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Organizaciones civiles indignadas por premio a violadores

None | 26 de Marzo de 2006 a las 00:00

La Asamblea Nacional redujo las penas a los violadores en el marco de una reforma al Código Penal que aún se encuentra en discusión, lo cual ha provocado indignación en sectores feministas y organizaciones que defienden los derechos de la niñez.

Decenas de organizaciones civiles denunciaron las reformas porque minimizan los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, al no aprobar leyes más severas para quienes cometen estos delitos.

Organizaciones integrantes de la Federación de ONG que trabajan con la niñez y la adolescencia (CODENI) protestaron por las reformas realizadas al Código Penal, en las que los diputados apenas aprobaron condenas de 2 a 4 años para el delito de estupro, la misma pena con la cual se castiga el robo con violencia, dejando de lado la propuesta de las organizaciones e instituciones como CODENI y la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, que proponía aplicar penas de 5 a 7 años por estupro.

"Si te roban una vaca o una casa, las penas son de 10 años pero si abusan sexualmente de una niña, niño o adolescente, las penas van a ser de 3 años, ¡Es inconcebible!", señala Luisa Molina integrante del consejo de coordinación de la CODENI.

Es preocupante la concepción que tienen las y los diputados porque para ellos es más importante una vaca que el bien de una niña o niño, puntualizó Molina.

La controversia surgió el jueves cuando los diputados aprobaron por mayoría reducir de 20 a 12 años la pena máxima por el delito de violación cuando la víctima es mayor de 14 años, y hasta un máximo de 15 años de prisión cuando la víctima es menor, alertó la diputada Delia Arellano, que se opuso al proyecto. "Si los diputados siguen legislando sin importarles el bienestar de nuestros niños y adolescentes, nuestro país será un paraíso para los violadores", advirtió.

En un comunicado de prensa, la organización civil dio a conocer que cada año en Nicaragua 20 mil niñas, niños y adolescentes son abusados o explotados sexualmente. De igual manera, indican que los parlamentarios nicaragüenses, no tomaron en cuenta el interés superior de la niña y el niño, establecido en el artículo 9 del Código de la Niñez y el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, así como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta, prostitución y a la pornografía infantil que obliga al estado de Nicaragua a legislar y castigar con penas adecuadas a la gravedad de los daños causados por los delitos sexuales contra la niñez.

La razón por la cual los diputados aducen que no tomaron en cuenta la propuesta de las organizaciones es porque ya habían establecido el consenso entre las diferentes bancadas para que las penas no fueran mayores de tres años.

El documento señala que dichas organizaciones llevan 13 años luchando contra el abuso y explotación sexual infantil pero el problema son los patrones, la actitud y la cultura machista existentes que vea normal que un hombre mayor de 40 años pueda tener relaciones sexuales con una niña de 14 años.

El Parlamento también bajó de 5 a 4 años el castigo a los que cometen estupro contra adolescentes de entre 14 y 16 años, porque algunos diputados, como el sandinista Nathan Sevilla, consideran que en el campo esta clase de delitos son normales.

"A los abusadores siempre los condenan con la menor pena", que es de 2 años de cárcel, afirmó Idalia Gutiérrez, consultora de una organización que lucha contra la explotación sexual y comercial.

"Las penas aprobadas dejan espacio para que los abusadores intenten negociar con las víctimas", porque la ley permite pagar por la libertad cuando la pena es menor de tres años, dijo por su parte la asesora jurídica de la Fundación "Dos Generaciones", Ana Teller, que asistió como observadora a los debates legislativos.

Los cambios aprobados por el Congreso reducen sustancialmente el castigo que hace más de 10 años el Parlamento estableció a los abusadores sexuales en el marco de la lucha que libraron grupos feministas. Se desconoce sin embargo si el endurecimiento de la legislación logró bajar la incidencia de estos delitos en la última década, debido a que se siguen cometiendo con mucha frecuencia en el país.

Según fuentes policiales, el aumento de las penas provocó que muchos abusadores optaran por asesinar a sus víctimas después de cometer un delito sexual para no ser identificados y denunciados ante las autoridades.


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