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En agosto regirá ley antimigrantes en Costa Rica

None | 11 de Diciembre de 2005 a las 00:00

La Ley fue impulsada por el Ejecutivo, con el argumento de que permitirá mejorar la seguridad ciudadana, reducir la explotación de inmigrantes y ejercer un mejor control sobre la recaudación de las cuotas de la seguridad social.

Pero estos argumentos son poco convincentes para numerosos críticos, entre los que se incluyen académicos, líderes de sectores sociales, la Iglesia Católica y fuerzas políticas.

Por ejemplo, el aspirante presidencial liberacionista, Óscar Arias –a quien las encuestas otorgan la mayor intención de votos para los comicios de febrero– había pedido al presidente, Abel Pacheco, que frenara la normativa porque haría a la Policía nacional comportarse como una Gestapo (policía secreta del Estado en el régimen de Adolfo Hitler).

"Con esa legislación se puede abusar, deportando a inmigrantes ilegales porque no anden con sus papeles al día", dijo Arias en octubre. Él cree que la Ley enfrentará numerosos recursos de amparo. Habló también de la posibilidad de cambiar la legislación, pero eso dependerá de la cantidad de diputados que logre el PLN.

Los obispos, la Comisión Nacional de Rectores (Conare) y la Defensoría de los Habitantes se opusieron a esa iniciativa. Señalan que es un error dejar que la ley "criminalice" al inmigrante solo por carecer de documentos que legalicen su estadía en el país.

Para el ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, la proximidad de las elecciones no es obstáculo pues una ley debe cumplirse o modificarse, pero no quebrantarse. "Si no están de acuerdo, tendrán que cambiarla", dijo Ramos, quien agregó que ocho meses son poco tiempo para hacer los ajustes que requiere la vigencia de la nueva Ley.

Entre ellos está un proyecto de presupuesto en el que la Dirección de Migración y Extranjería deberá incluir los rubros de logística, equipo y personal. También deben ser creados reglamentos e instaurar procesos de compra, con aprobación de la Asamblea Legislativa.

Lo que dice la Ley

"Coyotes". Cárcel hasta por seis años a quienes trasladen indocumentados, los oculten o alojen. Si participa un funcionario público o menor de edad, la pena se incrementa en dos años.

Contratar ilegales. Se sanciona con multa de dos a 12 salarios base (entre ¢368.000 y ¢2,2 millones o entre 740 y 4,400 dólares) a personas y empresas que den trabajo a indocumentados.

Cerrado el paso. Se rechazará a condenados por delitos sexuales, explotación de menores, homicidio, genocidio, evasión fiscal y tráficos ilegales. También a quien tenga antecedentes en los últimos 10 años por tales delitos.


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