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Magistrados «Pilatos» castigan
a subalternos y evaden la culpa

None | 13 de Diciembre de 2005 a las 00:00

El escándalo estalló en setiembre pasado cuando la prensa denunció que un grupo de jueces y abogados se confabularon para retirar de una cuenta de la Corte 609.000 dólares que las autoridades confiscaron en abril pasado a un colombiano procesado y condenado por narcotráfico.

El colombiano fue detenido con su novia nicaragüense Leyla Bucardo, quien dijo en octubre pasado que su abogado negoció su libertad con personas "influyentes" del Poder Judicial, lo que permitió al grupo de funcionarios gestionar la recuperación del dinero mediante procedimientos irregulares.

Una comisión investigadora de la Corte encabezada por Martínez, encontró a los jueces y abogados culpables de una serie de irregularidades que permitieron que el dinero fuera sustraído de un banco donde estaba depositado. El dinero había sido incautado al colombiano y a su novia condenados a prisión por narcotráfico.

Martínez dijo que todo lo actuado por los jueces sancionados fue declarado nulo y se ordenó restituir la cantidad malversada. El magistrado Argüello quedó exento de cargos.

El presidente de la CSJ anunció que el juzgado Sexto Penal de Juicio de Managua hará los trámites correspondientes para conseguir la devolución del dinero a la cuenta de la Corte Suprema de Justicia, aunque aún no se conoce el paradero de los fondos. Agregó que el dinero fue retirado con poderes falsos elaborado por los abogados sancionados y por un hombre identificado como Ramón Meléndez.

Resolución íntegra de la Corte Suprema de Justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez fue quien leyó la resolución en donde la CSJ en pleno da por concluido el caso de los dólares con las siguientes recomendaciones con respecto a todos los implicados, donde se establece que:

1) El Abogado Israel Zelaya Rivas suspendido en el ejercicio profesional por un período de cuatro años.

2) La Licenciada Berenice Bracamonte, que fue la notario que certificó del libro de votos de la sala constitucional para que el juez de distrito de Audiencia girara la orden de emisión del cheque, se recomienda la suspensión por un año.

3) El Licenciado Benjamín Arriaza Larios, sujeto a la destitución como juez suplente cuarto local de lo penal de Managua, y se le suspende en el ejercicio de la profesión por año y medio.

4) A Moisés Rodríguez Zelaya se recomienda su destitución como juez suplente Segundo local de lo penal de Managua y suspensión por un período de 18 meses.

5) A la Licenciada, Julissa Carolina Bonilla Martínez, que fue la notario ante que se otorgaron los poderes para retirar el dinero sin haber estado presente las partes, se le manda a destituir como juez suplente de Distrito Penal de Audiencia de Tipitapa, y se le otorga la suspensión por tres años en el ejercicio profesional.

6) Y por último, al Licenciado Julio César Morales Aragón, que es el juez suplente de Distrito Penal de juicios de Managua, se ordena su suspensión como tal y se le impone la pena de 18 meses de suspensión en el ejercicio profesional. También se el ordena la restitución del dinero extraído de la cuenta que tiene la Corte Suprema en el Banpro, de los 606 mil 540 dólares que lo debe tramitar el juzgado que ordenó su liberación, es decir el juez Sexto de Distrito Penal de juicio debe de seguir las indagaciones y todo el proceso para que ese dinero vuelva a las arcas de la Corte Suprema.

El presidente de la CSJ, Manuel Martínez agregó que ese dinero que fue retirado a favor del señor Sergio Meléndez, tendrá que restituir ese dinero, porque los poderes con que los sacó eran falsos, dijo.

De esta manera, aquí concluyen las funciones disciplinarias, administrativas de la Corte Suprema de Justicia, expresó Martínez.

El texto, fue firmado unánimemente por todo el pleno de la Corte Suprema de Justicia, con excepción de un magistrado que no pudo estar presente, el cual fue el Magistrado Róger Camilo Arguello.

Los magistrados de la CSJ dejaron sentado que en cuanto a la Fiscalía, que en la parte resolutiva se le recomienda que se envié esta resolución a todos los juzgados de la república y a todos los poderes del Estado para que tomen las medidas que la Ley les obliga a tomar.

CSE admite que hay riesgos de que dinero del narcotráfico financie campañas

El presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), Roberto Rivas, admitió hoy que hay riesgos de que el dinero del narcotráfico financie las campañas electorales y hay que estar atentos para evitarlo.

En declaraciones a medios locales, Rivas dijo que "es un riesgo que tienen todos los países. Decir que no existe sería cerrar los ojos y querer tapar el sol con un dedo".

Sin embargo, "hasta este momento no tenemos el mínimo indicio de que haya habido dinero del narcotráfico en las (anteriores) campañas (electorales)" en Nicaragua, manifestó.

Las declaraciones del alto cargo electoral se dan en referencia de una denuncia pública del primer vicepresidente del Parlamento y diputado liberal, Wilfredo Navarro, quien acusó al Frente Sandinista de liberación Nacional (FSLN) de financiar su campaña electoral con dinero proveniente del narcotráfico.

Navarro reiteró este lunes, sus acusaciones y hasta denunció que ha recibido amenazas de muerte de parte de personas que le han llamado a su celular para decirle que está hablando de más.

Rivas rechazó los señalamientos del presidente ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, quien manifestó que la Ley Electoral no es efectiva para el control de los fondos externos que reciben los partidos.

"Creemos que existen los mecanismos necesarios para resguardar que el dinero que se utilice en las campañas sea limpio, pero siempre se corre un riesgo", dijo Rivas.

FSLN acusa a Navarro de impulsar una guerra sucia

El coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro, dijo este martes que el diputado liberal Wilfredo Navarro está impulsando una guerra sucia contra el Frente Sandinista, al afirmar que está favoreciendo judicialmente a grandes narcotraficantes para obtener recursos económicos para su campaña electoral.

A juicio de Castro, Navarro está usando a los medios de comunicación para ganar auge en su pretensión del alzarse con la nominación como el candidato oficial del PLC a la Presidencia de la República. "Nosotros no estamos exigiendo pruebas de lo que denunció Navarro, pero si las tiene que las presente", retó Castro.

Navarro sostuvo su denuncia y afirmó que todo lo que dice ya ha sido publicado en los medios de comunicación, por lo que no es necesario presentar prueba alguna. El secretario ejecutivo de la Asamblea, José Figueroa, señaló a Navarro como "un resentido", porque su partido lo ha marginado de la pre-candidatura presidencial y de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional.

"Son declaraciones irresponsables y sin fundamento. Nosotros tenemos asuntos más importantes y en ellos estamos trabajando. No vamos a caer en el juego de Wilfredo Navarro, sobre todo después que tanto el PLC, como su presidente y su representante legal ante el Consejo Supremo Electoral, han tomado distancia de sus declaraciones", dijo Figueroa.


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