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«Poder Popular»

None | 12 de Abril de 2006 a las 00:00

Asoma represión contra manifestantes

Un día después de que millones salieran a las calles en decenas de ciudades de EU para exigir una reforma migratoria, ayer se manifestaron los primeros síntomas de represión contra migrantes.

Al menos 21 trabajadores mexicanos han sido despedidos de una planta de empaque de carnes en el estado de Detroit (EU) por no acudir a su trabajo para sumarse a las manifestaciones de inmigrantes en semanas recientes, informó The New York Times. "Un portavoz de la firma Wolverine Packing dijo que a los empleados se les dijo que pidieran permiso antes de faltar a su trabajo", señaló el periódico.

"Minerva Ramírez, una mexicana que ha trabajado en Wolverine casi seis años, dijo que pidieron permiso", agregó el matutino. Los trabajadores, según el Times, "fueron despedidos el 28 de marzo, un día después de participar en una manifestación que, según la policía, congregó a más de 20 mil personas".

Jay Bonahoom, gerente de Wolverine Packing, indicó que sólo un pequeño grupo de los 350 empleados en las tres plantas de la firma en el área de Detroit pidió permiso para ir a la manifestación, y se les autorizó a ello. "Pero si un gran número de empleados falta al trabajo en un día determinado, no podemos atender a nuestros clientes y esto pone todos nuestros empleos en peligro", añadió.

Edith Castillo, directora ejecutiva de Latinoamericanos para el Desarrollo Social y Económico, una agencia de servicios sociales en Detroit, dijo al Times que conocía el caso de otros trabajadores que también fueron despedidos en otras dos empresas por igual motivo.

Otras acciones de represalias

En las montañas fronterizas de San Diego, un grupo de desconocidos intentó incendiar el lunes un restaurante mexicano, en represalia por el Día Nacional de Acción por la Justicia a los Migrantes. En Detroit, 21 inmigrantes mexicanos fueron despedidas por participar en una marcha promigrante el 27 de marzo. Además, un locutor de un programa de radio que se transmite en varias ciudades de EU, exhortó al público a quemar banderas de México en rechazo a los indocumentados.

El jefe de Investigaciones de Incendios del Departamento del Alguacil de Condado de San Diego, sargento Conrad Grayson, dijo que el atentado en San Diego "es una forma de contraprotesta por las marchas" de latinos y activistas proinmigrantes.

La propietaria de El Mariachi Mexican Bar and Grill, Lailani Ontiveros, dijo que recibió amenazas telefónicas en las horas en que se desarrollaban las marchas proinmigrantes en más de 60 ciudades de EU.

"Este es un acto provocado en respuesta a las marchas de protesta; la versión oficial la tendremos al detener a los responsables. Por ahora, puedo apostar, es un delito por represalia", dijo el sargento Grayson.

En Detroit, Michigan, el cónsul de México en esa ciudad, Miguel Meza Estrada, señaló respecto a las mexicanas despedidas por acudir a una marcha; "Estamos en la etapa de recopilación de información y una vez con todo, procederemos a sentarnos a negociar con la compañía (empacadora Wolvering Packing)".

La empresa sostiene que las 21 empleadas, todas mexicanas y algunas de ellas indocumentadas, fueron avisadas de que su presencia a trabajar el día de la marcha, el 27 de marzo, era indispensable, o de lo contrario perderían su empleo.

Además del Consulado, activistas en Michigan quieren también reinstalarlas en sus labores.

En este marco, el locutor Savage, también en respuesta a las multitudinarias marchas, dijo: "Quemen una bandera mexicana por EU, por aquellos que murieron para que tengamos nacionalidad y soberanía, vayan a las calles y muestren que son hombres".

Mientras tanto, los dos líderes republicanos en el Legislativo dijeron ayer que buscan pasar una ley de inmigración que no considere delito grave la inmigración ilegal.

Un documento escrito por el líder republicano de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, y por el dirigente de la mayoría en el Senado, Bill Frist, no mencionaba si buscarían una legislación que considere la inmigración ilegal un delito menor o una falta que podría ser castigada con una sanción civil, como una multa.

"Sigue siendo nuestra intención el generar una iniciativa sólida de seguridad fronteriza que no considere un delito grave la presencia ilegal de alguien en Estados Unidos´", escribieron Hastert, de Illinois, y Frist, de Tennessee.

Unos 12 millones de hombres, mujeres y niños están ilegalmente en el país. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó a finales del año pasado una legislación que se limita en general a medidas de seguridad fronteriza. Hace de los inmigrantes ilegales sujetos a un proceso por delito grave.

Los esfuerzos del Senado por lograr una iniciativa más amplia -que abarque seguridad fronteriza, un programa de trabajadores huéspedes y una vía para que muchos de los 12 millones de indocumentados adquieran la ciudadanía-, están estancados, y los legisladores entraron en un receso de dos semanas.

La fuerza de los latinos

Los hispanos en Estados Unidos, primera minoría del país con más de 40 millones de personas, afirmaron su fuerza en multitudinarias protestas de costa a costa que hicieron perder el miedo a los indocumentados de manifestar en reclamo de su legalización. Sin embargo, aún es demasiado pronto para saber si el enojo y la esperanza de los cientos de miles de manifestantes que inundaron las calles de ciudades grandes y pequeñas del país se traducirá en las urnas, advierten algunos analistas.

Por primera vez en la historia de Estados Unidos, la comunidad hispana se unió masivamente a nivel nacional para reclamar al Congreso la aprobación de una reforma migratoria que legalice a los 12 millones de indocumentados que se estima que residen en el país, así como para protestar contra un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que los convertiría en delincuentes.

"Este es un momento histórico que tiene el potencial de cambiar la tela política de este país", dijo a la AFP Erica Bernal, portavoz de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) en Los Ángeles.

"Nos gusta pensar que las marchas seguirán en los próximos meses y que culminarán el día de la elección en las urnas", añadió. Joshua Hoyt, director de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois, aseguró desde Chicago que las movilizaciones han creado "un movimiento nacional de justicia para los inmigrantes, es la lucha de derechos civiles de nuestra generación. Los partidos políticos tienen que entender que esto es algo que no va a desaparecer, se está politizando, y si no hay una reforma (migratoria que implique una legalización) habrán repercusiones políticas", advirtió.

"Tengo un mensaje para todos los políticos en el Congreso y (...) para nuestro presidente. ¡Hoy marchamos, mañana votamos!", exclamó Jaime Contreras, presidente de la Coalición Nacional de Inmigración que juntó a más de 100.000 personas el lunes en Washington, haciéndose eco del estribillo que los manifestantes repiten sin cesar.

Pero según Louis DeSipio, profesor de estudios latinos y chicanos en la Universidad de California en Irvine, el efecto real del poder latino se verá recién en las elecciones de 2008, 2012 o incluso más allá, y no en las legislativas que tendrán lugar en noviembre.

"Para tener influencia política a largo plazo los líderes de este movimiento necesitan traducir el enojo y la esperanza que la gente está expresando en la calle a un conjunto concreto de propuestas de cambio", sostuvo.

"También necesitan ayudar a los residentes permanentes, que están aquí legalmente y son parte de las multitudes, a convertirse en ciudadanos estadounidenses, y necesitan convertir a ciudadanos estadounidenses jóvenes (de origen hispano) en votantes", añadió.

Los hispanos, el sector de la población estadounidense de más rápido crecimiento, representaron un récord de 6% de los sufragios de las presidenciales de 2004 (entre 7 y 9,6 millones de electores), contra 5,5% cuatro años antes.

Las manifestaciones han sacado de las sombras a millones de indocumentados que ahora no temen exponerse públicamente para reclamar la legalización.

Según DeSipio, la pérdida del miedo se debe a las pasiones generadas por el draconiano proyecto de ley aprobado por la Cámara baja, que prevé la construcción de un muro de más de 1.000 km en la frontera con México y la penalización de quienes ayuden o contraten a extranjeros sin papeles.

"También se debe al calificado liderazgo y a los esfuerzos de informar a la gente de su derecho a protestar", añadió.

Bernal estimó que los indocumentados se han volcado a las calles por "el deseo de tener una voz". "Están dispuestos a arriesgarse" a ser expulsados para protestar contra "algo que afecta su estabilidad y la de sus familias", indicó.


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