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Las maras y la sucia campaña de la derecha contra el FMLN

None | 28 de Febrero de 2006 a las 00:00

La hora de las mentiras

Editorial del semanario digital El Faro, San Salvador

La función pública y el poder pueden ser muy crueles. Pueden llevar a quienes los ejercen al olvido de las reglas y los valores que han dado sustento a su vida y hasta ir en contra de sus propios méritos cuando la honestidad no se antepone a los intereses particulares.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Astor Escalante, es un brillante abogado que saltó a la fama cuando, desde la ANEP, desarticuló en los juzgados a bandas enteras de secuestradores, y su rol en este sentido fue clave para terminar con un lastre que tenía al país de rodillas.

Su labor no fue fácil. La ANEP tiene una gran capacidad de presión sobre las estructuras del Estado, pero no tiene, ni tenía, los instrumentos para montar operativos y capturar a los secuestradores.

Tras su éxito, Escalante pasó a ser asesor jurídico del Ministerio de Gobernación del gobierno de Antonio Saca, y posteriormente Director General de Centros Penales. No tuvo aquí mayores resultados. Tampoco es fácil hacerse cargo de centros penales en los cuales los reos viven en condiciones de hacinamiento, han adquirido una gran capacidad de organización y de presión y sus reguladores no cuentan con los mecanismos para ejercer un verdadero control en ellos. Perdida además toda intención de que estos sean verdaderos centros de reforma de los internos y su consecuente reintegración a la sociedad, han pasado a ser simplemente lugares en que se encierra a los delincuentes hasta que se pueda y mientras se pueda. El fracaso de Escalante al frente de los centros Penales era natural, no así su nuevo rol.

Asumió el viceministerio a principios de este año, en medio de una crisis nacional por la delincuencia, los homicidios y el creciente control de las pandillas.

Ahora sí con recursos y con instrumentos para perseguir a los delincuentes, se olvidó de todo lo que lo llevó a ser reconocido como un gran abogado y optó por formar parte de la caravana que en las últimas semanas se ha dedicado a repartir acusaciones sin fundamento para ganar unos cuantos votos para el partido de gobierno.

En vez de destinar todos sus recursos para desarticular a bandas de delincuentes, combatir a las pandillas y bajar el número de homicidios, el viceministro ha dado la cara para acusar sin una sola prueba a la segunda fuerza política de los asesinatos y de contubernio con las pandillas. Ha dicho incluso que el FMLN tiene "una relación de amor y pasión con los reos de Zacatecoluca".

Si lo que dice es cierto, ¿por qué no persigue como delincuentes a quienes acusa hoy de estos crímenes? ¿Por qué no presenta pruebas de acusaciones graves, que tienen además relación directa con el problema más grave que atraviesa el país? Y si no es cierto, lo debería saber el abogado: es un acto de difamación, un delito perpetrado por quien tiene en sus manos la persecución de delincuentes.

Es un acto no solo irresponsable, sino corrupto, utilizar un cargo público para empujar intereses partidarios. En esto no es el único, ciertamente, ni la cabeza más visible, que es el presidente de la República. De ello hablaremos la próxima semana.

Escalante tiene sobre sus hombros una enorme responsabilidad para enfrentar un problema que al país le urge resolver. Es un problema que nos tiene en crisis, no un tema de campaña. Este es el abogado que algún día contribuyó con sus buenos oficios a resolver el problema de los secuestros en el país. Este es el mismo que ahora, desde un cargo público, está haciendo propaganda de la más baja estirpe. Este es el que ARENA propuso en la Asamblea para Fiscal General. El que ya olvidó que la única manera de luchar contra la delincuencia es con seriedad y con argumentos, no con politiquerías ni burdas manipulaciones electoreras.

La campaña política de las pandillas

Las "maras" se han convertido en el nuevo pilar de la estrategia electoral de ARENA para combatir a su eterno rival, el FMLN. Una carta, dos comunicados y la visita de una diputada a un reclusorio le bastan al gobierno y al partido de derecha para acusar al FMLN de vinculación con grupos ilegales. Son tiempos de campaña.

Por César Castro Fagoaga, diario digital El Faro

El gobierno lo hace con declaraciones públicas. ARENA a través de anuncios de televisión. El mensaje es el mismo: "El FMLN está vinculado a las pandillas".

Desde el viceministerio de Seguridad Pública, Ástor Escalante ha utilizado las últimas semanas para brindar declaraciones vinculando al partido de izquierda con las pandillas y advirtiendo de próximas movilizaciones de desestabilización. En la televisión, al mismo tiempo, un anuncio de ARENA muestra a pandilleros narrando sus nexos con el FMLN. Otro advierte de la inminente organización de manifestaciones violentas del FMLN para desestabilizar al gobierno. El eslogan: Piense su voto. Vote por ARENA.

La estrategia electoral se decidió hace un año, recuerda César Funes, director de asuntos políticos del partido de gobierno. Uno de los principales puntos era "señalar las malas prácticas de los demás partidos".

"Decidimos que eso era importante. De la misma manera que en la Asamblea Legislativa dicen no a los presupuestos, no a endurecer las leyes contra los pandilleros, pues eso debemos señalar. Con ese espíritu se enmarca la campaña", dice.

Los demás partidos, en la campaña arenera, son sólo uno. "El FMLN tiene estrechos vínculos con las pandillas. Eso es claro", sigue Funes. "Es totalmente válido de una campaña que se les llame así."

Funes, también secretario de la Juventud del gobierno, dice tener pruebas irrefutables del contubernio. Se trata de supuestos hallazgos del gabinete de Seguridad del Ejecutivo que lidera el ministro de Gobernación, René Figueroa, vicepresidente de Ideología de ARENA: una carta en lenguaje codificado presuntamente escrita por pandilleros en la que expresan su apoyo al FMLN. La carta habría sido interceptada en una cárcel.

El director de Centros Penales, Julio Vilanova, certifica el hallazgo de la carta pero se niega a dar detalles. "De lo político se encarga Ástor (Escalante), pregúntele a él", sentencia Villanova antes decir buenas tarde e irse.

Ástor Escalante, antecesor de Villanova, es ahora viceministro de Seguridad Ciudadana y el principal acusador del gobierno contra el FMLN. Delante de él, dice, en la amplia mesa de la oficina de su asesor de prensa, están todas las pruebas que necesita para demostrar la viinculación del Frente con los pandilleros. La principal es un escrito de dos páginas lleno de signos ininteligibles atribuidos a la pandilla 18. Fue interceptada y luego traducida por la inteligencia policial. "Ellos nunca esperaron que las encontráramos (las cartas) y mucho menos que las descifráramos", dice.

La traducción hecha por la Policía Nacional Civil dice en una de sus partes: "Así como hemos venido realizando en todo este tiempo atrás seguiremos haciendo la onda, me entienden carnalitos. Tenemos que seguir apoyando en nuestros barrios a los batos de la BPS en la toma de calles, ya que ellos con los frentudos están con nosotros…"

Y luego sigue: "Homeboys, tienen que hacer un meeting en el mismo lugar de siempre en los próximos días antes de las elecciones con los frentudos… el que se raje en este rollo ya sabe que le toca green light".

El viceministro explica cómo la PNC logró descifrar el mensaje en clave: "Me cuesta decirlo. Los líderes no lo saben pero tenemos gente dentro de las pandillas. Son algunos que se quieren salir de la vida loca".

Con la presunta prueba en la mano, Escalante explica por qué no procede judicialmente contra quienes él acusa de asociación ilícita. "No es tan sencillo. O tienen fuero o los miembros del FMLN, durante una manifestación, dicen que simplemente la están acompañando".

Los señalamientos desde ARENA o el gobierno, que en muchos casos son hechos por personas que representan ambas instituciones, no son nuevos.

Hace un año, cuando según Funes se planeó la campaña, René Figueroa lanzó la primera piedra, durante la inscripción de precandidatos a alcaldes del su partido. "A diferencia nuestra, que en nuestras reuniones sólo acude gente correcta y honesta, cuando el FMLN se reúne, se reúnen los pandilleros de la MS y de la 18", dijo.

El 16 de noviembre 2005, la diputada del FMLN, Lilian Coto, visitó a un grupo de reos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, La Paz. La reunión fue solicitada expresamente por los reclusos y la invitación incluía no sólo a diputados sino también a los más altos representantes del Ejecutivo.

El presidente Saca y los miembros de su gabinete decidieron no llegar. Pero en el encuentro participaron, además de Coto, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y representantes de Organizaciones No Gubernamentales. La diputada Coto se convirtió en el centro de las críticas de ARENA y del Gobierno por reunirse con reos y pandilleros de alta peligrosidad.

Remesas por pandillas

No es tampoco la primera vez que ARENA utiliza la estrategia del miedo para conquistar votos. Hace dos años, cuando Antonio Saca buscaba la presidencia, la campaña advertía que si ganaba el FMLN los salvadoreños en Estados Unidos ya no podrían enviar remesas. Para reforzar el mensaje utilizaron a un exfuncionario del Departamento de Estado y acérrimo anticomunista, Otto Reich, y al embajador salvadoreño en Washington, René León. La embajada estadounidense guardó silencio.

El entonces presidente Francisco Flores dijo: "Ya no vamos a tener protección migratoria del exterior, no vamos a poder protegerlos (a los inmigrantes), los van a deportar. ¿Cuántas familias van a dejar de percibir una remesa familiar?"

Tres días después de las elecciones, cuando Saca ya había sido declarado ganador, el embajador estadounidense en El Salvador, Douglas H. Barclay, declaró que su gobierno no tenía nada que ver con las remesas, y que la situación migratoria la determinaba el Congreso y no la Casa Blanca.

Para 2006, Flores ha sido sustituido por Saca y las remesas por las pandillas. El presidente de la República es también presidente de ARENA y como tal encabeza la campaña política. Hace unos días, durante un mitin en Atiquizaya, el mandatario dijo: "No oigan a los predicadores del mal. No hagan caso a la mara de rojo".

"No son el único problema"

En tiempos de campaña, Sigfrido Reyes es la cara más visible del FMLN. Es el secretario de comunicaciones del partido de izquierda y ahora candidato a diputado por San Salvador. Atiende la solicitud para hablar de las cartas en la oficina vacía donde usualmente se reúne la cúpula del FMLN. Se toma su tiempo para leer los escritos que dice desconocer. "No hay ni las más mínima relación", dice. "Es otra perversión de la mente de los dirigentes de ARENA que buscan descargar su responsabilidad en un tercero".

El viceministro Escalante reconoce las fallas de la estrategia pública de seguridad. "Sí, las tenemos", dice antes de mencionar que el plan del FMLN busca fustigar las debilidades para sacar provecho político. César Funes, miembro de la dirección de ARENA, coincide con los planteamientos del funcionario público y añade que esa es la razón por la que el FMLN "protege a los pandilleros".

"No se trata de que nos moleste (la vinculación con las pandillas)", responde el vocero del FMLN. "Nosotros creemos que las pandillas son un problema importante pero definitivamente no es el único ni exclusivo".

La respuesta de Reyes es fiel reflejo de la plataforma legislativa que el FMLN presenta para el periodo 2006-2009. Cuando se toca la seguridad, los diputados efemelenistas tienen en mente reformas a la PNC, Fiscalía General de la República y al Órgano Judicial. A diferencia de ARENA, que presenta como bandera el seguimiento del plan Mano Dura, el FMLN no propone explícitamente ninguna medida coercitiva en contra de los pandilleros.

El 10 de febrero de este año, un grupo de jóvenes que dijo representar a la Mara Salvatrucha montó una conferencia de prensa en el interior de la Universidad de El Salvador. El mensaje fue el mismo que a la semana siguiente diera otro grupo, esta vez de la pandilla rival, la 18: denunciar los "ataques que sufren de parte del gobierno".

Lo extraño de la conferencia fue el lugar que los presuntos pandilleros escogieron para dar su mensaje: la Universidad Nacional, un centro de estudios que en los últimos años ha sufrido paros y tomas realizados por grupos estudiantiles de izquierda, a los que el FMLN ha tildado de radicales. Los grupos estudiantiles y el FMLN han coincidido en marchas de protesta, pero no se ha comprobado ninguna vinculación orgánica.

Los comunicados de las dos pandillas los tiene en su poder Ástor Escalante. Y ambos son para el viceministro pruebas de la acusación contra el FMLN. El lenguaje en el que que están escritos no es propio de los pandilleros, así lo reconocen tanto desde el gobierno como desde la parte acusada. Para Gobernación es el mismo que utilizan las organizaciones populares afines al partido de izquierda, y esto le parece a Escalante suficiente prueba para establecer un vínculo; para el FMLN, se trata de escritos elaborados en el seno de ARENA.

"No estoy involucrado activamente en la política", aclara el viceministro Escalante. "Mi trabajo no es político pero para serte sincero no puedo dar un llamado a que la gente no vote por el FMLN pero sí puedo decir que hay otros partidos, no sólo ARENA, con propuestas, que intentan hacer bien las cosas".

El viceministro está consciente de que su frase está cargada políticamente pero se defiende con el argumento de que lo denunciaría igual si no fueran tiempos de campaña electoral. "No estoy afiliado a un partido pero si me afiliara a uno sería a ARENA", reconoce.

ARENA también ha sido señalada de vinculaciones con pandillas. El productor de la BBC, Thomas Long, que pasó más de un año realizando un documental para la cadena británica sobre las pandillas salvadoreñas, aseguró en un artículo de opinión publicado en El Faro en marzo de 2005 que varios pandilleros participaron activamente en la campaña de ARENA a favor de Saca.

El spot pandillero de ARENA

Dentro de los múltiples spots televisivos que ARENA ha pautado para esta campaña uno llama la atención. Se trata del testimonio de un supuesto pandillero que denuncia el vínculo entre FMLN y la pandilla MS. Al pandillero no se le mira el rostro, pero voluntaria o involuntariamente está haciendo campaña para ARENA.

Esto no le parece contradictorio a César Funes. "Es un testimonio real que llegó a nuestro poder, es ilustrativo, no contradictorio", dice.

Funes sigue: "No conozco a la persona, aunque supongo que estuvo o está en las pandillas. ¿Que si los pandilleros pueden votar? Pues todos los salvadoreños tienen sus derechos políticos". ¿Y es posible que voten por ARENA? César Funes calla por un momento, se sonríe y luego responde: "No sé pero me imagino que todos votarán por el FMLN".

Represión del gobierno genera más violencia

San Salvador – El Salvador enfrenta una criminalidad más compleja y al mismo tiempo más brutal como consecuencia de las malas políticas de lucha contra la criminalidad elaboradas por el gobierno. Datos oficiales indican que en el país mueren asesinadas unas 10 personas diariamente.

La tasa de homicidios de El Salvador, superior a 55 por cada 100 mil habitantes, es mayor que la de Colombia que vive un conflicto armado y el fenómeno del paramilitarismo, así como la confrontación entre sicarios del narcotráfico. El año pasado tres mil 791 personas murieron por esa causa, cifra que hace de esta nación la más violenta y peligrosa de Latinoamérica.

El gobierno atribuye esa incontrolable violencia a las llamadas pandillas o maras, como también se les conoce aquí.

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Avila, se refirió recientemente a las causas del incremento de la criminalidad. Según Avila, se debe a las deportaciones de inmigrantes desde Estados Unidos con antecedentes criminales, mil 900 en 2005 y más de 500 en lo que va del año, y a la impunidad con que los tribunales tratan a los delincuentes que la policía captura y manda a procesar.

Sin embargo, Martínez Ventura, encargado de Justicia juvenil en la Corte Suprema de Justicia, aseguró que los jueces dejan en libertad a los presuntos delincuentes cuando el capturado llega sin pruebas, o con muchas imprecisiones en el proceso. Martínez Ventura insistió en que la violencia está relacionada con factores de tipo social, como la pobreza, que afecta al más de la mitad de la población. El abogado explicó que el hecho de que el 51% de la población económicamente activa esté en el empleo informal da una medida de la gravedad de la crisis social.

El consultor internacional y especialista en temas de violencia de pandillas, Miguel Cruz, aseguró que la criminalidad ha impuesto una mayor organización a esas bandas delincuenciales y a los grupos informales que pretenden combatirlas. "La violencia se ha vuelto quizás menos generalizada, pero cualitativamente más compleja", aseguró. Afirmó que ahora las maras tienen el control absoluto de varios territorios, donde deciden y mandan.

Ortiz advirtió que en esas zonas los mareros cobran impuestos a los transportistas, tiendas, negocios y a los que por allí transiten y quienes desobedecen son ultimados. Calificó la situación de "economía criminal y un gobierno paralelo" porque en los líderes de las pandillas, fundamentalmente de la Mara Salvatrucha y de la Mara 18 se invitan mutuamente a aliarse para luchar contra el gobierno, su "enemigo común".

La criminalidad se ha vuelto más compleja y brutal en El Salvador

Por Juan José Dalton, agencia DPA

San Salvador – Como consecuencia de las «malas políticas» de lucha contra la criminalidad, «elaboradas a partir de la represión por parte del gobierno», lo que El Salvador enfrenta en la actualidad es «una criminalidad más compleja, pero al mismo tiempo más brutal», aseveran analistas locales.

En las páginas electrónicas de los medios de comunicación locales se refleja el azote de la desmedida violencia. En los espacios reservados a las noticias de «Última Hora» constantemente aparecen breves crónicas de los asesinados a diario: jóvenes ametrallados, baleados en intentos de robo, transportistas muertos por negarse a pagar impuestos a las «maras» (pandillas).

Desde el año pasado se registran como promedio diez homicidios a diario. El gobierno atribuye esta incontrolable violencia criminal a las llamadas «maras», que antes catalogaba como pandillas juveniles, pero que ahora dice se trata de «pandillas criminales».

Recientemente, el actual director general de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, explicaba que existían varias causas del incremento de la criminalidad: las deportaciones de inmigrantes desde Estados Unidos con antecedentes criminales (1.900 en 2005 y más de 500 en lo que va del año), así como la impunidad, culpa de «malos jueces» que dejan en libertad a los delincuentes que la policía captura y manda a procesar.

«Se culpa a los jueces, pero éstos dejan en libertad a los presuntos delincuentes cuando se ha violado el debido proceso, cuando el capturado llega sin pruebas, o con muchas imprecisiones», acotó al respecto Martínez Ventura, encargado de Justicia juvenil en la Corte Suprema de Justicia, quien enfatiza que el crecimiento de la violencia está relacionado con factores de tipo social, como la pobreza, que afecta a más de la mitad de la población. «El hecho de que el 51% de la población económicamente activa esté en el empleo informal da una medida de la gravedad de la crisis social», agregó el abogado.

El año pasado fueron asesinadas 3 mil 791 personas, cifra que hace de esta nación la más violenta y peligrosa de Latinoamérica, con una tasa de homicidios superior a 55 por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidios de El Salvador es mayor que la de Colombia, que vive un conflicto insurgente y el fenómeno del paramilitarismo, así como la confrontación entre sicarios del narcotráfico. Miguel Cruz, consultor internacional y especialista en temas de violencia de pandillas, aseguró que «la violencia ha impuesto ciertas dinámicas» entre una mayor organización de las pandillas, así como de grupos informales que pretenden combatirlas. «La violencia se ha vuelto quizás menos generalizada, pero cualitativamente más compleja», apuntó.

Cruz detalló que las «maras» tienen ahora un absoluto control de territorios, donde deciden y mandan, lo que el gobierno no reconoce. «En estos territorios las maras cobran impuestos a los transportistas, tiendas, negocios y a los que por allí transiten; quienes desobedecen pagan con sus vidas... Aquí no manda el Estado ni sus instituciones. Lo que existe es ya una economía criminal y un gobierno paralelo», explica el académico. Otra evidencia de estas complejidades de la violencia en los últimos meses ha sido la capacidad que han tenido diversos grupos de realizar acciones en diferentes «frentes»: huelgas de hambre en las cárceles, huelgas de hambre de familiares de presos, marchas en las principales calles de San Salvador y conferencias de prensa de los líderes de la «Mara Salvatrucha (MS-13)» y de la «Mara 18 (M-18)».

En dichos encuentros con la prensa, las «maras» se invitan mutuamente a realizar alianzas para luchar contra su «enemigo común: el gobierno».

Soluciones no parecen estar cerca: el gobierno ha creado una nueva unidad de combate con el llamado Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES): policías sin rostro, vestidos de negro y fuertemente armados. Gobierno y legisladores continúan dando riendas sueltas a leyes que favorecen el armamentismo. Mientras, en la calle los «motorratas» -ladrones y homicidas en moto- seleccionan a su nueva víctima.

En las encuestas, la inmensa mayoría de los salvadoreños tiene la violencia como su principal preocupación, además del alto costo de la vida y la falta de trabajo.

Descontrol en circulación de armas en el país

Por Gerardo Torres, Diario Co Latino San Salvador

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en El Salvador existe un descontrol en la adquisición, registro y circulación de armas de fuego. Alrededor de cuatrocientas cincuenta mil armas circulan a nivel nacional, de éstas, el 60% no está legalizada y, el 40% legal, la mitad tiene vencida la matrícula. Marcela Smutt, Coordinadora del Programa Sociedad sin Violencia del PNUD El Salvador, manifiesta que El Salvador es el octavo comprador de armas de fuego a Estados Unidos.

El revólver y la pistola son los mayores tipos de arma que importa el país, mismos que registra la PNC utilizadas para cometer hechos delictivos. Respecto a la adquisición, considera que muchas de las armas legalizadas son robadas y posteriormente utilizadas para cometer cualquier tipo de delitos. De acuerdo a la PNC, alrededor del 50% de homicidios son cometidos por armas legalizadas.

En el primer semestre de 2005, setecientas dos armas legalizadas fueron robadas, por lo que, Smutt especula que exista una estrecha conexión entre el mercado legal e ilegal de armas. La coordinadora indica que existen mitos en relación a las armas, entre ellos, utilizarlos como elementos de protección, pero, advierte que ésta opción acarrea tragedias tanto al portador como a la sociedad, de ahí la explicación del aumento del número de suicidios, el inicio de una carrera delincuencial y un número alto de víctimas por enfrentamiento.

El costo para contrarrestar la violencia, según Smutt, en 2003, fue del 11.5% del Producto Interno Bruto (PIB). "Comparando, la cifra es relativa a ocho meses de remesas, la recaudación tributaria de un año y cantidad similar que se utilizó, ese mismo año, para cubrir costos de salud y educación juntos", dijo.

Estudios realizados por la organización, en los municipios de San Martín e Ilopango, muestran que 10 mil armas circulan en éstos lugares, de las cuales 4 mil once son legales y mil novecientas tienen vencida su matrícula. Una parte considerable de entrevistados dijo no estar de acuerdo en la tenencia y portación de armas, tampoco aprueban que grupos utilicen armas de fuego para erradicar a victimarios, sin embargo, entenderían las acciones por la situación social que se vive. Como dato favorable, 279 armas han sido decomisadas por la PNC en lugares públicos de éstos municipios.

La coordinadora del PNUD hace un llamado para reducir los altos índices de homicidios en el país.

Guatemala: Dejan la pandilla y entran a la televisión

Por Marcela Sánchez, The Washington Post

Ciudad de México – Como reality show, el programa "Desafio 10" de Guatemala parecería destinado a ser un fracaso: por dos semanas 10 extraños viven en una casa donde estudian contaduría básica, mercadeo y relaciones públicas. Las cámaras permanecen encendidas mientras los jóvenes se hacen amigos y algunos se unen para hacer negocios.

Bastante aburrido todo hasta cuando uno se da cuenta de que los 10 son ex pandilleros de Mara Salvatrucha, 18 Street, White Fence y North Hollywood. Son los jóvenes que "todos quieren muertos o en la cárcel", asegura el creador del programa, Harold Sibaja.

Las pandillas juveniles representan el más grande reto a la estabilidad de Centroamérica desde que las guerras civiles devastaron a la región hace más de una década. También se han convertido en un reto policial en EU.

El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional puso en práctica una campaña contra los inmigrantes indocumentados sospechosos de ser miembros de pandillas, deportándolos inmediatamente en vez de llevarlos ante cortes criminales.

Los gobiernos centroamericanos también han optado por una mano dura, arrestando a jóvenes ante la mínima sospecha de que pertenecen a una pandilla. Pronto los gobiernos de Guatemala y Honduras agregarán miles de militares a las fuerzas policiales para aplastar la violencia pandillera.

Programado para salir al aire en marzo, "Desafío 10" ya debiera ser considerado significativo por haber logrado unir elementos muy dispares. La Agencia para Desarrollo Internacional de Estados Unidos ayudó a poner a los pandilleros rivales bajo un mismo techo mediante una asignación de 15,000 dólares a Creative Associates Internacional, una firma consultora de Washington. Y el sector privado de Guatemala invirtió más de 50,000 dólares en dinero, equipos y tiempo.

Carlos Zúñiga, líder empresarial guatemalteco y mentor de cinco de los 10, era de los que estaban convencidos, como la mayoría de guatemaltecos, de que el problema pandillero sólo podría resolverse policialmente. A través de su participación en el programa, sin embargo, llegó a descubrir que la mayoría de los pandilleros son víctimas de la pobreza, el abuso y el abandono.

Los nuevos "hijos" de Zúñiga incluyen a Marcos "California" Pérez, de 26 años, y Estuardo "El Seco" Valle, de 22. Pérez se unió a la pandilla North Hollywood de Los Ángeles a los 11 años y aterrizó en Guatemala a los 25, tras ser deportado. Valle, también de 11 años cuando entró a Mara Salvatrucha, intentó dos veces dejar atrás la vida pandillera huyendo hacia EU.

Ellos y otros participantes han tenido su propia transformación. Valle quedó sorprendido por la forma en que la gente a su alrededor estaba dispuesta a ayudarlo: "Esto es algo que no podía creer".

Durante la grabación del programa, los 10 participantes se dividieron en dos grupos, cada uno con la tarea de empezar una pequeña empresa. Un grupo abrió un negoció de reparación y mantenimiento de calzado que ya ha empezado a tener cierto éxito. El otro grupo, el de Zúñiga, decidió empezar un servicio de lavado de autos. Aunque el negocio de lavado de autos ha estado más lento, tanto Zúñiga como Sibaja están convencidos de que eso cambiará una vez el programa salga al aire.

Inicialmente los participantes usaban máscaras para esconder su identidad durante la grabación. Pero a medida que fueron pasando los días, todos, con excepción de dos, se las quitaron. Pérez, uno de los últimos en hacerlo, dijo que era miedo lo que lo había hecho dejarse la máscara más tiempo. Se cansó de llevarla: "No necesito estar escondiéndome, ya no soy criminal".


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