Escúchenos en línea

FMI defiende a petroleras y veta aumentos salariales

None | 22 de Febrero de 2006 a las 00:00

El representante del FMI respaldó de esta manera la posición de los gerentes de las empresas petroleras Esso, Texaco, Shell y Petróleos de Nicaragua (Petronic) que la semana pasada se opusieron al establecimiento de un nuevo gravamen que, según ellos, confiscaría sus limitados márgenes de ganancias. Su protesta fue secundada por la cúpula de la empresa privada nicaragüense, lo que obligó al gobierno a evaluar la propuesta, y tratar de retrasar su discusión en el parlamento.

El gobierno nicaragüense propuso, el pasado 14 de febrero, establecer un impuesto temporal del 3% sobre las utilidades mensuales que obtiene la industria petrolera, para satisfacer las demandas de subsidio que hacen los empresarios del transporte público, durante un paro decretado en Managua.

La bancada sandinista y otros tres grupos parlamentarios que participaron en la firma de los acuerdos, presentaron la semana pasada el proyecto de ley al Congreso, el cual prohíbe además a las empresas productoras, procesadoras e importadoras de combustible transferir el costo del impuesto a los consumidores.

Arbulú cree poco factible que el gobierno nicaragüense siga adelante con el proyecto porque "no les gustaría aumentar sus ingresos a través de impuestos que generen o distorsionen el mercado, o que resulte en la quiebra de algunas empresas. Si le sube el costo a través de un impuesto, evidentemente que la que va a sufrir es la producción, en este caso el consumo", advirtió el funcionario.

Un estudio publicado recientemente por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señala, sin embargo, que las petroleras asentadas en Nicaragua obtienen 50 centavos de dólar de ganancia por cada galón de combustible, el margen más alto de Centroamérica.

El representante del FMI también pidió al gobierno ser cauteloso con los incrementos salariales que solicitan los médicos y trabajadores de la salud, en paro desde hace tres meses. "Si el gobierno quisiera aumentar los salarios a los médicos y ve que puede cortar en algunos sectores o dejar de llenar algunas vacantes, creo que hay suficientes ahorros para poder aumentar", expresó Arbulú.

No obstante, recordó que los aumentos salariales no pueden exceder el 9% del presupuesto de la República, dos puntos más de lo que se estima que podría ser la inflación de este año. Más de 24.000 médicos y trabajadores de la salud mantienen paralizada la atención en las clínicas y hospitales públicos, en demanda de aumentos del 30 y 48% respectivamente, que el gobierno trata de resolver en las negociaciones iniciadas el viernes pasado con el sector.

Impuesto a las petroleras sometido a comisión parlamentaria

El anteproyecto de Ley especial que crea el impuesto del tres por ciento a las utilidades netas de las petroleras, fue remitido este martes a la comisión de asuntos económicos de la Asamblea Nacional, la que deberá consultarla y dictaminarla para someterla después a la consideración del plenario.

Rafael Quinto, dirigente del transporte urbano colectivo de Managua, amenazó el lunes con paralizar nuevamente el servicio si este miércoles no estaba aprobada la ley en mención, ya que se trata de un acuerdo firmado por los partidos que participan en el diálogo nacional, el gobierno y la representación de la OEA en Nicaragua.

Sin embargo, el coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro, dijo este martes que no se pueden alterar los plazos parlamentarios, y que seguramente la comisión estará dictaminando el anteproyecto de ley esta misma semana.

El director de transporte terrestre del MTI, Yamil Kuant, propuso como solución al problema del transporte trasladar el Instituto Regulador del Transporte de Managua (Irtranma) bajo la jurisdicción de dicho ministerio, para desde ahí tomar las medidas que impidan que el servicio sea suspendido cuando se le antoje a los transportistas.

Las interesantes «matemáticas» de las compañías petroleras

Por Adolfo Acevedo, economista independiente, asesor de la Coordinadora Civil de organizaciones no gubernamentales.

Los voceros compañías petroleras han argumentado que el impuesto temporal especial sobre las utilidades de estas firmas, que se utilizaría para subvencionar las tarifas del transporte colectivo urbano, es un impuesto confiscatorio. Este impuesto se califica de confiscatorio porque –de acuerdo con estas compañías– sus utilidades son "apenas" del 2%, mientras la tasa del impuesto es del 3%. Según estas extrañas matemáticas, el impuesto del 3% absorbería todas sus utilidades y más que eso. Pero como yo estoy seguro que los voceros de estas empresas saben muy bien aritmética, debo concluir que deliberadamente intentar crear una gran confusión en la opinión publica.

En efecto, un impuesto del 3% sobre las utilidades, no puede absorber todas las utilidades. Absorberá solo el 3% de las utilidades, mientras el 97% de las mismas permanecerá en manos de la empresa. Por tanto, si la tasa de utilidad en efecto es del 2% como argumentan las compañías transnacionales petroleras, entonces el impuesto gravaría el 3% de ese 2%. El 3% del 2% es igual al 0.06%.

Es decir, el impuesto absorbería solo el 0.06% de ese 2% de utilidades –o sea solo absorbería el 3% de las utilidades– mientras el 1.94% remanente de ese mismo 2%, –o sea el 97% remanente de las utilidades– quedaría en manos de las empresas.

Como se ve, aun si aceptamos que las utilidades de las empresas son solo el 2% (¿de los activos?), no es cierto que se les este confiscando la totalidad, ni siquiera una parte importante, de las utilidades. El 97% de las utilidades no se tocarían.

De hecho, en todo el mundo existe un verdadero escándalo, e incluso conmoción, por el hecho de que las petroleras estén obteniendo beneficios monopólicos extraordinarios, explotando a los consumidores en esta crisis a través de su dominio de carácter semi-monopólico sobre el mercado del petróleo.

En el propio senado de los EEUU, país en donde la noticia acerca de las enormes ganancias de Exxon Mobile causó gran revuelo –Exxon Mobile, la compañía petrolera más grande del mundo, dio parte de nada menos que 26 mil millones de dólares en utilidades durante el ejercicio pasado– se está exigiendo una investigación respecto a beneficios exagerados que están obteniendo las grandes compañías petroleras en ese país. Pero no solo es el caso de EEUU. En el 2005, el consorcio angloholandés Shell registró utilidades de alrededor de 22,900 millones de dólares, las cifras más altas en la historia de Shell.

Tanto políticos como organizaciones de consumidores en estos países han hecho un llamado conjunto para la introducción de un impuesto especial para las compañías petroleras. Con los fondos generados, se debería compensar los altos precios de energía y combustibles, que es lo mismo que se propone en Nicaragua.

El combustible no es un bien como cualquier otro. Es un bien clave, fundamental y extremadamente sensible para el funcionamiento de toda la economía y del conjunto de la vida social, y el precio de este bien, además, tiene un impacto directo, inmediato y generalizado sobre toda la cadena de precios y costos de la economía.

Las compañías que tienen dominio semi-monopólico sobre este mercado, no pueden esperar ser tratadas del mismo modo que compañías que no distribuyen un bien con estas características. No se trata de bienes típicos, de los que hablan los libros de texto. Se trata de bienes muy especiales.

Es por eso que, en todo el mundo, normalmente existen entes estatales reguladores sobre los mercados de este tipo de bienes (agua potable, telecomunicaciones, energía eléctrica, transporte colectivo y combustible, además del sistema financiero).

Por lo demás, como lo sabe cualquier economista, en teoría el "libre mercado puede ser calificado como un mecanismo eficiente de regulación únicamente cuanto existe competencia perfecta, es decir en aquellas condiciones en que no existe concentración del poder de mercado en unas cuantas firmas. Cuando el mercado realmente existente se acerca mas a uno dominado por grandes firmas, y se aleja por completo del "mercado de competencia perfecta" de los libros de texto, entonces lo que tenemos, en vez de eficiencia, son grandes firmas aprovechando su poder de mercado semi-monopólico para explotar a los consumidores y a otras empresas, cargando márgenes excesivos.

En este caso, no se justifica reclamar la aplicación de principios doctrinarios como la "neutralidad" de la política fiscal frente a los precios relativos de mercado, los cuales únicamente tienen cierta validez en condiciones de mercados de competencia perfecta, y que no tienen nada que ver con mercados donde, de manera monopólica o semi-monopólica, se fijan precios clave" para el conjunto de la economía y la vida entera del país.


Descarga la aplicación

en google play en google play