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Georgia aprueba y Arizona veta ley contra inmigrantes

None | 18 de Abril de 2006 a las 00:00

(Diario Milenio México)

La polémica legislación, que ha sido objeto de protestas de grupos de defensa de los migrantes, exige a la personas la presentación de documentos migratorios antes de recibir prestaciones del estado, salvo servicios de emergencia, como ayuda médica, o educativos en los grados de primaria y secundaria.

La legislación del estado de Georgia obliga a las agencias estatales a verificar la elegibilidad de las personas que reciben servicios, a través de la comprobación de su situación migratoria mediante la presentación de una licencia de conducir o de un número de seguro social.

"Sencillamente creemos que todos quienes viven en nuestro estado deben seguir nuestras leyes (...) Es nuestra responsabilidad asegurarnos que la famosa hospitalidad de Georgia no sea explotada, que no se abuse de nuestros contribuyentes y que nuestros ciudadanos estén protegidos", dijo el gobernador Sonny Perdue, del Partido Republicano, antes de firmar la ley. "Todos en nuestro estado necesitan actuar con legalidad", insistió.

La legislación fue promulgada a pesar de que Georgia fue escenario de una de las mayores movilizaciones a favor de una legalización plena de los más de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Organizaciones locales se manifestaron contra la propuesta, a pesar de lo cual fue convertida en ley por el gobernador.

Una de sus más polémicas cláusulas hará imposible que una persona pueda obtener prestaciones estatales a menos que pueda comprobar que se encuentra de manera legal en el país. Entre los documentos que requerirán está la licencia de conducir y el número de seguro social. Quedarán exentos pacientes de urgencias y estudiantes.

La legislación estatal deja en los empleadores la responsabilidad de cotejar la situación migratoria de las personas que contraten y conlleva multas, económicas y carcelarias, a los patrones que incumplan.

Apenas este fin de semana The Washington Post reportó un inédito endurecimiento del gobierno federal en la aplicación de sanciones a empleadores de ilegales por primera vez se está usando un estatuto federal sobre el lavado de dinero para criminalizar la contratación de ilegales en pequeños negocios.

Sólo en 2004 la nueva estrategia resultó en casos criminales exitosos contra 127 personas, un aumento de más de 300 por ciento en relación con los 46 casos de 2004.

La acción de las autoridades del Departamento de Seguridad Interna son sin embargo consistentes con el apoyo del presidente George W. Bush a la llamada Ley Sensenbrenner que criminaliza a los inmigrantes y fija mayores castigos a quien realice contratación de indocumentados.

En el caso de la legislación de Georgia, los policías deberán además cotejar la situación migratoria de personas arrestadas, lo que podría desencadenar deportaciones de indocumentados, toda vez que hasta antes de la legislación una detención por violaciones de tránsito no implicaba verificar el estatus migratorio de las personas.

La legislación fue promulgada por el gobernador Sonny Perdue en vísperas de la reanudación del debate migratorio en el Senado, la próxima semana, y luego de la sucesión de manifestaciones de apoyo a una legalización migratoria plena en varias ciudades estadunidenses.

La legislación obliga a las agencias estatales a verificar la elegibilidad de las personas que reciben servicios a través de la comprobación de su situación migratoria, mediante la presentación de una licencia de conducir o de un número de seguro social. Asimismo, exige a la policía verificar la situación migratoria de las personas que arrestan y a los empleadores a cotejar que sus trabajadores potenciales tienen permisos válidos de empleo en Estados Unidos.

Aunque algunas de las disposiciones entrarán en vigor hasta 2007, se espera que la nueva ley genere controversia conforme grupos de defensa de los inmigrantes consideran apelarla en los tribunales.

Veto en Arizona

La gobernadora de Arizona, en una carta dirigida a los legisladores, dijo el lunes que se opone a calificar de delincuentes a todos los inmigrantes que entraron al estado y que la propuesta no habla de fondos para las nuevas tareas. De los 6 millones de habitantes de Arizona, unos 500.000 son inmigrantes indocumentados.

"Es desafortunado que la Legislatura haya ignorado nuevamente a los funcionarios más afectados por la inmigración ilegal y en su lugar hayan considerado otro proyecto de ley que no tendrá ningún efecto sobre el problema pero impondrá una carga injustificada a los agentes de la ley", escribió Napolitano.

Los partidarios de la propuesta dicen que la misma habría dado a Arizona la oportunidad de manejar sus vastos problemas fronterizos a través de un segundo nivel de seguridad para capturar a decenas de miles de inmigrantes que logran burlar cada año a los agentes federales.

Los opositores dicen que la ley es un intento inconstitucional de hacer que la policía local regule las leyes federales de inmigración, lo que alejaría a los agentes de su tarea principal: la captura de verdaderos criminales.

Los políticos estatales que enfrentan contiendas de reelección han sentido presión para abordar el tema de la inmigración ilegal, problema que hasta años recientes era considerado únicamente como un asunto federal.

Mientras los inmigrantes proporcionan a la economía estadounidense mano de obra barata, Arizona gasta decenas de millones de dólares cada año en cuidado de salud y educación para los trabajadores ilegales y sus familias.

México critica ley migratoria de Georgia en EEUU

El gobierno de México criticó el martes una nueva ley inmigratoria aprobada en el estado de Georgia en Estados Unidos, por considerar que es discriminatoria contra los mexicanos y no resuelve el fenómeno migratorio.

El vocero presidencial Rubén Aguilar dijo en rueda de prensa que funcionarios consulares de México estarán pendientes de la aplicación de la ley, promulgada el lunes por el gobernador de Georgia Sunny Perdue y que ya ha sido señalada como una de las más restrictivas en la materia al impedir beneficios sociales a quien no sea residente legal.

"Como parte de la implementación de algunas disposiciones de la referida legislación se incurre en actos de discriminación en contra de la población mexicana y de origen mexicano en particular", señaló Aguilar.

"Medidas parciales como las que implica esta ley son insuficientes para resolver de manera integral el complejo fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos", añadió.

El vocero presidencial mexicano dijo que el gobierno mantiene "una posición optimista" y espera que pese a la aparición de normas estatales como la de Georgia, el Congreso federal estadounidense aprobará finalmente una reforma en la materia que sea positiva para todos.

Aguilar Valenzuela aseguró que los consulados mexicanos ubicados en Estados Unidos tienen la instrucción de no intervenir en las movilizaciones que hagan inmigrantes en ese país. "Nuestros consulados, de manera particular, han tenido la instrucción de no intervenir" en las manifestaciones pues sería una injerencia en los asuntos de otro país, declaró en conferencia el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia.

Sin embargo, dijo que eso no impide que los consulados sigan atendiendo todas las consultas y brinden el apoyo necesario en los procesos que los inmigrantes hacen de manera cotidiana en esas oficinas. Explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México está atenta al proceso de los trabajos legislativos en el senado de Estados Unidos, trabajos que reiniciarán el próximo 27 de abril.

Lo anterior debido a la importancia que actividades del senado estadounidense para un gran número de naciones, por lo que hará llegar sus puntos de vista al gobierno de la Unión Americana a través de los canales diplomáticos correspondientes.

Asimismo, destacó que "las expresiones públicas que contribuyen a mejorar el reconocimiento a las aportaciones de los migrantes a la economía y la sociedad del país receptor deben ser ponderados en su justa dimensión, y éstas deben realizarse con respecto al marco legal y a la autodeterminación del propio gobierno de los Estados Unidos".

Por ello, Rubén Aguilar aseveró que el gobierno mexicano reitera su convicción de que es de interés de ambos países establecer nuevos mecanismos que garanticen una migración legal, segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos.

En otro rubro, el portavoz informó que próximamente se dará a conocer el informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que entregó a la Presidencia de la República el fiscal Ignacio Carrillo Prieto.

Por otra parte, la directora de una escuela, en un intento por evitar la deserción de alumnos durante las recientes marchas de inmigrantes, ordenó inadvertidamente un cierre de la escuela tan estricto que los niños no podían ir al baño y tuvieron que usar baldes de agua, dijo un funcionario.


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