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El Salvador: la brutal represión contra las pandillas genera mas violencia

None | 26 de Febrero de 2006 a las 00:00
Represión del gobierno genera más violencia

San Salvador – El Salvador enfrenta una criminalidad más compleja y al mismo tiempo más brutal como consecuencia de las malas políticas de lucha contra la criminalidad elaboradas por el gobierno. Datos oficiales indican que en el país mueren asesinadas unas 10 personas diariamente.

La tasa de homicidios de El Salvador, superior a 55 por cada 100 mil habitantes, es mayor que la de Colombia que vive un conflicto armado y el fenómeno del paramilitarismo, así como la confrontación entre sicarios del narcotráfico. El año pasado tres mil 791 personas murieron por esa causa, cifra que hace de esta nación la más violenta y peligrosa de Latinoamérica.

El gobierno atribuye esa incontrolable violencia a las llamadas pandillas o maras, como también se les conoce aquí.

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Avila, se refirió recientemente a las causas del incremento de la criminalidad. Según Avila, se debe a las deportaciones de inmigrantes desde Estados Unidos con antecedentes criminales, mil 900 en 2005 y más de 500 en lo que va del año, y a la impunidad con que los tribunales tratan a los delincuentes que la policía captura y manda a procesar.

Sin embargo, Martínez Ventura, encargado de Justicia juvenil en la Corte Suprema de Justicia, aseguró que los jueces dejan en libertad a los presuntos delincuentes cuando el capturado llega sin pruebas, o con muchas imprecisiones en el proceso. Martínez Ventura insistió en que la violencia está relacionada con factores de tipo social, como la pobreza, que afecta al más de la mitad de la población. El abogado explicó que el hecho de que el 51% de la población económicamente activa esté en el empleo informal da una medida de la gravedad de la crisis social.

El consultor internacional y especialista en temas de violencia de pandillas, Miguel Cruz, aseguró que la criminalidad ha impuesto una mayor organización a esas bandas delincuenciales y a los grupos informales que pretenden combatirlas. "La violencia se ha vuelto quizás menos generalizada, pero cualitativamente más compleja", aseguró. Afirmó que ahora las maras tienen el control absoluto de varios territorios, donde deciden y mandan.

Ortiz advirtió que en esas zonas los mareros cobran impuestos a los transportistas, tiendas, negocios y a los que por allí transiten y quienes desobedecen son ultimados. Calificó la situación de "economía criminal y un gobierno paralelo" porque en los líderes de las pandillas, fundamentalmente de la Mara Salvatrucha y de la Mara 18 se invitan mutuamente a aliarse para luchar contra el gobierno, su "enemigo común".

La criminalidad se ha vuelto más compleja y brutal en El Salvador

Por Juan José Dalton, agencia DPA

San Salvador – Como consecuencia de las «malas políticas» de lucha contra la criminalidad, «elaboradas a partir de la represión por parte del gobierno», lo que El Salvador enfrenta en la actualidad es «una criminalidad más compleja, pero al mismo tiempo más brutal», aseveran analistas locales.

En las páginas electrónicas de los medios de comunicación locales se refleja el azote de la desmedida violencia. En los espacios reservados a las noticias de «Última Hora» constantemente aparecen breves crónicas de los asesinados a diario: jóvenes ametrallados, baleados en intentos de robo, transportistas muertos por negarse a pagar impuestos a las «maras» (pandillas).

Desde el año pasado se registran como promedio diez homicidios a diario. El gobierno atribuye esta incontrolable violencia criminal a las llamadas «maras», que antes catalogaba como pandillas juveniles, pero que ahora dice se trata de «pandillas criminales».

Recientemente, el actual director general de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, explicaba que existían varias causas del incremento de la criminalidad: las deportaciones de inmigrantes desde Estados Unidos con antecedentes criminales (1.900 en 2005 y más de 500 en lo que va del año), así como la impunidad, culpa de «malos jueces» que dejan en libertad a los delincuentes que la policía captura y manda a procesar.

«Se culpa a los jueces, pero éstos dejan en libertad a los presuntos delincuentes cuando se ha violado el debido proceso, cuando el capturado llega sin pruebas, o con muchas imprecisiones», acotó al respecto Martínez Ventura, encargado de Justicia juvenil en la Corte Suprema de Justicia, quien enfatiza que el crecimiento de la violencia está relacionado con factores de tipo social, como la pobreza, que afecta a más de la mitad de la población. «El hecho de que el 51% de la población económicamente activa esté en el empleo informal da una medida de la gravedad de la crisis social», agregó el abogado.

El año pasado fueron asesinadas 3 mil 791 personas, cifra que hace de esta nación la más violenta y peligrosa de Latinoamérica, con una tasa de homicidios superior a 55 por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidios de El Salvador es mayor que la de Colombia, que vive un conflicto insurgente y el fenómeno del paramilitarismo, así como la confrontación entre sicarios del narcotráfico. Miguel Cruz, consultor internacional y especialista en temas de violencia de pandillas, aseguró que «la violencia ha impuesto ciertas dinámicas» entre una mayor organización de las pandillas, así como de grupos informales que pretenden combatirlas. «La violencia se ha vuelto quizás menos generalizada, pero cualitativamente más compleja», apuntó.

Cruz detalló que las «maras» tienen ahora un absoluto control de territorios, donde deciden y mandan, lo que el gobierno no reconoce. «En estos territorios las maras cobran impuestos a los transportistas, tiendas, negocios y a los que por allí transiten; quienes desobedecen pagan con sus vidas... Aquí no manda el Estado ni sus instituciones. Lo que existe es ya una economía criminal y un gobierno paralelo», explica el académico. Otra evidencia de estas complejidades de la violencia en los últimos meses ha sido la capacidad que han tenido diversos grupos de realizar acciones en diferentes «frentes»: huelgas de hambre en las cárceles, huelgas de hambre de familiares de presos, marchas en las principales calles de San Salvador y conferencias de prensa de los líderes de la «Mara Salvatrucha (MS-13)» y de la «Mara 18 (M-18)».

En dichos encuentros con la prensa, las «maras» se invitan mutuamente a realizar alianzas para luchar contra su «enemigo común: el gobierno».

Soluciones no parecen estar cerca: el gobierno ha creado una nueva unidad de combate con el llamado Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES): policías sin rostro, vestidos de negro y fuertemente armados. Gobierno y legisladores continúan dando riendas sueltas a leyes que favorecen el armamentismo. Mientras, en la calle los «motorratas» -ladrones y homicidas en moto- seleccionan a su nueva víctima.

En las encuestas, la inmensa mayoría de los salvadoreños tiene la violencia como su principal preocupación, además del alto costo de la vida y la falta de trabajo.

Descontrol en circulación de armas en el país

Por Gerardo Torres, Diario Co Latino San Salvador

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en El Salvador existe un descontrol en la adquisición, registro y circulación de armas de fuego. Alrededor de cuatrocientas cincuenta mil armas circulan a nivel nacional, de éstas, el 60% no está legalizada y, el 40% legal, la mitad tiene vencida la matrícula. Marcela Smutt, Coordinadora del Programa Sociedad sin Violencia del PNUD El Salvador, manifiesta que El Salvador es el octavo comprador de armas de fuego a Estados Unidos.

El revólver y la pistola son los mayores tipos de arma que importa el país, mismos que registra la PNC utilizadas para cometer hechos delictivos. Respecto a la adquisición, considera que muchas de las armas legalizadas son robadas y posteriormente utilizadas para cometer cualquier tipo de delitos. De acuerdo a la PNC, alrededor del 50% de homicidios son cometidos por armas legalizadas.

En el primer semestre de 2005, setecientas dos armas legalizadas fueron robadas, por lo que, Smutt especula que exista una estrecha conexión entre el mercado legal e ilegal de armas. La coordinadora indica que existen mitos en relación a las armas, entre ellos, utilizarlos como elementos de protección, pero, advierte que ésta opción acarrea tragedias tanto al portador como a la sociedad, de ahí la explicación del aumento del número de suicidios, el inicio de una carrera delincuencial y un número alto de víctimas por enfrentamiento.

El costo para contrarrestar la violencia, según Smutt, en 2003, fue del 11.5% del Producto Interno Bruto (PIB). "Comparando, la cifra es relativa a ocho meses de remesas, la recaudación tributaria de un año y cantidad similar que se utilizó, ese mismo año, para cubrir costos de salud y educación juntos", dijo.

Estudios realizados por la organización, en los municipios de San Martín e Ilopango, muestran que 10 mil armas circulan en éstos lugares, de las cuales 4 mil once son legales y mil novecientas tienen vencida su matrícula. Una parte considerable de entrevistados dijo no estar de acuerdo en la tenencia y portación de armas, tampoco aprueban que grupos utilicen armas de fuego para erradicar a victimarios, sin embargo, entenderían las acciones por la situación social que se vive. Como dato favorable, 279 armas han sido decomisadas por la PNC en lugares públicos de éstos municipios.

La coordinadora del PNUD hace un llamado para reducir los altos índices de homicidios en el país.

Guatemala: Dejan la pandilla y entran a la televisión

Por Marcela Sánchez, The Washington Post

Ciudad de México – Como reality show, el programa "Desafio 10" de Guatemala parecería destinado a ser un fracaso: por dos semanas 10 extraños viven en una casa donde estudian contaduría básica, mercadeo y relaciones públicas. Las cámaras permanecen encendidas mientras los jóvenes se hacen amigos y algunos se unen para hacer negocios.

Bastante aburrido todo hasta cuando uno se da cuenta de que los 10 son ex pandilleros de Mara Salvatrucha, 18 Street, White Fence y North Hollywood. Son los jóvenes que "todos quieren muertos o en la cárcel", asegura el creador del programa, Harold Sibaja.

Las pandillas juveniles representan el más grande reto a la estabilidad de Centroamérica desde que las guerras civiles devastaron a la región hace más de una década. También se han convertido en un reto policial en EU.

El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional puso en práctica una campaña contra los inmigrantes indocumentados sospechosos de ser miembros de pandillas, deportándolos inmediatamente en vez de llevarlos ante cortes criminales.

Los gobiernos centroamericanos también han optado por una mano dura, arrestando a jóvenes ante la mínima sospecha de que pertenecen a una pandilla. Pronto los gobiernos de Guatemala y Honduras agregarán miles de militares a las fuerzas policiales para aplastar la violencia pandillera.

Programado para salir al aire en marzo, "Desafío 10" ya debiera ser considerado significativo por haber logrado unir elementos muy dispares. La Agencia para Desarrollo Internacional de Estados Unidos ayudó a poner a los pandilleros rivales bajo un mismo techo mediante una asignación de 15,000 dólares a Creative Associates Internacional, una firma consultora de Washington. Y el sector privado de Guatemala invirtió más de 50,000 dólares en dinero, equipos y tiempo.

Carlos Zúñiga, líder empresarial guatemalteco y mentor de cinco de los 10, era de los que estaban convencidos, como la mayoría de guatemaltecos, de que el problema pandillero sólo podría resolverse policialmente. A través de su participación en el programa, sin embargo, llegó a descubrir que la mayoría de los pandilleros son víctimas de la pobreza, el abuso y el abandono.

Los nuevos "hijos" de Zúñiga incluyen a Marcos "California" Pérez, de 26 años, y Estuardo "El Seco" Valle, de 22. Pérez se unió a la pandilla North Hollywood de Los Ángeles a los 11 años y aterrizó en Guatemala a los 25, tras ser deportado. Valle, también de 11 años cuando entró a Mara Salvatrucha, intentó dos veces dejar atrás la vida pandillera huyendo hacia EU.

Ellos y otros participantes han tenido su propia transformación. Valle quedó sorprendido por la forma en que la gente a su alrededor estaba dispuesta a ayudarlo: "Esto es algo que no podía creer".

Durante la grabación del programa, los 10 participantes se dividieron en dos grupos, cada uno con la tarea de empezar una pequeña empresa. Un grupo abrió un negoció de reparación y mantenimiento de calzado que ya ha empezado a tener cierto éxito. El otro grupo, el de Zúñiga, decidió empezar un servicio de lavado de autos. Aunque el negocio de lavado de autos ha estado más lento, tanto Zúñiga como Sibaja están convencidos de que eso cambiará una vez el programa salga al aire.

Inicialmente los participantes usaban máscaras para esconder su identidad durante la grabación. Pero a medida que fueron pasando los días, todos, con excepción de dos, se las quitaron. Pérez, uno de los últimos en hacerlo, dijo que era miedo lo que lo había hecho dejarse la máscara más tiempo. Se cansó de llevarla: "No necesito estar escondiéndome, ya no soy criminal".


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