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Otro resultado del pacto Bolaños-Ortega

None | 9 de Diciembre de 2005 a las 00:00

El fallo favorece a los ministros de Gobernación Julio Vega; Educación Miguel García; Agricultura, Mario Salvo; del Ambiente Arturo Harding; a los viceministros Fausto Carcabelos, Leonardo Somarriba y dos directores de entidades públicas, Vilma León y David Robleto.

Estos funcionarios fueron acusados hace tres años por la Fiscalía de manejar cuentas bancarias no autorizadas por el Consejo Supremo Electoral (CSE) para financiar de manera ilegal la campaña de elecciones legislativas y presidenciales del 2001.

La acusación involucró al presidente Bolaños, quien no fue procesado debido a que el Congreso rechazó en octubre pasado levantar su inmunidad, tras un prolongado conflicto con sus opositores políticos liberales y sandinistas del Parlamento, que amenazaron en repetidas ocasiones con llevarlo ante la justicia.

Las partes acordaron sin embargo a poner fin a la pugna y a promover un clima de estabilidad política que permita al mandatario concluir sin sobresaltos su mandato, en enero del 2007, el cual evidentemente incluyó el compromiso de la oposición de desistir de los procesos judiciales.

El juez también liberó de culpa a la ex ministra de Salud, Mariángeles Argüello y al político Alejandro Ríos que también fueron acusados por los ilícitos.

Todos los favorecidos con la sentencia de Rojas, a excepción de Vilma Rosa León York que no goza de inmunidad, habían sido despojados del fuero por el Parlamento que controlan diputados del PLC y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a finales de septiembre en medio de una profunda crisis institucional.

El juicio por delitos electorales involucró a más de 30 personas, entre las que figura Alemán. También fueron acusados varios dirigentes de la agrupación derechista, cuya situación aun no ha sido resuelta por el juez Rojas, del partido sandinista. Entre otros están el primer vicepresidente del Parlamento, Wilfredo Navarro, el presidente del PLC Jorge Castillo Quant, al magistrado del poder electoral, René Herrera y al ex vicepresidente de Nicaragua, Leopoldo Navarro.

El fiscal General, Julio Centeno dijo este viernes que "nos parece que se está abriendo en Nicaragua un momento de distensión (por eso) vamos a presentar de inmediato un escrito al juzgado, donde pedimos que la misma decisión que se dio para los funcionarios de gobierno se tome con respecto a las otras personas que están involucradas", anunció Centeno.

La petición será presentada ante el juez Primero del Crimen de Managua, David Rojas, que conduce el proceso por delitos electorales que la Fiscalía promovió hace tres años contra más de 30 políticos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), por financiar la campaña electoral del 2001 con dinero ilegal.

Centeno agregó que no apelará la sentencia del juez Rojas, y que solicitará que el beneficio se extienda al resto "de personas involucradas en esto que tienen tanto mérito o más para ser favorecidos con un sobreseimiento definitivo", porque su responsabilidad en los ilícitos, a su juicio, fue menor.

Al respecto, el vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro, criticó la decisión del juez de liberar a los ministros y funcionarios de Gobierno y mantener abierto el proceso contra los políticos liberales.

Navarro atribuyó la medida al Frente Sandinista, que dirige el secretario del partido, Daniel Ortega Saavedra, al que acusó de usar su influencia sobre la justicia para chantajear y debilitar al PLC de cara a los comicios presidenciales del 2006.

"Ortega ya no tiene interés en (chantajear a los) funcionarios del Gobierno de Bolaños, pero sí cree que puede chantajear al PLC y sus dirigentes, y por eso los deja sujetos a la voluntad de este juez que responde a los intereses de Ortega", sostuvo Navarro.


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