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Caso Sheraton: otra vergüenza para México

None | 12 de Febrero de 2006 a las 00:00

Un suceso verdaderamente penoso

Editorial diario Granma, viernes 10 de febrero

Lo que ha ocurrido en México a raíz de las órdenes dadas desde Washington a un hotel radicado en Ciudad México provoca distintos sentimientos, que van desde la indignación a la lástima.

Los hechos son bien conocidos: un grupo de funcionarios cubanos vinculados al sector energético se reunían en México con sus colegas de Estados Unidos, analizando con profesionalidad y seriedad, entre otros temas, las posibilidades de colaboración en la esfera de la exploración petrolera, algo que ha venido realizándose desde hace años con diversos sectores productivos de Estados Unidos interesados en futuros intercambios con nuestro país.

Esta reunión se había acordado en virtud del expreso interés de la parte norteamericana en conocer el potencial de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México, y de la disposición del Gobierno de Cuba de no impedir la participación de las empresas norteamericanas en futuras negociaciones sobre el tema. La reunión en sí, es una prueba más del clima de mutuo respeto que prevalece entre nuestro país y los sectores económicos de Estados Unidos, evidenciado en importantes compras de alimentos ascendentes ya a más de 500 millones de dólares anuales, que Cuba ha saldado al contado y sin un minuto de retraso, lo que la actual administración de Estados Unidos quiere hoy impedir a toda costa.

Este evento, como en otras ocasiones, se desarrollaba en México, en un hotel mexicano, ya que en virtud del bloqueo, a cada uno de ellos, tanto cubanos como norteamericanos, se les prohíbe por el gobierno de Bush viajar al otro país.

Es harto conocido que la nacionalidad de una subsidiaria, como es el caso del hotel María Isabel Sheraton, es la del país donde haya sido constituida, con independencia de la nacionalidad de su Casa Matriz. En otras palabras, una entidad registrada en México, al amparo de la legislación mexicana, es a todos los efectos jurídicos una entidad mexicana y se debe regir por las leyes de México y no por las leyes del país al que pertenezcan sus accionistas o propietarios transnacionales. Esto, además de ser legalmente inobjetable, tiene un profundo contenido práctico; sobre todo en el contexto actual de un mundo globalizado, donde incontables accionistas extranjeros pueden poseer empresas en cualquier país.

Tomando el propio ejemplo de México, que recibe elevadas sumas de inversión extranjera directa, cabría preguntarse qué pasaría si cada país pretendiera aplicar sus propias leyes a sus subsidiarias que operan en México. Es claro que en esas condiciones a algunas empresas se les aplicarían las leyes alemanas, a otras las francesas, a otras las japonesas, o tal vez todas. No es necesario un gran esfuerzo imaginativo para deducir que esto llevaría al país receptor de la inversión extranjera, México en este caso, al más absoluto caos, pues tendría que aplicar en su territorio la ley de diez, veinte o más países con diferentes regímenes jurídicos y culturas corporativas.

Todo esto es algo bien establecido que puede entenderse con absoluta claridad y nadie entraría a violarlo, excepto el gobierno de Bush que, como un amo del mundo, ha demostrado no conocer límite alguno a su arrogante poder imperial.

Los hechos así lo confirman: el pasado viernes cuando habían terminado el primer día de las sesiones de trabajo de ambas delegaciones, la de Cuba fue informada por la administración del hotel mexicano que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le había ordenado desalojarla de la instalación.

Es de suponer que el gerente del hotel encontró muy lógico y razonable lo sucedido. Ni siquiera pestañeó, e hizo cumplir de inmediato la orden recibida. No se detuvo a pensar por un segundo que un gobierno extranjero no tenía capacidad jurídica para dar esa orden, y que cualquier problema que surgiese al respecto debería resolverse bajo los preceptos de la Ley Mexicana.

Al gerente del hotel no se le puede culpar. Él simplemente actuó con la lógica de quien se siente que no está haciendo nada anormal. Que tal orden era impúdica y abusiva ante los ojos del pueblo mexicano y del mundo, seguramente ni siquiera le pasó por la mente.

Tal vez incluso pensó que expulsando del hotel a los funcionarios cubanos complacía también al gobierno que con la mayor tranquilidad condena vehementemente en Ginebra a Cuba año por año, y calla de forma extraña ante las horrendas torturas que a diario comete Estados Unidos contra prisioneros indefensos bajo su custodia, en territorio cubano ocupado ilegalmente y a la fuerza por el gobierno que la acusa de violar los derechos humanos.

Para hacer más humillante el acto, el imperio ni siquiera se molestó en informar a las autoridades mexicanas, y la orden la trasmitió un burócrata de turno del Departamento del Tesoro. En definitiva, la soberanía de un país es algo intrascendente, que no ameritaba molestar a un funcionario de más categoría.

La vocera del Departamento del Tesoro Brookly Mclaughlin no pudo ser más explícita al respecto. En un reporte publicado en el New York Times el día 7 de febrero se le cita declarando que: "El hotel en Ciudad México es una subsidiaria norteamericana y por tanto le está prohibido ofrecer servicios a Cuba o nacionales cubanos. En este caso simplemente estamos siguiendo nuestros procedimientos usuales, aplicando la ley". Le faltó aclarar, seguramente no lo creyó necesario, que se refería a la ley de Estados Unidos.

Otro vocero, el del Departamento de Estado, Sean Mc Cormack, según un cable publicado en "Estrella Digital" el 9 de febrero, declaraba lo siguiente: "Básicamente, la ley estadounidense se aplica a las Empresas de Estados Unidos o filiales de grupos estadounidenses, sin que importe donde estén". Es imposible citar un ejemplo más claro de desprecio a la soberanía de otros países.

La indignación en el pueblo mexicano y en muchas de sus instituciones no se hizo esperar. Se organizaron manifestaciones populares de repudio a la grotesca ofensa. Los senadores de los principales partidos políticos reaccionaron con honor y decoro. El periódico La Jornada en su edición del martes 7 de febrero publicaba un artículo brindando información sobre el tema bajo el título "La aplicación extraterritorial de las leyes de Estados Unidos es inadmisible: Senadores".

El artículo comenzaba diciendo: "Senadores panistas, priístas y perredistas exigieron ayer al Gobierno del Presidente Vicente Fox una reacción diplomática enérgica a la expulsión de funcionarios cubanos del hotel María Isabel Sheraton, por constituir una violación de los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución, además de que calificaron de "vergonzoso" permitir la aplicación extraterritorial de leyes estadounidenses en México. Eso es inadmisible y requiere una aclaración inmediata, subrayaron". Pero en medio de todo este clima de unánime repulsa al vejamen recibido desde el Norte por la patria de Juárez, ¿qué decía y qué hacía el gobierno de México?

Si se analizan las declaraciones del canciller Derbez, que es a quien la prensa internacional se ha dirigido para conocer la postura del gobierno mexicano sobre tan sonado escándalo, no puede menos que experimentarse una extraña mezcla de perplejidad y casi un sentimiento de lástima.

En sus primeras declaraciones desde Europa, donde se encontraba realizando una gira por varios países, reconocía, según un cable de la AFP el día 7 de febrero, que la ley no puede tener de ninguna manera aplicación extraterritorial, pero se apresuraba en agregar: "lo que haríamos nosotros, no con el gobierno de Estados Unidos porque ellos tienen su legislación, sino con quien la aplica de manera errónea, sería aplicar la sanción que corresponda".

Traducido a un idioma directo y claro lo que se está admitiendo con la más pasmosa indolencia es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puede darles órdenes a empresas constituidas y operando en México; y dado el caso que el tema salga a la luz pública y no quede más remedio que tomar alguna acción para calmar los ánimos, entonces se castiga a la empresa que acató tal orden contra el honor y la dignidad de México.

En Nueva York, Ellen Gallo, portavoz de la cadena dueña del hotel, según el mismo cable, contradecía el punto de vista del Sr. Derbez al afirmar, con toda razón, que se trataba "de un tema entre dos Gobiernos".

Otro titular del periódico mexicano La Jornada del día 8 de febrero publicaba otra insólita frase del Secretario de Relaciones Exteriores de México: "Se sancionará al Sheraton sin enviar queja alguna a Washington", y agregaba dicho órgano de prensa: "Luis Ernesto Derbez Bautista, quien está en Londres en el último punto de su gira de dos semanas por Europa, rechazó que la decisión del hotel María Isabel Sheraton de desalojar a una delegación de funcionarios cubanos de sus instalaciones represente una violación a la soberanía nacional".

En la medida que la indignación interna crecía, se veía al gobierno mexicano presionado para adoptar una postura más enérgica ante tal afrenta a la nación educada en el ejemplo de los niños héroes de Chapultepec y la de todos los que han luchado por preservar los más altos valores del glorioso pueblo mexicano.

Al canciller Derbez se le apreciaba inseguro e indeciso. El periódico mexicano El Universal dejaba constancia de sus tribulaciones en un artículo de fecha 8 de febrero titulado "Secretaría de Relaciones Exteriores ajusta postura ante Estados Unidos por la expulsión de cubanos". El mencionado periódico informaba: "El gobierno de México analiza el envío de una nota diplomática de protesta a Estados Unidos por la expulsión de una delegación de cubanos del hotel María Isabel Sheraton, informó el canciller Luis Ernesto Derbez, quien advirtió que el Gobierno Federal no permitirá que ninguna ley del extranjero tenga vigencia sobre las nacionales.

"En una entrevista radiofónica, el canciller dijo que el gobierno mexicano, a través del subsecretario para América del Norte, Jerónimo Gutiérrez, ha contactado al gobierno estadounidense para averiguar de manera precisa y concreta el incidente. "Él (subsecretario) traerá la información para que decidamos si corresponde o no presentar una queja al Gobierno de Estados Unidos.

"Sin embargo, en menos de cuatro horas, Derbez varió su postura, pues en una conferencia de prensa en Londres previa a la entrevista en radio había asegurado que el incidente no ameritaba el envío de una nota diplomática a Washington, pues el hotel María Isabel Sheraton fue el que procedió indebidamente, en tanto que, justificó, el Departamento del Tesoro solo dio indicaciones.

"Aseguró además que Estados Unidos no violó la soberanía mexicana al solicitar a la Empresa la aplicación de una ley estadounidense."

Un titular más reciente, esta vez del periódico La Jornada del día 9 de febrero, daba nuevas y aún más raras declaraciones: "Petición verbal a Estados Unidos para que revise la aplicación extraterritorial de leyes: Derbez."

Es curioso constatar cómo incluso una tímida "petición verbal" para que Estados Unidos "revise" la aplicación de la Ley de Estados Unidos en México venía acompañada de una explicación en la que se dejaba claro que el único culpable era el hotel por todo lo acaecido, y se mostraba especial complacencia con el Gobierno de Bush al dejar constancia de que "las relaciones con Estados Unidos son en términos generales muy positivas". Más adelante, el canciller Derbez culpaba a la prensa de "armar escándalos sobre este tema". Y añadía, como para que no quedara ninguna duda de la extrema delicadeza con que hacía su "petición verbal" a Washington: "le hemos hecho saber de manera verbal al Departamento de Estado que nos parece que ellos deberían revisar esta territorialidad (de sus leyes)".

Realmente si algo faltó en estas declaraciones, fue pedir humildemente disculpas por la terrible molestia que significa para el Departamento de Estado tener que dedicar unos minutos de su ocupadísimo tiempo para escuchar a alguien a quien "le parece" que se "debería" revisar la no aplicación de las leyes de los Estados Unidos en su propio país.

Posteriormente se ha hablado de clausurar el hotel, pero debe aclararse que las causas que se aducen para amenazar con tomar esta medida son de carácter meramente administrativo, como por ejemplo que el hotel ocupó tres mil metros cuadrados de terreno sin autorización, que opera dos bares sin licencia y no cuenta con salida de emergencia.

Como se podrá apreciar ninguno de estos motivos tiene ni el más remoto vínculo con el problema esencial: el hecho de que los voceros del Estado expansionista que ayer arrebató a México más de la mitad de su territorio, declararan que las empresas mexicanas con participación de entidades estadounidenses tienen que cumplir en México las leyes de Estados Unidos y ha actuado draconianamente de acuerdo con esa autoasignada prerrogativa.

Las valoraciones sobre este suceso pueden ser muy variadas, pero como dijo Martí: "hay un cúmulo de verdades esenciales que caben en el ala de un colibrí y son, sin embargo, la clave de la paz pública, la elevación espiritual y la grandeza patria".

Desde nuestra óptica martiana, sentimos una enorme pena por todo lo sucedido que expresa hasta qué punto los Estados Unidos se arrogan el derecho de ignorar al gobierno y al pueblo mexicanos y de actuar impunemente con absoluto irrespeto a la grandeza de esa hermana y entrañable nación.

Sheraton: nuevo caso de servilismo

Por Carlos Fernández-Vega, diario La Jornada, México

AL GRITO DE "pégame, pero no me dejes", el gobierno del "cambio" una vez más dobla las corvas ante la administración Bush y le demuestra su "cariño" (Fox dixit), al fingir demencia en el caso de la delegación cubana expulsada del Hotel María Isabel Sheraton por instrucciones del Departamento del Tesoro, quien extraterritorialmente impuso su ley en una abierta violación de la soberanía mexicana.

LA ADMINISTRACION FOX, por medio del avezado secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, se apresuró a pintar su raya: "no se hará un reclamo al gobierno estadounidense, pero sí se estudia una sanción -sería objeto de reprimenda- al hotel... en caso de comprobarse que se aplicó extraterritorialmente la ley" (gringa)

EL DEPARTAMENTO DEL TESORO reconoce públicamente que sí dio la orden; el María Isabel Sheraton que sí la acató y ambos que, en efecto, la acción corresponde a lo establecido en la legislación de su país contra terceros países, pero la administración Fox dice que "no se hará un reclamo" a la estadounidense.

MIENTRAS EL INQUILINO de Los Pinos presume su servilismo, con la ayuda del Informe 2005 sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba del Tribunal Benito Juárez (el texto íntegro se puede consultar en www.tribunalbenitojuarez.org/inicio01.htm) se hace un balance mínimo de la brutal cacería del gobierno gringo contra el pueblo cubano:

EL DAÑO ECONOMICO directo causado por el bloqueo, a partir de cálculos conservadores preliminares, supera los 82 mil millones de dólares, cifra que no incluye más de 54 mil millones imputables a daños directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país por sabotajes y acciones terroristas estimuladas, organizadas y financiadas por y desde Estados Unidos, ni el valor de los productos dejados de producir o los daños derivados de las onerosas condiciones crediticias que se le imponen a Cuba.

LA FALSEDAD DEL cínico empeño del gobierno estadounidense de presentar la política de bloqueo contra Cuba como un asunto exclusivamente bilateral, se ha visto fehacientemente demostrada por las afectaciones a numerosos Estados, ciudadanos y empresas de terceros países provocadas por las disposiciones extraterritoriales del bloqueo, de las que no han logrado sustraerse siquiera organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas.

ENTRE LAS DISPOSICIONES extraterritoriales del bloqueo, se incluyen las siguientes prohibiciones: a subsidiarias de empresas estadounidenses radicadas en terceros países llevar a cabo cualquier tipo de transacción con empresas cubanas, o que adquieran bienes cuya elaboración haya requerido algún producto procedente de Cuba; a empresas de terceros países exportar a Estados Unidos cualquier producto si contiene alguna materia prima cubana; a empresas de terceros países que vendan a Cuba bienes o servicios en los que se utilice tecnología estadounidense o requieran en su fabricación productos de esa procedencia que excedan 10 por ciento de su valor, aun cuando sus propietarios sean nacionales de terceros países;

ASIMISMO, LA ENTRADA a puertos de Estados Unidos a buques que hayan transportado mercancías hacia o desde Cuba; a bancos de terceros países abrir cuentas en dólares a personas naturales o jurídicas cubanas o que efectúen transacciones financieras en dicha divisa con entidades o personas cubanas, en cuyo caso serán decomisadas; a empresarios de terceros países llevar a cabo inversiones o negocios con Cuba, bajo el supuesto de que estas operaciones estén relacionadas con propiedades sujetas a reclamación por parte de los Estados Unidos.

ENTRE LAS SANCIONES civiles impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro contra compañías, instituciones bancarias y ONGS, se cuentan: en 2004, 77 compañías, instituciones bancarias y ONG de diversas partes del mundo fueron multadas por acciones consideradas violatorias de las regulaciones del bloqueo contra Cuba.

ONCE SON EXTRANJERAS o subsidiarias de compañías estadounidenses radicadas en terceros países, como México, Canadá, Panamá, Italia, Reino Unido, Uruguay, Bahamas y Anguila. Siete más, como Iberia, Alitalia, Air Jamaica, Daewoo y el Banco de China, fueron sancionadas alegándose que sus filiales en Estados Unidos violaron disposiciones del bloqueo contra Cuba.

ENTRE LAS MULTAS más significativas en 2004 destacan las impuestas a Alpha Pharmaceutical, ICN Farmacéutica, Laboratorios Grossman, radicadas en Panamá y México Distrito Federal, por la importación y exportación de mercancías desde y hacia Cuba de 1998 a 2003; a Trinity Industries de México, radicada en la ciudad México, por la venta de mercancías destinadas a Cuba y el financiamiento de su transportación en 2001; Chiron Corporation por la exportación de vacunas a Cuba en 1999-2002; Daewoo Heavy Industries America, por la exportación de mercancías destinadas a Cuba en 1999.

EN LOS PRIMEROS cuatro meses de 2005, cinco entidades (un banco, 3 empresas y una organización no gubernamental) fueron multadas por la OFAC. Entre ellas se incluye la Compañía Martinair Holland, con sede en los Países Bajos, por prestar servicios de viajes sin contar con licencia y por transferencia de fondos en 2003. La disminución de las multas de la OFAC a instituciones en el primer cuatrimestre de este año, en comparación con las 42 sancionadas en igual periodo de 2004, no es el resultado de una flexibilización en la aplicación de las medidas del bloqueo; por el contrario, se deriva del terror y por tanto, del desestímulo provocado en las actividades del sector empresarial con relación a Cuba.

SE ESTIMA QUE en 2004 las afectaciones al comercio exterior cubano provocadas por el bloqueo alcanzaron 822.6 millones de dólares, cifra que supera la suma del año anterior en 57.2 millones. El monto mayor de las afectaciones identificadas estuvo asociado a la aplicación de regulaciones extraterritoriales, calculadas en 380 millones de dólares, aunque continúa teniendo una gran incidencia la imposibilidad de acceder al mercado estadounidense.

Entre particulares

Por Julio Hernández López, diario La Jornada, México

EL GOBIERNO DE LA República pretende enfrentar un grave problema de soberanía nacional con criterios administrativos, casi de barandilla. Pasmado -asido, a conveniencia, al síndrome vacacional del Chiquihuite- el velador ejecutivo del changarro que cree se llama Mecsicou hizo que su ayudante de chacota, un tragicómico arribista que se hace llamar canciller, hiciera circular el domingo, como postura extraoficial, la vergonzosa tesis de que la conversión forzada de empresas gringas en territorio ajeno a las leyes mexicanas es... "un asunto entre particulares".

TAN COBARDE interpretación buscaba dejar el golpe bushista del Sheraton en un plano estrictamente privado, como si hubiesen desaparecido el Estado mexicano, sus instituciones, sus leyes y sus autoridades (y, desde luego, su sociedad, sus ciudadanos). De convalidarse la coartada del "asunto entre particulares", el imperio tendría la puerta abierta para hacer en su patio trasero lo que quisiera, virtualmente autorizado por un gobierno en explícita abdicación, que estaría permitiendo que leyes extranjeras se aplicaran en México como si fueran simples operaciones de derecho privado y no insolentes agresiones al orden constitucional que obviamente pertenece al ámbito de lo público, de lo político, de lo gubernamental. De mentalidad colonizada, adoradores de la visión empresarial, faltos de conocimiento y compromiso con la historia patria, frívolos y retrasados en el entendimiento de los cambios mundiales y el reacomodo de las potencias, satélites baratos del sistema planetario gringo, el encargado del despacho presidencial y el ocupante de la silla principal de Tlatelolco tratan de cerrar los ojos a la bofetada preventiva -augural, primer abono- de sus patrones íntimos.

MAS, COMO LA idea del "asunto entre particulares" necesitaba más elaboración, los genios de Los Pinos afinaron el estratagema elusivo: el problema debe ser visto, recomiendan, como un simple asunto mercantil, regulable y punible en el ámbito de la Procuraduría Federal del Consumidor, o de discriminación, contemplado en dado caso en la ley federal del ramo. Los cubanos expulsados podrían entonces equiparar el incidente de la noche del viernes con la compra de una plancha defectuosa, o de la no devolución de un adelanto para apartar lugares en un concierto, o de los jóvenes que son impedidos de entrar a discotecas, o de los discapacitados a los que se niega empleo. (En la feria de argumentaciones increíbles destacó la ofrecida por Carlos Mota, comentarista económico en el programa radiofónico de Imagen, con Adela Micha, quien se enredó largamente explicando cómo cada día hay montones de mexicanos discriminados porque no los dejan entrar a hoteles de prestigio a ocupar con su pareja una habitación "por un par de horas". ¡Santos inventos, Batman: la soberanía patria entendida a partir de una óptica de moteles de paso!)

LA RESPUESTA DE dos de los candidatos presidenciales fue indirecta y lamentable, mientras el panista fue el único que abordó directamente y con decoro el tema. Andrés Manuel López Obrador aprovechó la oportunidad para mostrarse a los ojos imperialistas como un político pragmático que no vocifera ni reacciona patrioteramente (¿cuál semejanza con Hugo Chávez, cuál izquierdismo peligroso?). En una jugada vergonzosa, envió por delante al miembro de su equipo por el que menos respeto tiene, Jesús Ortega, habilitado como débil coordinador de campaña en pago por haberle dejado el camino libre a Marcelo Ebrard en el Distrito Federal. Ortega hizo, a nombre del comité nacional perredista, una tibia condena a la agresión contra México y Cuba, a la que chambonamente se "adhirió" López Obrador (oh, sí: jugada ferpecta: ¿cómo de que no hubo respuesta enérgica? ¡el mismísimo coordinador de campaña, prestigiado y poderoso, fijó la postura de condena a la que completita se sumó el patriota candidato por aquél coordinado! En lugar de tanto homenaje abstracto a Benito Juárez, ¿no convendrá más el recuerdo concreto del general Lázaro Cárdenas?). En el PRI, la ex embajadora en Cuba, Roberta Lajous, presentó una condena superficial, pidiendo a los gobiernos federal y de la ciudad de México que determinen "hasta qué punto" los hechos del María Isabel Sheraton contravienen las leyes nacionales. Roberto Madrazo, a quien conviene mostrarse a los ojos imperiales como una alternativa autoritaria que frene presuntas amenazas izquierdistas, también guardó silencio -al menos hasta la hora de cerrar esta columna-, acogiéndose a lo dicho por un personaje menor en el organigrama político tricolor. Felipe Calderón, por su parte y sin mayor bronca, condenó la aplicación extraterritorial de la ley Helms Burton y llamó a la Casa Blanca y al Sheraton a dejar claras las responsabilidades de cada cual.

EN WASHINGTON, EL Departamento del Tesoro, mediante un vocero que pidió no ser citado por su nombre, dejó claramente asentado que la expulsión de los cubanos fue ordenada por esa oficina y cumplida por la filial de una firma empresarial estadounidense. Según Notimex -la agencia informativa del gobierno mexicano- ese vocero identificable aseguró que "el hotel es una subsidiaria de una empresa de Estados Unidos y, por lo tanto, tiene prohibido dar servicios a Cuba o a individuos cubanos". Fox y Derbez, mientras tanto, siguen jugando a investigar qué sucedió en el María Isabel Sheraton, para luego aplicar "el peso de la ley". Es decir, cambiar la plancha inservible, o devolver depósitos confiscados, o reabrir puertas de discotecas, o emplear a discapacitados: la multa como venta en abonos de la patria, el ínfimo coscorrón administrativo a cambio del rudo golpe a la soberanía. Y es que, según el criterio de un gobierno que no defiende a su patria -y que se vuelve a topar con el factor Cuba, cuyo gobierno pide mediante nota diplomática explicaciones del asunto-, la invasión jurídica de un país a otro es simplemente un asunto de particulares.

Constitución: del muro al Sheraton

Por Marco Rascón, diario La Jornada, México

La fuerza de una constitución política es la fuerza de la soberanía ¿Quién defiende la soberanía en este país? No el gobierno que termina. Tampoco los candidatos y partidos que piensan gobernar los próximos seis años al país. Estados Unidos y el gobierno mexicano violan todas las reglas del derecho internacional y las leyes nacionales.

La expulsión de la delegación cubana del hotel Sheraton por instrucción del gobierno de Bush, con base enen la ley Helms-Burton, no es una agresión aislada, sino que define el estado que guarda la soberanía mexicana. ¿Cómo permitir que México sea utilizado como territorio para agredir a otro país?

El gobierno foxista ha declarado que el hecho del pasado sábado 4 de febrero, acaecido en vísperas de la celebración de la promulgación de la Constitución mexicana, fue un "conflicto entre particulares", lo cual significa que todo delito del orden común es también "un conflicto entre particulares", que no obliga al Estado mexicano a intervenir en esto que constituye una violación flagrante de la soberanía al venir un gobierno extranjero a aplicar sus leyes en nuestro territorio contra otro país.

¿Recordarán el canciller Derbez y el procurador general Cabeza de Vaca o el mismo Vicente Fox el significado de la reclamación de Francia en 1838-39, que se llamó la Guerra de los Pasteles? En aquel entonces el Congreso mexicano se negó a pagar los reclamos usureros y a aplicar las leyes francesas en México.

La expulsión de la delegación comercial cubana del Sheraton es indignante si se ve en el contexto de la amenaza de que Estados Unidos construya un muro en la frontera y nos utilice de cabeza de playa para agredir no sólo a ciudadanos cubanos, sino a otro país latinoamericano.

Es indignante también el silencio dominical en las campañas de los candidatos presidenciales y en la ratificación de los tres. Andrés Manuel López Obrador, Roberto Madrazo y Felipe Calderón juegan a la aceptación de Bush. Se engañan flagrantemente quienes pretenden, a manera de justificación, que el proceso mexicano tenga algo que ver con el latinoamericano y su giro hacia posiciones alternativas a la globalización imperial.

El silencio de los candidatos ratifica nuevamente el deslinde de todo el proceso latinoamericano y la subordinación a los principios de integración a la América del Norte como destino. Ratifica asimismo el carácter pro yanqui de los candidatos y sus proyectos. ¿El sí tiene los tamaños?, preguntaríamos a Madrazo. ¿Esta es la "pasión por México" de la que habla Calderón? ¿Este es el juarismo que proclama López Obrador?

Al mismo tiempo que se aplicaba la ley Helms-Burton en nuestro país, candidatos y gobierno se llenaban la boca de discursos sobre la Constitución y la soberanía. Según el gobierno mexicano, dado su comentario de que se trata de "un asunto entre particulares", el despojo de los depósitos de que fue objeto la delegación cubana en el hotel Sheraton debería llevarse a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor. Aun, si fuese el caso, ¿qué significaría que esa procuraduria determinara que el Sheraton devolviera los depósitos que incautó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos? ¿Quién despojó a los cubanos? ¿El Sheraton o el Departamento del Tesoro?

Esta ofensa no es un mero incidente, pues está en curso una nueva ofensiva contra Cuba, que parte de la reunión de "intelectuales cubanos", organizada por los partidos suecos en Estocolmo, con la participación directa de la terrorista Fundación Cubano-Americana del extinto Mas Canosa y Posada Carriles.

Durante la administración foxista, México se ha transformado en un campo para organizar agresiones contra Cuba y dejar pasar libremente a terroristas como Posada Carriles hacia Estados Unidos, donde, más que preso, es protegido de la justicia internacional a pesar de los crímenes cometidos contra Cuba.

En este contexto, no son gratuitas las provocaciones de la Oficina de Intereses Estadounidenses en La Habana exhibiendo desde adentro del edificio leyendas en contra del gobierno cubano. En el marco de la territorialidad de las sedes diplomáticas, las provocaciones siguen avanzando al integrar al Sheraton y al Paseo de la Reforma y al país entero a la inmunidad de la que goza la embajada estadounidense en México, convirtiéndonos de facto en extensión de su territorio.

La vergüenza de tener un gobierno y candidatos como éstos, que vienen a entregar el país a Estados Unidos, adelanta el juicio de lo que verdaderamente está pasando en América Latina y la manera en que nos usan de ariete en contra de la unidad latinoamericana. Lo grave es que en estas condiciones los sectores progresistas y la izquierda mexicana no tienen candidato ni está presente en el proceso electoral.

¿Qué argumentos tendrán ahora para justificar el silencio y la complicidad frente a la flagrante violación de la soberanía? ¿Será que están engañando a Estados Unidos y en verdad son nacionalistas? No se parecen a Juárez, pero sí a Santa Anna.

Nada menos que eso

Por Gustavo Iruegas, diario La Jornada, México

El bloqueo estadounidense sobre Cuba está sustentado en una innumerable cantidad de leyes y decisiones ejecutivas que hacen del asunto un verdadero nudo gordiano. Si el gobierno de Estados Unidos algún día decidiera desmontarlo no podría hacerlo mediante la derogación ordenada y sistemática de las disposiciones que lo componen, sino que tendría que recurrir a alguna acción radical y decisiva equivalente al tajo con que Alejandro Magno deshizo el nudo de Gordias. Hoy día, el gobierno estadounidense está mucho más preocupado por intrincar aún más la perversa trama que por desatarla.

El bloqueo pretende lograr la destrucción de la revolución cubana y su primer antecedente lo encontramos en la decisión del presidente Eisenhower de eliminar la cuota cubana en el mercado azucarero de Estados Unidos, aunque fue el propio presidente Kennedy quien dio la orden ejecutiva que impuso el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba. De entonces a la fecha se han ido agregando hostilidades, agresiones y abusos sin número a la decisión de cancelar el derecho de los cubanos a determinar ellos mismos su destino.

La ley Helms-Burton entró en vigor el 20 de mayo de 1996 y fue internacionalmente considerada aberración jurídica que pretende imponer sus disposiciones a ciudadanos extranjeros en territorios extranjeros, anomalía que se describe como pretensión de extraterritorialidad. Esa legislación fue consistente con la estrategia del presidente Clinton de "apoyar el advenimiento de la democracia en Cuba", endurecida por la actual administración de Washington, que no se conforma con una política de desestabilización del régimen cubano, sino que ha puesto en marcha un programa formal para propiciar el fin de la revolución.

Al igual que la Unión Europea y Canadá, México resintió la pretensión estadounidense de aplicar sus leyes a los mexicanos en México, y promovió una ley que se conoció como antídoto, pero con el complicado nombre de Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional. Está en vigor desde el 23 de octubre de 1996.

Nuestra ley antídoto fue motivada por la emisión de la Helms-Burton, pero de ninguna manera su aplicación se reduce a los actos provenientes de ella; se aplica a todos los que sean consecuencia de los efectos extraterritoriales de leyes extranjeras. Su motivo específico es proteger el comercio y la inversión, pero el propósito sustantivo es proteger la soberanía nacional. Nada menos que eso.

Dentro de ese marco jurídico sucedió que 16 funcionarios cubanos se encontraron con un grupo de comerciantes estadounidenses para tratar asuntos de petróleo. Se hospedaron en el hotel María Isabel Sheraton y pagaron por adelantado tres días de alojamiento. La administración de la empresa recibió indicaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que la presencia de funcionarios cubanos en sus instalaciones los haría acreedores a las sanciones previstas para quien tiene "tratos con el enemigo", por lo que simplemente expulsó a los cubanos y les confiscó su dinero.

No se trata de un incidente diplomático del cual se pueda salir por el expediente fácil de anunciar la entrega de una nota diplomática, que sería tan insuficiente como improcedente. En el nivel actual, el asunto no es con el gobierno de Bush, sino con la administración del hotel. Cuando Estados Unidos emitió su ley contraria al derecho internacional, México respondió con el antídoto de su ley de protección al comercio y la inversión. Ahora corresponde aplicarla.

Las responsabilidades en que incurrió la administración del Sheraton están señaladas en las leyes Federal de Turismo, Federal de Protección al Consumidor y de Turismo del Distrito Federal, y cabe pensar en términos de incumplimiento de contrato y despojo. Cada una de las autoridades administradoras de esas leyes deberá, aislada o concertadamente, aplicar las sanciones correspondientes. Sin embargo, la disposición primordial en el asunto es la ley que protege nuestra soberanía, comercio e inversión.

Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores imponer las sanciones administrativas previstas en la ley, que pueden ser equivalentes a 100 mil días de salario mínimo. Curiosamente los hechos son conocidos y reconocidos por los dos gobiernos y por las personas involucradas, pero la cancillería dice esperar los resultados de una investigación. Es de suponer que la demora obedezca en realidad a una búsqueda de tiempo para dar la solución correcta.

El caso es grave en extremo, y sólo es comparable en la gestión del presidente Fox con la decisión de no convalidar la pretensión de Estados Unidos de invadir Irak con aval del Consejo de Seguridad. Hay que insistir: se trata de la soberanía. La sustitución del orden jurídico nacional por uno ajeno no es una mera violación de la soberanía, es su cancelación.

Si no les gusta...

Por Octavio Rodríguez Araujo , diario La Jornada, México

Con todo respeto a quienes han argumentado que la ley Helms-Burton tiene que ver con la expulsión de 16 cubanos del hotel María Isabel Sheraton, la interpretación es imprecisa. Esta ley, con implicaciones extraterritoriales que no tienen fundamento sólido en el derecho internacional ni en la Carta de Naciones Unidas, está dirigida a imponer un régimen político y un sistema económico en Cuba, violando la soberanía del gobierno y el pueblo cubanos.

La ley en la que se ha basado el hotel en cuestión, cuya matriz está en Estados Unidos, es otra: es la Ley de Comercio con el Enemigo (Trading with the enemy), que "confiere al presidente [de ese país] autoridad para aplicar todas las prohibiciones contra Cuba, prohibir transacciones financieras, congelar los activos cubanos, prohibir la concesión de servicios y regular la conducta de personas con respecto a Cuba, en tanto sean nacionales de los Estados Unidos o personas sujetas a su jurisdicción" (véase el resumen de las leyes de bloqueo a Cuba del Tribunal Benito Juárez en su página en Internet).

El problema para el gobierno de Estados Unidos y para la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que no quiere predisponerse contra el país imperialista aunque la asista la razón, es que las leyes mexicanas, como las de todos los países del mundo, incluyendo al de Washington, no aceptan como propias leyes de otros países; es decir, no aceptan el carácter extraterritorial de algunas leyes de países extranjeros en el interior de otros, salvo que sean producto de tratados bilaterales o multilaterales, que no es el caso en este asunto.

Toda empresa extranjera, como todo ciudadano de otro país en territorio mexicano, tiene la protección de nuestras leyes, pero también los límites que imponen éstas en la materia que corresponda. No hay, ni puede haber excepciones. Lo que la llamada cancillería quiere presentar como un problema entre particulares y que éste sea atendido por la ley de protección al consumidor, es una aceptación tácita de la extraterritorialidad de algunas de las leyes estadounidenses, es decir, la aceptación clara de una invasión (en este caso legal) a nuestra soberanía. Lo menos que debería hacer el gobierno mexicano es cancelar el permiso de operación no sólo al hotel María Isabel Sheraton, sino a todas las filiales de la cadena hotelera Starwoods Hotels and Resorts Worldwide, por no respetar las leyes del país que les ha dado autorización para instalarse.

No se requiere ser jurista para entender este sorprendente y absurdo problema. Bastaría imaginar que un turista extranjero pudiera actuar como le diera la gana y cometer ilícitos porque no le importan nuestras leyes, para entender que esto no sería posible ni aceptable. Si un turista o un comerciante extranjero mata a alguien en la calle será detenido, juzgado y encarcelado como cualquier ciudadano mexicano que hiciera lo mismo. No es difícil entenderlo.

Los hoteles Sheraton, como cualquier otro comercio o industria, tienen que cumplir con las leyes mexicanas. No son embajadas de países extranjeros en nuestro territorio, y aun las embajadas y su personal, pese a tener inmunidad diplomática, tienen que cumplir con ciertas leyes.

Las leyes estadounidenses nos tienen o deberían tenernos sin cuidado: que las apliquen en su territorio. Nosotros consumimos ron y cigarros cubanos porque la Ley de Comercio con el Enemigo no es nuestra. Esto debió entenderlo el gobierno de Fox (que incluye a Derbez) desde el primer minuto en que se supo de la expulsión de los cubanos de un hotel, por ser cubanos. Por añadidura, esos cubanos no entraron ilegalmente en México, fueron autorizados y, por lo mismo, gozaban de la protección de nuestras leyes como cualquier extranjero legal en el país. No haberlo hecho, y plantear hasta el momento de escribir estas líneas que se trata de un asunto entre particulares y una sanción administrativa al hotel, es una vergüenza nacional e internacional, además de una falta al juramento de Fox de respetar y hacer respetar nuestra legislación, para no hablar de la defensa de nuestra soberanía, una vez más burlada por Estados Unidos y, más grave aún, por el gobierno mexicano.

Todos sabemos del poder económico, militar y tecnológico de Estados Unidos. No es un país del que se nos olvide su lugar en el mapa mundial (aunque quisiéramos) ni desconocemos la dependencia económica de México con él. Pero esta situación no debería impedir que ante flagrantes ofensas levantemos la voz en su contra. No somos un país que pueda ser aplastado como una cucaracha en el suelo. Si no nos respetamos a nosotros mismos, como nación, ¿por qué habrían de respetarnos en el extranjero? El asunto como lo veo es por demás sencillo: el gobierno de Washington puede exigir a sus nacionales, en y fuera de su país, lo que le dé la gana, pero si éstos violan nuestras leyes por obedecer las de su país de origen, que se vayan o se atengan a las consecuencias. Es como si un sacerdote católico cometiera un ilícito y nos saliera con que él sólo puede ser juzgado por Dios o por el derecho canónico de su Iglesia. Sería inadmisible. Estás en México, éstas son nuestras leyes, si no te gusta, te vas. Sólo los mexicanos, por cierto, tenemos derecho a modificar nuestras leyes o a cambiar la forma de nuestro gobierno. No es difícil de entender. Pienso que hasta Fox y Derbez lo podrían entender.

Otra del imperio

Por Adolfo Sánchez Rebolledo , diario La Jornada, México

Que hubo discriminación, no cabe duda. Que se violaron no sé cuántas disposiciones de orden mercantil, tampoco. Pero lo más grave es que una empresa instalada en México y, por lo mismo, sujeta a la legislación local, aplique órdenes emitidas por el Departamento del Tesoro estadounidense en contra de ciudadanos extranjeros, cuya estancia en el país se ajusta a las leyes mexicanas y de ellas reciben protección. Es difícil de creer que las autoridades estadounidenses del Tesoro no contaran con el aval del Departamento de Estado o el conocimiento previo de la embajada de ese país en México para crear este nuevo escándalo.

Al referirse a los hechos ya conocidos, el portavoz Sean NcCormack reiteró que "la ley estadounidense se aplica a las corporaciones o sus subsidiarias sin importar dónde se encuentren, ya sea en México, Europa o Sudamérica''.

La ley en cuestión no es más que la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (The Cuban Liberty Act), que recoge y sistematiza innumerables disposiciones previas, cuyo único propósito estriba en asfixiar por todos los medios la economía cubana y al gobierno de Fidel Castro. En distintos momentos y foros, México se ha pronunciado contra dichas disposiciones e, inclusive, dispone de una ley "antídoto", aprobada por el Congreso desde 1996, para contrarrestar los efectos nocivos de la Helms-Burton en las relaciones comerciales cubano-mexicanas. Ese es el fondo del incidente que nos ocupa.

Aunque la conducta de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido sencillamente deplorable, las connotaciones políticas y diplomáticas del caso todavía exigen del gobierno una respuesta que eluda el cantinflismo habitual y se pronuncie claramente rechazando la intromisión en asuntos que son de nuestra exclusiva competencia. El tema es delicado por cuanto el gobierno de Estados Unidos pretende enviar un mensaje de que no aceptará la normalizacion de las relaciones con Cuba y menos en asuntos donde se hallen involucrados los intereses relacionados con "el potencial petrolero de la isla". Y de paso aumentar la presión sobre el Estado mexicano, al que hace muy poco el jefe de la inteligencia estadounidense calificó de un desastre comparable a Haití y otros países en franca bancarrota.

Conviene no engañarse en este punto: la llamada "extraterritorialidad" no es más que el principio fundador del imperio. Suponer que la globalización es un tejido de grandes trasnacionales sin patria es un grave error. Puede ser que la soberanía de los viejos estados-nación esté siendo co-rroída por numerosos fenómenos que impulsan la "supranacionalidad", pero en los hechos la mayor potencia sigue siendo no ya un Estado-nación, sino un Estado nacionalista e imperial que no reconoce otra ley que la propia.

Ya va siendo hora de que el análisis sobre la relación bilateral, tan magullada en los últimos tiempos, asuma esta dura, difícil realidad. El Estado mexicano, si quiere sobrevivir, tendrá que hacer un esfuerzo mayúsculo de coherencia y fortaleza para no sucumbir al espejismo de la imitación imperial. La sumisión jamás sirvió a los propósitos nacionales.

Y eso cuenta. Y en tiempos electorales debía ser materia de reflexión obligada.

El hotelazo

Por Luis Javier Garrido , diario La Jornada, México

El servilismo de Vicente Fox hacia Washington ha comprometido como nunca en más de un siglo el futuro de México y muy pocos parecen darse cuenta, como se ve tras el nuevo escándalo dado por el gobierno.

1. La expulsión que hizo el hotel María Isabel Sheraton de la delegación de 16 funcionarios cubanos, encabezados por Raúl Pérez de Prado (viceministro de la Industria Básica), quienes negociaban inversiones con empresarios estadounidenses (3 de febrero), acatando, según explicó la gerencia, una orden del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sustentada de acuerdo con Washington en la ley Helms Burton de 1996 y en otras leyes estadounidenses, constituye un acto escandaloso, discriminatorio e ilegal llevado a cabo por una corporación de origen estadounidense en territorio mexicano, y configura una grave violación a la soberanía nacional por la anuencia que brindó el gobierno foxista a esa aplicación extraterritorial en México de leyes extranjeras y a la transgresión del orden legal mexicano.

2. El incidente es de enorme gravedad, pues además ha puesto de relieve que la legislación mexicana se viola en innumerables casos con la tolerancia del gobierno foxista a las corporaciones trasnacionales, que para hacerlo invocan la legislación estadounidense o las prácticas internacionales neoliberales.

3. La violación a la soberanía es clara desde que una empresa privada trasnacional, por órdenes de un gobierno extranjero, aplica en territorio mexicano una ley de ese país con plena complicidad del gobierno mexicano, que no hizo nada por impedirlo, no reparó el daño y ahora busca imponer una multa ridícula al negocio: se consuma desde que el gobierno foxista actuó de manera permisiva e irresponsable. Y el principal responsable de esta violación a la soberanía es, como en tantos casos en este sexenio, Vicente Fox, quien en vez de actuar cual jefe de Estado y cumplir el mandato constitucional que le impone el artículo 87, ha puesto al gobierno al servicio de las trasnacionales convirtiéndose en un gatete de Georges W. Bush.

4. La Constitución mexicana fue transgredida y la soberanía nacional violada no sólo por la trasnacional Sheraton, sino por Fox y sus colaboradores, quienes por su sumisión a Estados Unidos y su vocación de intervenir en los asuntos de Cuba han debilitado de manera muy grave la posición internacional de México y creado serios riesgos para el futuro del país.

5. La vergonzosa decisión de Fox de no actuar, el deslinde de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresando que era "un asunto entre particulares" (4 de febrero) y las declaraciones tardías del canciller Derbez insistiendo en que no violó la soberanía nacional, que el asunto es entre particulares y que se haría una investigación para aplicar una sanción administrativa (7 de febrero), acrecentaron el escándalo, pero dejaron las cosas tal cual.

6. El desprecio de Washington al gobierno de Fox, no obstante su servilismo, es absoluto, pero éste no ha tomado nota: ni cuando se autorizó el inicio del muro fronterizo (5 de mayo) ni al aprobarse la nueva legislación contra la inmigración ilegal (16 de diciembre) ni al hacerse patente el derecho que se arroga Estados Unidos para ejecutar a migrantes en la frontera (2 de enero) ni tras la acusación de que militares mexicanos narcos cruzaron la frontera (24 de enero) ni ante las notas ofensivas del embajador Tony Garza (25 de enero) ni cuando el embajador ante la ONU, John Dimitri Negroponte, amenazó a México comparándolo con Afganistán y Haití como un peligro para Estados Unidos (2 de febrero), ni al hacer saber Washington que congelaba su ayuda militar a México (7 de febrero). Y la única reacción del gobierno sigue siendo la misma: hacer más concesiones, como la que anunció Derbez ayer, por enésima ocasión: que Fox acepta enviar contingentes de soldados mexicanos a las guerras de intervención de Estados Unidos (9 de febrero).

7. El problema fundamental que se presenta a México en los años por venir es que "la clase política" se halla por completo subordinada a Estados Unidos y que ante la política de guerra decidida por los grupos de poder trasnacionales y la administración de Bush hay un enorme temor de defender la soberanía nacional y, por lo mismo, de cuestionar a Washington, en particular en este periodo electoral en que todo mundo busca la convalidación estadounidense. De ahí la tendencia a minimizar o tergiversar un asunto tan grave y a limitarlo a su interpretación jurídica y no a política y diplomática. Ello explica la tibia condena de "la clase política" y de los candidatos presidenciales, sin dejar de lado que en buena parte sólo es aparente, como la de Felipe Calderón, partidario de la globalización neoliberal y del desmantelamiento del Estado mexicano, quien tiene entre sus asesores a la activista anticubana Cecilia Romero, agente de Miami.

8. El problema no radica tan sólo en la sumisión del gobierno de Fox a Washington, sino en la defensa velada o abierta que a lo largo de estos días han expresado múltiples voces en México, justificando la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses en función de la globalización. Un analista de Milenio, especialista en temas empresariales, argumentó que el aspecto central del caso lo constituye el hecho de que en el mundo neoliberal frente a "la ciudadanía nacional" existe hoy día "la ciudadanía corporativa", que, según él, sería prioritaria a aquélla (7 de febrero), es decir, la derivada de la pertenencia a una empresa multinacional como en el caso de la Sheraton.

9. La decisión de la delegación Cuauhtémoc de clausurar temporalmente el Sheraton por violar leyes y reglamentos secundarios al extender su construcción más allá de lo autorizado, no tener suficientes espacios de estacionamiento ni salidas de emergencia o personal para primeros auxilios ni menús en idioma braille y fallas en los bares y en la alberca (8 de febrero) es ridícula, pues deja de lado lo central: la transgresión de la empresa a la Constitución y a las leyes mexicanas.

10. El hotelazo del viernes 3 permanecerá así impune, a pesar de las simulaciones que se orquestan para hacer creer que el gobierno respeta el marco constitucional. Quedará no sólo como un nuevo agravio de la clique foxista al gobierno y al pueblo de Cuba y una muestra más de su desprecio a la Constitución, sino como un hecho que debilita aún más la situación internacional de México y compromete al próximo gobierno, con lo que el porvenir del país es incierto por la falta de definición que se ve en "la clase política".

El mal vecino

Editorial del diario «The Miami Herald», traducción para el diario La Jornada, de Guillermo García.

La expulsión de funcionarios cubanos de un hotel de la ciudad de México, propiedad de estadounidenses, a instancias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es un incidente directamente salido de la escuela de diplomacia de Los Tres Chiflados. Una nación amigable ha sido insultada, algunos negocios estadounidenses en México están alarmados, y Cuba puede una vez más pintarse a sí misma como la parte agraviada en su disputa con Estados Unidos.

Con una arrogancia que indudablemente no sorprende en México, funcionarios del Tesoro estadounidense demandaron que los gerentes del María Isabel Sheraton expulsaran a una delegación de cubanos que iban a discutir con petroleros de Estados Unidos la extracción de petróleo en aguas cubanas.

La controversia que siguió era completamente predecible. Lo único que no está claro es qué funcionarios de Estados Unidos pensaron que ellos habrían de ganar algo actuando de esa manera sobrevalorada e imperial.

Claramente, a ellos no les gustó la razón del encuentro, pero la amenaza en contra del hotel resultó de menor inconveniencia que el haber trasladado la conferencia a otro lugar. En México, donde esto es visto como una violación a la soberanía, hay leyes en contra de este tipo de discriminación, así como una legislación que neutraliza el alcance del embargo estadounidense.

Declaraciones diplomáticas de Estados Unidos sobre América Latina usan consistentemente palabras como "asociación", "respeto mutuo" y "no intervención". Tales preceptos son fundamentos de nuestra política hemisférica, pero trate de explicarle eso a alguien en México, o en cualquier otro país de la región, familiarizado con el incidente del María Isabel.

Si los funcionarios no pueden ofrecer sus disculpas por este error, lo menos que podrían hacer es garantizar a las compañías estadounidenses y a los gobiernos de la región que no repetirán este lamentable equívoco.


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