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MRS quiere impedir por ley creación de los Consejos

Vilma Areas e Informe Pastrán. | 10 de Julio de 2007 a las 00:00
La oposición busca abolir los consejos ciudadanos que promueve el presidente Daniel Ortega, porque estiman que el gobierno sandinista quiere a través de ellos ganar control sobre la sociedad. Por segunda ocasión en los últimos dos meses, la bancada de la Alianza Liberal-Partido Conservador y los tres diputados del Movimiento Renovador Sandinista, anunciaron que presentarán una iniciativa para eliminar de la Ley 290 los consejos ciudadanos. También por segunda ocasión, el primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, aclaró a los noveles diputados que los consejos ciudadanos sólo son estructuras partidarias del Frente Sandinista, y que no tienen fuerza de ley porque no están contemplados en la ley que quieren reformar. Pero la jefa de la bancada libero conservadora, María Eugenia Sequeira, insiste en que el anteproyecto de reforma está listo, y que lo presentarán en la primera secretaría esta semana. Sequeira afirmó que la Constitución garantiza la libertad de organización, y que ya existen los Consejos de Desarrollo Municipal, creados por el PLC cuando Arnoldo Alemán fue alcalde de Managua, entre 1990 y 1995. Además, ALN-PC anunció que presentarán otra iniciativa para reformar la Ley Orgánica de Petróleos de Nicaragua (PETRONIC), y poder controlar los recursos provenientes de la venta del petróleo venezolano. Igualmente, el MRS anunció este martes que la 290 debe ser reformada porque los consejos violan la Ley de Participación Ciudadana. El jefe de la bancada del MRS, Víctor Hugo Tinoco, dijo el martes que estos consejos han desvirtuado la Ley de Participación Ciudadana vigente al convertirse en "órganos de control y de presión sobre la ciudadanía". "Los tales Consejos, que se han convertido en instancias que deforman la participación ciudadana, son rechazados por al inmensa mayoría de la población. En diferentes municipios del país, el FSLN ha estado organizando Consejos de Ciudadanos Comarcales; barriales y distritales, Consejos de Ciudadanos Municipales, Consejos de Ciudadanos Departamentales y de las regiones autónomas RAAN y RAAS, bajo el formato de Consejos Comunitarios de Poder Ciudadano, para ponerlos a disposición del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, con la pretensión de subordinar a las instituciones públicas a su mandato", dijo Tinoco "Por eso introdujimos ante la secretaría legislativa (del Congreso), una iniciativa de ley para abolirlos", ratificó Tinoco. Señaló que "estas estructuras organizadas por el FSLN y subordinadas al Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que es una instancia del Poder Ejecutivo, están superponiéndose y sustituyendo por la vía de hecho a muchas otras instancias que se han venido constituyendo a lo largo del tiempo, en la que ya participan ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva y que cuentan con suficiente base jurídica para su estructuración y funcionamiento". También la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) anunció que junto con sus aliados del Partido Conservador propondrán ante la Asamblea Nacional la derogación de la ley que creó los consejos comunales. El MRS y la ALN tienen en total 25 escaños en el Legislativo unicameral de 91 diputados. El resto son del Frente Sandinista de Liberación Nacional -en el poder- y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) del ex presidente Arnoldo Alemán, condenado a 20 años de cárcel por corrupción. Para abolir la ley que creó los consejos se necesita el voto de la mitad más uno de los diputados, por lo que para lograrlo tendría que sumarse a diputados del PLC. Los consejos ciudadanos fueron creados por Ortega al asumir en enero pasado en un apuesta por profundizar la democracia directa. Pero la oposición los considera sustitutos de los Comités de Defensa Sandinista de la década de los años ochenta, que entonces eran "ojos y oídos de la revolución". Según Tinoco, los actuales consejos "son órganos que pretenden suplantar la verdadera participación ciudadana, porque se han dedicado a confrontar a otras instancias de participación ya existentes y tratan de excluir y apartar a cualquier otro tipo de organización". "El marco jurídico ya existente para la participación ciudadana es bastante amplio y se ha venido construyendo a lo largo de numerosos años, producto de múltiples experiencias concretas que dejaron importantes aprendizajes, así como de intensas deliberaciones y negociaciones entre la ciudadanía y los funcionarios de las diversas instituciones del Estado", dijo el diputado Tinoco al leer la fundamentación de su propuesta. Resaltó que "los artículos 2, 7, 50, 52, 101, 130, 131 y 154 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, con los que los asuntos públicos dejaron de ser monopolio de la burocracia estatal y se abrió la posibilidad de que sean dirigidos y puestos al servicio de la sociedad en su conjunto", así como otras leyes nacionales. "Tomando en cuenta esta amplia gama de instrumentos jurídicos para asegurar la participación ciudadana, consideramos absolutamente ilegal y fuera de orden, la superposición, sustitución o desplazamiento de las estructuras creadas por ley, por otras organizadas partidariamente, debilitando con ello la institucionalidad y violentando las leyes que promueven y ofrecen seguridad jurídica a la participación ciudadana", dijo Tinoco.

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