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Bolaños, Alemán y Montealegre torpedean acuerdo con buseros

None | 15 de Febrero de 2006 a las 00:00

Según el acuerdo, subscrito la madrugada del martes por el Gobierno, la Alcaldía de Managua y los transportistas, para poner fin a una huelga de ocho días, se acordó en la mesa de diálogo la creación por ley un impuesto a las utilidades de las petroleras que estaría vigente por cuatro meses, mientras los transportistas adquieren unidades nuevas que les permitan establecer tarifas diferenciadas.

Eso significará alrededor de 66 millones de córdobas que, junto a los 16 millones de córdobas que percibió el Estado en enero por el arriendo de Petronic, sumarán 82 millones para los buseros, que se les entregarían de febrero hasta mayo.

Los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) dijeron este martes que apoyarán la creación de un nuevo impuesto para las empresas petroleras, con el que subsidiarán a los transportistas de Managua, pero los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) anunciaron que se opondrán.

Empresarios rechazan impuesto

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) rechazó este miércoles un acuerdo entre el gobierno y los transportistas para crear un impuesto del 3% a las utilidades de las empresas distribuidoras de petróleo para subsidiar el transporte urbano de la capital.

La futura creación del impuesto permitió poner fin a un paro de ocho días en Managua, que hicieron los transportistas para exigir un subsidio total de 1,1 millones de dólares mensuales o un aumento en el precio del pasaje de autobús de 14 a 20 centavos de dólar.

El Cosep alegó en un comunicado distribuido a los diferentes medios de comunicación que el impuesto "envía un mensaje negativo a los inversionistas privados nacionales y extranjeros" y tiene "un impacto inflacionario en deterioro del poder de compra de los asalariados".

Propuso que, en vez de gravar a las distribuidoras de combustible, se liberen los precios de las tarifas del transporte, se permita la entrada al mercado a otros transportistas y se reordenen las rutas.

Los representantes de la industria petrolera que opera en el país han rechazado tal decisión del gobierno de imponerles un gravamen del 3% sobre sus utilidades mensuales para subsidiar a los empresarios del transporte público.

Los dueños de las distribuidoras de combustible del país en su reunión de este miércoles con la empresa privada decidieron cerrar filas contra la aprobación del nuevo impuesto, del tres por ciento a las utilidades de dichas empresas petroleras para subsidiar a los empresarios del transporte público de Managua, mientras que ejecutivos de la industria petrolera iniciaron un cabildeo en contra del gravamen.

Los gerentes generales Agustín Fuentes, de la compañía Esso; y Mauricio Aranda, de la Shell; así como el director ejecutivo de Petronic, José García, sostuvieron un encuentro este miércoles con el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Eduardo Gómez, a quien le hicieron ver que la aprobación del impuesto podría provocar un incremento de los precios de los combustibles, o una situación de insolvencia en las empresas petroleras que no les permitirá cumplir con sus importaciones regulares de petróleo y sus derivados.

Gómez, vicepresidente del partido Alianza por la República (Apre), declinó realizar comentario alguno al término del encuentro, argumentando que tenía "una reunión urgente".

Mientras el Cosep, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), y la Cámara Italo-Nicaragüense emitieron un pronunciamiento donde rechazaron la imposición del gravamen y demandaron un ajuste en las tarifas de transporte de acuerdo a los costos de operación y de mercado.

Dependerá de cabildeo en el Parlamento

El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez aclaró este miércoles en un programa de la televisión nacional que los críticos del tributo solo pretenden colocar una cortina de humo sobre los esfuerzos realizados para tratar de solucionar los problemas de la población. Es un impuesto que genera justicia social, aseveró el legislador, tras reiterar el carácter temporal del gravamen y negar que este vaya a ser trasladado a la población.

De acuerdo con Gutiérrez, la ley que aprobaría la Asamblea Nacional debe plantear el carácter intransferible del gravamen, el cual se aplicaría a las ganancias netas de las petroleras, una vez deducido el impuesto sobre la renta.

En tanto, el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, afirmó que cuentan con los votos suficientes para aprobar la iniciativa de ley que contempla el nuevo impuesto a las petroleras. Dijo que tienen 38 legisladores sandinistas, cuatro de la bancada Azul y Blanco, dos de Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y "buena parte" de la bancada liberal.

Diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) desconocieron la validez del acuerdo y lo calificaron de "parche mal hecho", además de que la medicina sería peor que la enfermedad, porque el impuesto al final será trasladado al consumidor.

El diputado Wilfredo Navarro adelantó que los 40 diputados liberales se van a oponer a esa ley, mientras que la bancada Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN- PC), que reúne a siete diputados, también anunció su oposición a la propuesta.

"La inflación que va a generar es superior a la que el usuario hubiera tenido que pagar por la tarifa, además de una actitud demagógica y mentirosa del gobierno, que trata de disimular una solución al problema porque están manteniendo una bomba de tiempo en un proceso electoral", opinó Navarro, tras asegurar que no votarán a favor del mismo.

El presidente del PLC, Jorge Castillo Quant, ratificó que sus diputados se opondrán a la creación del nuevo impuesto.

La aprobación de esa iniciativa requiere mayoría simple, es decir 47 votos en caso que estén los 91 diputados presentes en el plenario. Si en el plenario hay 47 diputados, que es el mínimo para hacer quórum de ley, se requerirá nada más del voto favorable de 24 diputados, que fácilmente lo reúnen los sandinistas.

La iniciativa de ley no será presentada con trámite de urgencia, explicó Castro, quien afirma que las empresas petroleras que operan en el país han tenido utilidades "arriba de los 300 millones de córdobas ó 400 millones de córdobas" en los últimos cinco años.

Mientras tanto, el gobierno tomó desde ya distancia del acuerdo firmado en la madrugada del martes entre los diputados, transportistas y el alcalde de Managua, además de reconocer grandes vacíos sobre los mecanismos de aplicación del impuesto.

Juan Sebastián Chamorro, Viceministro de Hacienda, dijo vía telefónica al Nuevo Diario que no han tenido comunicación con ninguna de las partes involucradas en el decreto, y explicó que éste "crea una dificultad legal que no ha sido esclarecida".

"Es un acuerdo entre partidos políticos. No acompañamos esta decisión", dijo el funcionario.

Impuesto a las petroleras ya está en Secretaría de la Asamblea Nacional

Las cuatro bancadas parlamentarias que apoyaron en el diálogo nacional una salida a la crisis del transporte urbano colectivo de Managua, presentaron este miércoles ante la secretaría del Parlamento un anteproyecto de Ley que crea un tributo especial y temporal sobre las utilidades netas de las empresas procesadoras e importadoras de combustible.

Representantes del Frente Sandinista, Alternativa Cristiana, Alianza por la República y Camino Cristiano, firmaron el anteproyecto que deberá ser aprobado como ley en un plazo de diez días, según el acuerdo que puso fin al paro del transporte urbano el lunes.

Según el texto del anteproyecto, la base de cálculo de ese impuesto será del tres por ciento sobre las ventas netas (sin incluir el Impuesto Selectivo de Consumo) del combustible vendido al transporte terrestre nacional. El tributo, agrega, es intransferible a los consumidores, ni puede ser considerado dentro de la estructura de costo o gasto de dichas empresas.

El impuesto será destinado para el sostenimiento y mantenimiento de la tarifa de 2.50 córdobas al público, porcentaje que estará sujeto a su revisión cada cuatro meses por el Ministerio de Hacienda, el MTI y el IRTRANMA, según establece el anteproyecto.

Petroleras rechazan acuerdo porque no lo conocen, dice Tardencilla

Los argumentos de los representantes de las petroleras son infundados, y así se lo demostraremos cuando comparezcan ante la comisión que dictaminará el anteproyecto de ley que grava con el tres por ciento las utilidades de productores, procesadores e importadores de combustibles, dijo uno de los proponentes.

Orlando Tardencilla, uno de los proponentes de la Ley que crea un tributo especial y temporal sobre las utilidades netas de las empresas procesadoras e importadoras de combustible, porque el impuesto no se aplicará sobre el proceso de producción, sino las utilidades después del Impuesto sobre la Renta.

Agregó que las petroleras tampoco se verán afectadas por el impuesto en su capacidad adquisitiva de nueva materia prima para la producción de hidrocarburos terminados. "Yo creo que esos temores se fundamentan en el hecho que no conocen a fondo la iniciativa de ley, y estoy seguro que al final verán una panorámica distinta porque además de estar desagregado, este impuesto es de naturaleza temporal", advirtió Tardencilla.


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