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Febrero será un mes de luchas sociales

None | 28 de Enero de 2006 a las 00:00

El secretario General de Fetsalud y diputado sandinista Gustavo Porras, explicó que las protestas se desarrollarán en cuatro etapas: en la primera semana realizaran plantones frente a los centros hospitalarios, en la segunda semana las protestas serán frente a los organismos internacionales y en la tercera semana los trabajadores de la salud se movilizarán a los barrios y departamentos del país para sensibilizar a la población.

La huelga de FETSALUD se agudizaría en la cuarta semana, es decir después del 17 de febrero, fecha en que promete una gran marcha nacional con todas las federaciones de trabajadores de la salud, las cuales según Porras, suman unos 22 mil afiliados. Asimismo, amenazan con cerrar las áreas privadas de los hospitales públicos a partir de la cuarta semana de protesta.

Lo que demandan los trabajadores agrupados a Fetsalud es un ajuste salarial del 48 por ciento negociable, agilizar las negociaciones del Convenio Colectivo y el cierre de las áreas privadas de los hospitales públicos. También pide una política salarial para el sector salud, que se eliminen los cobros que se hacen en los hospitales estatales a las personas que demandan atención médica y la firma de un convenio colectivo de trabajo con el Ministerio de Salud. Adicionalmente, reclamar 50 millones de córdobas (2,9 millones de dólares) para comprar más medicinas para los hospitales.

También los buseros y los maestros anuncian protestas para el 6 de febrero. Los transportistas piden subsidio o incremento de la tarifa de transporte urbano colectivo y los maestros, el desembolso del dinero para asegurar el incremento salarial otorgado el año pasado por el gobierno.

Dirigentes de Fetsalud advirtieron de que si su lucha en las calles no da resultados antes del 17 de febrero, entonces cerrarán ciertos servicios privados que brindan los hospitales estatales. Agregaron que está previsto que el 17 de febrero realizarán una marcha nacional en Managua.

La divulgación del plan de lucha de Fetsalud se produce cuando los 32 hospitales estatales del país han resultado afectados por la huelga de más de 3.000 médicos afiliados a la Federación de Médicos Pro-Salarios, que demandan aumentos de sueldos del 70 por ciento. La huelga de los médicos, que comenzó el 14 de noviembre pasado, se radicalizó hace 10 días y continúa sin solución, mientras se deterioran los servicios de atención en los hospitales.

Los médicos Pro Salario advirtieron este viernes al gobierno que si no se les responde pronto a sus demandas cerrarán totalmente los hospitales públicos del país. Además anunciaron que realizarán protestas en las principales avenidas de la capital, como la del jueves, a partir de la próxima semana, por el rechazo del Ejecutivo de llegar a un acuerdo sobre las exigencias del sector.

Los médicos, que exigían un 70 por ciento de salario para este año habían accedido a una reducción de sus demandas salariales en hasta un 35 por ciento, además de un seguro de vida y otros beneficios, pero el Gobierno dice que no tiene los recursos para ello.

Fuentes oficiales informaron este sábado de que, por ejemplo, en el hospital Lenin Fonseca de Managua normalmente trabajan 240 médicos, pero por la huelga sólo 18 atienden a pacientes graves en las salas de emergencia y de cuidados intensivos. Agregaron que tampoco se dan consultas externas ni se atienden cirugías programadas.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua instó el miércoles a las partes involucradas en esta huelga a agotar los medios posibles de diálogo para llegar a un acuerdo urgente. Los obispos reconocieron que es un derecho de toda persona hacer reclamos justos, pero que habrá que tomar en cuenta cuándo estas demandas "influyen directamente a terceros, como es el caso de los enfermos y personas pobres que llegan a nuestros hospitales en busca de auxilio y ayuda médica".

La versión del Ejecutivo es que la propuesta de los médicos se sale de los montos establecidos en el Presupuesto pactado con los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mientras las partes mantienen negociaciones con las autoridades, la Asociación Médica Nicaragüense (AMN) manifestó en un comunicado su preocupación "por la profundización de la huelga, la posible incorporación de otros trabajadores de la salud y el resto de médicos del sector público y privado. Ante esta realidad, llamamos a la reflexión a todas las partes para que pongan su mejor voluntad para encontrar una salida negociada y decorosa a la actual huelga", agregó la nota.

El jueves se dio a conocer una denuncia sobre la muerte de un bebé de solo tres meses que supuestamente falleció por falta de atención médica debido a que los galenos del hospital infantil La Macota, se encuentran en huelga. El bebé murió la noche del miércoles cuando regresaba junto a su madre al barrio Villa Bayardo.

La madre del niño, una adolescente de 14 años, declaró que llegó hasta el centro médico y que le negaron la atención porque estaban en huelga. "Llegué para que le dieran atención, pero me dijeron que estaban en huelga", agregó llorando la adolescente madre.

Esa versión fue negada rotundamente por los médicos del hospital infantil, quienes señalaron que el bebé falleció como consecuencia del descuido de la madre. "Lo que pudimos ver es que hubo negligencia en el cuidado del niño de parte de la madre", dijo el dirigente de la Federación Médica de "La Mascota", Carlos Duarte. "No es culpa de la huelga esto, sino pues que le hagan una autopsia al cadáver del bebé para que se determine eso", agregó el galeno.

Pero el director del hospital La Mascota, Roberto Jirón, dijo el viernes que el menor, afectado de neumonía, nunca fue llevado de nuevo a ese centro médico luego de ser dado de alta el 24 de noviembre. Agregó, sin embargo, que un comité nombrado por el MINSA, investigará el caso más a fondo.

La ministra de Salud, Margarita Gurdián, dijo que no podía ni confirmar, ni negar, la versión de los familiares del bebé de que murió a consecuencia de una neumonía porque le negaron atención en el hospital infantil "La Mascota" de Managua. Pero Gurdián confirmó que autoridades del MINSA investigan la muerte del bebé. Gurdián solo indicó que han pedido una investigación exhaustiva del caso y que esperará los resultados de la misma para determinar si ordena una auditoría médica.

El caso de los buseros

Este viernes comenzó a correr el plazo dado por los transportistas al gobierno para que se les conceda un subsidio de 20 millones de córdobas mensuales (1,5 millones de dólares). En caso contrario, los buseros advirtieron que a partir del 6 de febrero próximo paralizarán el transporte público en esta capital y en los municipios aledaños de El Crucero y Ciudad Sandino.

No podemos pasar todo el año esperando una respuesta del ministro de Hacienda, ni del Presidente, ni del Alcalde de Managua, expresó la víspera el presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Urbano, Rafael Quinto. De acuerdo con Quinto, el 80 por ciento de lo que consumen los transportistas depende de los precios del petróleo, cuyo incremento en los últimos tiempos, afirma, es la razón principal de su demanda de subsidio.

El gremio alega que desde hace tres años mantienen cobrando 2.50 córdobas (15 centavos de dólar) por el pasaje, lo que les genera pérdidas de casi cinco centavos de dólar por pasajero. Las quejas de los transportistas en cuanto a las pérdidas es respaldada por el Instituto Regulador del Transporte de Managua (IRTRANMA), el cual reconoció que el costo real es de 3.46 córdobas (unos 20 centavos de dólar).

IRTRANMA, sin embargo, se niega a autorizarles un aumento del precio del pasaje, extremo al que los "buseros" aseguran tampoco quieren llegar para no afectar a la población de bajos ingresos, sus principales clientes.

Quinto descartó igualmente que sus demandas tengan algún tinte político o formen parte de una estrategia para desestabilizar el país, que sufre desde hace dos meses una huelga médica y tiene a las puertas un paro escalonado de los maestros.

Empleados judiciales a la huelga el lunes

Trabajadores de los tribunales de justicia de Managua realizarán una huelga de brazos caídos el lunes y martes de la próxima semana, en demanda de aumentos de sueldos.

La medida la acordaron los trabajadores de los juzgados de esta capital en una asamblea celebrada el viernes, porque autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde hace un mes no les han respondido nada a sus peticiones.

En diciembre pasado dirigentes de los empleados judiciales consensuaron con representantes de la CSJ un aumento de sueldo, por un porcentaje que no precisaron. Pero los empleados decidieron concretar la huelga de brazos caídos tomando en cuenta que un mes después no han recibido ningún tipo de aumento de sueldos, de reajuste ni nivelación de salarios.

Voceros sindicales dijeron que si el martes próximo las autoridades de la CSJ no satisfacen sus demandas socio-económicas, el miércoles los 2.000 empleados judiciales harán movilizaciones en distintas ciudades del país. Las fuentes afirmaron que a esta movilización han confirmado que se sumarán trabajadores de los juzgados de ciudades del occidente, sur y centro del país.

Proponen otra vez reducir megasalarios

El doctor Porras anunció este viernes que impulsará un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que contempla la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos para satisfacer las demandas de los sectores sociales. "Sería algo similar a lo que acaba de hacer Evo Morales en Bolivia", explicó Porras, quien también preside la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD), en declaraciones.

El sindicalista apuntó que la legislación fijaría un techo salarial de dos mil 500 dólares mensuales para el Presidente de la República, quien devengaría el sueldo más alto de un funcionario público en el país. "De ahí en adelante, ningún otro funcionario, sea ministro, asesor o diputado puede ganar más", agregó Porras, quien aseguró que la medida permitiría ahorrar 200 millones de córdobas (cerca de 12 millones de dólares).

De acuerdo con el legislador, con esa cantidad se podrían atender las demandas de los sectores de la salud y el magisterio, cuyos reclamos de aumentos salariales son desoídos por el gobierno, al argumentar que carece de fondos.

Tras acusar al gobierno del presidente Enrique Bolaños de carecer de voluntad política para resolver la situación, Porras llamó a la población a apoyar las demandas de los sectores sociales. El diputado contrastó el presupuesto entregado este año al Ministerio de Salud dos mil 700 millones de córdobas (156 millones de córdobas)- con los cinco mil millones de córdobas (290 millones de dólares) asignados a los banqueros para pagar la deuda interna.

Descartó igualmente que las protestas tengan un trasfondo político o sean impulsadas por un partido en particular. "Una enfermera, sea del partido que sea, gana mil 600 córdobas al mes (menos de 100 dólares)", aseveró Porras.


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