardar nuestra Constitución del actual peligro que constituye el acaparamiento intruso por parte de la rama ejecutiva y la permanente creencia del presidente de que él no está sometido al estado de derecho.

Quiero retomar las palabras de Bob Barr cuando dice: «El presidente ha desafiado al pueblo estadounidense a que haga algo para remediarlo. Por el honor de la Constitución, espero que lo haga».

Cinco proposiciones para restablecer la democracia

El secretario de Justicia debería nombrar inmediatamente un fiscal especial para resolver aquellos conflictos de intereses manifiestos que les impiden investigar sobre lo que podrían ser serias infracciones de la ley por parte del presidente. Tuvimos una reciente demostración de cómo puede una investigación independiente, realizada de forma íntegra por un fiscal especial, restituir la confianza en nuestro sistema de justicia.

Patrick Fitzgerald [14] no se ha mostrado, hasta el momento, ni temeroso ni entusiasta en cuanto a examinar las acusaciones según las cuales la rama ejecutiva violó otras leyes.

Los miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, deberían apoyar el llamado bipartidista de la Liberty Coalition a la nominación de un fiscal especial con vistas al examen de las cuestiones criminales que plantean las escuchas de estadounidenses efectuadas sin mandato por el presidente. Esto debería ser, además, una cuestión política en todas las campañas, independientemente del partido, del lugar del país donde se desarrolle, de la cámara del Congreso o de cualquier persona que se oponga a la nominación de un fiscal especial en esta situación peligrosa en la que nuestra Constitución está en riesgo.

Segundo: Habría que definir nuevas protecciones para quienes lancen la alarma [15] destinadas a los miembros de la rama ejecutiva que informan pruebas de abusos, especialmente cuando ello implica abusos de poder en sectores sensibles, como la seguridad nacional.

Tercero: Las dos cámaras del Congreso deberían, por supuesto, organizar audiencias profundas y no sólo superficiales sobre estas serias alegaciones de actividades criminales cometidas por el presidente. Y deberían seguir la pista de los indicios dondequiera que conduzcan.

Cuarto: Los nuevos y extensos poderes solicitados por la rama ejecutiva en su proposición de extender y ampliar la Patriot Act no deberían ser concedidos a menos que y hasta que existan puntos de referencia adecuados y aplicables para proteger la Constitución así como los derechos del pueblo estadounidense ante el tipo de abusos recientemente revelados.

Quinto: Toda empresa de telecomunicaciones que haya proporcionado al gobierno acceso a información privada sobre las comunicaciones de estadounidenses sin que se le haya presentado un mandato apropiado tendría que poner fin inmediatamente a esa intrusión aparentemente ilegal en la vida privada de ciudadanos estadounidenses. La libertad de comunicarse es un requisito previo esencial para recuperar la salud de nuestra democracia.

Resulta especialmente importante que se proteja la libertad de Internet contra el control del gobierno o los esfuerzos de grandes conglomerados mediáticos que tratan de controlarla. El porvenir de nuestra democracia depende de ello.

Para terminar, quiero decir que, además de razones para estar inquietos, existen razones para abrigar esperanzas. En este momento y lugar, estoy lleno de optimismo ante la idea de que Estados Unidos puede encontrarse cerca de una era dorada en la que la vitalidad de nuestra democracia sea restablecida por el pueblo y florezca más que nunca. Así lo siento, efectivamente, en esta sala.

Como un día dijera el Dr. King, puede ser que un nuevo espíritu se levante entre nosotros. Si así fuera, sigamos sus movimientos y recemos porque nuestro ser interior sea sensible a su guía ya que necesitamos muchísimo un nuevo camino más allá de la oscuridad que tan cerca parece de nosotros.

Muchas gracias.

Notas

[1] El Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) fue aprobado por el Congreso en 1978. Como él mismo lo recuerda anteriormente, el propio Al Gore votó ese texto en aquella época. El objetivo era, luego de las revelaciones de la comisión Church sobre los crímenes de la CIA, establecer un marco jurídico para limitar la práctica de escuchas telefónicas. La ley autoriza ese método únicamente en los casos de vigilancia de extranjeros sospechosos de espionaje. La ley excluye la vigilancia de ciudadanos estadounidenses. La ley somete además las escuchas a la aprobación de una comisión de 11 magistrados profesionales. Pero, en 2004, la administración obtuvo la aprobación de una enmienda que extiende la aplicación de esa ley a los «lobos solitarios». Los magistrados no tienen ahora ningún medio de evaluar la legitimidad de la vigilancia y no pueden oponerse a ella.
[2] El presidente George W. Bush nombró al juez Samuel Alito en la Corte Suprema de Estados Unidos. El discurso tiene lugar en momentos en que el Senado realiza sus audiencias sobre esa nominación. Para evitar entrar en detalles polémicos sobre el compromiso político pasado del interesado de los que se hicieron eco los periódicos, Al Gore se concentra en lo más importante: la ideología de Samuel Alito.
[3] La teoría del ejecutivo unitario es el equivalente actual del FührerPrinzip. Fue difundida en Estados Unidos por la Federalist Society, a la que pertenecen todos los consejeros jurídicos de George W. Bush. Según esta teoría, el presidente es el ejecutivo, y los poderes legislativo y judicial no pueden restringir su acción. Debido a ello, por un lado, el presidente es el único habilitado para dirimir litigios entre agencias gubernamentales y, por otro lado, no puede ser juzgado en forma alguna. Basándose en esa teoría, el presidente Bush empezó a adjuntar a la firma de las leyes que promulga reservas sobre la aplicación de éstas. De esa manera, al firmar la ley McCain que prohíbe el uso de la tortura, indicó que dicha ley no podía restringir las acciones emprendidas por el ejecutivo para hacer frente al terrorismo.
[4] El 19 de julio de 2005, George W. Bush nombró a John G. Roberts presidente de la Corte Suprema. Roberts ha negado siempre haber sido miembro de la Federalist Society, aunque su nombre aparece en un anuario interno de miembros de la asociación. Roberts apoyó la legalidad de los tribunales militares de excepción en el marco de la lucha contra el terrorismo.
[5] Elhabeas corpus ad subjiciendum es un procedimiento, utilizado en Inglaterra desde el siglo XII y adoptado definitivamente en el siglo XIV, que limita al máximo la detención provisional. Es el orgullo de la justicia anglosajona y sirve de base a su concepción de los derechos humanos.
[6] En negrita en el texto entregado a la prensa.
[7] Robert Byrd, representante demócrata por Virginia Occidental, el más veterano de los congresistas estadounidenses en funciones y su decano. Nuestros lectores ya conocen su célebre intervención «La Vérité se révèlera» (Voltaire, 30 de mayo de 2003).
[8] Una Bill of Rights define los derechos concretos de los reos de la justicia ante las instituciones. En Estados Unidos, los Padres Fundadores, que deseaban fundar una forma aristocrática de gobierno, se negaron a redactar una Bill of Rights y a incluirla en la Constitución. Pero el primer Congreso impuso una mediante la adopción de 10 enmiendas.
[9] El cabildero Jack Abramoff se hizo célebre durante los años 80 por su defensa del régimen sudafricano del apartheid ante los congresistas. Más tarde se convirtió en dirigente del Partido Republicano y en el cabildero más influyente de Washington. Implicado en varios casos de corrupción, se declaró culpable en enero de 2006. Los procedimientos judiciales tienen lugar debido al estallido de un gran escándalo que reveló la envergadura de la corrupción en el seno del Congreso. Es posible, sin embargo, que el asunto no vaya más allá puesto que Abramoff parece haber estado en contacto con varias de las personas que el FBI acusa de haber secuestrado aviones y cometido los atentados del 11 de septiembre de 2001 y nadie quiere saber qué tipo de vínculos tenía con los supuestos terroristas.
[10] Los Federalist Papers son una recopilación de artículos de James Madison, Alexander Hamilton y John Jay en la que éstos explican su proyecto constitucional. Esta recopilación sirve de referencia para la interpretación de la Constitución de Estados Unidos.
[11] Medicare es un programa de seguro y salud destinados a los ancianos y los impedidos físicos. Ver nuestro artículo «Le modèle bushien d’assurance sociale» por Paul Labarique, Voltaire, 23 de mayo de 2004.
[12] El general Dwight Eisenhower fue comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde el presidente número 34 de Estados Unidos (de 1953 a 1961). Aunque era republicano, trató de contener la cacería de brujas del senador McCarthy y el belicismo del complejo militar-industrial.
[13] Louis Brandeis fue el fundador del movimiento sionista en Estados Unidos. Woodrow Wilson lo nombró juez de la Corte Suprema, en 1916. Su jurisprudencia fue muy progresista, sobre todo en lo tocante al respeto de la vida privada y la superioridad de la ley sobre los contratos privados.
[14] Ya célebre por haber enjuiciado al magnate de la prensa Lord Conrad Black, el fiscal Patrick J. Fitzgerald investiga actualmente el caso Palme. No dudó en emitir cargos contra Lewis Libby, jefe del equipo del vicepresidente Cheney, e investiga la posible responsabilidad de Kart Rove, el consejero político del presidente Bush.
[15] Referencia a los funcionarios que, al revelar ilegalidades cometidas por sus superiores, violan deliberadamente el secreto al que están obligados, como en el caso de Daniel Ellsberg cuando transmitió a la prensa los Pentagon Papers revelando así las mentiras que condujeron a la guerra de Vietnam.

Albert Gore denuncia el totalitarismo que se cierne sobre Estados Unidos

El discurso de Washington (primera parte)

Para comenzar, diré que el congresista Bob Barr [1] y yo hemos estado muchas veces en desacuerdo en los últimos años. Pero hoy nos unimos a miles de nuestros conciudadanos, demócratas y republicanos, para expresar nuestra preocupación común con relación al grave peligro que corre la Constitución de Estados Unidos.

A pesar de nuestras diferencias ideológicas y políticas, estamos absolutamente de acuerdo en el hecho de que los valores norteamericanos que nos resultan más queridos han sido seriamente amenazados por las pretensiones del gobierno de extender el poder ejecutivo de manera simplemente asombrosa.

En los momentos en que iniciamos este nuevo año, la rama ejecutiva de nuestro gobierno ha sido sorprendida espiando a un número impresionante de ciudadanos estadounidenses y ha declarado sin pena alguna que cuenta con el derecho unilateral de continuar haciéndolo, sin respetar la ley establecida, aprobada precisamente por el Congreso para prevenir tales abusos. Resulta por lo tanto imperioso restaurar el Estado de derecho en nuestro país.

Es precisamente por ello que somos tan numerosos los que nos reunimos hoy en el Constitution Hall para alertar y hacer un llamamiento a nuestros conciudadanos para que dejen a un lado las desavenencias partidistas en la medida de lo posible y se unan a nosotros para pedir que nuestra Constitución sea defendida y preservada.

Me parece adecuado hacerlo en el día reservado por nuestra nación para rendir homenaje a la vida y al legado del doctor Martin Luther King Jr., quien desafió a Estados Unidos para que diera nueva vida a nuestros valores más antiguos al extender su promesa a todo nuestro pueblo.

Es además de gran importancia, en este día particular dedicado a Martin Luther King, recordar que durante los últimos años de su vida el doctor King fue ilegalmente espiado, como miles de otros estadounidenses cuyas comunicaciones privadas fueron interceptadas por el gobierno norteamericano durante este período.

En secreto, el FBI calificó a King como –y cito– «el dirigente negro más peligroso y eficiente del país» y juró –una vez más cito– «hacerlo descender de su pedestal».

El gobierno llegó incluso a sabotear su matrimonio y lo chantajeó para que se suicidara. Esta campaña siguió su curso hasta el asesinato del doctor King.

Saber que el FBI había llevado a cabo esta larga e intensa campaña de vigilancia electrónica secreta concebida para infiltrar los mecanismos internos de la Southern Christian Leadership Conference e informarse de los detalles más íntimos de la vida del doctor King resultó fundamental para convencer al Congreso de que aprobara restricciones sobre las escuchas telefónicas.

Uno de los resultados fue la Foreign Intelligence and Surveillance Act, denominada con frecuencia FISA, aprobada expresamente para garantizar que la vigilancia de la inteligencia exterior fuera sometida a un juez imparcial encargado de verificar que existía una razón importante que la justificara.

Esta ley era muy flexible y le permitía al poder ejecutivo actuar con la rapidez deseada.

Voté a favor de esta ley durante mi primer mandato en el Congreso. Así, durante cerca de treinta años, ese sistema demostró que era un medio precioso y funcional para ofrecer un adecuado nivel de protección a los ciudadanos estadounidenses al mismo tiempo que le permite a la inteligencia exterior seguir adelante con sus actividades en caso de ser necesario.

Sin embargo, hace justamente un mes, los estadounidenses se despertaron y conocieron la chocante noticia de que a pesar de la existencia de esta ley, la rama ejecutiva espía en secreto desde hace cuatro años a gran número de ciudadanos y ha escuchado –cito el artículo– «un gran número de comunicaciones telefónicas, mensajes de correo electrónico y otras comunicaciones por Internet dentro de Estados Unidos.»

El New York Times señaló que el Presidente había decidido lanzar este programa de escucha masiva sin que mediara una orden de registro u otro documento legal que autorizara la recopilación de inteligencia interna.

Durante el período en que estas escuchas seguían siendo secretas, el Presidente pareció desviarse de su línea para tranquilizar al pueblo estadounidenses en repetidas ocasiones con relación al hecho de que, por supuesto, era necesaria una autorización judicial para cualquier gobierno que quisiera espiar a los ciudadanos estadounidenses y que, naturalmente, esas barreras constitucionales seguían en su lugar.

No obstante, y de manera sorprendente, las tranquilizadoras declaraciones demostraron ser falsas. Además, tan pronto como ese gigantesco programa de espionaje interno fue descubierto por la prensa, el Presidente confirmó la autenticidad de la historia pero, cogiendo un segundo aire, declaró que no tenía la más mínima intención de respetar esto o de poner fin a esas verdaderas invasiones de la vida privada.

En estos momentos nos queda aún mucho por saber sobre la vigilancia interna llevada a cabo por la NSA [2]. Lo que sabemos de estas intercepciones entrometidas nos lleva virtualmente a la conclusión de que el Presidente de Estados Unidos ha violado la ley de forma repetida e insistente.

¿Estado arbitrario o Estado de derecho?

Un presidente que viola la ley constituye una amenaza directa a la propia estructura de nuestro gobierno.

Nuestros padres fundadores eran intransigentes con relación al hecho de que habían instaurado un gobierno de leyes y no de hombres.

Reconocían que la estructura de gobierno que habían plasmado en nuestra Constitución, nuestro sistema de control mutuo de los poderes, había sido concebido con el principal objetivo de lograr que éste fuera regido por el Estado de derecho.

Como dijera John Adams [3], «El ejecutivo no debe en ningún caso ejercer el poder legislativo y judicial, o uno de ellos, de forma tal que seamos gobernados por la ley y no por los hombres.»

Un ejecutivo que se arroga el poder de ignorar las directivas legales legítimas del Congreso o de actuar fuera del marco del control del poder judicial se convierte en el principal peligro que los fundadores querían alejar en la Constitución: un ejecutivo todopoderoso, que recordara demasiado al rey del cual se habían liberado.

Retomando las palabras de James Madison [4], la acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial entre las mismas manos, ya se trate de uno solo, de varios o de muchos, ya sea heredero, autoproclamado o electo, puede ser justamente calificado de definición precisa de la tiranía.

Thomas Paine [5], cuyo panfleto Sentido Común [6] desencadenó la Revolución estadounidense, describe sucintamente la alternativa que se le ofrecía a Estados Unidos. En este caso, decía, pretendemos asegurarnos de que, y repito sus palabras, «reine la ley».

En realidad, la adhesión vigilante al Estado de derecho fortalece por supuesto nuestra democracia así como a Estados Unidos. Garantiza que aquellos que nos gobiernan actúen en el marco de nuestra estructura constitucional, lo que implica que nuestras instituciones democráticas desempeñen su papel indispensable para definir las políticas y determinar el rumbo que sigue nuestra nación. Ello implica que el pueblo de esta nación determine en fin de cuentas su derrotero en lugar de hacerlo los responsables ejecutivos que actúan en secreto sin verse obligados por el Estado de derecho.

Porque, no se equivoquen: el Estado de derecho nos hace más fuertes al velar porque las decisiones sean seguras, estudiadas, revisadas y examinadas por los procesos gubernamentales concebidos con el objetivo de mejorar la política y evitar los errores.

De esta forma, la conciencia de que son sometidos a examen les impide inmiscuirse y controla su influencia sobre el poder.

La fidelidad a la apertura, la cultura de la verdad y la responsabilidad ayuda a nuestro país a evitar muchos errores serios que de otra forma cometeríamos.

Por ejemplo, hace poco supimos, a través de documentos recientemente desclasificados, luego de cerca de 40 años, que la resolución del Golfo de Tonkín que autorizó la trágica guerra de Vietnam se basaba de hecho en informaciones falsas. Y hoy sabemos que la decisión de autorizar la guerra de Irak 38 años más tarde también se basó en informaciones falsas.

Ahora, lo importante es que Estados Unidos habría actuado mejor si hubiera sabido la verdad y evitado esos dos colosales errores de nuestra historia. Es por ello además que el respeto del Estado de derecho no nos hace más vulnerables sino que nos protege.

El Presidente y yo estamos de acuerdo en una cosa. La amenaza terrorista es demasiado real. No se trata simplemente de que sigamos enfrentándonos a nuevos desafíos luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001; debemos mantenernos alertas para mantener a Estados Unidos lejos del peligro.

No estamos de acuerdo con la propuesta de quebrantar la ley o de sacrificar nuestra forma de gobierno para proteger a los estadounidenses del terrorismo cuando en realidad ello nos haría más débiles y vulnerables.

Recuerden además que una vez violado, el propio Estado de derecho está en peligro. Si no es detenida, la ilegalidad aumenta y mientras más se acrecienta el poder del ejecutivo más difícil resulta que las restantes ramas desempeñen su papel constitucional.

Mientras que el ejecutivo actúe fuera del marco prescrito por la Constitución y pueda controlar el acceso a las informaciones que expondrían sus faltas y revelarían sus errores se hace cada vez más difícil para las otras ramas vigilar sus actividades.

Una vez perdida esta capacidad, la propia democracia se ve amenazada y nos convertimos de hecho en un gobierno de hombres y no de leyes.

Escuchas fuera de la ley

Los hombres del Presidente no nos dicen mucho de las leyes de Estados Unidos.

El secretario de Justicia, por ejemplo, ha admitido abiertamente que el tipo de vigilancia, para retomar sus palabras, que sabemos que han llevado a cabo, requiere una orden judicial salvo en caso de autorización estatuida.

La Foreign Intelligence Surveillance Act no autoriza de manera manifiesta lo que hace la NSA y nadie dentro o fuera del gobierno afirma que ese sea el caso.

De manera bastante sorprendente, el gobierno afirma por el contrario que la vigilancia fue implícitamente autorizada cuando el Congreso aprobó el recurso a la fuerza contra aquellos que nos atacaron el 11 de septiembre.

Pero simplemente este argumento no es sólido. Sin entrar en los meandros legales es refutado por una gran cantidad de hechos embarazosos.

Analicemos en primer lugar otra confesión del secretario de Justicia quien admite que el gobierno sabía que el proyecto de la NSA estaba prohibido por la ley existente y por esa razón consultaron a miembros del Congreso con relación a la posibilidad de cambiar el estatuto.

El secretario de Justicia, González, afirma que los miembros del Congreso consultados les dijeron que con toda probabilidad eso no sería posible. Decidieron entonces no presentar la solicitud.

¿Cómo pueden entonces decir ahora que la autorización de recurrir a la fuerza militar justificaba todo eso?

Mientras se debatía la autorización, el gobierno trató por todos los medios de incluir términos que lo habrían autorizado a emplear la fuerza militar dentro del país y el Congreso se negó a aprobarlo.

El senador Ted Stevens [7] y el representante Jim McGovern [8], entre otros, hicieron claras declaraciones durante el debate en la Cámara y en el Senado, respectivamente, y mencionaron con nitidez que esta autorización no se aplicaba dentro del país. No existe afirmación alguna de lo contrario.

Cuando el presidente Bush fracasó en convencer al Congreso de que le concediera el poder que deseaba mientras se sometía a votación esta medida, se arrogó en secreto ese poder como si la autorización del Congreso fuera una fastidiosa e inútil formalidad.

Pero, como escribió en su momento el juez supremo Frankfurter [9], «Gozar de una autoridad acaparada de manera tan explícita no equivale simplemente a ignorar en una instancia particular la clara voluntad del Congreso. Equivale asimismo a faltarle el respeto a todo el proceso legislativo y a la distribución constitucional del poder entre el Presidente y el Congreso.»

Se trata precisamente de este irrespeto de la ley que el Tribunal Supremo encerró en un cofre de acero durante la guerra de Corea. Es ese mismo irrespeto de la Constitución norteamericana el que ha llevado desde entonces a nuestra república al borde de un peligroso abismo para la estructura de la Constitución.

Encarcelamiento arbitrario y tortura

Además, el irrespeto intrínseco ante estas aparentes infracciones masivas de la ley forma parte de una tendencia de indiferencia aparente respecto de la Constitución que trastorna profundamente a millones de estadounidenses de los dos partidos políticos.

Por ejemplo, como ustedes saben, el Presidente ha declarado igualmente que goza de poderes inherentes hasta ahora no reconocidos que le permiten detener y encarcelar a cualquier ciudadano de este país que en su opinión constituya una amenaza para nuestra nación y que a pesar de su ciudadanía estadounidense esta persona encarcelada no tiene el derecho de hablar con un abogado ni siquiera en el caso de que quisiera argumentar que el Presidente o sus nominados cometieron un error y encarcelaron a la persona equivocada.

El Presidente pretende que puede encarcelar a cualquier ciudadano estadounidense –cualquier ciudadano norteamericano que haya escogido– por tiempo indefinido, por el resto de su vida, sin siquiera presentar una orden de detención, sin informarle de qué se le acusa, sin siquiera informar a su familia que ha sido detenido.

Ningún derecho de este tipo existe en los Estados Unidos que ustedes y yo amamos. Es algo ajeno a nuestra Constitución. Es algo que debemos rechazar.

Al mismo tiempo, la rama ejecutiva ha invocado asimismo una autoridad antes no reconocida para maltratar a los prisioneros bajo su responsabilidad de una forma que constituye innegablemente tortura y que siempre ha sido tortura –en una magnitud muy amplia, suficientemente documentada en las instalaciones estadounidenses situadas en diferentes países del mundo.

Más de cien de las personas cautivas han sido declaradas como fallecidas mientras eran torturadas por miembros del poder ejecutivo. Muchas otras han sido quebrantadas y humilladas. Además, en la célebre prisión de Abu Ghraib los investigadores que documentaron la ola de tortura calcularon que más del 90% de las víctimas eran totalmente inocentes.

Este es un ejercicio de poder intolerable que infringe una serie de principios que esta nación ha respetado desde que fueran enunciados durante nuestra guerra revolucionaria por el general George Washington [10]

Estos principios han sido respetados por todos los presidentes desde entonces y hasta ahora.

Pero se violan las Convenciones de Ginebra, las convenciones internacionales contra la tortura y nuestras propias leyes contra la tortura.

El Presidente también ha declarado que tiene el poder de secuestrar individuos en las calles de las ciudades extranjeras y de someterlos a encarcelamiento e interrogatorio en nuestro nombre por parte de regímenes autocráticos y de naciones conocidas por la crueldad de sus técnicas de tortura.

Algunos de nuestros aliados tradicionales se han escandalizado profundamente ante estas tendencias inhabituales por parte de Estados Unidos.

Por ejemplo, el embajador británico en Uzbekistán [11] –una de las naciones que gozan de la peor reputación de tortura en sus prisiones– depositó una queja ante su ministerio del Interior con relación a la crueldad y lo absurdo de las nuevas prácticas estadounidenses de las que fue testigo. «Las informaciones que obtuvimos son inútiles», escribió antes de proseguir: «Vendemos nuestra alma por prácticamente nada. En fin de cuentas resulta perjudicial.»

¿Es posible que un presidente goce en realidad de tales poderes en el marco de nuestra Constitución?

Si la respuesta es afirmativa, entonces según la teoría que rige esos actos, ¿existen otros que puedan en comparación ser prohibidos?

Si el Presidente goza del poder orgánico de espiar mediante escuchas a los ciudadanos estadounidenses sin una orden, de encarcelar a los ciudadanos estadounidenses por iniciativa propia, de secuestrar y de torturar, ¿qué es entonces lo que no puede hacer?

Luego de analizar las pretensiones extravagantes del poder ejecutivo con relación a esos poderes antes no reconocidos, el decano de la facultad de derecho de Yale, Harold Koh [12], llegó a la siguiente conclusión y cito: «Si el Presidente tiene el poder de comandante en jefe para torturar, tiene entonces el poder de cometer genocidios, de avalar la esclavitud, de promover el apartheid y de ordenar ejecuciones sumarias.»

Parálisis de los contra poderes

El hecho de que las habituales barreras estadounidenses no hayan sido capaces por el momento de detener esta expansión inédita del poder ejecutivo es preocupante en sí mismo. El fracaso puede ser en parte achacado al hecho de que el ejecutivo ha seguido una estrategia determinada para frenar, retrasar y retener informaciones, haciendo creer que cede pero negándose finalmente a hacerlo, avanzando enmascarado para frustrar los esfuerzos de las ramas legislativa y judicial para restaurar un sano equilibrio constitucional.

Por ejemplo, después de fingir apoyar una enmienda promovida por el senador John McCain [13] con el objetivo de poner un término a la tortura, el Presidente declaró en el momento de firmar la ley que se reservaba el derecho de no respetarla.

De la misma forma, la rama ejecutiva declaró que podía de manera unilateral encarcelar a ciudadanos estadounidenses sin facilitarles el acceso a un tribunal. Y cuando el Tribunal Supremo se opuso a ello el Presidente inició entonces maniobras legales con el fin de impedir que el tribunal le diera algo de sentido a los derechos de los ciudadanos afectados.

Un jurista conservador de la cuarta sala de apelaciones escribió que el tratamiento de uno de esos expedientes por parte de la rama ejecutiva hacía pensar en el súbito abandono de los principios y lo cito, «a un costo sustancial para la credibilidad del gobierno ante los tribunales».

Como consecuencia de esta pretensión inédita que una vez más constituye un poder unilateral, el poder ejecutivo pone en grave peligro nuestra estructura constitucional. Los desafíos para la democracia estadounidense son mucho más importantes que lo que por lo general se reconoce.

Dichas pretensiones deben ser rechazadas y se debe establecer un sano equilibrio de los poderes en nuestra república. En caso contrario, la naturaleza fundamental de nuestra democracia podría ser objeto de una transformación radical.

Desde hace más de dos siglos, las libertades de Estados Unidos han sido preservadas en gran parte gracias a la decisión de nuestros fundadores de separar el poder global de nuestro gobierno en tres ramas iguales; cada una, como saben, encargada de controlar y equilibrar el poder de las otras dos.

En múltiples ocasiones a lo largo de nuestra historia la interacción dinámica entre las tres ramas ha provocado conflictos y estancamientos que constituyen lo que invariablemente se denomina crisis constitucionales.

Estas crisis han sido con frecuencia períodos peligrosos e inciertos para nuestra república. Pero cada vez, hasta ahora, hemos encontrado una solución a la crisis por medio de la renovación de nuestro acuerdo para vivir en paz bajo el reinado de la ley.

La principal alternativa a la democracia en la historia fue, por supuesto, la concentración de virtualmente todo el poder estatal entre las manos de un solo hombre fuerte o de un pequeño grupo que ejercía el poder sin el consentimiento informado de los gobernados.

Después de todo, la fundación de Estados Unidos fue el fruto de la insubordinación ante un régimen semejante.

Cuando Lincoln [14] declaró, en medio de nuestra crisis más grave, que el principal problema que sería resuelto en la guerra civil sería, empleando sus términos memorables, «el hecho de que esta nación, o cualquier nación concebida de esta forma y así consagrada, pueda o no sufrir tanto» no sólo salvaba nuestra Unión. Reconocía que las democracias son escasas en la historia. Y cuando se destruyen, como fue el caso de Atenas y de la república romana, cuya concepción inspiró ampliamente a nuestros fundadores, lo que ocupa su lugar es un nuevo régimen de un solo hombre fuerte.

Por supuesto, hubo otros períodos en la historia de Estados Unidos en los que la rama ejecutiva acaparó nuevos poderes que fueron percibidos ulteriormente como excesivos y poco afortunados.

Nuestro segundo presidente, John Adams, hizo aprobar las tristemente célebres Alien and Sedition Acts y trató de hacer callar las críticas y de encarcelar a los opositores políticos.

Después, cuando su sucesor, el presidente Thomas Jefferson eliminó los abusos durante su primer discurso inaugural, declaró: «Los principios fundamentales de nuestro gobierno constituyen una constelación iluminada que se ha extendido ante nosotros y ha guiado nuestros pasos a través de una era de revolución y reformas. En caso de que nos apartáramos de ella en momentos de error o de pánico, apurémonos para recuperar nuestro paso y volver a tomar el camino que conduce por sí mismo a la paz, la libertad y la seguridad.»

Claro está, el presidente Lincoln suspendió el habeas corpus durante la guerra civil y algunos de los peores abusos antes de los del gobierno actual fueron cometidos por el presidente Wilson durante y después de la Primera Guerra Mundial con el famoso «peligro rojo» y los «Palmer raids» [15].

El internamiento de ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial [16] constituyó un vergonzoso record en la esfera del no respeto de los derechos individuales por parte del poder ejecutivo. Durante la guerra de Vietnam tuvimos el no menos famoso programa COINTEL que sólo representó una parte de los abusos sufridos por el doctor King así como por miles de otros [17].

Pero en cada uno de estos casos ocurridos a lo largo de la historia estadounidense, cuando concluían la confrontación y los tumultos, nuestra nación recuperaba su equilibrio y sacaba lecciones del ciclo recurrente de exceso y arrepentimiento.

Apatía democrática

Mas en esta ocasión existen buenas razones para preocuparse por el hecho de que las condiciones cambian y que, como consecuencia, ese ciclo no se renueva. Por una parte, somos testigos desde hace varios decenios de la lenta y regular acumulación del poder presidencial. En un mundo de armas nucleares y tensiones con fondo de Guerra Fría, el Congreso y el pueblo estadounidense han aceptado esferas de iniciativa presidencial cada día más amplias para llevar a cabo actividades de inteligencia y de contrainteligencia así como el despliegue de nuestras fuerzas militares en el escenario mundial.

Cuando la fuerza militar ha sido utilizada como instrumento de política exterior o como respuesta a necesidades humanitarias casi siempre ha sido el resultado de una iniciativa y del liderazgo presidencial.

Pero como escribió el juez supremo Frankfurter en esta famosa caja de metal, «La peligrosa acumulación de poder no se produce en un día. Aparece, incluso lentamente, debido a la fuerza generadora de una negligencia incontrolada respecto de las restricciones que rodean hasta la afirmación más desinteresada de la autoridad.»

Una segunda razón que nos lleva a pensar que podríamos encontrarnos en una situación insólita, fuera de ese ciclo histórico, es que después de todo el gobierno actual nos dice que la marcha de guerra en la que ha tratado de colocar al país durará, según sus propias palabras, «por el resto de nuestros días».

De esta forma se nos dice que la situación de amenaza nacional, que fuera utilizada por otros presidentes para justificar la toma del poder, persistirá prácticamente en esas condiciones hasta perpetuidad.

En tercer lugar, debemos tener una aguda conciencia de los impresionantes avances alcanzados en la sofisticación de las tecnologías de escucha y vigilancia, con su capacidad para englobar y analizar con facilidad enormes cantidades de información y tratarlas a continuación para obtener inteligencia. Ello aumenta de manera significativa la vulnerabilidad de la vida privada y de las libertades de un gran número de personas inocentes en los momentos precisos en que aumenta el poder potencial de estas tecnologías.

Estas tecnologías tienen realmente la posibilidad de invertir el equilibrio de poder entre el aparato estatal y la libertad del individuo de manera al mismo tiempo sutil y profunda.

Pero que no haya malentendidos. La amenaza de nuevos golpes terroristas es real y los esfuerzos concertados de los terroristas para obtener armas de destrucción masiva hacen en realidad necesario que la rama ejecutiva ejerza sus poderes con reflejos y agilidad.

Además, existe un poder inherente conferido por la Constitución a todo presidente para que emprenda acciones unilaterales cuando sea necesario para proteger a la nación de una amenaza súbita e inmediata. Y es imposible definir con precisión y exactitud en términos legales cuándo ese poder es apropiado y cuándo no.

Mas la existencia de ese poder inherente puede ser empleado para justificar una manifiesta y excesiva toma del poder que se extienda por muchos años y provoque un serio desequilibrio entre el ejecutivo y las otras dos ramas del gobierno.

Y existe una razón final para preocuparse por el hecho de que podríamos estar viviendo algo diferente a un nuevo ciclo. Este gobierno llegó al poder tras una nueva teoría cuyo propósito es convencernos de que esta excesiva concentración de poder presidencial es exactamente lo que preveía nuestra Constitución.

Esta teoría legal, que los abogados que la defienden llaman teoría del ejecutivo unido, pero que debería, con más justeza, ser denominada del ejecutivo unilateral, amenaza con extender los poderes del presidente hasta que los límites de la Constitución que nos legaron los fundadores se borren y la hagan irreconocible.

Según esta teoría, la autoridad del presidente como comandante en jefe o cuando se encarga de definir la política exterior no puede ser examinada por el poder judicial o controlada por el Congreso. Y el presidente Bush ha llevado hasta los límites máximos las implicaciones de este concepto al subrayar constantemente su papel de comandante en jefe, al invocarlo con tanta frecuencia como le es posible, al mezclarlo con sus otras funciones internas y externas.

Al añadir a ello el concepto según el cual hemos entrado en un estado de guerra perpetua, las implicaciones de esta teoría se extienden casi literalmente tan lejos en el futuro como es posible imaginar.

Totalitarismo interno

Este esfuerzo que se propone transformar la estructura constitucional estadounidense, cuidadosamente equilibrada, en una estructura sin fundamento dominada por una rama ejecutiva todopoderosa, con un Congreso y un poder judicial subyugados, se acompaña de manera irónica de un esfuerzo del propio gobierno con el fin de reformar la política exterior estadounidense, basada principalmente en la autoridad moral del país, en una política que reposa en un intento irracional y contraproducente por establecer una forma de dominación sobre el mundo.

El denominador común parece ser un instinto de intimidación y control.

La misma tendencia ha caracterizado los esfuerzos para hacer callar los puntos de vista disonantes en el seno de la rama ejecutiva, de censurar las informaciones que podrían alejarse de esos objetivos ideológicos y alcanzar la conformidad de todos los empleados del poder ejecutivo.

Por ejemplo, los analistas de la CIA que se oponían con firmeza a la afirmación de la Casa Blanca de que Osama Bin Laden se había vinculado a Sadam Husein fueron objeto de presiones en el trabajo y se preocuparon pensando que no serían beneficiados con promociones o aumentos de salario.

De manera irónica, esto fue exactamente lo que le sucedió a los responsables del FBI en los años 60 que estaban en desacuerdo con la afirmación de J. Edgar Hoover [18] de que Martin Luther King estaba estrechamente vinculado con los comunistas.

El responsable de la rama del FBI encargada de la inteligencia interna dio testimonio del hecho de que sus esfuerzos por decir la verdad sobre la inocencia del doctor King le costaron verse aislado, al igual que sus colegas, en el seno del FBI y sometido a presiones.

Y lo cito: «Era manifiesto,» nos cuenta, «que debíamos cambiar de actitud o nos encontraríamos todos en la calle.»«Mis hombres y yo,» añade, «nos poníamos de acuerdo para saber cómo salir del problema.».

Estar en conflicto con el señor Hoover era algo serio. «Esos hombres,» continúa, «trataban de comprar casas, pedían préstamos para ello. Tenían niños en edad escolar. Vivían con el temor de ser transferidos, de perder el dinero invertido en sus casas, como ocurría por lo general. Querían entonces que se redactara otro memorando para sacarnos del apuro en el que nos encontrábamos.»

Los que redactaron la Constitución, y que habían estudiado de cerca la naturaleza humana, comprendieron bastante bien ese dilema. Retomando las palabras de Alexander Hamilton, «El poder apoyado en un hombre es un poder apoyado en su voluntad.»

Como quiera que sea, rápidamente cualquier desacuerdo con relación al doctor King se esfumó en el seno del FBI y la acusación abusiva se transformó en el punto de vista unánime.

Y de la misma manera, la CIA de George Tenet acabó por unirse al concierto que aprobaba la idea manifiestamente falsa de que existía un nexo entre Al Qaeda y el gobierno iraquí.

Como escribió George Orwell [19], «Todos somos capaces de creer cosas que sabemos son falsas y luego, cuando debemos finalmente admitir nuestro error, deformar con impudicia los hechos para demostrar que teníamos razón.»

Desde el punto de vista intelectual, es posible seguir de esta forma por un período indefinido. El único obstáculo que se opone es que tarde o temprano una creencia errónea choca con la dura realidad, por lo general en un campo de batalla.

Dos mil doscientos soldados estadounidenses perdieron la vida cuando esta falsa creencia chocó con la dura realidad. De hecho, cuando el poder no está controlado ni es responsabilizado esto conduce casi inevitablemente a graves errores y abusos.

Esto forma parte de la naturaleza humana. Ante la falta de responsabilidades rigurosas, la incompetencia triunfa y la deshonestidad es estimulada y recompensada.

Esta es la naturaleza humana, ya se trate de los republicanos, de los demócratas o de personas que tienen todo tipo de ideas.

La semana pasada, por ejemplo, el vicepresidente Cheney trató de defender el espionaje de ciudadanos norteamericanos mediante escuchas por parte del gobierno al afirmar que si el programa hubiera sido implantado antes del 11 de septiembre de 2001 habrían identificado el nombre de algunos de los piratas del aire.

Trágicamente, aparentemente sigue sin saber que el gobierno conocía muy bien en realidad el nombre de al menos dos de los piratas mucho antes del 11 de septiembre y contaba con informaciones que habrían podido ayudar a identificar a la mayoría de los demás.

Uno de ellos aparecía en la guía telefónica. Sin embargo, debido a la incompetencia, la incompetencia irresponsable en el tratamiento de la información, esto no fue nunca utilizado para proteger al pueblo norteamericano.

Con frecuencia sucede que, una vez más y sin que esto tenga que ver con el partido en el poder, una rama ejecutiva cegada con la obtención de un poder no contenido responda ante sus propios errores proponiendo a posteriori que se le conceda aún más poder.

Con frecuencia la propia solicitud es utilizada para enmascarar su responsabilidad con respecto a errores en el empleo del poder del que ya disponía.

Por añadidura, si la tendencia práctica emprendida por este gobierno no es cuestionada podría convertirse en parte integrante del sistema estadounidense. Por ello numerosos conservadores han señalado que conceder un poder incontrolado a este presidente significa que el próximo gozará asimismo de ese poder incontrolado. Y el próximo podría ser alguien cuyos valores y creencias no les inspiren confianza. Por ello, tanto republicanos como demócratas deberían preocuparse por lo que ha hecho el presidente actual.

Si este intento por extender de manera dramática el poder ejecutivo se mantiene sin problemas nuestra estructura constitucional de control y equilibrio mutuo de los poderes se perdería. El futuro presidente o un futuro presidente, en nombre de la seguridad nacional, podría restringir nuestras libertades de forma tal que los fundadores no habrían jamás imaginado posible.

Traducción al español de la versión en francés realizada por la Red Voltaire a partir de CQ Transcript Wire. Inter–titres y notas de la redacción.

Notas

[1] Bob Barr, quien realizó la introducción del discurso de Al Gore, fue diputado republicano por Georgia de 1995 a 2003. Ardiente partidario del derecho a portar armas, fue uno de los promotores de los intentos por destituir al presidente Clinton. Sin embargo, después de oponerse al presidente Bush con respecto a la duración de la PATRIOT Act, abandonó el Partido Republicano para convertirse en candidato de los libertarianos a las elecciones presidenciales de 2004. En estos momentos es el abogado de la principal asociación norteamericana de defensa de los derechos humanos, la ACLU.
[2] La National Security Agency es la mayor agencia de inteligencia norteamericana. Su actividad fue descrita en detalles por James Bamford en The Puzzle Palace (Houghton Mifflin Compagny, 1982) y Body of Secrets (Century 2001). El señor Bamford, quien también fue sometido a escucha por parte de la NSA, acaba de unirse a la queja del colectivo por los derechos civiles contra los abusos de poder de George W. Bush.
[3] John Adams fue el segundo presidente de Estados Unidos (1797–1801)
[4] James Madison fue el cuarto presidente de Estados Unidos (1809–1817). Se le considera como el principal autor de la Constitución por medio de la cual trató de impedir cualquier forma de dictadura. Opuesto al principio de soberanía popular, concibió un sistema federal que distribuye el poder entre los estados, gobernados a su vez por notables.
[5] Periodista británico, Thomas Paine hizo la revolución en Estados Unidos, luego fue elegido diputado a la Convención durante la Revolución Francesa. Analizó con precisión la oposición irreductible entre las visiones anglosajona y francesa de los derechos humanos: la primera basada en la fe y garantizando los derechos de aquellos sometidos a la jurisdicción; la segunda, basada en la razón y planteando el tema de la legitimidad del poder.
[6] El argumento principal del Sentido Común es que era imposible que la pequeña Inglaterra promulgara a distancia leyes adaptadas para la gran América. Por consiguiente, esta debía liberarse de la corona británica.
[7] Ted Stevens es senador republicano por Alaska. Miembro activo del grupo de presión energético, se pronuncia a favor de la explotación petrolera de Alaska.
[8] Jim McGovern es diputado demócrata por Massachussets. Conocido por haber presidido la comisión de investigación sobre el asesinato de jesuitas en El Salvador y por solicitar el levantamiento del embargo contra Cuba.
[9] Felix Frankfurter (1882–1965) fue uno de los principales constitucionalistas estadounidenses de comienzos del siglo XX. Profesor de Harvard, nombrado juez del Tribunal Supremo por el presidente Franklin Roosevelt, se dedicó a restringir el poder de su jurisdicción para interpretar la Constitución con el fin de impedir un gobierno de jueces. Desempeñó un papel clave en la abolición de la segregación racial.
[10] George Washington es el principal héroe de la guerra revolucionaria y primer presidente de de Estados Unidos (1789–1797). Por esta doble razón es considerado como el padre de la nación. Sus acciones se caracterizaron por la lucha contra lo arbitrario, el rechazo al reinado de los partidos políticos y la búsqueda del bien común.
[11] Se trata del embajador Craig Murray, conocido de los lectores de la red Voltaire por su participación en la Conferencia Axis for Peace 2005.
[12] Harold Koh fue asistente de la secretaria de Estado Madeleine Albright, encargado de la democracia y de los derechos humanos, cuando Al Gore era vicepresidente.
[13] John McCain es senador republicano por Arizona e infortunado rival de George W. Bush en el seno de su partido. Fue hecho prisionero durante la guerra de Vietnam y promovió una ley que prohíbe el uso de la tortura no porque sea inaceptable en sí misma sino para proteger a los soldados del ejército norteamericano de una posible reciprocidad.
[14] Abraham Lincoln fue el decimosexto presidente de Estados Unidos (1861–1865). Se enfrentó a la secesión del sur y promovió la abolición de la esclavitud.
[15] Luego de la Primera Guerra Mundial, bajo la presidencia del demócrata Woodrow Wilson, el ministro de justicia de Estados Unidos, Alexander Palmer, pisoteó la libertad de opinión y lanzó una serie de incursiones policíacas contra las organizaciones comunistas.
[16] El 19 de febrero de 1942, el presidente Franklin Roosevelt firmó la Executive Order 9066 que ordenaba el arresto sin juicio de 120 000 ciudadanos norteamericanos a causa de su origen japonés. Fueron internados durante toda la duración de la Segunda Guerra Mundial. Cf. Years of Infamy, por Michi Weglyn, William Morrow éd., 1976.
[17] De 1956 a 1971 el programa COINTEL tuvo como objetivo espiar y manipular a los opositores. Fue ampliamente documentado luego de un proceso que siguió al Watergate. Cf. Cointelpro, por Nelson Blackstock, Pathfinder press, 1975.
[18] J. Edgar Hoover fue el fundador del FBI y su director hasta su muerte en 1972. Instauró una verdadera policía política y chantajeó de manera sistemática a los dirigentes políticos de su época. Su sucesor, Mark Felt (alias Garganta Profunda) puso fin a este sistema al revelar el escándalo Watergate.
[19] George Orwell (1903–1950), escritor y periodista británico quien describió el funcionamiento del totalitarismo en una célebre novela, 1984.


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