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Magistrados CSJ anuncian sentencia sobre narcoescándalo

None | 12 de Diciembre de 2005 a las 00:00

La magistrada Alba Luz Ramos, miembro de la comisión que investigó el caso, dijo que están dispuestos a aceptar la proposición de los magistrados liberales para suspender a los jueces implicados también en su calidad de abogados, es decir una triple sanción: destituirlos como jueces y cancelarles su licencia para operar como abogados y también como notarios. "Yo lo único que quiero es que este informe realmente se firme mañana y que mañana mismo salga si es posible la sentencia", dijo Ramos.

Por otra parte, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), encabezado por el reo Arnoldo Alemán, acordó este lunes "ir hasta home" (a fondo) contra el Frente Sandinista (FSLN), y continuar denunciando que supuestamente ese partido, a través de sus militantes que ocupan cargos en el Poder Judicial, favorecen judicialmente a poderosos narcotraficantes para conseguir fondos para su campaña electoral.

No obstante, los liberales no han presentado una sola prueba que sustente su afirmación y parecen confirmar la tesis de que se trata de un eje publicitario de su campaña electoral, bajo el código de propaganda negra.

Consultado al respecto, el vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro, afirmó que van a investigar y a profundizar en la denuncia que él mismo hizo el viernes, pero que no necesitan presentar pruebas porque éstas están a la vista.

"Basta con obtener la filmación donde están los dos judiciales sandinistas en la institución bancaria donde retiraron los 609 mil dólares que la policía incautó a grandes narcotraficantes, así como las fotocopias de las declaraciones de los abogados donde confirman y aceptan la maniobra", aseguró Navarro.

El presidente del grupo empresarial Ética y Transparencia, Roberto Courtney, dijo que las afirmaciones de Navarro son "altamente especulativas", porque no existe certeza de ello.

El secretario general del Frente Sandinista, Daniel Ortega, minimizó el fin de semana las acusaciones de Navarro, y más bien instó al diputado liberal arnoldista a legislar a favor de mayor presupuesto para las municipalidades y para incrementarles el salario a los maestros y los trabajadores de la salud.

El jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro, dijo que han sido los gobiernos liberales que han gobernado el país desde el 90, los que han fomentado la narcoactividad en Nicaragua y no el FSLN.

Ortega desestimó por absurdas las declaraciones de Navarro, quien acusó al FSLN de obtener dinero del narcotráfico para su campaña electoral. "Son cosas absurdas, resultado de un estado de enojo", aseguró el líder sandinista, tras participar la noche del sábado en un acto de su partido en Rivas.

El secretario general del FSLN reiteró que en el caso de los 609 mil dólares extraviados en el poder judicial, su partido exigió a la Corte Suprema que investigue los hechos y castigue a los culpables. Hemos sido claros en eso, enfatizó Ortega, en alusión al dinero decomisado a dos presuntos narcotraficantes y que luego fue retirado del banco en virtud de un fallo que nunca fue confirmado por la máxima instancia judicial.

El ex presidente Ortega instó al diputado Navarro y al resto de sus colegas del Partido Liberal Constitucionalista a dedicarse mas bien a trabajar en la Asamblea Nacional a favor de otorgarle un aumento de salarios a los maestros y los trabajadores de la salud.

"Mejor papel harían votando de manera diferente a como lo han hecho", afirmó Ortega, tras recordar que los liberales aprobaron un presupuesto que excluye aumentos en las asignaciones para los municipios y los sectores de salud y educación.

Entre tanto, el propio Navarro aseguró al mediodía del lunes, que supuestamente ha recibido llamadas telefónicas amenazantes. "Me han llamado por teléfono para decirme que estoy hablando más de la cuenta, que modere mi lengua y que no me meta más en el tema, pero no tengo miedo y sólo denuncio que si me pasa algo, serán los sandinistas los responsables", dijo Navarro.

"No tengo miedo y voy a seguir diciendo las cosas por su nombre, porque es mi deber", añadió Navarro. Aseguró que en la llamada que recibió la mañana del lunes, una voz de varón le dijo: "Wilfredito, Wilfredito, esas tapas (boca) son las que te van a matar.

Por otra parte, distintas instituciones coinciden en que debe ser la Policía Nacional el organismo que tutele la unidad administradora de los bienes incautados a delincuentes vinculados al crimen organizado. Ese es el consenso que ha recabado una comisión parlamentaria que dictamina la Ley Creadora de la Unidad Administradora de Bienes Incautados.

La Comisión Antidrogas de la Asamblea Nacional está proponiendo la creación de una unidad que se dedique a administrar y a darle el trámite debido a los bienes incautados a delincuentes vinculados al crimen organizado, durante todo el proceso penal y hasta que el juez dicte sentencia firme al o los reos.

El procurador Iván Lara consideró que la Policía es una institución responsable y la más adecuada para tutelar la unidad administradora de esos bienes, y estimó que dicha legislación terminará con las "pérdidas" de grandes cantidades de dinero que hasta ahora se viene dando, como los 609 mil dólares sustraídos con artimañas de las cuentas de la Corte Suprema de Justicia antes de darse sentencia firme a narcotraficantes.

Lara estimó que, además, la Policía Nacional cuenta con todos los recursos de seguridad y el personal especializado para tutelar esos bienes, y también tiene capacidad para determinar el destino que le les dará a los mismos.

Procuraduría secunda acusaciones de Navarro

La Procuraduría de Justicia de Nicaragua acusó este lunes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de proteger a jueces, magistrados y abogados que aparecen involucrados en el robo de 609.000 dólares decomisados a un narcotraficante colombiano.

En la Corte "se observa una especie de protección a las personas que están involucradas en este caso y que no hay una administración de justicia transparente, honesta y correcta como lo demanda la ciudadanía", afirmó el procurador Penal de Justicia, Iván Lara.

"La Corte ya debió ponerse de acuerdo para determinar los tipos de sanciones que deben imponer (a estas personas), porque la imagen que están transmitiendo a nivel nacional e internacional deja mucho que desear", recriminó el funcionario encargado de representar los intereses del Estado.

El escándalo estalló en septiembre pasado cuando la prensa denunció que un grupo de jueces y abogados habían retirado de manera fraudulenta, de una cuenta bancaria de la Corte, 609.000 dólares decomisados en abril pasado a un colombiano, que fue condenado a 10 años de prisión por narcotráfico.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía, que incluso obtuvo el video del banco emisor, determinaron que el dinero fue cobrado por el abogado del narcotraficante, un defensor público y un juez que ordenó el retiro. También aparecen involucrados como presuntos facilitadores dos magistrados del Poder Judicial, ligados al PLC y al FSLN.

La Fiscalía decidió en octubre pasado remitir los resultados de las pesquisas a los magistrados de la Corte para que presenten sus consideraciones sobre el informe, antes de presentar cargos.

Sin embargo, los 16 magistrados liberales y sandinistas que integran la Corte se han negado a resolver y tomar medidas disciplinarias contra las personas que sustrajeron el dinero, lo que ha originado fuertes críticas de parte de las organizaciones civiles y la prensa local.

Las explosivas declaraciones de Navarro

Navarro acusó el fin de semana a los sandinistas de utilizar influencias en el Poder Judicial para obtener fondos provenientes del narcotráfico y financiar su campaña electoral. Dijo que el FSLN, a través de juicios en los que liberan a narcotraficantes, obtiene dinero para financiar los gastos de su campaña electoral con miras a las elecciones presidenciales de noviembre de 2006.

El diputado sandinista, Tomás Borge, dijo que las acusaciones de Navarro "son inusuales, atrevidas, politiqueras y calumniosas" debido a que no existe la "más mínima prueba" de lo que dice.

"El FSLN ha montado toda una estructura en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Poder Judicial para obtener dinero, ya sea del narcotráfico o de donde provenga para financiar sus campañas electorales", dijo Navarro. Señaló que la mejor evidencia de su afirmación es la pérdida de 609.0000 dólares de una cuenta de la CSJ en un caso relacionado al narcotráfico que ha sacudido al Poder Judicial.

"Aquí el FSLN hace negocio con la justicia y para favorecer a cualquier procesado se les piden no pruebas, sino rollos de dinero y de dólares preferiblemente", agregó el también primer vicepresidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y aspirante a la presidencia de Nicaragua por ese partido.

El dinero salió de la cuenta del Poder Judicial hace dos meses en base a un proyecto de sentencia en el que se libraba de culpa a los implicados, sin embargo ese fallo nunca fue firme porque los magistrados de la CSJ nunca lo firmaron.

En la trama se han visto envueltos tres jueces suplentes (dos sandinistas y un liberal) que fueron suspendidos temporalmente de sus cargos en paralelo a una investigación que ha iniciado la Fiscalía General.

"En ese caso hay una clara evidencia de que se montó toda una trama para sacar el dinero y no tengo ninguna duda de que fue a engrosar las cuentas del FSLN para financiar su campaña electoral", dijo Navarro.

"El FSLN hace negocio con la justicia y para favorecer a cualquier procesado se les piden no pruebas, sino rollos de dinero, y de dólares, preferiblemente", agregó el también primer vicepresidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) y aspirante a la presidencia de Nicaragua por ese partido.

Navarro dijo que los sandinistas han tratado de presionar a diputados y dirigentes del PLC para que dejen de hablar del caso de los 609.0000 dólares, como afectar a su máximo líder el ex presidente Arnoldo Alemán, quien fue condenado a veinte años de prisión por actos de corrupción.

"Nos han amenazado con quitar al doctor Alemán el régimen de convivencia familiar que le ha dado libertad condicional para circular por Managua, pero no vamos a ceder a esos chantajes", dijo Navarro.

También dijo que la presión de parte del FSLN es para que el PLC apoye la reelección del sandinista René Núñez como presidente del Parlamento, algo que aseguró tampoco harán porque este año le toca presidir el legislativo a un liberal.

Borge, único fundador vivo del FSLN, dijo sentirse sorprendido por las declaraciones del dirigente del PLC "porque son audaces y tienen que ver con las campañas sucias que se avecinan en contra del FSLN y que entran en sintonía con la idea de lograr que perdamos las elecciones".

El también vicesecretario del FSLN no descartó que su partido tome acciones en contra de Navarro, "aunque somos de la idea que la mejor respuesta es no dar respuesta".

EyT "preocupada" porque dinero ilícito financie campaña electoral

El organismo de Observación Electoral, Etica y Transparencia (EyT), manifestó el lunes su preocupación por la posibilidad de que las campañas electorales de los comicios de 2006 sean patrocinadas "con dinero ilícito".

El presidente Ejecutivo de EyT, Roberto Courtney, dijo que tanto la Ley Electoral de Nicaragua como el sistema jurídico, son "muy débiles" y por tanto las campañas podrían ser financiadas "con dinero ilícito y hasta proveniente del narcotráfico".

"La Ley Electoral no prohíbe casi nada en materia de donaciones a los partidos políticos y ocho de cada diez dólares que entran a la campaña electoral (de cada partido) no están sujetos a control", dijo Courtney.

Indicó que la Ley Electoral que fue aprobada en el año 2000 en el Parlamento en base a intereses del PLC y FSLN, se hizo de tal forma que el control sobre los recursos para las campañas sea el mínimo. "La Ley electoral es así no por accidente, sino porque así la hicieron liberales y sandinistas para no tener controles sobre las fuentes de financiación de sus campañas electorales", dijo Courtney después de una actividad pública en Managua.

Indicó que uno de los mecanismos que se prestan a que las campañas se financien con fondos ilícitos es la formación de "los amigos" de determinado candidato que son personas privadas que no son regidas por la ley. Courtney mencionó incluso que en Nicaragua ya ha habido procesos judiciales contra personas acusadas por delitos electorales como es el caso del actual presidente, Enrique Bolaños, y siete funcionarios de su Gobierno.

Bolaños casi fue despojado de su inmunidad por el Parlamento para que enfrentara el juicio, pero no se lograron los votos en el Parlamento para hacerlo. En cambio los siete funcionarios si fueron despojados del fuero, pero recientemente fueron sobreseídos definitivamente del caso por un juez local.

Bolaños y más de 30 personas vinculadas al PLC fueron acusadas en 2002 de delitos electorales, después de que la Fiscalía revelara que la campaña del ahora gobernante pudo haberse financiado con dinero del Estado.


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