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UE y L. A. en pro de convención contra las desapariciones forzadas y derechos de indígenas

None | 29 de Marzo de 2006 a las 00:00

Ginebra - La Unión Europea (UE) y Latinoamérica liderarán los esfuerzos para que el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se inaugurará el 19 de junio próximo, adopte con celeridad la Convención contra las Desapariciones Forzadas y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Así lo señalaron los embajadores de Argentina, Chile, México, España, Francia y Bélgica ante la ONU en Ginebra, quienes consideraron que el futuro Consejo deberá dar prioridad absoluta a esas normas jurídicas internacionales que están listas para su aprobación tras varios años de negociaciones.

Ambos textos tenían que haber sido aprobados por la Comisión de Derechos Humanos en su último período de sesiones de su historia, que concluyó el 27 de marzo, sin que se haya tratado ninguno de los asuntos incluidos en su agenda y que han sido trasladados al nuevo Consejo.

Al referirse a la Convención contra las Desapariciones Forzadas, el embajador de Chile, Juan Martabit, sostuvo que "se trata de un documento de primera importancia para los países de América Latina porque no hay mayor atrocidad en materia de derechos humanos que hacer desaparecer a una persona".

El embajador argentino Juan Alberto Dumont recordó que esa región ha vivido en el pasado "un proceso muy doloroso de desapariciones forzadas" y consideró que el nuevo instrumento jurídico permitirá reforzar las normas interamericanas que ya existen en relación con la prohibición de las desapariciones forzadas.

Ambos diplomáticos destacaron que el gran aporte de esta Convención con respecto a las normas internacionales que prohíben las desapariciones forzadas es que su cumplimiento será obligatorio para los países que lo ratifiquen.

La ratificación por parte de 20 Estados será suficiente para que la Convención entre en vigor, lo que debería suceder en un plazo muy breve si se tiene en cuenta el respaldo de los países latinoamericanos y de los Veinticinco.

Los diplomáticos reconocieron que aunque ningún país se ha opuesto públicamente a la Convención, "hay muchos que no están de acuerdo" y que no dudarán en recurrir a pretextos para postergar la discusión de ese tema.

Determinados a superar cualquier obstáculo, los países promotores de la iniciativa señalaron que apenas el Consejo de Derechos Humanos inicie sus trabajos presentaran una resolución para que se aprueben los textos relativos a los desaparecidos y a los indígenas.

El embajador francés Jean Maurice Ripert dijo que si eso no es suficiente para que ambas normas sean aprobadas, presentarán otra resolución a la Asamblea General, para que sean directamente los 191 Estados miembros de la ONU los que se pronuncien en septiembre próximo.

Por su parte, el embajador de España, Juan Antonio March Pujol, opinó que con esta posición "los países de la UE y de Latinoamérica se ponen a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos" y que la colaboración iberoamericana se refleja particularmente bien en el trabajo conjunto sobre la Declaración de los Pueblos Indígenas.

Sobre este último, el embajador de México, Luis Alfonso de Alba, consideró una "vergüenza" que la Comisión no haya tomado una decisión a ese respecto, sobre todo considerando que el proceso de negociación duró 21 años.

Reveló que fue una "alianza entre los países de Africa y Asia, que eran mayoría", lo que evitó que ese órgano pudiera aprobar ese texto, pero declaró que México, al igual que varios otros países, no está dispuesto a aceptar que se reabran las negociaciones.

Representantes de ONG y organizaciones humanitarias, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), también expresaron su respaldo total a la aprobación de ambas normas por el impacto positivo que tendrán en la prevención de las violaciones a los derechos humanos.


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