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Estos son los famosos «acuerdos con el FMI», por Adolfo Acevedo

None | 4 de Noviembre de 2005 a las 00:00

Esta "condicionalidad" que ahora describimos, es apenas un "requisito previo" a cumplir para que el FMI acepte negociar, en Noviembre, una extensión del actual Programa con el FMI. En Noviembre se negociaría una nueva condicionalidad, es decir, nuevas condicionalidades, totalmente adicionales a esta. Esta es la condicionalidad que deberá cumplirse antes del 15 de Noviembre: (se comentan solo 7 acuerdos)

1. "Aprobar un Presupuesto General de la República 2006 consistente con un déficit fiscal de 2.0% y 1.5% del PIB para los años 2005 y 2006, respectivamente".

La frase "reducir el déficit fiscal" (DESPUES DE DONACIONES) no significa, en este caso, ajustar el gasto a los recursos disponibles: significa restringir al máximo el crecimiento del gasto del gobierno para cumplir sus responsabilidades fundamentales (educación, salud, infraestructura, defensa y seguridad ciudadana, etc.), aunque los recursos disponibles hayan aumentado fuertemente.

El propósito de restringir el crecimiento del gasto aunque los recursos disponibles aumenten, es generar continuos excedentes financieros que puedan transferirse al Banco Central.

Ya hemos visto que, de acuerdo a las cifras oficiales del Presupuesto 2006, los recursos adicionales disponibles –derivados del aumento de los ingresos fiscales y de los recursos liberados del pago del servicio de la deuda publica– aumentarían en US$ 33 dólares per cápita en 2006 en comparación al ano 2003 (en mi propia estimación, dicho aumento seria de US$ 40.8 per cápita).

De este aumento en los recursos adicionales disponibles, por un monto oficialmente estimado en US$ 33 per cápita, solo US$ 17.9 se destinarían a financiar el aumento del gasto del gobierno, para que pueda cumplir sus responsabilidades.

Obsérvese que, al aumentar en US$ 33 (US$ 40.8 en realidad) los recursos totales disponibles (recaudación fiscal, prestamos y donaciones), al restringirse el aumento del gasto a solo US$ 17.9, AUMENTA el excedente o remanente de recursos que queda para trasladarse al BCN.

La famosa política de "reducción del déficit", y de "disciplina fiscal" de facto es una política destinada a generar continuos excedentes financieros muy grandes para transferir al Banco Central. La famosa "reducción del déficit" en este caso equivale a aumentar los excedentes financieros que se trasladan al BCN.

Este remanente, que de hecho se usara en trasladarlo al BCN no se podrá destinar a las grandes prioridades nacionales, la inversión en capital humano, o la reparación de caminos rurales, como podría haberlo hecho sin afectar el balance macroeconómico entre gasto y recursos.

No se destinara a remontar el gigantesco rezago educativo que muestra el país, que exhibe indicadores educativos similares a los de los países más pobres del planeta, que tienen un ingreso per cápita que es casi la mitad del de Nicaragua.

En 2006 el gasto del MEDC seguirá siendo del 3% del PIB, nivel similar al que alcanzo en 2003, y en 1999, y se proyecta que se mantendrá en ese nivel hasta 2009.

Mientras tanto, muchos países de entre los más pobres del planeta, cuyo ingreso per cápita es casi la mitad del de Nicaragua, destinan el 8% o más del PIB al gasto en educación.

No se destinaran tampoco a asegurar el acceso de toda la población a los medicamentos esenciales: de manera que para gran parte de los nicaragüenses, el que no pueda pagarlos, no podrá restaurar su salud o salvar su vida.

Lo que esta "condicionalidad" implica, en pasta, es que, aunque se liberaran parte de estos US$ 20.7 per cápita de las transferencias al BCN (por ejemplo, legalizando y reestructurando a 30 anos la "deuda" por CENIS bancarios), no se podrían asignar al aumento del gasto de inversión en capital humano, porque ello elevaría el techo del gasto, y por tanto, violentaría la meta de "reducción del déficit fiscal".

Lo que esta condicionalidad implica es que, en este caso, no se podría aumentar el gasto del MEDC o del MINSA en el monto de la "brecha" indispensable para que estos puedan cumplir las metas de desarrollo en materia de salud y educación para el ano 2015, por que ello violentaría la meta de déficit".

Esta "meta" implica también neutralizar C$ 480 Millones de transferencias municipales, o sea que las transferencias serian contrarrestadas en ese mismo monto, reduciendo en el Presupuesto el gasto que las instituciones del gobierno central, cumpliendo sus competencias, han venido efectuando en las municipalidades, y forzando a que este gasto sea asumido por las municipalidades con las transferencias.

El truco es como sigue: en vez de que las municipalidades usen las transferencias, como lo establece la Ley de Transferencias, en aumentar el gasto que les permita cumplir siquiera mínimamente sus competencias, van a efectuar con ellas el gasto que desde antes ya venían efectuado esos organismos del gobierno central, en cumplimiento de las competencias de estos organismos.

Esta meta implica, además, que no se podrá cumplir el compromiso establecido en el Plan Nacional de educación de elevar el salario de los maestros al 100% de la canasta básica (era para 2005, pero tampoco se podrá cumplir en 2006), y llevarlo en 2007 al nivel promedio de Centro América.

2. "Garantizar que en el Presupuesto General de la República 2006 la nómina de sueldos y salarios no se incremente más allá del 9%."

Lo que esta condicionalidad establece es el "congelamiento" de los salarios reales de los trabajadores del gobierno central, principalmente de aquellos que constituyen el grueso de los mismos: los trabajadores de la salud, los maestros y los policías.

Esta condicionalidad quedaría instalada como un nuevo "criterio de desempeño".

En los Acuerdos con el FMI, por lo menos hasta 2008.

La "justificación" para esta condicionalidad es que ya el salario real promedio del sector publico ya alcanzo y supero al salario real promedio del sector privado. Lo que no se dice, por supuesto, es como se "construye" ese salario promedio del sector publico.

En ese salario "promedio" se están "promediando" peras con naranjas. En efecto, se están promediando de manera simple los denominados "megasalarios" con los salarios míseros de los maestros, policías y personal de salud.

De hecho, los salarios de los maestros de primaria representan apenas cerca del 50% del salario promedio de los trabajadores que cotizan al INSS, y por tanto no es cierto que ya sean "superiores" a los trabajadores del resto de sectores.

El salario promedio de los trabajadores cotizantes al INSS es de US$ 210, mientras el salario de los maestros de primaria habría alcanzado US$ 107 este ano. y se coloca muy por debajo del salario medio de los asalariados que trabajan en el sector agricultura, silvicultura y pesca que promedia los US 172, que el de minas y canteras que promedia los US$ 277, el de la industria manufacturera US$ 152, el de la construcción US$ 196, el del comercio US$ 249.

La meta internacional de la "iniciativa de la vía rápida de educación para todos" (EFA–FTI por sus siglas en inglés), promovida por el Banco Mundial, propone que el salario anual promedio de los docentes sea equivalente a 3.5 veces el PIB per cápita.

El PIB per cápita de 2005 de Nicaragua se estima que será de US$ 867, de manera que el salario mensual que se ajustaría a la recomendación de esta Iniciativa, promovida por el Banco Mundial, seria de US$ 233.4 dólares.

Otra manera de apreciar el enorme rezago salarial de los maestros nicaragüenses, es apreciar que el salario promedio de los maestros en Centro América, supera los US$ 350 mensuales.

Los altos funcionarios públicos devengan entre US$ 10,000 y US$ 15,000.

Esta estructura salarial, en que el salario de los maestros es la mitad del promedio del salario de los demás trabajadores, y casi 100 veces menor que el de los altos funcionarios públicos, es una vergüenza para todos aquellos que proclamamos estar angustiados por la suerte de este país, y sobre todo, por el drama que padecen los millones de seres humanos que lo habitan.

Esta estructura salarial que prevalece en nuestro país, que coloca a los educadores en el escalón más mísero de la misma, no solo es ignominiosa, sino que crea un sesgo pronunciado, y dramáticamente perverso, en contra de la educación.

Hay un problema gravísimo de reconocimiento social, en primer lugar, hacia la profesión de docente. Pero también se genera una estructura de incentivos perversa, desvalorizadora de la educación, y adversa a la sola posibilidad de llegar a mejorar la calidad del proceso educativo, sin lo cual el gigantesco rezago educativo del país no hará sino empeorar aun más.

En efecto, los maestros son actores centrales del proceso educativo. De su nivel de calificación y motivación dependerá en gran medida la calidad de la educación que se impartirá en el sistema educativo. Los maestros juegan un papel central también en el desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños y jóvenes que en el futuro conformaran la fuerza de trabajo. Es decir los maestros son los trabajadores bajo cuya responsabilidad, en una medida fundamental, esta la calificación de la fuerza de trabajo, la cual, a su vez, resulta clave para el desempeño económico del país.

Cabe preguntarse como se va a traer al personal mejor y mas calificado para desempeñarse como maestros, si a estos trabajadores responsables por la calificación de l resto de trabajadores, se les paga la mitad del salario promedio que a estos. Puesto que el nivel salarial depende del nivel de calificación, bajo esta perversa estructura salarial, no se atrae a la profesión de maestros a aquellos con la mejor calificación, que ganaran el doble o más dedicándose a cualquier otra actividad, sino a los menos calificados. Por eso, no es casual que los estudios muestren que buena parte de los docentes no dominan siquiera los contenidos básicos de las materias que imparten.

Este es el resultado acumulativo de esta estructura salarial perversa.

Pero esta condicionalidad, violenta por completo lo contemplado todos los planes de educación del país. Se supone que los financiadores externos deberían apoyar las metas de los planes nacionales, no violentar los mismos.

Como ya vimos, en el Plan Nacional de educación se contemplaba elevar el salario de los maestros al 100% del costo de la canasta básica, para lo cual este salario aun debe elevarse de manera muy importante. En el Plan de Acción Común, formulado en la Mesa Sectorial de educación, se contemplaba que este aumento ocurriría en 2006.

En el denominado PND Operativo, se argumenta con fuerza la necesidad clave de superar el enorme rezago salarial de los trabajadores de educación y salud

Debe recordarse que gran parte de las brechas sectoriales en materia de educación y salud, para poder cumplir las metas nacionales en estos campos, corresponden en buena medida, a aumentos en los niveles salariales de los trabajadores que prestan esos servicios, lo cual, en los términos del PND–Operativo, implicaría "un nuevo orden en la política salarial del Estado

Principalmente de los sectores directamente ligados a los proveedores de servicios básicos (salud, educación y seguridad ciudadana)"

"Hay que considerar que la recomposición del rezago salarial y la ampliación de la masa salarial por una mayor cobertura de los servicios sectoriales, será clave en los próximos años para avanzar hacia las metas sociales" (PND Operativo).

3. "Reformar la Ley de Transferencias Municipales para limitar el porcentaje de transferencias a un 6% de los ingresos tributarios. Para avanzar hasta el 10%, debe reformarse la ley de municipios y la ley de transferencias municipales a objetos de asegurar que los incrementos de las transferencias ocurran a la par del traspaso de responsabilidades".

La Ley de Transferencias Municipales establece que las mismas deberán aumentar gradualmente del 6% de los ingresos tributarios en la actualidad, al 10% en 2007.

Mediante esta condicionalidad, el FMI, en vez de adecuarse al marco legal e institucional del país, manda a modificarlo, reformando la Ley para congelar este aumento en las transferencias.

Este seria el primer paso para una reforma total de la Ley de Municipios y de la Ley de Transferencias, en términos que violenten el mandato Constitucional, que establece transferir un porcentaje suficiente del Presupuesto en concepto de transferencias a las Municipalidades, para que están puedan cumplir las ACTUALES competencias que se les asignan por mandato de la Constitución y las Leyes.

La reforma total de estas Leyes, apuntaría a que las transferencias no se destinen a cubrir el costo de las actuales competencias municipales, en el monto que no alcanza a ser cubierto aunque las municipalidades recauden razonablemente todo su potencial de recaudación de impuestos municipales.

Estas "reformas" apuntarían a que las transferencias cubran estrictamente el costo de NUEVAS competencias adicionales, que actualmente corresponden al Gobierno Central. Con esto, se niega la propia existencia de la enorme brecha fiscal vertical y horizontal, cuyo financiamiento se establece como objetivo de la propia Ley de Transferencias.

Es decir, las transferencias no aportarían ni un solo peso a financiar la enorme brecha desfinanciada, "vertical" y "horizontal", que actualmente tienen las municipalidades, sobre todo la inmensa mayoría pobre de ellas, para cumplir mínimamente sus actuales competencias, sino que se financiarían con el monto actualmente asignado a responsabilidades que el gobierno asume actualmente, y que serian transferidas a las municipalidades como nuevas competencias adicionales.

Con esto, la actual enorme brecha fiscal desfinanciada – vertical y horizontal – de la cual adolecen las municipalidades, no solo no se reduciría, sino que podría ampliarse, porque las nuevas responsabilidades que les serian transferidas, actualmente no son cubiertas con plena cobertura por el gobierno, pero las municipalidades en cambio si recibirían la presión directa y masiva de la población para que las cumplan en mayor proporción, con recursos que resultarían totalmente insuficientes, tanto para cubrir el costo de las actuales competencias, mucho menos para cubrir el costo desmesurado de las nuevas competencias que actualmente corresponden al Gobierno Central, y que serian transferidas a las municipalidades.

4. "Identificar de inmediato en el Presupuesto General de la República para 2006 el traslado de competencias del gobierno a las municipalidades para neutralizar50% de las transferencias municipales contempladas en el mismo, para totalizar un monto de C$ 480 millones".

Es decir, que ya en el Presupuesto para 2006 deberá contemplarse la neutralización de C$ 480 Millones del monto total de las transferencias contempladas en el mismo, equivalentes al 50% de las mismas (el acuerdo es que para 2007 debería neutralizarse el 100% de las mismas). Esto se llevaría a cabo reduciendo el gasto en competencias que actualmente llevan a cabo instituciones del gobierno central, y forzar que ese mismo gasto sea asumido por las municipalidades con las transferencias.

5. Aumento de las tarifas de la energía eléctrica en un 25% (15% adicional al aumento que ya se produjo) y establecer el ajuste mensual de esta tarifa para corregir el "desvío tarifario". Paralelamente, aplicar una política fiscal y monetaria sobre–restrictiva para "contener la inflación".

Resulta casi redundante decir que un "choque de costos" de semejante magnitud sobre la economía, proveniente de un precio clave como el de la energía, que es un insumo fundamental del sistema económico, aunado al aumento de las tarifas del transporte colectivo que se producirá al eliminarse los subsidios vigentes, implicara en primer lugar un impacto sumamente drástico sobre la población –aquí resulta patético el argumento de que "como solo el 50% de la población tiene energía, el impacto se limitara a los privilegiados que la tienen", porque, siendo esta tarifa un precio macroeconómico clave, su impacto se hará sentir sobre TODA la cadena de costos y precios de la economía –.

En segundo lugar, implicara un impacto de costos y precios muy fuerte, el cual, si se combina con una política monetaria y fiscal contractiva, se podría traducir en un fuerte choque recesivo – lo cual es característico de los programas del FMI.

Es evidente que las actuales proyecciones oficiales, no reflejan el impacto de estas medidas. No existe un análisis de lo que implicara todo esto sobre costos y precios, sobre las condiciones de existencia de la población y sobre los salarios, sobre la actividad económica. No se presenta ninguna justificación económica, ante el país y la población, a la cual el gobierno se debe. Por el contrario, acuerda en secreto, a espaldas de la ciudadanía, una medida violenta como esta. ¿El gobierno se debe a la ciudadanía, o es un depositario de las órdenes externas?

Pero mas importante aun, es inaudito y humillante que el FMI este dictando, a estas alturas, hasta el monto especifico de los aumentos tarifarios, que considera indispensables para restablecer los márgenes de rentabilidad monopólicos que se impusieron desde que se privatizo la distribución y se otorgaron concesiones para la generación mediante contratos secretos que establecían también márgenes monopólicos.

Estos contratos tienen una duración de entre 7 y15 anos, y en ellos quedo establecido un precio de compra de la potencia por capacidad de kilovatios instalados, que se aplica en la tarifa energética y que, según los especialistas, resulta ser CASI TRES VECES MAYOR al promedio internacional.

Es decir, mediante estos contratos nos damos el lujo de comprar la energía a estas plantas, a un precio que casi triplica el promedio internacional.

A trabes de estos onerosos contratos, a los inversionistas privados se les aseguraba, de antemano, que obtendrían unos márgenes de beneficio verdaderamente extraordinarios, a costa de la población.

Estos contratos en todo caso habría que revisarlos y renegociarlos. Pero el gobierno renuncia a la más mínima potestad soberana, y la Asamblea Nacional, que se atreve a denominarse a si misma "depositaria de la soberanía popular", también dobla la cerviz.

No se para que necesitamos, en todo caso, asumir los costos de un aparato de gobierno y una Asamblea que se limitan a ejecutar dictados externos: seria mas económico que se nombre directamente una administración semi–colonial, por parte del FMI, que adopte directamente las decisiones, y así nos ahorramos tener que asumir el enorme costo en megasalarios que estos señores representan, por no hacer mas que ser ejecutores de ordenes externas

En Argentina, el FMI quiso hacer exactamente lo mismo, esto es, quiso ordenar desmedidos aumentos tarifarios en favor de las empresas de servicios públicos privatizadas, pero en ese país, a diferencia de lo que ocurre en el nuestro, el Presidente Kirchner parece que no olvida que el es, ante todo, el Presidente de la Republica de Argentina, y que se debe ante todo a los ciudadanos de su país, y por tanto, no es el sirviente del FMI en Argentina.

6. "Realizar reformas a las siguientes leyes recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional para corregir aspectos debilitados durante su discusión y aprobación: a) Ley de Administración Financiera. 1.– Definir de forma objetiva lo que constituyen ingresos fiscales que pueden ser identificados por la Asamblea Nacional (AN) para ampliar gastos, e incluir en la reforma a la ley la creación de una comisión Ejecutivo–Asamblea Nacional para la certificación y verificación de esos ingresos que afecten el techo de gastos del presupuesto; 2.– establecer plazo límite para la aprobación de los proyectos de ley de modificación del presupuesto enviados por el ejecutivo; y 3– precisar el alcance exclusivamente presupuestario de la Ley".

Esto es, de nuevo, inaudito. La Ley de administración Financiera que acordó en secreto el Gobierno con el FMI, establecía que TODOS los Presupuestos (del Gobierno, de las Municipalidades – que la Constitución establecen que gozan de autonomía política, financiera y administrativa –, de las Universidades, etc.) deberán subordinarse al Programa con el FMI, negociado y acordado en secreto y a espaldas del país, al Marco Presupuestario de Mediano Plazo – negociado ídem con el FMI –, y que incluso la aprobación del Presupuesto estaría subordinada a este Programa y este marco.

Pero mas aun, la Ley propuesta pretendía pasar tranquilamente por encima de la Constitución – el FMI considera que esta por encima de la Constitución, de las Leyes, y de todo lo que le de la gana – la cual establece las potestades presupuestarias del Ejecutivo y de la Asamblea, y sencillamente eliminaba todas y cada una de las facultades en materia presupuestaria.

La Asamblea debía limitarse a cumplir el trámite de aprobar sin mas un Presupuesto negociado –por supuesto, ¡en secreto!– con el FMI. En particular, se prohibía a la Asamblea modificar lo relativo a techos salariales –no podría aumentar salarios de maestros, enfermeras o policías– ni, por supuesto, el sagrado y sacrosanto servicio de la deuda publica.

Cualquiera que conozca mínimamente el proceso presupuestario en todo el mundo, sabe que esto es inaudito, y que este seria el primer país en el mundo que, mediante una ley, se vuela todo el capítulo Presupuestario de la Constitución (¿anticipando la Ley Marco?), y que se decreta a si mismo como una semicolonia: el primer y único país "democrático" en que SU Presupuesto por Ley, le es dictado desde afuera, y nadie puede modificarlo, una vez que es dictado desde afuera, y que elimina todas las competencias constitucionales del único órgano que, EN TODO EL MUNDO, tiene la potestad constitucional de modificarlo.

La Ley que se aprobó, se limitó a restablecer, literalmente –casi citándolas textualmente– las potestades Constitucionales en materia presupuestaria que tiene la Asamblea Nacional, y gracias al lobby del CNU, restableció la autonomía administrativa y financiera para las Universidades, pero se mantuvo su virtual eliminación para las Municipalidades.

Las potestades constitucionales que tiene la Asamblea Nacional son a) reasignar partidas dentro del techo propuesto por el Ejecutivo y b) elevar dicho techo, siempre que identifique las fuentes de ingreso para financiar ese aumento. Al FMI le molesto, sobre todo, que se restableciera la potestad de la Asamblea de elevar el techo del presupuesto, si identifica fuentes de ingreso para ello. Veamos porque.

Desde 2003, la proyección de ingresos del Presupuesto se ha venido quedando corta, por montos exagerados, en relación al monto que finalmente se recaudo

En 2003 se "proyectó" un aumento de los ingresos de C$ 926.7 millones respecto a 2002, y el aumento real terminó siendo de casi C$ 1,600, y hubiese sido de mas de C$ 2,000 millones sino es porque, a mitad de ano, la DGA, de cara a las negociaciones del TLC, modifico la metodología de evaluación aduanera, lo cual, según sus propias estimaciones, provoco una perdida recaudatoria de casi C$ 500 Millones.

En 2004 se proyectó un aumento de ingresos de C$ 649 Millones, respecto a 2005, y el aumento terminó siendo de C$ 2,066 Millones.

Para 2005 se proyectó un aumento de C$ 1,166 Millones respecto a 2004, pero el aumento real va a ser de alrededor de C$ 1,600 Millones. Para 2006 se vuelve a utilizar la misma metodología de proyección que condujo en 2005 a semejante error de proyección".

Frente a semejantes antecedentes, es claro que todo el mundo, incluida la Asamblea Nacional, pueda pensar que esta continua producción de sobre–recaudaciones" de semejante magnitud, debe corregirse, y que por tanto debe corregirse la metodología de proyección, y la propia proyección. Esto sería necesario hacerlo, además, para restablecer credibilidad en el propio presupuesto. La reforma de la Ley de administración Financiera, va dirigida a eliminar la sola posibilidad de que esto ocurra.

«¡No te mandés! ¡no te olvidés de quienes somos los dueños de su República de Opereta!», nos dice el FMI.

7. El nuevo Presidente electo en 2006, queda condicionado, sino quiere desatar la ira del sacrosanto FMI, a iniciar su "mandato" –¿o su mandato como administrador del FMI?– con una "reforma" que incluirá aumentar fuertemente la edad de jubilación, aumentar drásticamente el numero de cotizaciones mínimas necesarias para poder jubilarse, y reducir en un tercio las prestaciones recibidas.

Si quiere, por alguna casualidad, cumplir las metas nacionales en materia de educación y salud, se encontrara que, mientras esto requeriría por ejemplo aumentarle gasto de educación al 7% del PIB, estará amarrado a mantener el gasto del MEDC en el 3% del PIB. Si desea responder a la imperiosa demanda de reparar y mantener los caminos rurales, no puede porque los techos son sacrosantos, etc.

Se dará cuenta, aunque me temo que ya lo sabe – TODOS los candidatos a Presidente lo saben, y están felices de cumplir ese papel, me temo – que el no será el Presidente de la Republica de Nicaragua, que se debe ante todo a sus ciudadanos, sino el pobre administrador, que se nos ha dado misericordiosamente el "derecho democrático" de elegir, de un proyecto ajeno.

Semicolonia pobre, mísera, con pobre administrador semicolonial.


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