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Bolaños amenaza intervenir CSE antes del 5 de marzo

None | 24 de Febrero de 2006 a las 00:00

El presidente atribuyó la crisis al pacto del PLC con el FSLN, entre los ex presidentes Arnoldo Alemán, condenado por corrupción, y Daniel Ortega. Ambos partidos han aprovechado su mayoría en la Asamblea Nacional para aprobar en los últimos seis años varias reformas a la Constitución para designar funcionarios en organismos claves del Estado.

Seis partidos políticos nacionales y dos indígenas de la zona se disputan los 45 esca´ps de cada uno de los Consejos Regionales Autónomos del Atlántico Norte y Sur. El PLC, el FSLN y las alianzas Liberal Nicaragüense-Partido Conservador y Herty 2006, se erigen como los principales contendientes. Ese ejercicio electoral es visto como un termómetro para las elecciones generales del 5 de noviembre próximo, donde se elegirá al Presidente de la República y a los diputados a la Asamblea Nacional.

Ortega acusa al gobierno de abandonar el Caribe

Ortega, secretario general del FSLN, responsabilizó al presidente Bolaños y a los anteriores gobiernos liberales del abandono que prevalece hoy en la Costa Atlántica. Durante un acto proselitista en Las Minas, Región Autónoma del Atlántico Norte, Ortega aseguró que los gobiernos neoliberales de los últimos 16 años cometieron un crimen de Estado, al favorecer solo a la clase más rica, mientras niegan medicinas, derecho a la educación y empleos a los nicaragüenses pobres.

El líder sandinista prometió demostrar con cifras las víctimas del abandono gubernamental. Cuestionó igualmente la supuesta autonomía de ambas regiones, porque, afirmó, las autoridades costeñas aún no administran sus propios recursos, y su funcionamiento depende del exiguo presupuesto estatal.

En opinión de Ortega, los gobiernos neoliberales se niegan a reconocer la autonomía como un innegable derecho multiétnico, factor que asoció a la voracidad de grupos de poder ligados al gobierno que quieren apoderarse de los recursos naturales de la zona. Aseguró igualmente que el FSLN busca ganar las elecciones tanto regionales como nacionales para devolverle el poder al pueblo.

Entre tanto, una delegación del Parlamento Centroamericano (Parlacen) llegará a esta capital el próximo 3 de marzo para observar los comicios regionales. Una nota de prensa del Parlacen difundida este viernes, informa de que la misión especial estará integrada por los diputados Héctor Lovo y César Navarro, de El Salvador; Raúl Pineda, de Honduras; Carlos Zelaya, de Guatemala; Rodolfo Arias, de Panamá; y Manuel Buichardo, de República Dominicana. El grupo estará acompañado en su desplazamiento por el Caribe por el diputado nicaragüense Silvio Mora, agrega la fuente.

Señala que la representación del Parlacen viajará el sábado 4 de marzo a las ciudades de Bluefields, capital del Caribe Sur, y Puerto Cabezas, capital del Caribe Norte, para visitar las distintas circunscripciones electorales y juntas receptoras de voto en su labor de observación. La delegación regresará a Guatemala, sede del Parlacen, el 6 de marzo para brindar un informe al organismo regional en las sesiones correspondientes al mes de marzo.

El Parlacen, agrega la nota, asigna una importancia significativa al proceso de las elecciones regionales en el caribe nicaragüense, porque considera que es parte del proceso de fortalecimiento de la integración centroamericana.

Centro Carter respalda organización electoral en el Caribe

Con fecha 23 de febrero, The Carter Center hizo circular el siguiente comunicado:

En respuesta a una invitación que los siete magistrados del Consejo Supremo Electoral le han extendido, el Centro Carter anuncia el próximo viaje de un pequeño contingente de observadores a las elecciones regionales de la Costa Caribe de Nicaragua durante los días 3-7 de marzo del 2006. Las elecciones de la Costa Atlántica son de crucial importancia para el fortalecimiento de la autonomía regional y portanto de la democracia, y su realización en condiciones de orden y plena participación es del interés de todos los nicaragüenses.

Con relación a las situaciones señaladas de nuestro primer comunicado emitido el 7 de febrero de 2006, El Centro Carter nota con satisfacción que el mismo 7 de febrero, se hizo eco en el Consejo Supremo Electoral para permitir que se votara sobre el cambio de nombre de una de las alianzas contendores en las elecciones, no obstante que algunos magistrados registraron su desacuerdo con la decisión tomada y la apelaron al nivel judicial. Asimismo, los magistrados del Consejo Supremo Electoral dieron un paso el día 9 de febrero al aclarar que los Artículos 41 y 116 de la Ley Electoral tienen plena vigencia en las elecciones regionales, sin que se hayan disipado todas las dudas sobre su forma de aplicación.

Pese a estos avances, El Centro Carter expresa su preocupación ante el sostenido impasse en el Consejo Supremo Electoral, en el que los siete magistrados no logran hacer quórum de forma de manera regular, a tal punto que una instancia de Poder Judicial recién ha fallado que el quórum se puede establecer con la incorporación de suplentes. Reiteramos que es responsabilidad de todos los magistrados cooperar y cumplir con su deber de sesionar, evitando así la necesidad de recurrir a otros Poderes de Estado para solventar sus problemas de funcionamiento.

Al margen de la reserva legal y constitucional que ha despertado la referida iniciativa judicial, El Centro observa que el consenso entre las máximas autoridades electorales de Nicaragua sigue siendo frágil a solamente una semana de las votaciones en la Costa Caribe, al mismo tiempo que importantes factores han sopesado la posibilidad de retirarse de la contienda. Estas situaciones no abonan a un proceso electoral ordenado.

En el marco de lo anteriormente expuesto, el Centro Carter felicita al Partido Liberal Constitucionalista por su decisión de mantenerse dentro del proceso e insta a cualquier otro partido que puede albergar dudas con respecto al proceso a hacer lo mismo. Por otra parte, instamos a las autoridades del Consejo Supremo Electoral a esforzarse al máximo para resolver cualquier remanente de duda sobre la plena y apropiada aplicación de los Artículos 41 y 116, instruyendo debidamente al personal electoral de mesa acerca de la forma de implementarlos.

Al mismo tiempo, exhortamos a todos los participantes –las autoridades electorales, los partidos y los grupos sociales en su conjunto– a hacer todo lo posible para que las elecciones regionales se lleven a cabo en orden y con la mayor participación de los ciudadanos. Retirarse del proceso intempestivamente, llamar a la abstención o crear problemas de funcionamiento para entorpecer la votación, no contribuirá a garantizar el respeto a sus derechos políticos que se merecen los ciudadanos de la Costa Atlántica, quienes aguardan ansiosamente el día 5 de marzo para ejercer su sufragio.

Jon D. Moor

Associate Director
Office of Public Information
The Carter Center
One Copenhill
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Ética y Transparencia propone reemplazo de magistrados del CSE

El grupo Ética y Transparencia propuso el reemplazo de los magistrados sandinistas y liberales que controlan el Consejo Supremo Electoral (CSE) para poner fin al "escalamiento de la zozobra" que provoca la configuración del tribunal.

Ética y Transparencia dijo esta propuesta a través de un comunicado que estos pasos deben darse antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

El Partido Liberal Constitucionalista denunció el lunes que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha abierto las puertas para que magistrados sandinistas puedan sustituir a sus colegas liberales cuando se ausenten en el CSE.

Los liberales alegan que la legislación establece que los magistrados electorales sólo pueden ser sustituidos por los suplentes que ellos mismos señalen y no por el presidente o el vicepresidente del organismo.

Ética y transparencia dijo que, "para evitar desde ya, el escalamiento de esta zozobra durante el próximo proceso electoral nacional, la Asamblea Nacional debe reemplazar, a todos los magistrados, así como reformar la Ley Electoral".

"La solución es política: Se debe reconocer que el actual CSE, solo goza de la confianza de un partido (el FSLN) y es cuestionado por los demás", agregó el comunicado

El vicepresidente del partido Liberal Wilfredo Navarro expresó que la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema "es inválida" por cuanto fue adoptada por un grupo de magistrados sandinistas que ignoraron a sus colegas liberales para tomar esa decisión.

Navarro anunció que pedirá al legislativo una interpretación auténtica del artículo de la ley que habla de los suplentes.

Pero el caso es que para aprobar esa interpretación se necesitan 56 votos de los 91 diputados que conforman el legislativo. Los liberales tienen 40 diputados, los sandinistas 38 y 13 independientes. Para reformar la Ley Electoral que tiene rango constitucional se necesitan 56 votos.

La crisis de la Corte Suprema de Justicia

El CSE no funciona desde hace semanas. Desde el lunes, tampoco la Asamblea Nacional, y desde el miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ), nones. Los magistrados de tendencia liberal de la CSJ acusaron este miércoles a sus colegas sandinistas de cometer "graves anomalías" en los procesos judiciales para favorecer los intereses de su partido. "Es algo alarmante que salga de esta Corte de Justicia una irreverencia hacia las leyes, por esa razón quiero por primera vez hacer pública mi insatisfacción" con esta situación, dijo el presidente de la CSJ, el magistrado liberal Manuel Martínez, en rueda de prensa.

La Corte es dirigida por ocho magistrados del PLC y ocho del FSLN que administran la justicia en el marco de un contubernio político que entró en crisis. No ha sido posible una reunión de corte plena en la Corte Suprema de Justicia. La excusa de este miércoles de los magistrados liberales fue una supuesta "brujería" que había en el salón, cuando alguien encontró un puro cruzado con un alfiler color morado.

El martes, por falta de quórum no se realizó la reunión extraordinaria de corte plena que había sido convocada por el presidente de la Corte. A la convocatoria del Presidente del Poder Judicial acudieron nada más siete magistrados con los cuales no se reúne el quórum de ley para una sesión de Corte Plena.

Martínez se refirió a una sentencia que los magistrados sandinistas de la Sala Constitucional de la Corte dictaron el lunes pasado, supuestamente de manera ilegal, para resolver el conflicto en el CSE) el cual también está contolado por ambos partidos. El fallo autoriza al organismo electoral a sustituir a los magistrados electorales del PLC por suplentes del FSLN, para resolver la parálisis provocada por la inasistencia de los liberales a las reuniones.

Los magistrados liberales se han negado a formar quórum para sesionar porque están en contra de un reglamento que permitirá votar en el Atlántico a las personas que no aparezcan en el padrón electoral de su circunscripción, porque, según ellos, eso alienta el fraude.

El PLC se opone además a que se haya autorizado al aspirante a la presidencia de la disidencia liberal, al banquero Eduardo Montealegre para participar en los comicios presidenciales de noviembre próximo, bajo la bandera de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).

Ante esta situación, los sandinistas recurrieron de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua para pedir que se autorice a sustituir a los magistrados ausentes con los magistrados suplentes. El recurso fue aceptado y elevado en tiempo récord a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el lunes autorizó la sustitución con el propósito de romper el bloqueo del CSE, lo que originó otro conflicto de intereses entre los jueces liberales y sandinistas del máximo tribunal. La Sala Constitucional emitió una cédula judicial en la que manda a reintegrar a los magistrados suplentes al quórum de ley

Al conocer la decisión de la Sala Constitucional de la Corte, fueron integrados los magistrados suplentes Marisol Castillo y Emiliano Herníquez, quedando superado –según el propio presidente Rivas- la parálisis que el Poder Electoral sufrió en momentos cruciales del proceso electoral regional del caribe nicaragüense.

Los liberales afirman que el fallo es ilegal porque debió ser ratificado por todos los magistrados de la Corte, puesto que era respuesta a un recurso de amparo de orden constitucional. Hay "graves anomalías cometidas por los magistrados de esa sala", manifestó el juez liberal Guillermo Selva.

Por su parte, los magistrados sandinistas aducen que quienes cayeron en la ilegalidad son los liberales por tratar de "secuestrar el expediente" para entorpecer el proceso. La pugna entre liberales y sandinistas en la Corte Suprema y el Tribunal Electoral surge en medio de la batalla que libran ambos partidos por ganar las elecciones regionales de la Costa Atlántica el 5 de marzo y las presidenciales de noviembre próximo.

La crisis en el CSE

Seis partidos políticos nacionales y dos de zonas indígenas se disputarán el 5 de marzo la elección de los 90 cargos de dirección, que integran los Consejos Regionales Autónomos del Atlántico Norte y Sur, que se realiza cada cuatro años en el marco de un régimen de autonomía. Los comicios serán decididos por 220.000 indígenas y mestizos mayores de 16 años de la Costa Atlántica, una de las regiones más pobres de Nicaragua, donde por primera vez dos fuerzas políticas emergentes –un movimiento disidente del sandinismo encabezado por Lewites y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN)– compiten contra los tradicionales PLC y FSLN.

El CSE enfrenta una crisis por conflictos políticos entre los magistrados, a pocos días de las elecciones regionales de la Costa Atlántica, que podrían complicar la realización de los comicios. Los roces son protagonizados por magistrados del PLC y del FSLN, que controlan desde hace seis años el CSE, en medio de fuertes discrepancias que suben de tono durante los procesos electorales.

El conflicto detonó nuevamente en enero pasado, cuando el CSE empezó a organizar las elecciones de nuevas autoridades que tendrán lugar el 5 de marzo en la Costa Atlántica, donde el PLC, el FSLN y grupos disidentes de ambos partidos medirán fuerzas de cara a los comicios presidenciales de noviembre próximo.

La pugna fue originada por los magistrados liberales, que se negaban a formar quórum para sesionar, alegando que sus colegas sandinistas pretenden alterar el padrón electoral, los procedimientos de votación y la ubicación de las Juntas Receptoras de Votos, para favorecer al FSLN.

El conflicto se agudizó el lunes cuando el presidente del CSE, Roberto Rivas, único miembro del organismo sin filiación política, sustituyó a los magistrados liberales con dos suplentes del FSLN, basado en una resolución emitida por jueces sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El fallo permite a los sandinistas controlar seis de los siete cargos directivos del CSE.

Eso significa que los sandinistas van a decidir "como se aplican las leyes, cuántos votos son válidos, cuántas impugnaciones no son válidas (y) quién ganó" las elecciones regionales, protestó el magistrado liberal José Marenco.

Por su lado el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) señaló que la resolución otorga al FSLN el control del Tribunal Electoral y deja indefensos a los otros grupos participantes. "Como quien dice, estamos motos (huérfanos), sin papá y sin mamá, porque ellos (los sandinistas ahora) tienen" el control del Poder Judicial y Electoral de Nicaragua, cuestionó el aspirante presidencial Herty Lewites.

El líder del FSLN, el ex presidente Daniel Ortega, desestimó las denuncias, y acusó al PLC y resto de partidos participantes de tratar de deslegitimar el trabajo del CSE por temor a perder las elecciones del Caribe. "Si el pueblo vota, significa que se siente seguro y avala. El gran avalador de las elecciones es el votante", defendió Ortega durante un acto público fuera de la capital.

El PLC amenazó con retirarse de las elecciones regionales. Según reveló el vocero, Leonel Téller, el partido que dirige el expresidente y ahora reo Arnoldo Alemán, analiza "la posibilidad de no participar en las elecciones regionales". La agrupación alega que el CSE ha sido fuertemente influido por el Frente Sandinista, que supuestamente organiza un fraude para en las elecciones caribeñas.

Tras 18 fallidas reuniones por falta de quórum ante la ausencia de los magistrados liberales Luis Benavides, José Marenco y René Herrera, el presidente Roberto Rivas convocó nuevamente a sesión. Rivas afirmó que en tanto no se integren los magistrados Benavides, Marenco y Herrera, sus puestos serán ocupados por los suplentes y así no se verá afectado el proceso electoral en marcha. Con los suplentes, este lunes se hizo elecciones internas. Los magistrados Rivas y Emett Lang Salmerón fueron reelectos como presidente y vicepresidente.

Además de la reelección de Lang y Rivas, el CSE decidió convocar oficialmente para las elecciones generales del 5 de noviembre; aprobó el proyecto de calendario y la notificación a los partidos; y autorizó la inclusión de una hoja a los materiales electorales donde se reproduzcan los artículos 41 y el 116 donde se deja claro que no se puede votar con testigos, entre otras.

PLC participará en elecciones regionales bajo protesta

El PLC anunció que participará en las elecciones regionales bajo protesta, a pesar que habían amenazado con retirarse de la contienda, debido a las irregularidades que existen en el CSE. EL PLC tuvo que retractarse porque de no participar en los comicios, perderían su personería jurídica, por mandato de ley.

Al respecto, el vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro aseguró este miércoles que su partido participará en los comicios regionales a realizarse el próximo cinco de marzo "a pesar de las múltiples irregularidades que se están cometiendo de parte del Consejo Electoral, que está controlado por el Frente Sandinista, según los liberales.

Entre los argumentos que sostiene Navarro están los obstáculos para la obtención de cédulas de parte de sus electores, así como el boicot que quiere hacer el Consejo Supremo Electoral a la aplicación del polémico artículo 41 y 116".

"Nosotros no confiamos en este CSE que ha sido tomado a la fuerza y militarizado por el Frente Sandinista pero la confianza y la garantía de nuestro triunfo en la Costa Atlántica va estar específicamente en la fortaleza de la supervisión de nuestros fiscales", dijo Navarro ante los medios.

El lunes, los liberales dijeron que evaluaban la posibilidad de retirarse de los comicios regionales, debido a que según ellos, los magistrados sandinistas junto al presidente de ese poder del Estado, Roberto Rivas, incurrieron en supuestas irregularidades en la impresión del manual Paso a Paso. En ese documento se instruye la aplicación del artículo 41 de la Ley Electoral que permite a los ciudadanos el voto con cédula en su circunscripción, aunque no aparezcan en el padrón, pero también se adierte a los directivos de cada Junta Receptora de Votos (JRV) que deben previamente verificar si el votante está en una lista oficial de quienes durante la verificación realizada en noviembre pasado, solicitaron su inclusión en otro centro de votación por cambio de domicilio.

Arnoldistas paralizan también Asamblea Nacional

El reciente fallo de la CSJ que supuso el destrabe formal en el CSE, extendió el conflicto hacia la Asamblea Nacional y al propio máximo tribunal de justicia.

Con la mayoría de sus diputados dedicados a la campaña electoral regional, el PLC mantiene trabada la discusión y aprobación de todas las leyes económicas y sociales, incluyendo el paquete de legislaciones exigidas a Nicaragua por el Fondo Monetario Internacional. A las sesiones sólo están asistiendo los diputados liberales de mayor edad y los discapacitados físicos, el resto hace campaña en el Caribe.

El diputado sandinista Bayardo Arce, dijo a La Primerísima que ésta ha sido una práctica cotidiana de Arnoldo Alemán cuando no controla algo, y recordó que anteriormente mantuvo sin presidente la Corte Suprema durante más de un año, que por igual período impidió la elección de los magistrados del Tribunal de Apelaciones, y ahora pretende sabotear el proceso electoral del Caribe.

Arce afirmó que la inactividad de la bancada liberal impide aprobar leyes importantes como de colegiación profesional, las complementarias del TLC y otras enviadas por el Ejecutivo.

La jefa de la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense- Partido Conservador, María Eugenia Sequeira, lamentó la decisión del PLC de paralizar la actividad legislativa en su empeño por afectar el proceso electoral en marcha. "Hay una lentitud horrible en el trabajo legislativo, y me pregunto cómo será en la víspera de las elecciones generales de Noviembre próximo", dijo la legisladora.

Este miércoles, la directiva incluyó en la agenda del día la presentación de una gran cantidad de solicitudes de personería jurídica, enviadas por organizaciones y sectas religiosas, las que fueron enviadas a la comisión de defensa y gobernación, donde siempre son autorizadas sin mayor consulta.

Sequeira afirmó que independientemente de los argumentos del PLC con relación a la organización de las elecciones regionales, la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador mantiene su disposición de llegar hasta el final, y consideró que el trabajo de campo que han realizado les asegura una buena posición en los consejos regionales.

Acusan a sandinistas de preparar fraude

El PLC y Lewites acusaron a la cúpula del Frente Sandinista de planear un fraude electoral en los comicios del próximo 5 de marzo en la región caribeña.

Lewites dijo que activistas sandinistas están "comprando" a candidatos a concejales en las regiones autónomas del Caribe norte y sur para que abandonen la contienda electoral. "Supimos que a varios candidatos que iban ganando (en las encuestas) les ofrecieron 25 mil córdobas (unos $1 mil 200) para que se retiren", afirmó.

Denunció que desde hace tres semanas los dirigentes del Frente Sandinista ofrecen dinero a los primeros candidatos de la Alianza Herty dos mil, para que abandonen sus postulaciones en los comicios regionales del próximo cinco de marzo en el caribe de Nicaragua. A dos candidatos de esta alianza en Waspán les ofrecieron 25 mil córdobas para que abandonaran sus aspiraciones de ser concejales, en beneficio de los candidatos sandinistas, dijo Lewites. Igualmente, añadió, se dio otro caso en Kukrahill.

Añadió que "el dinero en cantidad tienta a cualquier persona, más en las condiciones de miseria que vive el país, entonces lo que ha hecho el Frente Sandinista es comprar conciencias", manifestó Lewites. También dijo que no cree en el Consejo Supremo Electoral. El asunto es que si no participamos podríamos perder nuestra personería jurídica, así que participaremos. Lo que están hacienda éstos funcionarios es preparando un fraude electoral", aseguró.

Leonel Teller, portavoz liberal, afirmó que los sandinistas "están montando un fraude" y los acusan de haber ordenado el traslado de varias mesas electorales en las regiones caribeñas sin previo aviso, así como de girar instrucciones para que se permita el voto de personas no inscritas en el padrón.

"No creo que los liberales dejen de participar en los comicios regionales, porque además ellos no deben pensar solo en las elecciones de la Costa Atlántica, sino en las nacionales, que serán en noviembre", expresó Lewites.

Boletas electorales listas, serán enviadas en los próximos días al Atlántico

La fabricación de las 260 mil boletas electorales a utilizarse en las elecciones de la Costa Caribe del cinco de marzo próximo, concluyó la noche de este martes pese al intento de los magistrados liberales ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) por detener su impresión, apoyados en un incidente de nulidad absoluta e insubsanable que promovieron contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los magistrados liberales pretendían desconocer la resolución judicial que autorizó al CSE que incorporen magistrados suplentes para establecer el quórum de ley, del que resultó una resolución, que autoriza el cambio de nombre del Movimiento de Salvación Liberal (MSL) a Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).

El magistrado Roberto Rivas confirmó que sus colegas liberales Luis Benavides y Julio Osuna se incorporaron a la sesión ordinaria, tres horas después de interponer el incidente de nulidad, junto a sus correligionarios René Herrera y José Marenco, hecho que informaron durante la sesión de este martes, además de comentar que estaban convencidos que no prosperaría.

Rivas dijo que sus colegas liberales pretendían suspender la fabricación de las boletas electorales, al promover el incidente de nulidad, "lo cual no tenía nada que ver. Eso es una leguleyada de Silvio Américo Calderón; lo de las boletas es un recurso que interponen por el cambio de nombre del MSL a ALN, y se manda a suspender las boletas, pero es absurdo, porque hay un fallo de la CSJ en el caso de ALN. No tiene sentido", insistió

Simultáneamente, la fiscal del PLC, Ana Julia Balladares, se presentó a las instalaciones de Ardisa, portando una notificación de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), con intenciones de detener la elaboración de las boletas, sin embargo su actitud quedó en amagos, porque no logró intimidar al personal de la empresa. Balladares advirtió que Benavides llegaría a suspender la impresión de las boletas, cosa que tampoco ocurrió.

No obstante, la impresión sufrió un retraso de tres horas ante la espera de los representantes de los partidos regionales Yátama y Pamuc, para rubricar el documento de votación, pero en vista que no se presentaron, las autoridades del CSE ordenaron continuar el proceso.

Los fiscales del PLC, ALN y Frente Sandinista (FSLN), Martha Meza, Allan Real y Donald Juárez, respectivamente, se declararon satisfechos con las boletas, aunque expresaron inconformidad por el retraso ocasionado por sus colegas de los partidos costeños.

El gerente de Ardisa, Ricardo Cuadra, informó que las boletas contienen una barra de seguridad color morado al reverso, micro impresión que no puede observarse a simple vista y la data variable con el número de la circunscripción y de cada Junta Receptora de Votos (JRV).

Dos mil policías vigilarán las elecciones de la Costa Caribe

La Policía Nacional mantiene pleno control de las bandas de delincuentes que opera en la costa Cribe de Nicaragua, donde el próximo 5 de marzo se realizarán los comicios regionales, así que bajo la vigilancia permanente de los agentes policiales no se permitirá ningún tipo de acciones de parte de éstos grupos para que impidan el libre ejercicio del voto, expresó este martes el ministro de Gobernación, Julio Vega.

Vega dijo que para darle mayor seguridad a las elecciones regionales, dentro de poco días se trasladará un contingente de unos dos mil miembros de la policía anti motines de línea y voluntarios hacia las dos regiones del atlántico, por estar muy próximos los comicios regionales.

"En este momento los policías electorales, de un total de 812, reciben cursos de capacitación para tratar que las elecciones se desarrollen de la mejor manera posible", aseguro el ministro de Gobernación.

Dijo que recientemente la policía ha desarticulado a varias bandas delincuenciales tanto en el Atlántico Sur como en el Norte, por lo que "no esperamos el accionar de éstos grupos, durante las elecciones de la costa Caribe", insistió en señalar Julio Vega.

Aunque aún hay un déficit de 440 mil córdobas de parte del Poder Electoral, Vega dijo que en esta semana entregarán el dinero para el buen funcionamiento de los comicios regionales.

Liberales piden renuncia de magistrado sandinista Emmet Lang

El PLC exigió la "renuncia inmediata" del vicepresidente del Consejo Supremo Electoral Emmet Lang porque estaría utilizando bienes del Estado para hacer campaña a favor del Frente Sandinista. Teller, explicó que el nombre del magistrado Lang apareció mencionado en un documento del FSLN en calidad de miembro del equipo de campaña del partido rojinegro para los comicios regionales de la Costa Caribe en marzo próximo.

Los liberales alegaron que el magistrado Lang, maneja información del poder electoral que suministra al FSLN. Teller agregó en rueda de prensa, que Lang violentó un artículo de la ley electoral que sanciona con arresto inconmutable de 1 a 2 años, "al que usare bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política".

En el documento citado por el PLC y que fue publicado esta semana por Rosario Murillo, esposa del líder sandinista Daniel Ortega, aparece también como integrante del mismo equipo de campaña el magistrado sandinista Rafael Solís, actual vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero Ortega desautorizó el documento el viernes diciendo a los periodistas que "ni Lang ni Solís forman parte de la estructura de campaña del FSLN y eso lo quiero dejar claro".


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