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Llueven propuestas pero no asoma solución a buseros

None | 13 de Febrero de 2006 a las 00:00

Un sector de los diputados propuso este lunes al gobierno la implementación de la Ley de Estabilidad Energética de noviembre de 2005 que establece la utilización de ganancias de las petroleras y el arrendamiento de Petronic para garantizar el subsidio que demandan los transportistas.

El Ministro de Hacienda, Mario Arana, dijo que no tenía objeciones para que fuese discutida y eventualmente aprobada. De paso, Arana informó que en los próximos tres meses llegarán al país la primera flota de 50 buses nuevos procedente de Japón, y otros 150 buses usados traídos de Venezuela y México, para cambiar la actual flota de transporte de la capital. El funcionario dijo que los buses serán entregados a los transportistas, que deben poner como garantía sus concesiones y el gobierno entregará un aval que presentarán a los bancos para adquirir los fondos y comprar las nuevas unidades.

Con lo que produzca este impuesto, se financiará el subsidio que reclaman los afiliados a la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo (URECOTRACO) para no aumentar la tarifa en seis centavos de dólar al pasaje en autobuses. Durante el primer trimestre del 2005 en Nicaragua se consumieron 15,9 millones de galones de combustible, consumo que para especialistas en el tema representarían 370,000 dólares que serían entregados a los transportistas en concepto de subsidio.

La propuesta de implementar la Ley es analizada por el secretario del FSLN, Daniel Ortega, y representantes de las principales bancadas parlamentarias, exceptuando al PLC, cuyos representantes se niegan a participar en las reuniones, acusando a los sandinistas de estar chantajeando al país. Los principales dirigentes del gremio de los buseros, son miembros del partido FSLN. En la reunión también participa el Ministro de Hacienda, Mario Arana, y como garante el cardenal Miguel Obando y Bravo.

Entretanto, en varios sectores de la capital se reportaron incidentes diversos. Por ejemplo, en el sector del Zumen, el crucial cruce hacia los populosos barrios San Judas, Sierra Maestra y Camilo Ortega y también una de las salidas de la capital hacia el sur y al occidente del país, los buseros atravesaron sus unidades para impedir la libre circulación vehicular. Además, incendiaron llantas y agredieron con piedras, garrotes y morteros, a algunos conductores de taxis y de camionetas piratas.

La mañana y la tarde del lunes, la Policía había desalojado a los buseros que realizaron una acción parecida en el sector de La Subasta. Durante la acción policial hubo varios lesionados y al menos un detenido. Los efectos del paro comienzan a impactar al comercio por la disminución de visitantes en los centros comerciales y en los mercados.

Mientras, miles de personas continuaban su pesadilla para movilizarse caminando largas distancias, en bicicletas o en camionetas particulares (piratas), temerosos de perder sus empleos, principalmente en empresas maquiladoras situadas fuera del área urbana de la ciudad. Trabajadores de una maquiladora que se trasladaban en un autobús contratado por la empresa fueron agredidos por transportistas, que suponían era un "pirata" que saboteaba su protesta.

Quinto optimista

El dirigente de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo (Urecotraco), Rafael Quinto, se mostró confiado al señalar que posiblemente entre este lunes y el martes las autoridades puedan llegar a acuerdos para poner fin al paro. "Al inicio el gobierno se mostró renuente con nuestras demandas, sin embargo, ahora parece que cambió su posición y su participación en la mesa del diálogo nacional deja en claro que pronto podríamos llegar a un acuerdo", adelantó Quinto. Lo importante ahora es que los participantes en el diálogo nacional lleguen a un consenso para que luego lo discutan con nosotros, dijo pero insistió que la salida es aumentar la tarifa del pasaje de 2.5 a 3.5 córdobas. Mientras no haya una respuesta a nuestra demanda no desmontaremos el paro, advirtió.

Por su parte el sociólogo, Oscar René Vargas es de la opinión que el transporte urbano colectivo de Managua debe estar en manos del estado. Durante todo este tiempo lo que el gobierno ha pretendido es enfrentar a la población contra los transportistas, para luego liberalizar el transporte, para que este lo manejen los grandes empresarios de este país.

Ante la amenaza de los dueños de autobuses de incrementar las tarifas, el alcalde sandinista de Managua, Dionisio Marenco, sugirió aplicar un impuesto del 5 por ciento al precio del combustible que asumirían todos los conductores privados. La propuesta fue aceptada por el gobierno de Enrique Bolaños, pero generó rechazo entre la empresa privada, organizaciones de agricultores y economistas que aseguran provocará un alza generalizada de los productos básicos. El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN), Calos Castro, se opone al impuesto con el argumento de que esta carga volverá al sector privado menos competitivo.

Tampoco los partidos con representación en la Asamblea Nacional respaldan la fórmula sandinista de inventar un nuevo impuesto de 5% por cada galón (3,8 litros) de combustible que compren los dueños de automóviles particulares, entregar un subsidio estatal parcial, aumentar la tarifa en 0.5 córdobas, autorizar facilidades crediticias para la importación de autobuses nuevos o poco usados y crear nuevas rutas con tarifas más caras.

Según Marenco, los propietarios de vehículos privados deben subsidiar a los transportistas como "la mejor solución" para destrabar el conflicto que inició el pasado 6 de febrero con la paralización de 1,200 autobuses que brindan servicio diariamente a más de 850.000 habitantes de Managua.

El ministro Arana dijo que el impuesto ayudaría a desincentivar el consumo de combustibles. El Ejecutivo reiteró, sin embargo, que no está dispuesto a reformar el presupuesto de la nación para entregar el subsidio que exigen los empresarios de las cooperativas de ómnibus urbanos. También hay desacuerdos sobre el proyecto de cobrar diferentes tarifas tomando en cuenta si se trata de autobuses nuevos, seminuevos o en regular estado, aunque si se ha adelantado en el debate sobre el ordenamiento del transporte colectivo en Managua.

La Alcaldía, que por ley es la encargada de regular el transporte público de la ciudad, se opone a aumentar la tarifa actual, para no afectar a las personas de más bajos ingresos.

Los transportistas alegan que sólo podrían afrontar el alza en el precio de los combustibles si reciben un subsidio estatal de 240 millones de córdobas (14,3 millones de dólares) este año, lo que ha sido descartado por el gobierno argumentando que afectaría el plan económico estructural negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otra parte, el ministro de Educación, Miguel Ángel García, amenazó con retener los salarios a los maestros que no asistan a impartir clases por el problema de transportes que afecta a la capital. "El que no trabaje que no coma dice la Biblia no lo digo yo, ellos están alegando que viven cerca de los lugares de conflicto, vamos a certificar eso, si es así les vamos a pagar", argumentó García.

Respecto a las reprogramación de clases aclaró que si los maestros no quieren reponer las clases aun pagándoles adicionalmente, lo harán otros. "Creo que de los 36 mil maestros que hay no todos van a oponerse a ganar en vacaciones salarios extras". García sigue manteniendo que no se pueden para las clases de Managua por la huelga del transporte.

Según fuentes sindicales, en la primer semana de paro alrededor de 4 mil 400 maestros no han llegado a sus centros de labores.

«Jugar con la gente, pero nunca con el FMI», la receta del gobierno de Enrique Bolaños

Por Adolfo Acevedo Vogl, economista, asesor de la Coordinadora Civil de organizaciones no gubernamentales.

En Nicaragua, se achaca al aumento de los precios del petróleo en el mercado mundial todo el peso para explicar el comportamiento de los precios internos de los combustibles. La evolución de los precios internos de los combustibles, a su vez, se utiliza para justificar el alza en las tarifas del transporte. Se olvida que el precio interno de los combustibles no solo incluye el costo de la importación del petróleo y sus derivados, sino que además de eso incluye el MARGEN DE BENEFICIO que le agregan a dicho costo las empresas de la cadena importación-refinación-transporte, almacenamiento y estaciones de servicio.

En un mercado dominado por unas cuantas grandes empresas, principalmente transnacionales, las cuales además controlan la mayor parte de dichos eslabones (a esto se le llama "integración vertical"), estas firmas poseen un poder de mercado tal que les permite establecer márgenes de beneficio excesivamente altos.

Nicaragua se caracteriza por mostrar los mayores márgenes de beneficio acumulado sobre el combustible en toda la región. En 2005, el margen acumulado que se carga sobre el costo de los combustibles, fue del 52% en Nicaragua, mientras fue del 26% en Panamá, 32% en Honduras y 30% en El Salvador.

Asimismo, las empresas dominantes que controlan el "mercado de los hidrocarburos" en Nicaragua, han venido elevando los márgenes de beneficio que aplican.

Así, mientras el margen acumulado sobre los combustibles era del 38% en 1999 pero ya en 2002 se había elevado al 43%, pasando al 48% en 2004 y alcanzando el 52% en 2005.

Por lo demás, el representante de un organismo internacional con acceso a información interna del fisco, nos confió que las grandes empresas que dominan el mercado de los hidrocarburos, muestran una contribución ridícula al fisco en términos del pago de impuestos.

Mientras otros países de la región controlan el precio del combustible (por tanto, controlan los márgenes de beneficio) debido a su carácter sensible de "precio clave" de la economía - que impacta de manera generalizada sobre toda la cadena de costos y precios -, en Nicaragua, cuando se discuten las opciones de política existentes para encarar el alza internacional del petróleo y su impacto sobre los costos de la energía y el tras[porte, las autoridades cantan loas al "libre mercado" y se oponen a considerar siquiera la posibilidad de regular precios y márgenes en este "mercado".

Pero inclusive en el senado norteamericano se están investigando los sobre-beneficios exagerados que están obteniendo las grandes compañías petroleras en ese país, y se esta considerando regular precios, porque la evidencia indica que estas corporaciones están explotando la actual coyuntura y su poder de mercado para hacer mas dinero que nunca.

Como lo sabe cualquier economista, en teoría el "libre mercado" puede ser calificado como un mecanismo eficiente de regulación únicamente cuanto existe competencia perfecta, es decir en aquellas condiciones en que no existe concentración del poder de mercado en unas cuantas firmas.

Cuando el mercado real se acerca mas a uno dominado por grandes firmas, y se aleja por completo del mercado de competencia perfecta de los libros de texto, entonces lo que tenemos, en vez de eficiencia, son grandes firmas aprovechando su poder de mercado para explotar a los consumidores y a otras empresas, cargando márgenes exagerados.

Como se sabe, lo mismo que ocurre con los márgenes sobre el combustible, sucede con los márgenes sobre la generación y distribución de la energía eléctrica.

En la generación de energía, además de que plantas generadoras térmicas privadas fueron construidas a partir del enorme subsidio estatal representado por la contratación de prestamos altamente concesionales del BID, existen unos contratos de compra de energía que establecen precios promedios que los especialistas señalan que superan casi 3 veces el precio promedio internacional.

Esto apunta a unas empresas, controladas en la mayor parte por dos grandes grupo económicos de carácter monopólico, que en algunos casos no solo se beneficiaron de un costo de inversión subsidiado masivamente por el Estado, sino de precios de compra de la energía generada que implican márgenes de beneficio desmesurado.

En la distribución de energía, también controlada monopólicamente, también el margen es exagerado, mientras las perdidas de energía desde que la empresa distribuidora estatal fue privatizada se han incrementado sensiblemente, en condiciones en que la adecuada inversión para reducir dichas perdidas posibilitaría reducir las tarifas de manera significativa.

Así, mientras se discute si elevar las tarifas del transporte colectivo urbano y de la energía eléctrica, u otorgar subsidios - a propósito de subsidios, mientras se señala con encono los C$ 90 millones en subsidio al precio del transporte otorgado en 2005, parece existir amnesia colectiva sobre los C$ 700 Millones de subsidio otorgados a Unión FENOSA en 2005 para "compensarla" por las perdidas sufridas por no aumentar mas la tarifa -, nadie osa siquiera mencionar el nombre de lo innombrable.

Políticos, funcionarios y diputados no se atreven siquiera a pensar opciones que afecten no solo al fisco, o a la población que sobrevive en un 80% con menos de US$ 2 al día, sino que afecten los intereses de estos poderosos grupos y firmas transnacionales.

Si parafraseamos el dicho popular de que se puede jugar con el santo, pero no con la limosna, podemos decir que en Nicaragua se permite jugar con la suerte de las personas, pero no se pude pensar siquiera en tocar ni con los pétalos de una rosa los intereses de los poderosos.


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