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Evo cumple su palabra y rebaja megasalarios

None | 26 de Enero de 2006 a las 00:00

La disminución afecta a ministros, viceministros y directores generales de los 16 ministerios del ejecutivo. El salario mínimo vigente en Bolivia es de 440 bolivianos (55 dólares) y el ingreso anual per cápita 940 dólares. El ahorro que generará la disminución salarial del personal jerárquico de la administración pública se destinará, según Morales, a crear 1,500 nuevos puestos de trabajo en los sectores de salud y educación, aún insuficientes para cubrir los 6,000 que se requieren.

Igualmente, el Presidente Morales recordó que en el Congreso Nacional, la bancada de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS) propondrá la reducción de los salarios parlamentarios a la mitad. De darse esta medida, los legisladores ganarían mil dólares.

"Les pido comprensión y esfuerzo para atender esta demanda, no por Evo sino por el pueblo", declaró el mandatario en una breve conferencia de prensa al cabo de ocho horas de reunión con su gabinete de ministros. "Hemos decidido con mucha convicción ganar 15 mil bolivianos, es decir, la rebaja es de 57 por ciento, no sólo de 50 como habíamos prometido", indicó Morales en Palacio Quemado.

Los 16 ministros del gabinete de Morales ganarán 14 mil bolivianos (1.750 dólares). En anteriores administraciones, el sueldo de un secretario de Estado era de 24,850 bolivianos (3,106 dólares). Viceministros y directores generales igualmente verán reducidos sus salarios en 50 por ciento.

Evo Morales se convierte de esta manera en uno de los Presidentes con peor paga de la región, junto al argentino Néstor Kirchner, quien obtendría 977 dólares. El gobernante peruano Alejandro Toledo, sería uno de los mandatarios con mayor remuneración, alcanzando los 18 mil dólares. El presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, tiene ingresos superiores a los 12,000 dólares entre sueldo y otros estipendios.

Designa embajador en EEUU

El activista de derechos humanos Sacha Llorenti fue nombrado este jueves el nuevo embajador en Estados Unidos, en lo que se perfila como el inicio de una etapa en la que La Paz espera incrementar la cooperación con Washington "en aspectos de interés compartido".

Llorenti recibió la tarea de gestionar la extradición del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció en octubre de 2003 en medio de una revuelta popular, así como de impulsar los acuerdos económicos y de la lucha antidrogas.

El canciller, David Choquehuanca, dijo que el gobierno preservará "las buenas relaciones con Estados Unidos". El gobierno boliviano desea aumentar la cooperación con EEUU en la lucha antidrogas y fomentar las relaciones comerciales bilaterales, informó Choquehuanca.

La administración del presidente socialista Evo Morales "tendrá relaciones francas, horizontales y respetuosas con todos los gobiernos del mundo", reiteró Choquehanca en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz para presentar al embajador Llorenti.

En el caso de EEUU "incrementaremos la cooperación en aspectos de interés compartido como son la lucha contra el narcotráfico, la profundización del sistema democrático y la ampliación del acceso a los mercados estadounidenses", anotó.

Por su parte, Llorenti indicó que cuando asuma el cargo va a "trabajar para que Bolivia y Estados Unidos suscribamos un pacto, un convenio, un acuerdo, para erradicar el narcotráfico de nuestro país. "El presidente (Morales) lo ha dicho claramente, se va a trabajar para que exista cocaína cero", agregó este activista de Derechos Humanos, de 33 años.

El combate a esta lacra es uno de los principales puntos de discordia entre el gobernante boliviano y EEUU, por el anuncio del mandatario boliviano, líder de los campesinos productores de hoja de coca del país, de despenalizar el cultivo de esta planta. En los Andes, esta planta es usada por la población indígena con fines medicinales, alimenticios y rituales desde antes de la colonia española.

Además, Llorenti indicó que en su gestión intentará profundizar las relaciones económicas bilaterales, garantizar los mercados existentes y promover la búsqueda de nuevos, así como diversificar las exportaciones al país norteamericano. "Que nuestros empresarios y microempresarios, que nuestros trabajadores estén tranquilos", indicó al anunciar su intención de trabajar "para consolidar buenos negocios para Bolivia".

Llorenti ratificó, además, el anuncio realizado el miércoles pasado por Morales, quien pidió a las autoridades de Ecuador y Colombia una "reunión urgente" para discutir de forma conjunta sobre la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que Perú ya ha concretado.

La extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien ha sido acusado de genocidio por los 60 muertos y 142 heridos registrados en una ola de protestas que derivó en su renuncia el 17 de octubre de 2003, será otra de las metas de Llorenti.

El nuevo jefe de la legación diplomática boliviana en Washington aclaró que las gestiones que realizará en este campo serán "en el marco de un máximo respeto a las normas del derecho internacional, a las instituciones y a la legislación norteamericana".

Bolivia anuncia que empezará a recuperar sus refinerías

El nuevo presidente de la compañía estatal de petróleo de Bolivia (YPFB), Jorge Alvarado anunció un plan de recuperación de dos refinerías de hidrocarburos en manos de la brasileña Petrobrás y una veintena de estaciones de servicio, en momentos en que la española Repsol pide al flamante presidente Evo Morales claridad jurídica para seguir invirtiendo en Bolivia.

"Ese va ser el primer paso para relanzar la empresa", proclamó el ministro Alvarado. La administración Morales anunció la recompra de las plantas de Valle Hermoso (centro) y Palmasola (este) que, según el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz, tienen actualmente un valor de mercado de 200 millones de dólares.

Alvarado, ex técnico de la estatal petrolera YPFB en la década de los 70, dijo haber puesto ya manos a la obra en el "rescate" de las plantas. Dirigente socialista cercano a Morales, Alvarado se dijo resuelto a restituir a YPFB, en estado residual hace poco menos de una década cuando fue privatizada, a la cadena de producción internacional.

"Esa función había sido prohibida por la ley (que promulgó el derrocado presidente derechista Gonzalo) Sánchez de Lozada y a YPFB se le encomendó simplemente labores de fiscalización y hasta eso cumplía mal", lamentó.

Este ingeniero geólogo anunció que potenciará la empresa estatal en un término de dos años. "Sería aventurero decir una cifra de cuánto se necesita para reconstruir YPFB, para que pueda ser una empresa al nivel de Petrobrás o PDVSA (de Venezuela), pero sí existe la plena voluntad para que nosotros logremos ese objetivo", comentó.

Los anuncios en la política de hidrocarburos boliviana, junto a iniciativas venezolanas y argentinas en el sector, han tenido un primer impacto drásticamente negativo para el primer grupo petrolero español, Repsol-YPF, que el jueves redujo en un 25% sus reservas probadas.

"Es un trago duro" para el grupo, admitió el jueves en Madrid su presidente, Antonio Brufau, quien se mostró confiado en que "el impacto en cuenta de resultados debería ser relativamente moderado, de unos 170-180 millones de euros (unos 200 millones de dólares)" en los resultados de 2006.

"Le decimos al presidente Morales que queremos seguir invirtiendo en Bolivia a largo plazo", pero "necesitamos un esclarecimiento de las reglas", dijo Brufau. Repsol YPF es el séptimo productor mundial de hidrocarburos y está fuertemente implantado en América Latina.

Por su parte el grupo británico BG-Group anunció que seguirá aplazando sus inversiones en Bolivia en razón de las incertidumbres en la legislación de hidrocarburos.

La nueva ley de hidrocarburos incrementó los impuestos y regalías a 50% de la producción y restituyó la propiedad del Estado en punto de producción.

La riqueza gasífera se encuentra bajo el control de veinte compañías extranjeras que, de acuerdo con la ley promulgada en mayo pasado deben negociar sus contratos de concesión de un régimen de riesgo compartido, que rigió entre 1997 y mayo pasado, a otro de producción compartida.

Alvarado y el ministro de petróleos Soliz, calificados de "radicales" en sus visiones sobre el futuro de la industria petrolera en Bolivia, anunciaron asimismo el comienzo de las tratativas con las compañías transnacionales que operan en el país.

"Nos hemos reunido con Petrobrás, con el presidente Luis Inacio Lula da Silva, con los representantes de Total (de Francia), aquí en Bolivia, quienes nos han manifestado que están dispuestos a firmar nuevos contratos bajo las reglas que defina el Estado boliviano", adelantó el flamante titular de YPFB.

El mandatario boliviano defendió a sus colaboradores, a quienes definió como "insobornables" ante cualquier poder extranjero y que tienen la responsabilidad de "salvar al país recuperando este recurso natural".


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