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Algunas muestras de la podredumbre imperialista

None | 12 de Febrero de 2006 a las 00:00

Qué me ocurrió realmente

Por Cindy Sheehan, Truthout / Perspective. Traducido para Rebelión y Tlaxcala por Montse Gurguí

Como probablemente sepáis, anoche (1 de febrero) me arrestaron antes de que comenzara el discurso del Estado de la Nación. La furia que he sentido por lo ocurrido y el dolor que me produce ver lo que hemos perdido en nuestro país me dejan sin palabras. La policía ha contado mentiras y la prensa ha distorsionado los hechos (¡oh sorpresa!). Así que os voy a contar lo que realmente ocurrió.

Por la tarde asistí al acto popular previo al discurso del Estado de la Nación donde me encontré con los congresistas Lynn Woosley y John Conyers, Ann Wright, Malik Rahim y John Cavanaghy. Lynn me consiguió una entrada para el discurso. Yo llevaba la camiseta con la leyenda: "2245 muertos. ¿Cuántos más?".

Después de la conferencia de prensa, empecé a dudar de si debía asistir al discurso en el Capitolio. No me apetecía demasiado porque sabía que George Bush iba a decir cosas que me dolerían y me enojarían y sabía que no podía interrumpir el acto porque Lynn me había dado la entrada y por respeto a ella sabía que debía comportarme. En realidad, regalé mi entrada a John Bruhn, del grupo Veteranos de Irak contra la guerra.

En la oficina de Lynn ya habían llamado a la prensa y todo el mundo sabía que yo iba a estar allí, por lo que hice de tripas corazón y decidí asistir.

Pedí a John que me devolviera la entrada y me encontré con uno de los ayudantes de la congresista Barbara Lee en el edificio de las oficinas del Congreso en Longworth y accedimos al Capitolio a través del túnel subterráneo. Pasé el control de seguridad una vez, luego fui al baño y al salir tuve que volver a pasarlo.

El asiento que me correspondía estaba en la primera fila del quinto piso. Me acompañó hasta allí la persona que al cabo de unos minutos me arrestaría.

Como tenía calor por haber subido tres plantas desde el lavabo, me desabroché la cremallera de la chaqueta. Me volví hacia la derecha para sacar el brazo izquierdo y el agente vio la camiseta y gritó: "¡Una manifestante!". Entonces se abalanzó sobre mí, me levantó del asiento con brusquedad y después de inmovilizarme con las manos a la espalda, me llevó a empujones escaleras arriba. "Ya me marcho", le dije. "¿Por qué me trata con tanta brusquedad?".

El tipo corrió conmigo hasta los ascensores, gritándole a todo el mundo que se hiciera a un lado. Cuando llegamos al ascensor, me esposó y me llevó a la calle donde esperamos la llegada de un coche patrulla. Cuando salíamos, alguien dijo "Es Cindy Sheenan" y el agente que me había detenido dijo: "Baje las escaleras con cuidado". "Pues cuando me ha llevado arrastras por las otras escaleras no le ha preocupado mucho si me hacía daño", repliqué. "Pero es que usted estaba protestando". ¡Huau! ¡Me han sacado arrastras del Capitolio por protestar!

En el Congreso nadie me había dicho que no podía llevar esa camiseta, ni me habían pedido que me la cambiara o que me abrochara la chaqueta. Si lo hubieran hecho, me la habría quitado y después habría escrito sobre la falta de libertad de expresión. En cambio, me sacaron por la fuerza (tengo contusiones que lo atestiguan) y me arrestaron por "conducta ilegal".

Después registraron todas mis pertenencias, me tomaron las huellas dactilares y llegó un amable sargento que, al ver la camiseta, dijo: "Conque 2245, ¿eh? Yo acabo de volver de allí." Yo le conté que mi hijo había muerto en Irak. Fue entonces cuando se me reveló la inmensidad de mi pérdida. He perdido a mi hijo, he perdido los derechos de la Primera Enmienda. He perdido el país que amo. ¿Adónde ha ido este país? Rompí a llorar de dolor.

¿Para qué murió Casey? ¿Para qué han muerto los otros 2244 jóvenes valientes? ¿Por qué siguen allí decenas de miles de ellos corriendo peligro? ¿Para esto? ¿Para que yo no pueda ponerme siquiera una camiseta con el número de soldados muertos por culpa de George Bush y su política soberbia e ignorante?

Me había puesto la camiseta a modo de declaración. La prensa sabía que yo iba a estar allí y pensé que las cámaras se fijarían en mí de vez en cuando. No me la puse con la intención de sabotear el acto. De haber sido así, me habría bajado la cremallera de la chaqueta durante el discurso de George. Si hubiera sabido lo que le ocurre a la gente que viste camisetas que molestan a los neoconservadores, si hubiera sabido que iban a detenerme, tal vez lo habría hecho, pero no fue así.

Han circulado historias muy distorsionadas sobre lo que ocurrió. Y cuento con algunos abogados dispuestos a poner un pleito contra el gobierno por los hechos de esta noche. Y lo haré. Ya va siendo hora de que recuperamos las libertades y el país.

No quiero vivir en un país que prohíbe que cualquier persona, independientemente de que haya pagado o no el precio máximo por dicho país, pueda llevar una camiseta, hacer declaraciones, telefonear o expresar sus pensamientos negativos sobre el gobierno. Precisamente por esto voy a recuperar mis libertades y mis derechos y no voy a permitir que Bush & Co me quite nada más ni que os lo quite a vosotros.

Estoy muy agradecida con los doscientos manifestantes que acudieron a la comisaría mientras me tenían encerrada para demostrarme su apoyo. Tenemos mucho potencial para el bien. Hay cantidad de gente dispuesta a luchar por ese bien.

Cuatro horas y dos comisarías después del arresto, me soltaron. Y estoy tan enfadada y dolida que me cuesta pensar con claridad.

Seguid luchando. Os prometo que yo también lo haré.

Represión en EEUU a críticos que cuestionan la lucha "por la libertad"

Por David Brooks, corresponsal en Estados Unidos del diario La Jornada, México.

El presidente George W. Bush afirma que la misión de Estados Unidos en el cosmos es encabezar "la marcha hacia la libertad", pero esa misión, al parecer, está -como dicen en los círculos oficiales- "clasificada", o sea, sus detalles y tomas de decisión son secretas, quien las cuestione puede encontrarse enfrentado con toda la fuerza del gobierno, como descubrió hoy un famoso caricaturista.

Una y otra vez, el gobierno de Bush ha rehusado -o intentado al menos- entregar documentos oficiales sobre sus decisiones internas al público, incluida la rama del gobierno definida como "la representación del pueblo": la legislatura.

Este ha sido el caso en torno a los documentos para la elaboración de su política energética, de la respuesta a los atentados del 11-S, a la formulación de justificaciones legales para la tortura, sobre la respuesta federal al desastre de Katrina, la filtración del nombre de la agente de la CIA en el caso de Valeria Plame, en torno a la presencia del cabildero Jack Abramoff -centro de un gran escándalo de corrupción política- en la Casa Blanca y ahora, de los documentos de la justificación para el programa secreto de espionaje doméstico.

Y para los disidentes, los que suenan las alarmas, los que critican, o se atreven a revelar algo dentro y fuera del gobierno, la respuesta es la descalificación personal, supresión, amenaza, y hasta represión. El propio presidente advirtió durante su informe a la nación esta semana que hay crítica permisible y crítica irresponsable: "hay una diferencia entre la crítica responsable que busca el éxito, y el derrotismo que rehúsa reconocer cualquier otra cosa más que el fracaso".

El gran caricaturista editorial del Washington Post, Tom Toles, descubrió esto cuando el estado mayor militar envió una carta al rotativo protestando por el cartón publicado el domingo pasado. En la imagen aparecía un soldado herido con brazos y piernas recién amputadas en una cama de un hospital militar. Al lado el "doctor Rumsfeld (secretario de Defensa) escribe un informe y dice al herido: "voy a calificar tu condición como 'endurecido por batallas'".

Se refería a la respuesta de Rumsfeld a críticas de que el ejército estaba casi al punto de "quiebre" por las demandas por años de guerra en Irak y Afganistán. Rumsfeld rechazó esa aseveración y por el contrario afirmó que los militares estadounidenses están "endurecidos por la batalla" y son muy capaces.

La muy inusual carta está firmada no sólo por el jefe del estado mayor, Meter Pace, sino también por el vicejefe y los jefes militares del ejército, la marina, los marines y la fuerza aérea. La imagen, sostienen, es reprobable por dibujar así a los voluntarios que "defienden a la nación". Agregaron que "mientras ustedes (el Post) o algunos de sus lectores pudieran no estar de acuerdo con la guerra o su conducta, creemos que le deben a los hombres y mujeres, y sus familias que tan generosamente ofrecen su servicio a la nación, la decencia de no bromear sobre sus tremendos sacrificios físicos".

Toles respondió en entrevista con su propio periódico que su intención no era burlarse de los soldados y que los jefes militares no habían interpretado bien su caricatura, y "es un poco injusto que ellos den esa implicación en su lectura de la caricatura". Agregó que las malas interpretaciones siempre son un riesgo, "pero la única manera de evitar eso es dibujar caricaturas que no tienen impacto".

Mientras que este tipo de críticas contra la guerra son consideradas "irresponsables", por otro lado el gobierno prefiere que el público cuente sólo con información preaprobada, y por ello esta Casa Blanca es famosa por ser una de las menos transparentes en la historia moderna.

En vísperas de la primera audiencia legislativa para indagar la legalidad del programa de espionaje doméstico sin, como marca la ley federal, autorización judicial, el Departamento de Justicia se niega a entregar documentos oficiales del asunto solicitados por miembros del Comité Judicial del Senado. El gobierno de Bush insiste en que toda esa información ya se ha presentado vía los argumentos públicos expresados por el presidente y su procurador general Alberto Gonzales, quien será el único testigo del gobierno en las audiencias programadas para comenzar el lunes.

Sin embargo, algunos medios han detectado que hubo un agrio debate dentro del Departamento de Justicia por este programa, parecido al que hubo para justificar la tortura. Newsweek descubrió que los disidentes que objetaron estas políticas en la lucha "antiterrorista" fueron castigados en 2004. Entre ellos, estaba el director de la Oficina de Consejo Legal, Jack Goldsmith, y el entonces subprocurador general James Comey.

Según Newsweek, ambos consideraron que las justificaciones para el uso de tortura y también el programa de espionaje doméstico violan leyes y atropellan la Constitución. Goldsmith y Comey lograron revocar el famoso memorando para el empleo de tortura, y Comey rehusó a reautorizar el programa secreto de espionaje electrónico de comunicaciones, lo que culminó con un enfrentamiento directo con el vicepresidente Dick Cheney, según la revista.

Goldsmith renunció a finales de 2004 para asumir un puesto en la Universidad de Harvard y Comey lo hizo el el verano pasado; Newsweek informa que a otros integrantes de sus equipos se les negaron promociones como resultado de su renuencia para aprobar los deseos de la Casa Blanca.

Hay varios funcionarios, incluso de puestos muy elevados, que cuando se han atrevido a criticar las políticas y el proceso de control dentro del gobierno han sido descalificados; el caso más espectacular es el del embajador Joseph Wilson, cuya esposa fue agente clandestina de la CIA. El escándalo se produjo cuando funcionarios de la Casa Blanca filtraron el nombre de la mujer en un intento por descalificar a Wilson cuando éste reveló que una de las acusaciones por armas de destrucción masiva contra el régimen de Saddam Hussein carecía de pruebas.

El caso más reciente fue revelado la semana pasada, cuando el científico de más alto rango para asuntos climatológicos de la NASA acusó que el gobierno ha intentado suprimir sus declaraciones y presentaciones después de haber pronunciado un discurso en diciembre, donde insistió en que era urgente reducir las emisiones de gases, en particular hidrocarburos, vinculados al calentamiento global. Esta posición es contraria a la política oficial, y el científico James Hansen dijo que continuaría con sus declaraciones, ya que esta información es "esencial pues la preocupación pública es probablemente la única capaz de superar los intereses especiales que han ofuscado el asunto".

Pero entre la imposición de controles a la información federal, la renuencia y rechazo de entregar documentación al Congreso y los medios, y decisiones para asumir poderes ejecutivos mucho más amplios con la justificación, siempre, de que son "tiempos de guerra", se ha creado un nuevo clima en Washington, en el cual el gobierno pide a los medios y al público confiar en que sus decisiones son legítimas y para el bien del país sin necesidad de rendir cuentas a nadie.

Recientemente, el propio Bush, en un acto anual de humor para los poderosos y los ricos de esa capital, hizo varias bromas a su público, una era sobre la controversia por su programa de espionaje doméstico: "Saben, no importa qué tanto lo intente, uno nunca puede complacer a cierta gente. La mitad del tiempo dicen que estoy aislado y no escucho. Y cuando sí escucho, me dicen que necesito una orden judicial".

Mientras tanto, las autoridades continúan enfrentando y detectando toda amenaza, grande o pequeña. El director nacional de inteligencia John D. Negroponte ofreció una enorme lista de amenazas internacionales que enfrenta el país, entre ellas los líderes "populistas radicales" en este hemisferio. Por otro lado, esta semana el Servicio Secreto investigaba a un estudiante de secundaria en Rhode Island que escribió un ensayo como parte de su tarea que abogaba por la violencia contra el presidente Bush, ejecutivos de Coca Cola y Wal Mart. No fue arrestado, pero está bajo observación.

A la vez, el gobierno ahora enfrenta un dilema, ya que su misión para propagar la "libertad" y la "democracia" por todo el mundo, en particular Medio Oriente, está rindiendo frutos algo contradictorios a los deseos de Washington. El mismo caricaturista Toles publicó otro cartón sobre este tema: el presidente Bush está ante el podio preparando un discurso; atrás en una pared aparece pintado su lema "democracia". En las manos el presidente tiene unas hojas en las que se lee "Hamas, Irán, Irak". A su lado está un asesor a quien le pregunta "¿por qué siguen eligiendo locos", y el asesor le responde: "usted les ha estado diciendo que sigan el ejemplo de Estados Unidos".

En los próximos días, semanas y meses continuará este debate sobre el poder del ejecutivo, el equilibrio de poderes entre la Casa Blanca y el poder legislativo, el papel de la rama judicial, y la Constitución. O sea, algunos dicen que están en juego los principios fundamentales de la nación.

La Federalist Society al asalto de la Corte Suprema de Estados Unidos

Red Voltaire

La Federalist Society, asociación profesional de abogados y de magistrados racistas, es el vivero de donde provienen los principales consejeros jurídicos de la administración Bush. Esa asociación también redactó, antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las leyes antiterroristas de excepción. Luego de la confirmación de la nominación del juez Alito, la Federalist Society detenta cuatro de los nueve asientos de la Corte Suprema. John Yoo, teórico de la asociación, se pronuncia por los plenos poderes perpetuos del presidente.

Con la nominación de Samuel Alito, confirmada por el Senado el 31 de enero de 2006, asciende a cuatro el número de jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos provenientes de la Federalist Society [1]. En el curso de varios años, la dinastía Bush remodeló el poder judicial en Estados Unidos, no mediante la introducción de conservadores susceptibles de poner en tela de juicio la evolución del derecho al aborto o los derechos de las minorías sino designando ideólogos que tratan de perturbar el equilibrio institucional.

Y es que, a pesar de su deseo de aparecer como una simple asociación profesional de juristas conservadores –incluso reaccionarios– que se abstiene de todo cabildeo, la Federalist Society promueve una reinterpretación de la Constitución que se dice próxima de la visión original de los padres fundadores aunque recuerda más bien la del fascismo europeo.

Fundada en la universidad de Yale, en 1982, el nombre de la Federalist Society se deriva del Federalist Party de Alexander Hamilton, partidario de un poder fuerte. Al principio no era más que un grupo de profesores y estudiantes que pretendían expresar públicamente sus convicciones republicanas en medio de aquel período de reaganismo triunfante. Rápidamente, la asociación comenzó a reclutar en las universidades mediante la organización de reuniones públicas alrededor de conferencistas del Manhattan Institute [2] o del American Enterprise Institute [3]. Entre estos se encontraban Charles Murray, el célebre autor de The Bell Curve quien afirma que es muy normal que la encarcelación de negros tenga un carácter masivo ya que están genéticamente predestinados al crimen; Abigail Thernstrom, autora de America in Black and White, implicada en la lucha contra la discriminación positiva (Affirmative action), y Dinesh d’Souza, para quien la esclavitud de los negros fue una reacción social necesaria para encauzar la patología de éstos. Con esta base claramente racista, en veinte años 35 000 juristas se unieron a la Federalist Society. En ese contexto, la asociación se abstiene de adoptar posiciones públicamente, o más bien de hacer públicas las posiciones comunes de sus miembros ya que son difíciles de asumir. En el plano profesional, la Federalist Society publica todo tipo de estudios de jurisprudencia, estudios que –claro está– comprometen únicamente la responsabilidad de los autores, para ir minando una a una las conquistas antisegregacionistas de los años 50 y 60.

Esta asociación estudia también todos los medios tendientes a impedir que el Estado federal pueda intervenir en el plano económico y falsear las leyes del mercado. De manera enteramente natural, la Federalist Society se dedicó así a la defensa –altamente remunerada– de Exxon ante la campaña por la reducción del calentamiento global, de Philip Morris contra los impuestos sobre el tabaco y de Microsoft contra las leyes antimonopolistas.

En 1998 la Federalist Society se convierte en una herramienta directamente política. Al estallar el escándalo Lewinsky, se nombra un fiscal especial, Kenneth Starr

Richard Mellon Scaife , encargado de investigar las «aventuras» del presidente Clinton. Kenneth Starr es precisamente miembro de la asociación y, al igual que ésta, goza de la generosidad del millonario de extrema derecha Richard Mellon Scaife. El fiscal especial se rodea entonces de juristas de la asociación, desestabiliza la presidencia demócrata y trata de provocar la destitución de Bill Clinton.

La Federalist Society da rápidamente un nuevo paso. Aconseja la Non-Delegation Doctrine. Ya no se trata de cambiar de presidente sino de cambiar de régimen.

El abogado C. Boyden Gray, ya conocido como promotor de una asociación de defensa de la libre empresa y contraria al cobro de impuestos a las empresas, gana un proceso entablado por la Federación de la Industria Automovilística (American Trucking) contra la Agencia Nacional de Protección del Medio Ambiente (USEPA, siglas en inglés). Boyden Gray logra que los tribunales reconozcan que si bien el Congreso puede votar leyes que limiten los gases tóxicos que producen los automóviles, no puede en cambio delegar en una agencia estatal la capacidad de reglamentar las modalidades de esa limitación. La decisión de los tribunales invalidó la reglamentación lo cual permite a la industria automovilística contaminar cuanto le venga en ganas.

En aquel momento, la prensa interpreta este principio de Non-Delegation como una argucia jurídica ligada a una visión arcaica de una estricta separación de poderes. Tienen lugar entonces los atentados del 11 de septiembre de 2001. De pronto, todo cambia de sentido: en lo adelante, si el poder legislativo no puede delegar no es tanto porque el poder ejecutivo tenga que mantenerse en su lugar como porque no se debe obstaculizar la acción de este último en la lucha contra el terrorismo. Si el Congreso no puede dejar nada en manos del gobierno, tampoco puede interferir su acción. A partir de entonces, el contrapoder del Congreso se limita a la votación del presupuesto.

Lo que es aplicable al Congreso, lo es también al poder judicial. Para unos después de los atentados, para otros después, el presidente Bush se libera de las reglas normales y autoriza a la NSA a espiar a los ciudadanos estadounidenses sin esperar por el mandato de los magistrados de la Corte Especial de la FISA.

Las ruinas del World Trade Center están humeantes aún cuando el secretario de Justicia, John Ashcroft [4], presenta al Congreso un abultado código anterrorista denominado USA Patriot Act. Esta ley de excepción, preparada en secreto durante largo tiempo por la Federalist Society en los años anteriores a los atentados, incluía la suspensión de las libertades inscritas en la Bill of Rights, o sea el regreso al texto inicial de la Constitución según la redacción que propuso Alexander Hamilton antes de que el primer Congreso de Estados Unidos le incluyera las Diez Enmiendas en el momento de adoptarla. En pocas palabras: la USA Patriot Act pone en tela de juicio el pacto político que dio origen a Estados Unidos.

Días más tarde, un consejero de la presidencia, Alberto Gonzáles [5] (futuro sucesor de Ashcroft), redactaba un decreto presidencial que creó comisiones militares. Estas no tienen nada que ver con tribunales militares. No dependen del sistema judicial sino que son órganos del poder ejecutivo para la guerra contra el terrorismo. Por consiguiente, no tienen código de procedimiento ni reconocen garantías para la defensa. El propio Gonzáles autoriza rápidamente la tortura afirmando que la Convenciones de Ginebra no se aplican a la guerra contra el terrorismo.

En pocos meses, los miembros de la Federalist Society destruyen todo límite ante los poderes presidenciales en tiempo de guerra. En lo adelante, George W. Bush puede ordenar el secuestro de un sospechoso, sea extranjero o estadounidenses, en cualquier lugar del mundo, mantenerlo incomunicado por tiempo ilimitado y someterlo a tortura [6]

En noviembre de 2003, la Federalist Society organiza una gran convención sobre el Derecho Internacional y la Soberanía Estadounidense (International Law and American Sovereignty). Los oradores afirman allí que ningún tratado, ninguna instancia internacional puede oponerse a la voluntad del presidente de Estados Unidos. Codo con codo en la tribuna: John Bolton denostando contra la ONU [7], John Negroponte sin sus escuadrones de la muerte [8] y Paula Dobriansky entre dos golpes de Estado.

En noviembre de 2005, el New Yorker [9] revela que esta última maniobra se debe a un verdadero teórico, investigador del American Enterprise Institute y profesor en Berkeley, John Yoo. Este acaba de publicar un libro de sugestivo título: Los poderes de guerra y de paz: la constitución y las relaciones exteriores después del 11 de septiembre [10]. Un profesor de Columbia, Scott Horton, descubre en ella un inquietante parecido con las teorías del constitucionalista nazi Carl Schmitt [11]. El señalamiento de Scott Horton habría podido pasar inadvertido si no lo hubiese retomado la corriente demócrata de Lyndo LaRouche, quien le dedicó un panfleto [12].

Gran figura intelectual, Carl Schmitt publicó en 1921 De la Dictadura (Die Diktatur), y, al año siguiente Teología política (Politische Theologie). En ambas obras enunciaba los principios que permitirían desmantelar la República de Weimar e instaurar el Reich, cuya constitución él mismo redactaría más tarde.

John Yoo La gran obra de John Yoo es la teoría del ejecutivo unificado (Unitary Executive Theory) que, aún sin ser realmente una variante del Führerprinzip de Schmitt, proviene de la misma reflexión y se alimenta de ella. La idea principal es que en tiempo de guerra es imposible tener que estar negociando con un parlamento o esperar por las elucubraciones de los tribunales. El jefe de las fuerzas armadas tiene que decidir solo. La separación de poderes se desvía entonces de su sentido inicial: ya no se trata de establecer un equilibrio entre las instituciones para que estas se controlen entre sí, sino de prohibir a parlamentarios y jueces que se metan donde no los llaman. Además, el poder ejecutivo se sintetiza en la persona del presidente de Estados Unidos, no en su administración. El presidente es el único autorizado a resolver los litigios entre agencias gubernamentales. Lo cual equivale a la supresión del derecho administrativo.

En definitiva, para la Federalist Society, es razonable pensar que el despliegue en la Corte Suprema constituye el último acto del desmantelamiento de la democracia estadounidense. A medida que tengan que resolver los casos que se vayan presentando, los altos magistrados que la componen irán consolidando las bases legales de la dictadura racista que pretenden establecer.

Notas

[1] Los demás son Antonin Scalia, Clarence Thomas, John G. Roberts.
[2] «Le Manhattan Institute, laboratoire du néo-conservatisme», Voltaire, 15 de septiembre de 2004.
[3] «L’Institut américain de l’entreprise à la Maison-Blanche», Voltaire, 21 de junio de 2004. Los vínculos entre el AEI y la Federalist Society han sido siempre estrechos. Ambas asociaciones dirigen de forma conjunta un programa de vigilancia sobre las ONG: ONG Watch.
[4] «John Ashcroft dans le secret des dieux», Voltaire, 2 de febrero de 2004.
[5] «Alberto Gonzales, le juriste de la torture», Voltaire, 22 de noviembre de 2004.
[6] Cf. «Le Discours de Washington», por Al Gore, 16 de enero de 2006 1ra parte, 2da parte, Voltaire.
[7] «John Bolton et le désarmement par la guerre», Voltaire, 30 de noviembre de 2004.
[8] «John Negroponte bientôt à Bagdad», Voltaire, 20 de abril de 2004.
[9] «A Deadly Interrogation», por Jane Mayer, The New Yorker, 7 de noviembre de 2005.
[10] The Powers of War and Peace : The Constitution and Foreign Affairs after 9/11, por John Yoo, University of Chicago Press, 3 de octubre de 2005.
[11] «The Return of Carl Schmitt», por Scott Horton, Balkinization, 7 de noviembre de 2005.
[12] «Cheney Schmittlerian Drive for Dictatorship», Lyndon LaRouche PAC, 6 de enero de 2006.

¿Negroponte recordará a las 32 salvadoreñas que dejó matar?

Por Por Jean-Guy Allard, diario Granma, Cuba

En una entrevista con dos reporteros del diario Baltimore Sun, Gary Cohn y Ginger Thompson, el ex embajador norteamericano en Honduras, Jack Binns, contaba en 1996 cómo 32 mujeres salvadoreñas, varias de ellas con sus niños, fueron lanzadas de una aeronave en vuelo, en abril de 1981.

Para Binns era evidentemente imposible que la masacre, realizada por un batallón supervisado por la CIA, hubiera tenido lugar sin el conocimiento de su sucesor en ese mismo puesto diplomático. Aquel hombre se llamaba John Negroponte, el escogido por George W. Bush como primer zar de la Inteligencia del país militarmente más poderoso del mundo.

Poco antes, el Presidente norteamericano escogía como nuevo jefe de la CIA al congresista Porter Goss, ex agente de la Agencia que confesó al Washington Post haber participado activamente en los años sesenta en las acciones terroristas realizadas contra Cuba desde su estación JM/WAVE de Miami. Ahora, como Número Uno de la Inteligencia imperial, encargado de informarle diariamente de lo que sucede en el mundo en esta materia, Bush tiene a otro representante del terror.

En Honduras, John Dimitri Negroponte dejó el recuerdo de haber sido el padrino de la más sanguinaria campaña de represión desencadenada en ese país. Arrestadas por la Policía Secreta hondureña, el 22 de abril de 1981 en Tegucigalpa, la capital, las mujeres y sus hijos habían huido de su país, aterrorizadas, después del asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, de quien una de ellas había sido secretaria. Después de ser salvajemente torturadas, fueron puestas en un helicóptero del ejército salvadoreño. Minutos después del despegue del aeropuerto de Tegucigalpa, todas fueron lanzadas fuera de los aparatos. Los niños fueron entregados a militares salvadoreños y nunca más se supo de ellos. Con la presencia de Negroponte, y de un nuevo jefe de estación de la CIA, Donald Winters, el terror conoció un auge en la represión tanto de insurgentes como de adversarios políticos de la extrema derecha del país.

Víctimas de los órganos represivos contaron, años después, cómo sus verdugos les sofocaban gracias a una máscara de goma, hecha a partir de un neumático de carro llamada "la capucha", que impedía respirar a la vez por la boca y la nariz. También usaban sogas para suspender a los presos del techo y torturarlos. Las mujeres eran sistemáticamente violadas. Sobrevivientes contaron cómo se usaba la corriente eléctrica para estas sesiones de tortura, aplicando choques a los genitales.

Hijo de un multimillonario griego, nacido en Gran Bretaña y educado en Suiza, Negroponte fue alumno de la elitista Universidad de Yale —la de los Bush—, y empezó a los 25 años una carrera diplomática en la cual se distinguió por su disposición a cumplir con las tareas sucias. Hombre de confianza de los círculos más derechistas, vinculado a la mafia anticubana —aportó a la redacción e implementación de la infame Ley Helms-Burton— Negroponte ha sido, durante 37 años, el más vil mercenario diplomático de las administraciones republicanas.

Su trabajo durante los cuatro años que se pasó como asesor político de la Embajada norteamericana en Saigón, en plena guerra de Viet Nam, fue aparentemente tan eficiente que se convirtió en el "Míster Viet Nam" del Consejo de Seguridad Nacional, quien atendía las relaciones exteriores en la época del ultraderechista Henry Kissinger. Luego participó en la negociación de los acuerdos de paz de París, donde llegó a enemistarse con Kissinger... acusándole de debilidad hacia los vietnamitas.

En Honduras, enviado por Ronald Reagan para relevar al embajador "liberal" Jack Binns, Negroponte se encargó de dar un pleno impulso a todas las operaciones represivas tanto en Nicaragua como en El Salvador. Transformó a Honduras hasta el punto que se le dio, en la prensa norteamericana, el apodo de USS Honduras, como si fuera un portaaviones más del Pentágono.

Una monja en el infierno

Laetitia Bordes, una religiosa que trabajó en El Salvador durante cerca de 20 años, publicó en el 2001, en una carta abierta, el relato de su encuentro con John D. Negroponte, en Tegucigalpa, en mayo de 1982, cuando fue a investigar la desaparición de las 32 salvadoreñas. "John Negroponte nos escuchó mientras exponíamos los hechos —contó la monja—. Había testigos visuales de la captura y habíamos leído toda la documentación que otras delegaciones habían reunido. Negroponte negó rotundamente todo conocimiento del paradero de estas mujeres. Él insistió en decir que los EE.UU. no interferían en los asuntos del Gobierno de Honduras y que tendríamos que conversar el tema con estos últimos". De manera evidente, Negroponte mentía.

En 1994, la Comisión de Derechos Humanos de Honduras publicó un informe, sobre todo, el episodio de las actividades de terrorismo militar y acusó directamente a John Negroponte de un sinnúmero de violaciones de los derechos humanos. Fue solo en 1996, finalmente, con la publicación de los artículos del Baltimore Sun, que Laetitia Bordes supo de la suerte de las salvadoreñas.

Anticomunista obsesivo, socio de la Miami terrorista, coordina hoy para Bush el trabajo de las quince agencias de información y espionaje del país. Sus crímenes en Honduras ya se archivaron en el 2001, cuando fue nombrado embajador en la ONU, llevado por el gran viento de locura derechista que propició el 11 de septiembre.

Su presencia en la Casa Blanca parece un disparate más del emperador: ha escogido para entregarle personalmente todas las mañanas, a las siete, el resumen de "Inteligencia" con el que se desayuna... a nadie menos que al individuo que falsificó deliberadamente los informes de Derechos Humanos del Departamento de Estado durante toda su estancia en Honduras.

El fracaso de la guerra contra las drogas

Por Gary S. Becker,Especial para El Espectador de Colombia, desde Chicago

Todos los presidentes de los Estados Unidos, desde Nixon, se han comprometido en una "guerra" contra las drogas ilegales: cocaína, heroína, hachís y demás. Y cada presidente, sin excepción, ha perdido dicha guerra. La explicación no está en una falta de esfuerzo —de hecho, considero que ha habido demasiado esfuerzo—, sino más bien en una propiedad básica de la demanda por drogas y en los efectos de tratar de reducir el consumo de un bien como éste por medio del castigo a las personas involucradas en su comercio.

La guerra contra las drogas se libra intentando aprehender a los productores y distribuidores de drogas, y luego castigarlos con severidad si son condenados. La expectativa del castigo eleva el precio que los proveedores de drogas necesitan recibir para estar dispuestos a asumir el riesgo considerable que envuelve el negocio de las drogas. El mayor precio desalienta la compra y el consumo de drogas ilegales, como sucede con los bienes y servicios legales. Mientras más duro se libra la guerra, mayor es la expectativa de castigo, mayor el precio de las drogas en la calle y, en general, menor el consumo de drogas.

A aquellos proveedores que son capturados y castigados no les va nada bien, lo cual es el resultado típico para los muchos peces pequeños envueltos en la distribución de las drogas. De otro lado, aquellos que logran evadir el castigo —a menudo a través de sobornos y otros comportamientos corruptores—, por lo general obtienen grandes ganancias por el precio tan elevado.

Este enfoque puede ser efectivo si, dijéramos, cada 10% de incremento en el precio de las drogas tuviera un gran efecto negativo en el uso de drogas. Esto es lo que se llama una demanda elástica. Sin embargo, la evidencia proveniente de más de una docena de estudios indica con solidez que la demanda por drogas es por lo general bastante inelástica; esto es, un incremento de 10% en sus precios, reduce la demanda sólo en algo así como un 5%, lo que significa una elasticidad de cerca de 0,5%. Esto implica que mientras los precios de las drogas crecen, el gasto real en éstas se incrementa, en este caso, en cerca de un 5% por cada incremento del precio del 10%. De manera que si la guerra contra las drogas incrementa su precio en por lo menos un 200% —estimativos sugieren que este incremento es correcto—, el gasto en estas sustancias se habría elevado de manera enorme, y de hecho así ha sucedido.

Este incremento en el gasto está relacionado con elevados costos reales para los proveedores en la forma de la prevención de ser detectados, pagos de sobornos, asesinato de los competidores y los agentes antidrogas, métodos de producción primitivos y peligrosos, y cosas por el estilo. Además, el país paga directamente en la forma de muchos policías desviados a luchar contra las drogas, esfuerzo y tiempo gastado por las cortes en los delincuentes por drogas, y el costo del encarcelamiento. Los Estados Unidos invierten unos US$40.000 al año por cada preso, y en años recientes una parte considerable de los prisioneros tanto federales como estatales han sido sentenciados por cargos relacionados con las drogas.

Al sumar todo el gasto, un estudio que hemos hecho Kevin Murphy, Steve Cicala y yo, estima que la guerra contra las drogas les está costando a los Estados Unidos de una u otra manera mucho más de US$100.000 millones al año. Estos estimativos no incluyen importantes costos intangibles, como los efectos destructivos en muchos barrios de las grandes ciudades, el uso del ejército estadounidense para luchar contra barones de la droga y cultivadores en Colombia y otras naciones, o la influencia corruptora de las drogas en muchos gobiernos.

Asumiendo un interés en reducir el consumo de drogas —pongo poca atención aquí a si ese es un buen objetivo o no—, ¿existe una mejor manera de hacerlo que mediante estas guerras fracasadas? Nuestro estudio sugiere que la legalización de las drogas, combinada con un impuesto indirecto al consumo, sería una manera mucho más barata y más efectiva para reducir su uso. En vez de una guerra, uno tendría, por ejemplo, un impuesto del 200% al uso legal de las drogas por parte de todos los adultos —el consumo de, digamos, personas menores de 18 años seguiría siendo ilegal—. Esto reduciría el consumo de la misma manera que lo hace la guerra actual e incrementaría también el gasto total en drogas, como en el actual sistema.

Pero las similitudes terminarían en este punto. El recaudo de impuestos por drogas sería acumulado por las autoridades federales, en vez de ser malgastado en el costo real que involucra policía, prisión, calidades peligrosas y demás. En lugar de carteles de la droga, habría compañías legales dedicadas a la producción y distribución de drogas de calidad confiable, como sucedió cuando terminó la prohibición del alcohol. No habría destrucción de barrios pobres —de manera que no habría material para una serie como The Wire de HBO o para una película como Traffic—, ni corrupción de los gobiernos de Afganistán o de Colombia, ni encarcelamiento en gran escala de afroamericanos y otros proveedores de drogas. Siendo optimistas, el recaudo de impuestos por varios gobiernos sustituiría otros impuestos o sería utilizado para educar a los jóvenes sobre los efectos peligrosos de las drogas.

Con seguridad, habría algún esfuerzo de los proveedores de drogas para evadir los impuestos, yéndose al negocio subterráneo de producción y distribución. Pero dado que entonces habría una opción para producirlas legalmente —hoy no existe esa opción—, la operación subterránea sería mucho menor que bajo el sistema presente. En consecuencia, la policía podría concentrar con mayor efectividad sus esfuerzos contra un comercio subterráneo de drogas bastante reducido. Hemos visto cómo se han implementado elevados impuestos a los cigarrillos en Nueva York y otros lugares, sin que haya habido un masivo traslado de la producción y distribución hacia operaciones subterráneas para eludir los impuestos.

De manera que la legalización podría tener un mayor efecto en la reducción del consumo de drogas que la guerra contra las drogas, sin todos los grandes y perturbadores costos del sistema. Qué tan grande debe ser la tasa del impuesto, es algo que sería determinado por la política social. Este enfoque podría acomodar una política libertaria con legalización y bajos impuestos al consumo, una posición socialmente "conservadora" que quiera reducir el uso de drogas con muy altas tasas del impuesto, y la mayoría de posiciones entre estos dos extremos. De manera que si el consumo de drogas no se considerara malo una vez fuera legal, quizás el impuesto sería bajo, como sucede con las bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. O quizás la presión sería grande para impuestos muy altos, como sucede con los cigarrillos. Pero cualquiera que fuera el enfoque, podría implementarse de manera mucho más exitosa, de lejos, mediante la legalización de las drogas que con más esfuerzos para seguir calentando la fracasada guerra contra las drogas ilegales.

Opiniones sobre legalización de las drogas

George Shultz, Ex secretario de Estado de Reagan; La legalización acabaría con las ganancias de los dealers y eliminaría el incentivo de reclutar jóvenes para la adicción.

Milton Friedman, Nóbel de Economía: La criminalización de ciertas drogas mina el respeto por la ley y crea un clima de moral decadente.

Steven Duke, Profesor de derecho en Yale: Nuestro mayor problema de drogas es el tabaco. Legalizar las drogas reduciría el consumo de alcohol, que es mucho más dañino que cualquier otra droga popular.

The Economist, Revista inglesa: Un mercado legal es la mejor garantía para que el consumo de droga no sea más peligroso que beber alcohol o fumar tabaco. Y así como los países toleran esos dos vicios, deberían tolerar a aquellos que venden y consumen drogas.

George Soros, multimillonario y filántropo: La guerra contra las drogas está causándole más daño a nuestra sociedad que el abuso mismo de las drogas.

Carlos Gaviria, candidato presidencial en Colombia: La única solución al narcotráfico es la legalización, pero esta medida se debe tomar de manera multilateral, teniendo en cuenta a la comunidad internacional, y no unilateralmente.

Antonio Caballero, periodista y escritor colombiano: Propongo que las autoridades colombianas se hagan los de la vista gorda con los que viven de la coca en Colombia. Como lo hacen con el contrabando en los sanandresitos.
Declaraciones tomadas de diferentes páginas de internet.

¿Por qué no pensar en legalizar?

Editorial del semanario El Espectador, de Colombia

Colombia, tras sufrir el rigor de la guerra fracasada contra la droga, debería promover su legalización.

(…) El artículo de Becker —a propósito de un estudio que acaba de publicar con dos autores más en el número de febrero del Journal of Political Economy— es un nuevo llamado a la sensatez en esta dirección. Se trata de un reconocimiento que muchos académicos y analistas tanto de Estados Unidos como de Europa y de otras nacionalidades han resaltado, aun en contra de la obsesión prohibicionista de gobiernos como el estadounidense y el colombiano.

En efecto, Becker señala cómo uno de los más serios efectos del prohibicionismo es incrementar la llamada "renta de riesgo": lo que cobran los agentes del negocio como prima de protección contra la acción de la justicia. Si se considera que la producción de drogas —tanto las de origen vegetal como las sintéticas— no requiere procesos tecnológicos complejos, y que la mano de obra y los insumos en general son muy baratos en relación con otras mercancías, se debe aceptar que los elevados precios responden en lo fundamental a su carácter de prohibidas.

El prohibicionismo ha apuntalado en la oferta, es bueno repetirlo, unas organizaciones que producen efectos perniciosos más allá de los altos precios. Son las mafias que se enriquecieron durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos y hoy lo hacen en Colombia, en donde además asesinan, despojan a campesinos de sus tierras, distorsionan la economía nacional, desestabilizan las instituciones estatales, elevan la corrupción a grados delirantes y deterioran nuestra imagen y nuestra dignidad nacional.

Una de las bases del debate entre prohibicionistas y legalizadores es una supuesta tensión entre moral y economía Se trata de un falso debate. Al fin y al cabo, los argumentos de Becker y otros van dirigidos no a apuntalar una práctica inmoral, sino justamente lo contrario: a reducir las fuentes de esa supuesta inmoralidad y las perversiones que la acompañan. De hecho, quizás el aporte más contundente de este nuevo estudio es la conclusión de que la legalización combinada con impuestos al consumo tendría un efecto equivalente, o incluso mayor, en la prevención del uso de las drogas que la guerra actual, sin tener que soportar todas las terribles consecuencias del narcotráfico y el crimen asociado y los costos de su persecución.

Por supuesto, en este tema es necesario proceder con cautela, ya que no es deseable que haya una liberalización total del mercado de las drogas. Es preciso hacer distinciones entre aquellas cuyo daño a la salud es real y las que tienen efectos más bien benignos sobre los consumidores. Una cosa es legalizar de plano el llamado crack, o nuestro basuco, y otra es liberalizar el mercado de la marihuana. Y esta liberalización se puede realizar mediante mercados controlados, acompañados no sólo de impuestos, sino de campañas educativas destinadas a desestimular el consumo.

Para Colombia resulta difícil promover políticas alternativas al antiprohibicionismo. Pero sí es de esperar que el llamado a la sensatez del profesor Becker no llegue a oídos sordos y sea posible estimular el debate sin que se recurra a la estigmatización y el macartismo. Los argumentos técnicos son cada vez más contundentes y Colombia está en mora de abrir el debate y explorar de cara al mundo alternativas menos costosas y destructivas que las actuales. Tal vez nadie en el mundo tenga más autoridad moral, después de pagar tan enormes y dolorosos costos por librar esta guerra, que Colombia para promover este debate en el escenario internacional. ¿Estaría alguno de nuestros candidatos dispuesto a tomar la palabra en nombre de los colombianos víctimas de esta guerra fracasada?

La criminalización de la inmigración

Por León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de Ecuador, jurista, profesor universitario, ex Rector de la Universidad Estatal de Guayaqui y actual aspirante a la Presidencia postulado por un partido socialdemócrata.
Versión del texto leído en la reunión de la Coalición Latinoamericana y de la Mesa Centroamericana, el martes 31 de enero del 2005, en Los Angeles, California, que incluye los agregados que fueron dándose en la intervención.
Desde Guayaquil (Ecuador), Altercom (Agencia de Prensa de Ecuador)

El derecho nunca debe ser capricho o sola voluntad de los gobernantes. Lo ideal es que toda norma jurídica formal, o sea la que aparece en los textos de las leyes, o la jurisprudencia, corresponda a las instituciones, la lógica y la ética jurídica, cuyas finalidades superiores son la justicia y la equidad. Debe la norma ser consecuente con principios que se han formado a través de los años y aun siglos o de tesis políticas o jurídicas que tengan la debida sustentación.

Si lo dicho es de la naturaleza de todas las ramas del derecho, más aún es aplicable al derecho penal que en esencia, por principio, es restrictivo, porque significa alguna forma de castigo al ser humano, cuya presunción de inocencia se sustituye por la presunción de culpabilidad, que en la mayoría de las infracciones llega a la condena de privación de la libertad. Nunca es admisible la interpretación extensiva.

Fuera de las conductas de gobiernos totalitarios, como los del nazi-facismo, que practicaron el terrorismo de estado, recuérdese la persecución a los judíos, sólo porque lo eran, en materia penal las condiciones para que una conducta o una omisión se tipifique como delito están en que cause perjuicio colectivo o aparezca gravemente lesivo a una o varias personas, o genere alto riesgo de producirlo, sea porque altera el orden jurídico constitucional, sea porque significa violencia contra las personas, sea porque afecte a bienes jurídicamente protegido del Estado o de particulares.

Pudiéramos analizar uno a uno todos los tipos penales de las legislaciones positivas, en estados de derecho y democráticos, y no habrá duda que es posible determinar porque se considera delitos a las conductas o a las omisiones que se penalizan.

La inmigración aún sin visa de ingreso que permita trabajar o estar regularmente en un país, no está en las categorías mencionadas, porque usualmente representa la desesperación de seres humanos por pretender entrar a una sociedad y economía en la que consideran hay opciones de mejor calidad de vida, no para agraviar al Estado, a la sociedad o a grupo social o persona singular.

La inmigración y la visa son de naturaleza administrativa y corresponde a los países y naciones fijar sus políticas migratorias, aun cuando éticamente debería ser materia de instrumentos internacionales y no sólo de legislaciones nacionales, pero no se debe permitir criminalizar la inmigración.

Los tipos penales se vinculan con principios morales y cuando las religiones se sostenían y eran manipuladas por los gobernantes, sus preceptos ciertos o distorsionados se confundían con los mismos. En el siglo XXI, no hay principio moral en que pueda sustentarse la criminalización de la inmigración y en las religiones mayoritarias en Occidente –cristianas y judía- no hay precepto alguno que le conlleve castigo divino al inmigrante.

El desarrollo de la humanidad ha estado vinculado con la migración. Los procesos de conquista y de colonización han sido migraciones respaldadas por la fuerza. Aún en los pueblos antiguos, antes de Cristo, ya existía migraciones y represiones a éstas. Después de Cristo, la relación de los hechos de los Apóstoles que aparecen en el Nuevo Testamento, marcan procesos de migración de los cristianos que llegan hasta Roma y para impedirlas se dieron severas represiones, por el origen judío, por el monoteísmo y las ideas que preconizaban.

El combate a la inmigración siempre ha tenido sesgos racistas. Los colonizadores, bajo toda forma de colonialismo pueden ir a los territorios de los que consideran sus colonias políticas y económicas. Los colonizados tienen severas restricciones. Es parte de la historia de la humanidad, pero también están en la historia las luchas por la liberación y la solidaridad de los pueblos para enfrentar al racismo y derrotarlo.

La Ley que se está tramitando en el Senado de los Estados Unidos se expresa que es para evitar el terrorismo, se mencionan como justificativo los atentados del 11 de septiembre del 2001, en que no intervino inmigrante alguno sin visa, en que nada tuvieron que hacer, en autoría, complicidad o encubrimiento, los latinoamericanos, más aun algunos fueron víctimas.

Esa Ley, duele decirlo, tiene sesgos de carácter racial, se sustenta en el crecimiento de la presencia de la población mestiza pobre proveniente de Latinoamérica y lo grave es que la Nación pluricultural y de todas las razas que ha sido Estados Unidos –el sueño americano para muchos del Sur del Río Grande, porque su gran economía se beneficia de la migración y no se perjudica- está en el riesgo de convertir en Ley una práctica persecutoria similar a la que el hitlerismo ejerció contra los judíos, sin cámaras de gases, pero si con prisión; y, con la construcción de un muro que más que seguridad es para marcar distancia. Los muros símbolos políticos son expresiones materiales de distancia y exclusión, ofenden a la dignidad humana, y obligación irrenunciable de los pueblos es derrocarlos, de no poder impedir que se levanten..

Las relaciones de los Estados Unidos con América Latina están marcadas en dos extremos, el sometimiento de los gobiernos, con una especie de temor reverencial a la administración de Washington, casi como forma de sobrevivencia, o la confrontación que del discurso a veces pasa a la violencia, en el marco de la tacha de imperialistas a los gobiernos de la superpotencia del Norte americano. Puede y debe haber, entre los extremos, espacios de relaciones de respeto, pero esta posibilidad se ve afectada cuando se generan amenazas racistas que no son contra los gobiernos, sino contra los pueblos.

Revisaba diarios de El Salvador en que se demandaba al gobierno norteamericano la prórroga del TPS, régimen de trabajo temporal para ciudadanos de ese país, hoy ya con plazas de trabajo en el país del Norte, por lo que ya no van a presionar el mercado de trabajo, que sigue siendo de gran oferta, ante la negativa de Washington de darles residencia. Son dos los argumentos la demanda salvadoreña, el primero que los oficios que cumplen esos ciudadanos, en la mayoría de los casos son los de menor calidad de condiciones de trabajo, y el segundo, que El Salvador ha enviado tropas a Irak, está exponiendo la vida de ciudadanos suyos, en apoyo a Estados Unidos. Aparentemente, habría la posibilidad de prorrogar el TPS, pero el segundo argumento, casi es «somos serviciales, por lo menos queremos mejor trato, por esa condición». Por ser la inmigración sin visa de residencia o de trabajo de sola naturaleza administrativa, las decisiones también deben ser de esa naturaleza, por eso no se trata de prisión preventiva, susceptible de fianza, cuando se priva de la libertad de circulación a un inmigrante en la condición citada, que no es forma de delincuencia, sino un apremio personal, con privación de libertad, que puede concluir en la expulsión de la persona, previo un proceso administrativo con derecho de defensa.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; los pactos internacionales de derechos económicos sociales y culturales y de derechos civiles y políticos; y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José- entre otros, que al margen de la no ratificación de los Estados Unidos, por la política de sus gobiernos de superponer la legislación nacional en materia de derechos humanos, a los instrumentos que por consenso de la humanidad se han aprobado, consagran varios principios inobjetables a la luz de la ética y que si están recogidos, más allá de las formas, en el derecho vigente en la gran nación del Norte. Tales son:

a. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Esto es, si un inmigrante sin visa para permanecer en los Estados Unidos es privado de la libertad, tiene el derecho de retornar inmediatamente a su país. Si así lo decide, no puede ser procesado como delincuente y peor condenado.

b. Todo proceso contra una persona sólo es válido si puede ejercerse el derecho de defensa. No hay proceso administrativo, peor penal, sin lugar a defensa. Más aún, el principio es que de lo que se resuelve administrativamente debe haber recurso efectivo ante tribunales competentes de carácter judicial en el respectivo país.

c. La irretroactividad de la Ley. Nadie puede ser perseguido, juzgado o sancionado por ley que no estuvo vigente a la fecha en que se cometió la supuesta infracción. El inmigrante sin visa de residencia que antes que entre en vigencia la absurda Ley que se pretende dictar, y que hay que impedirla, ya está en calidad de tal en los Estados Unidos, aun cuando haya eludido algún proceso en trámite, que no ha constituido delito, no podría ser sancionado, al tenor de la criminalización pretendida, porque eso significaría darle retroactividad a la ley. La irretroactividad es en lo que perjudica, si habría por Ley, por ejemplo, una amnistía migratoria, sólo en esa parte la ley si es aplicable a los inmigrantes.

Migrantes viendo: ¿qué hacer?

1.- Movilizar a la población de origen latinoamericano para que al interior de los Estados Unidos haga escuchar su voz. No puede haber egoísmo en los que tienen todo legalizado, el problema racial contra los de origen latinoamericano va a exacerbarse si las comunidades de ese origen aparecen debilitadas o marginadas. Recordemos lo sucedido en Francia, meses atrás, el 2005, marginamiento para las comunidades de religión musulmana y de raíces africanas, aun en contra de ciudadanos nacidos en territorio francés, lo que generó reacciones de violencia.

2.- Demandar de los gobiernos latinoamericanos pronunciamientos firmes y severos, ante el Congreso, el Senado en particular, y el Gobierno Norteamericano, que se complementen con una intensa campaña dirigida a los Senadores que próximamente deben votar.

3.- Requerir de los gobiernos el ejercicio de acciones y recursos en las instancias formales de organismos internacionales, las Naciones Unidas y la OEA, y en las organizaciones internacionales de derechos humanos, para que se interrumpa y se deje sin efecto el trámite del proyecto de ley cuestionado.

Las propuestas de los numerales 2 y 3 permitirán saber si la posición crítica de palabra de varios gobiernos latinoamericanos se corresponde con acciones efectivas, o sólo se trata de guardar las apariencias, porque más pesa el sometimiento político o económico.

Con dignidad, sin quedarnos en confrontaciones verbales innecesarias que usualmente sólo ofenden y no permiten resultados, en forma solidaria, desde Latinoamérica, pueblos y gobiernos, debemos demandar respeto.

Si los gobiernos no lo hacen realmente traicionan a sus pueblos.

La muralla china de Norteamérica

Por Eduardo Subirats, profesor de Teoría de la Cultura en la New York University. Autor, entre otras obras, de El continente vacío y Memoria y exilio.

Un amigo médico me contó hace unos años que varios indios habían sido hospitalizados en Oaxaca, México, con síntomas letales de intoxicación, pero no podía tratarlos porque desconocía los agentes químicos que estas personas habían manipulado mientras trabajaban ilegalmente al norte del río Bravo. Cuando la empresa percibió que estaban enfermos los denunció a la policía para que los expatriasen en calidad de inmigrantes ilegales.

Decidí entonces hacer un viaje a esa frontera. No voy a narrar lo que todos conocen. Sólo señalaré dos detalles. Más allá del espectáculo de interminables favelas agolpadas tras el muro de acero, lo que me llamó la atención fue una connivencia entre los indios que saltaban la barda y los policías de la border patrol. También me intrigó que la gran muralla tenía agujeros: era una barda porosa. Y uno de los agentes que interrogué me contó con la mayor naturalidad que camiones de alto tonelaje rompían esas vallas de vez en cuando. Entendí entonces el problema del hospital de Oaxaca. Se dejaba entrar a ilegales en proporciones calculadas como fuerza de trabajo semiesclavo, y cuando ya no se los necesitaba más o no podían trabajar por caer enfermos se los expulsaba como a delincuentes.

Lo que ha sucedido después bajo los auspicios de la guerra global es más siniestro todavía. En los estados sureños de Norteamérica se ha pasado a una explícita criminalización de los latinos ilegales en términos explícitamente racistas, que por lo menos en dos ocasiones fueron avalados oficialmente por sendos gobernadores de estado en presencia del presidente de la República de México. Y mientras organizaciones voluntarias juegan a la caza de indios en algunos de esos estados, el portavoz académico del fundamentalismo cristiano norteamericano, Samuel Huntington, legitimó otra cruzada contra los bárbaros del Sur. La función de estas campañas es sencilla: impedir la crítica a las políticas económicas que condenan a masas de millones al desplazamiento forzado hacia los campos de trabajo del Norte y confiscar un análisis de las raíces estructurales de los tráficos criminales de armas, drogas y humanos concentrados en esta zona. Sólo la última consecuencia de estas estrategias genocidas llama hoy la atención política latinoamericana: cerrar esta frontera del Sur de los Estados Unidos, y encerrar a México y a América latina en el ciclo de explotación corporativa salvaje, destrucción ecológica terminal, empobrecimiento social masivo y guerras paramilitares de controlada invisibilidad por toda conclusión final.

Las implicaciones militares, económicas y políticas de la extensión del nuevo telón de acero es sin lugar a dudas el aspecto más importante de la cuestión. Yo sólo puedo y debo hablar de sus implicaciones intelectuales y culturales. Las formularé con una pregunta sencilla: ¿Cuál es la respuesta del Norte con respecto a esta muralla levantada contra el Sur? ¿En qué medida se reconocen en el mundo intelectual norteamericano las vicisitudes y amenazas que en este momento viven las sociedades y culturas latinoamericanas bajo el inmenso poder devastador del colonialismo corporativo y financiero del Norte?

En los años ochenta y noventa el diálogo Norte/Sur lo presidían una serie de ficciones volátiles. Me limitaré a tres o cuatro garabatos. Los derechos humanos, en primer lugar. En el período de las llamadas transiciones democráticas, la academia y los medios norteamericanos despolitizaron los constituyentes políticos de los fascismos de América latina bajo el postulado de los derechos humanos como única y exclusiva perspectiva. Son muchas las cosas que se pueden decir a propósito de esta coartada. En su nombre se han puesto en escena espectáculos oscuros como el del dictador Pinochet: nunca se han puesto en cuestión las operaciones genocidas del Cono Sur, las operaciones criminales de persecución política en Mesoamérica o la liquidación del proyecto de soberanía regional del Brasil; y nunca se ha discutido abiertamente el diseño de esos fascismos a partir de Washington. En nombre de virtuales derechos humanos, hoy como ayer realmente violados, el Norte ha congelado la imprescindible reflexión sobre la función política de los fascismos del Sur y sus catastróficas consecuencias sociales y culturales.

El segundo muro de contención intelectual del Norte frente a los dilemas sociales del Sur ha girado en torno de las semiologías y retóricas del multiculturalismo y la hibridación. Ni yo ni nadie pueden poner en duda las correctas sintaxis con la que se empaquetan académicamente esos discursos globales. ¿Pluralismo cultural? ¡Cómo no! Todos los presidentes de América latina se han disfrazado alguna vez de indio en sus campañas electorales. Por todo lo demás, los pueblos de América no han dejado de hibridizarse sexual, religiosa, cultural y socialmente desde el primer día de la conquista, con los espléndidos resultados que todo el mundo sabe. La menor sensibilidad histórica pone al descubierto que este virtuosismo multiculturalista ha servido en el pasado y en el presente de mascarada para ocultar subestructuras de clase, poder y destrucción coloniales en el Tercer Mundo. Los campos vigilados de la micropolítica bajo las que operan estas estrategias simbólicas han permitido ocultar a través de sus más sublimes intenciones y objetivos la situación infrahumana de millones de indios y mestizos a ambos lados del río Bravo.

La tercera muralla china que la academia norteamericana ha levantado frente a los universos intelectuales y artísticos latinoamericanos es la llamada subalternidad. Esta metáfora es tan repelente como significativa. Un subalterno es alguien dependiente, sometido y subyugado. Pero los misioneros de esa subalternidad transforman a los tales sujetos perseguidos e injuriados en los bienaventurados de una reciclada teología política de la redención de los pecados. Más allá de la jerga pedante y oscura en la que se pertrechan sus slogans académicos, su último significado se pone de manifiesto en sus ostensibles consecuencias: establecer una conexión directa entre los sujetos corporativos globales y estos microsujetos locales que, al mismo tiempo, cortocircuite y elimine aquellas mediaciones intelectuales y artísticas que de José María Arguedas a Camilo Torres, y de Juan Rulfo a Eduardo Galeano han reflexionado sobre la situación colonial de América latina en el siglo XX y sobre los medios para salir de ella.

Por otra parte, este sujeto subalterno (el indio, la mujer, el homosexual y otras abstracciones imponderables) lo ha desempolvado esta academia poscolonialista de los manuales de marxismo-leninismo, lo que le da un cierto brillo deslustrado de izquierdas. Los bienaventurados subalternos son una metástasis del proletariado revolucionario del siglo XIX y del campesinado anticolonial del siglo XX. Pero se trata precisamente de su versión despolitizada y desactivada. La revisión micropolítica de los condenados de la tierra acaba por atribuirles aquella misma cualidad mansa de salvajes políticamente correctos que ya habían descubierto los conventos coloniales de franciscanos y dominicos en el siglo XVI. El concepto de "sujeto subyecto" es precisamente el primer subalterno, inventado por la teología de la colonización de De las Casas (Cf. El continente vacío). Eso sí, en nombre de la salvación secularizada de esas pobres almas el poscolonialismo liquida la tradición intelectual latinoamericana más crítica, de Angel Rama a Carlos Mariátegui, y de la Antropofagia al Tropicalismo, sin otros argumentos que la palabrería antinacionalista del patriotismo imperial norteamericano, ni mejor consistencia que el infantilismo postintelectual.

Y pongo punto final al relato de estas miserias con la cuarta muralla china, que en realidad no es una muralla, sino más bien una fosa. Es la fosa sepulcral del silencio de estos postintelectuales de la academia y la industria cultural del Primer Mundo frente a las guerras, la destrucción ecológica, la colonización biológica y los genocidios político-económicos y militares en el Tercer Mundo. Como este silencio es doctrina oficial de la seguridad del Estado, ya no tengo que decir más nada. Sólo recordar que algunas voces contadas lo rompen sonoramente. Pero vivimos en tiempos de silencio.

Globalización y fútbol

Por Branko Milanovic, economista de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

El fútbol no es sólo el deporte más popular del mundo; posiblemente también sea la más globalizada de las profesiones. Es inconcebible pensar que médicos, especialistas en informática, obreros industriales o cajeros de bancos de Brasil, Camerún o Japón puedan mudarse de país en país con la facilidad con que lo hacen los futbolistas brasileños, cameruneses o japoneses.

De hecho, el club Arsenal, de Londres, está compuesto íntegramente por extranjeros, incluido su entrenador francés. Hasta el rol de capitán del equipo ya no se reserva más para jugadores locales: Thierry Henry, francés, es el capitán del Arsenal; Andriy Shevchenko, ucraniano, es a menudo el capitán del AC Milan, y Cristiano Zanetti, argentino, es el capitán del Inter de Milán. De manera similar, decenas de suramericanos y africanos juegan en las ligas rusa, turca, polaca y en diversas ligas del sudeste europeo.

Así es como el fútbol nos ofrece un vistazo de cómo funcionaría la verdadera globalización de la mano de obra. En el fútbol, como en otras ocupaciones, las restricciones a la movilidad de la mano de obra provienen en su totalidad del lado de la demanda. Salvo en los países comunistas, nunca se impuso límite alguno a los desplazamientos de los jugadores. Pero el lado de la demanda estaba fuertemente regulado, por una norma que imponía que los clubes no podían tener más de dos jugadores extranjeros en el campo por partido.

La decisión Bosman, llamada así por un jugador belga que impugnó con éxito la aplicación de la reglamentación a los jugadores de otros países de la Unión Europea, socavó ese límite y éste terminó de derrumbarse ante la embestida de los clubes europeos más ricos, que exigían la libertad de contratar a los mejores jugadores donde quiera que se encontraran.

Así, allí donde la globalización y la plena comercialización reinan supremas, se produce una concentración de calidad y éxitos que no deja lugar a dudas. Consideren la cantidad de clubes que se han clasificado para las ocho posiciones superiores de la Liga Europea de Campeones. Si analizamos los períodos quinquenales entre 1967 y 1986, el número de equipos diferentes clasificados para los cuartos de final oscilaba entre 28 y 30. Sin embargo, en los dos quinquenios siguientes la cifra cayó a 26, y en el más reciente (2000-2004), sólo fueron 21. La conclusión es simple: cada vez, menos clubes llegan a ingresar a la élite europea.

Las ligas nacionales son similares. Desde que comenzó la liga Premier inglesa, en 1992, en solo una ocasión el campeonato no fue ganado por Manchester United, Arsenal, o el Chelsea. En Italia, todos los campeonatos Serie A salvo dos, desde 1991, los han ganado o bien el Juventus o bien el AC Milan. En España, desde 1985 todos los campeonatos menos tres los han ganado el Real Madrid o el Barcelona.

El motivo de esta concentración en la cima es obvio: los clubes más ricos ahora pueden atraer a los mejores jugadores del mundo. Puede decirse que esto se ha visto acompañado por una mejora de la calidad del juego en sí, gracias a lo que los economistas denominan "rendimientos crecientes a escala". Cuando los mejores jugadores actúan juntos, la calidad de cada uno de ellos y del equipo en su conjunto aumenta exponencialmente. Cuando Ronaldinho y Messi, o Kaka y Shevchenko, juegan juntos, su "rendimiento" combinado (la cantidad de goles) es mayor que la suma de los goles que cada uno haría si jugara en otro club con menos compañeros talentosos en el equipo.

La libre movilidad de la mano de obra en otras áreas posiblemente produciría el mismo efecto. Si los médicos, especialistas informáticos o ingenieros (¡ni hablar de los famosos plomeros polacos!) tuvieran la libertad de desplazarse a voluntad, sería muy probable que aumentara la concentración de talento en los países más ricos. La desigualdad en la distribución de talento entre los países aumentaría, aun en caso de mejoras en la producción total de bienes y servicios y en su calidad promedio, tal como ocurre hoy con el fútbol. Los países más pobres o más pequeños no pueden ni soñar con ganar un campeonato europeo, como alguna vez lo hicieron el Steaua (Rumania), el Estrella Roja (Serbia) o el Nottingham Forest (que languidece ahora en la tercera división).

Pero si bien vemos desigualdad y exclusión en el fútbol al nivel de equipos, para las competencias entre equipos nacionales se verifica lo opuesto. El margen de ventaja promedio entre los ocho equipos nacionales mejor posicionados en los campeonatos mundiales ha disminuido, desde más de dos goles en la década de 1950, a aproximadamente 1,5 goles en los años 70, 80 y 90, y a sólo 0,88 en el Mundial de 2002.

Es lo mismo para todos los partidos del torneo final, no sólo aquellos entre los ocho equipos superiores. La disminución de los márgenes de ventaja es más impresionante porque la Copa del Mundo ha crecido de 16 a 32 equipos, muchos de los cuales son nuevos y más bien inexpertos. Notablemente, los poderosos tradicionales no los vapulean. Por el contrario, los ocho equipos de élite de los últimos cuatro mundiales incluyeron a dos "recién llegados" que jamás habían estado en cuartos de final, como Turquía y Corea del Sur en 2002.

Nuevamente hay dos razones que lo explican. Primero, el libre desplazamiento ha implicado que los buenos jugadores de las ligas pequeñas progresen mucho más que si se hubieran quedado en casa. Un buen jugador danés o búlgaro mejora mucho más rápido si se une al Manchester United o al Barcelona.

Segundo, esa mejora en la calidad fue "capturada" por los equipos nacionales gracias a la reglamentación de la FIFA que exige que los jugadores sólo jueguen en su equipo nacional. Eto'o puede jugar para cualquier club español, italiano o inglés, pero en las competencias nacionales sólo puede hacerlo por Camerún. En otras palabras, la FIFA ha introducido una regla institucional que permite que los países pequeños (en el sentido futbolístico) capturen parte de los beneficios del actual juego de alta calidad, y reviertan así parcialmente la "fuga de piernas".

La misma regla se podría aplicar a otras actividades. El libre desplazamiento de la mano de obra especializada podría estar acompañado por requisitos internacionales vinculantes de que los inmigrantes de países pobres pasen, por ejemplo, un año cada cinco trabajando en sus países de origen. Llevarían a casa las habilidades, la tecnología y las conexiones que son tan valiosas como las habilidades que Eto'o, Essien o Messi llevan a Camerún, Ghana o Argentina. La localización del trabajo seguiría siendo un problema, pero el principio es claro: el mundo debería aprender de su deporte más popular.


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