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Termina paro de buseros

None | 14 de Febrero de 2006 a las 00:00

Los diputados y el alcalde Marenco, acordaron un mecanismo de recaudación que permitirá utilizar el 3% de las ganancias de las petroleras por los próximos cuatro meses, lo que generaría un promedio de más de 66 millones de córdobas. Adicionalmente, se utilizarán 16 millones de córdobas del Fondo de Emergencia Energética, que fue aprobado en noviembre de 2005.

El impuesto debe ser aprobado por la Asamblea Nacional con el voto de por lo menos 47 de los 91 diputados que la conforman, y, en la cual el FSLN posee 38 votos. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) no participó en las negociaciones y por lo tanto existe expectativa sobre si apoya o no el acuerdo en el legislativo. El PLC tiene 40 votos. En las negociaciones actuaron como garantes representantes de la Iglesia Católica y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Después de más de seis horas de negociaciones, las partes acordaron que el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (Irtramma), realizarán "de inmediato" un control y auditoria al sector, la implementación de un plan chatarra para vehículos en mal estado y el reordenamiento de las rutas de Managua.

Luego de conocer el acuerdo, Rafael Quinto, representante de los transportistas, pidió que se le realicen cambios, ampliando de forma indefinida la recaudación de las utilidades de las petroleras. Pero excepto por el plaza, Quinto dijo estar satisfecho y esperar que se cumpla "porque fue suscrito con el consenso de todas las partes". Los transportistas se comprometieron a ser auditoriados por el Estado por primera vez, para conocer cómo invierten el subsidio a los usuarios.

El alcalde sandinista de Managua, Dionisio Marenco, dijo que el acuerdo "satisface a todas las partes". Marenco se comprometió a dar un aval de 10 millones de dólares para la renovación de los autobuses que cobrarán una tarifa diferenciada y se compromete además, a reordenar el transporte para que sea más eficaz y económico.

Liberales rechazan acuerdo que terminó con el paro de transporte

Como un acto demagógico y mentiroso, calificó el PLC el acuerdo alcanzado en la mesa del diálogo nacional con relación al transporte urbano colectivo de Managua, y dijo que la medida impactará directamente en la canasta básica porque las petroleras, sin duda, incrementarán el precio de los combustibles.

Wilfredo Navarro, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, dijo que gravar con un tres por ciento las utilidades de las petroleras, creará una espiral inflacionaria que perjudicará mucho más a los nicaragüenses que simplemente haber incrementado la tarifa del transporte.

Navarro dijo que nuevamente el presidente Enrique Bolaños se dejó chantajear por el Frente Sandinista y los empresarios del transporte, pero aseguró que lo más grave es que se delegó a la Alcaldía de Managua para administrar el fondo. "Están poniendo al ratón a cuidar el queso, porque lo manejarán con criterios políticos para beneficiar sólo a los transportistas sandinistas", acusó Navarro.

Mientras, el diputado sandinista Walmaro Gutiérrez acusó al PLC de capear el bulto del costo político que tiene que pagar por ubicarse al lado del problema y no de la solución, al no participar en la reunión del diálogo nacional que concluyó con el acuerdo en beneficio para los empresarios del transporte.

Tarifas diferenciadas

Otro de los acuerdos fue la implementación de tarifas diferenciadas en función de la calidad del servicio, basado en la introducción de nuevas unidades. El Ministerio de Hacienda informó ayer que en los próximos tres meses llegará al país la primera flota de 50 buses nuevos procedentes de Japón, y otros 150 buses usados traídos de Venezuela y México, para cambiar la actual flota de transporte de la capital.

Para obtener los buses, los transportistas deberán poner como garantía sus concesiones. El gobierno entregará un aval que presentarán a los bancos para adquirir los fondos y comprar las nuevas unidades, a precios que oscilan entre 30 y 35 mil dólares, e intereses anuales del 4%.

También se acordó solicitar a la Contraloría que practique auditorías sobre el uso de los fondos públicos con que se subsidia al transporte.

Los transportistas cumplieron ayer lunes una semana de paro en demanda de un subsidio de 20 millones de córdobas mensuales por el incremento en sus costos de funcionamiento debido al aumento en los precios de los hidrocarburos.

Hay que revisar la Ley

En tanto, David Castillo, Presidente del Consejo de Dirección de INE, dijo que es prematuro pronunciarse respecto del nuevo sistema, porque habría que revisar primero los detalles de la Ley y la forma en que se pretende utilizar y proceder con el fondo, pues hasta ahora éste no existe. "Tendría que hablar con la parte jurídica y los técnicos para ver cómo está eso", señaló.

Técnicos de INE dejaron saber anoche que este fondo no ha sido creado, pues todavía no se les notifica a las petroleras el procedimiento que deberán cumplir para realizar los desembolsos

Castillo informó que en conjunto con el Irtramma y la empresa privada, están trabajando para que los taxis utilicen el gas licuado como combustible, en lugar de la gasolina y el diesel, lo que significaría un ahorro inmediato que oscila entre 35 y 40 por ciento.

"Nos hemos estado reuniendo y ahora estamos viendo la certificación que le daría el INE a estas Estaciones de Servicio de Gas (gaseras), para que pronto los taxis funcionen con este derivado del petróleo que tiene un precio menor", dijo Castillo.

Castillo agregó que esta certificación puede estar lista en un mes. Agregó que la conversión en el sistema de los vehículos estaría a cargo de las petroleras y las empresas interesadas en participar en el proyecto.

"Es algo muy seguro y moderno, de primera calidad. No es algo a la loca, y por eso nos está llevando un tiempo", dijo.

Agregó que cuando estén operando las gaseras, los buses empezarían la conversión inmediatamente, pero antes quieren que el precio oficial anunciado por INE sea respetado, pues se trata de un hidrocarburo regulado.

La participación de INE se limita a la certificación de las instalaciones, y será la empresa privada con el Irtramma quienes podrían dar fecha exacta para que los vehículos comiencen a circular con el ahorro del gas licuado.

Aunque los acuerdos ponen fin al calvario de la población de Managua, algunos expertos temen que las empresas distribuidoras aumenten el precio de los combustibles para resarcirse el nuevo impuesto, con lo que la subvención al transporte público recaería sobre los consumidores.

Uno de los que así opina es el experto en derecho fiscal Julio Francisco Báez, quien prevé un incremento en el precio de la canasta básica. Según el especialista, el impuesto debe aplicarse a otros productos como los licores finos y los autos de lujo.


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