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El Caribe: los políticos disputan votos para demostrar fuerza, no para resolver problemas, por William Grigsby Vado

None | 11 de Diciembre de 2005 a las 00:00

Para la Revista Envío, del mes de diciembre de 2005. Primera de tres partes.

Pocas veces el Caribe nicaragüense ha tenido tanta importancia para la clase política nacional. No se trata de sus endémicos problemas de hambre o de miseria generalizada o del régimen de Autonomía del cual en teoría gozan sus seis comunidades étnicas. Los políticos criollos no pierden tiempo en problemas que les son absolutamente ajenos. Simplemente, se trata de medir fuerzas: el próximo 5 de marzo, los liberales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) quieren demostrarle al banquero Eduardo Montealegre quién tiene los votos de la derecha, y viceversa; y en la otra acera Daniel Ortega y Herty Lewites, quieren probar al otro que cada quien es el dueño del electorado sandinista.

Se trata de la quinta vez que los costeños acuden a una elección regional, para elegir a los parlamentos de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte (RAAN) y Sur (RAAS). De acuerdo con la Ley de Autonomía, "el Consejo y el Coordinador Regional serán, en sus respectivas esferas, las autoridades superiores de la Región Autónoma correspondiente" (arto. 16) y "cada Consejo Regional estará compuesto por cuarenta y cinco miembros elegidos por voto universal, igual, directo, libre y secreto, debiendo estar representadas todas las comunidades étnicas de la Región Autónoma respectiva, de acuerdo con el sistema que determine la Ley Electoral" (arto. 19). A cada Consejo, además, se integran "con voz y voto, los Representantes ante la Asamblea Nacional de su correspondiente Región Autónoma". De las 16 funciones que le atribuye la ley, en la práctica, el gobierno central ha impedido sistemáticamente a esas "autoridades superiores" que las puedan ejercer. Por ejemplo, legalmente deben "participar en la elaboración, planificación, realización y seguimiento de las políticas y programas económicos, sociales y culturales que afecten o conciernan a su Región", y eso para los caribeños es todavía una tentación.

El Caribe nicaragüense comprende el 45.8% del territorio nacional (59,673.60 kilómetros cuadrados). La RAAN tiene una extensión de 32,127.28 km2 (24.7%) y la RAAS 27,546.32 km2 (21.1%). En ambas regiones viven seis diferentes comunidades étnicas: tres pueblos indígenas (Ramas, Mayangnas y Miskitus) y tres no indígenas (Creoles, Mestizos y Garífunas). En total, los grupos étnicos del Caribe están distribuidos así 72.54% Mestizo; 18.04% Miskito; 6.22% Creole; 2.45% Mayangna; 0.43% Garifuna; y 0.32% Rama. Predominan los Mestizos en las comunidades mineras, los Miskitus en Puerto Cabezas y Waspám, Creoles en Laguna de Perlas y Corn Island, y Mestizos y Creoles en Bluefields.

En la RAAN predomina la población miskitu (45.0%), seguida por los mestizos de habla hispana con un 38.0%, luego los creoles de habla inglesa y de raza negra con un 14.0%, y finalmente, los Mayangnas de habla Twahka y Panamahka, con un 3.0%. A su vez, la etnia Miskitu, en el municipio de Puerto Cabezas con un 43.0%, seguido de Waspám con un 40.8%. En estos dos municipios, que comprenden parte del litoral y el río Wangkí o Coco, vive el 83.8% de esta etnia y, en menor proporción, en Rosita (9.3%), Siuna (3.1%), Prinzapolka (2.3%) y Bonanza (1.5%) La etnia Mayangna predomina en los municipios de Rosita (57.3%), Waspám (18.0%), Bonanza (18.4%), Siuna (5.0%), Prinzapolka (1.0%), y un número muy reducido que vive en Bilwi, equivalente apenas al 0.3%. Cabe mencionar que, en Karawala (Atlántico Sur) se asientan unos 1,000 habitantes de la etnia Mayangna, y lo mismo en el departamento de Jinotega, en donde existen unas 2,000 personas Mayangnas que se asientan a lo largo del Río Bocay que no están bajo el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica, pero que en asuntos étnicos, culturales y ancestrales mantienen estrechas relaciones con las etnias de las Regiones Autónomas. La población creole está ubicada principalmente en el municipio de Puerto Cabezas (69.6%), Siuna (29.2%), Bonanza (6.0%) y Rosita (5.2%). Es notable la ausencia de la etnia creole en el municipio de Waspám. Los mestizos se encuentran concentrados en la zona de Las Minas (Siuna, Bonanza y Rosita) en donde representan el 92.7% de la población total minera, sobresaliendo el municipio de Siuna (51.5%), Rosita (24.8%), Bonanza (16.5%); Prinzapolka (2.5%); y Puerto Cabezas (4.8%).

 

TOTAL

URBANO

RURAL

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

RAAN

256,440

129,892

126,548

73,415

35,589

37,826

183,025

94,303

88,722

RAAS

389,240

196,588

192,652

167,780

82,828

84,952

221,460

113,760

107,700

Caribe

645,680

326,480

319,200

241,195

118,417

122,778

404,485

208,063

196,422

Para efectos de las RAAS, la Ley Electoral fijó 15 circunscripciones para cada Región. En el Sur, al municipio de Bluefields las números 1, 2, 3, 4, 5, 12 y 15, Paiwas la 6, Kukra Hill la 7, Laguna de Perlas 8 y 11, Corn Island 9, Desembocadura de Río Grande 10, Cruz de Río Grande 13 y El Tortuguero 14. En las zonas ocho, nueve, diez, once, doce y catorce, el primer candidato de toda lista presentada deberá ser misquito, creole, sumo, garífono, rama y mestizo, respectivamente.

En la RAAN Waspán 1, 2 y 3, Puerto Cabezas 4, 5, 6, 7 y 8, Siuna 9, 10, 11 y 12, Rosita 13, Prinzapolka 14 y Bonanza 15. En las circunscripciones uno, siete, trece y catorce, el primer candidato de toda lista presentada deberá ser misquito, creole, sumo y mestizo, respectivamente.

Las Regiones Autónomas registran el índice de crecimiento demográfico más alto del país, con 219.5% en el periodo intercensal 1971-1995. La tasa de crecimiento anual es del orden del 4.6%, sobrepasando la media nacional que fue de 3.1% en los años 90.

De acuerdo con las proyecciones de población para 2004, fijadas por el Instituto Nicaragüense de Censos y Estadísticas (INEC), en el Caribe habitan 645,680 ciudadanos de las cuales el 72% son Mestizos y el otro 28% se identifica con alguna de las comunidades indígenas: 18% Misquitos, 7% Creoles o Negros, 2% Mayagnas, 0,60 % Garífuna y 0,40% Ramas. Las Regiones Autónomas registran el índice de crecimiento demográfico más alto del país, con 219.5% en el periodo intercensal 1971-1995. La tasa de crecimiento anual esta por el orden del 4.6%, sobrepasando la media nacional que fue de 3.1% en los noventa.

Sin embargo, de acuerdo con la ley de Autonomía, en las elecciones regionales no participan todos los pobladores del Atlántico Sur: de los 12 municipios que la conforman sólo 8 participan (Bluefields, Kukra Hill, Laguna de Perlas, la Desembocadura del Río Grande de Matagalpa, La Cruz de Río Grande, el Tortuguero, Corn Island y Bocana de Paiwas, este último, incorporado en las elecciones de 1998) y cuatro quedan excluidos (Nueva Guinea Rama, Muelle de los Bueyes y el Ayote). De las 15 circunscripciones electorales, 7 corresponden al municipio de Bluefields (21 consejales); 2 a Pearl Lagoon (8 consejales) y del resto se distribuye una circunscripción por municipio. En la RAAN, no participan los habitantes del recién creado municipio de Mulukukú.

En el Informe de Desarrollo Humano 2005, titulado ¿Nicaragua asume su diversidad? presentado el pasado 1 julio, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apunta que la población creole es la que ha experimentado un menor incremento poblacional, en las últimas dos décadas. Se concentra en el sector urbano, tanto en Bluefields como en Bilwi (Puerto Cabezas). Los garífunas, con una población estimada en 3,500 personas, están asentados en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), sobre todo en la cuenca de Laguna de Perlas. La etnia rama, con una población aproximada de 1,300 habitantes, ha permanecido en la RAAS en "una situación demográfica precaria que refleja una historia de exclusión económica, social, cultural y política".

La denominada "frontera agrícola" ha sido uno de los principales motores de la migración y colonización de la Costa Caribe. El Informe de Desarrollo Humano 2005 explica que "para muchos campesinos de las diferentes regiones del país resulta atractivo afincarse en tierras supuestamente baldías y nacionales, para establecer ‘mejoras’ y venderlas eventualmente". La Ley de Autonomía careció durante 17 años de la reglamentación adecuada "que permitiese a las comunidades indígenas y afrodescendientes tramitar títulos de propiedad colectiva sobre aquellos territorios que reclamaban como suyos".

Probablemente esa realidad política, social y económica, es la principal causa del creciente alejamiento de las urnas registrado desde 1990, pues quizás los caribeños responsabilizan a sus autoridades regionales del desastre, o simplemente consideran que es inútil elegirlos, porque de todas formas quien ejerce el poder es el gobierno central, allá lejos en Managua. En cuatro elecciones regionales, la abstención es un fenómeno que se ha triplicado, como lo demuestra este cuadro:

% de abstención Elecciones Regionales del Caribe

1990

1994

1998

2002

22%

26%

43%

62.49%

En 1990, la alta tasa de participación se debe a que hubo elecciones simultáneas para Presidente, diputados y gobiernos municipales. La tendencia abstencionista es aún mayor en el Sur: en los comicios regionales de 2002, en la RAAN votaron 45,724 de 83,438 empadronados, una abstención del 45.20%. En la RAAS, participaron 27,664 de 112,212 registrados, con una abstención del 75.35%.

En las elecciones municipales del año pasado se registró una mayor participación electoral. En la RAAN votaron 57,093 de 118,312 electores registrados, (abstención 51.74%) y en la RAAS, de 173,537, depositaron su voto 71,003, (abstención 59.1%).

En la RAAN, para las elecciones generales de 1984 votó el 64.2%, en 1990 el 66.2% y en 1996 el 69.4%. En la RAAS en 1984 votó el 59.7% del electorado, en 1990 el 73.1% y en 1996 disminuyó al 52.5%.

Poco después de conocer los resultados regionales de 2002, Miriam Hooker, del Centro de Derechos Humanos Ciudadanos y Autonómicos (Cedehca), comentó "los costeños estamos cansados de promesas que se hacen en los procesos electorales por parte del Gobierno Central e instituciones centrales, pero que no responden a los problemas más sentidos de la ciudadanía local. Un reflejo de eso es el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, en el que señala que de los 25 municipios más pobres del país, 12 están en la Costa Caribe. Mientras continúen esas significativas brechas de equidad, los costeños comenzaremos a pensar si vale la pena involucrarnos en procesos como el que acaba de pasar, si éstos no responden a nuestras necesidades". En opinión de Mauricio Zúñiga, jefe de los observadores que desplegó el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), "cuando el mecanismo electoral no conlleva transformaciones políticas, económicas y sociales, ya que estas autoridades no impulsan cambios que afecten el nivel de pobreza en esta región, esto desmotiva al ciudadano a acudir a elegir a sus autoridades".

Este año, la realidad regional no ha cambiado. Por el contrario, los problemas se han profundizado, y ahora con ingredientes adicionales: la feroz penetración del consumo de drogas (marihuana y cocaína) en la juventud de prácticamente todos los grupos étnicos, el poderío económico de los narcotraficantes y su creciente influencia política en ambas regiones del Caribe, y el PNUD también apunta la penetración de los inmigrantes mestizos de la frontera agrícola, que ya están amenazando los remanentes del bosque latifoliado del trópico húmedo históricamente preservado por comunidades miskitas y mayangnas.

Agrega el informe que en las comunidades indígenas y campesinas la drogadicción está provocando robo de cosechas y violencia contra personas mayores; y el consumo de drogas ha penetrado a las comunidades indígenas, la mayoría miskitas, y a las poblaciones campesinas mestizas, provocando la destrucción del capital humano. Se creía que la drogadicción era un problema sólo de la población negra (afrodescendiente) o de los pobladores urbanos, pero el informe del PNUD precisa que en las aldeas indígenas de la costa caribeña están consumiendo marihuana, producida en la misma zona, y crack elaborado con cocaína que llega de Colombia. El consumo de drogas ha afectado a jóvenes y adultos que pertenecen al segmento de población en edad de trabajar, lo que repercutirá de forma negativa en las actividades productivas caribeñas. "Los expendios aparecen, en gran medida, a cargo de mujeres adultas, bajo la lógica de asegurar la supervivencia económica familiar", señala el informe. En las comunidades miskitas, la drogadicción ha provocado el robo de cosechas, la violencia hacia las personas mayores, y los atentados contra el bien común, la unidad y la paz, que son elementos que han mantenido unidos a los indígenas. En los caseríos de campesinos mestizos también ha aumentado la violencia, social e intrafamiliar, llegando hasta "la violencia atroz". El informe destaca que los comunitarios no perciben el interés de las autoridades por atender esos problemas, aunque "por los daños irreversibles que genera, el consumo de drogas debería ser clasificado como un factor destructor del capital humano".

El problema de la drogadicción en el Caribe nicaragüense comenzó en los años noventa, cuando las comunidades miskitas costeras al norte de Puerto Cabezas encontraban cocaína en la playa y en los Cayos Miskitos que, al parecer, los traficantes la habían lanzado por la borda cuando eran perseguidos en alta mar. El estudio del PNUD cita el relato de un indígena anciano que acepta que su comunidad "está implicada en el comercio de drogas" y "ahora necesita ayuda". Él cuenta que hace varios años "los sacos de cocaína colombiana llegaban accidentalmente, flotando en las olas, (y) los lugareños lo llamaban regalo de Dios". Pero luego se percataron de que era "una trampa diabólica, mata hombres, jóvenes indígenas miskitos..."

Por otro lado, el avance de la frontera agrícola y ganadera mestiza ha tenido "un efecto devastador en la existencia y uso de los recursos naturales y amenaza la viabilidad económica, social, multicultural y política de las regiones autónomas", advierte el Informe. Un sacerdote católico de Bluefields dijo a los investigadores del PNUD que "los personajes de frontera agrícola son los grandes terratenientes que tienen grandes extensiones de tierra, éstos son mestizos; no mestizos costeños, sino mestizos que vienen del lado de Chontales y del centro del país y son los destructores de nuestros recursos naturales". El flujo migratorio más relevante en la Costa caribeña es el del "campesinado mestizo en extrema pobreza" hacia tierras supuestamente "baldías", "nacionales" y "sin dueño" ubicadas en lo que se conoce como frontera agrícola y ganadera que, según el informe, "ha llegado prácticamente a su fin". Esos territorios amenazados por la migración mestiza, han pertenecido a comunidades indígenas mayangnas (sumu) y miskitas y allí se encuentra el remanente del bosque latifoliado del trópico húmedo. "En algunos municipios como La Cruz del Río Grande y El Tortuguero (en la RAAS) esa migración, que constituye la frontera pionera, alcanzó su fin y está en el litoral Caribe", precisa el Informe de Desarrollo Humano. El problema ahora es que la expansión de la frontera agrícola, con el arribo de gente procedente del occidente y el norte del país, ha puesto al borde de la extinción la flora, fauna, suelos, además de reducir la calidad de vida de los nativos de la Costa. La migración ha elevado la población mestiza a medio millón de personas en las regiones caribeñas, dejando a los pueblos indígenas y afrocaribeños como grupos minoritarios. También "ha convertido a 9 de los 19 municipios en unidades administrativas monoétnicas y, en su perfil demográfico, comparables a los municipios colindantes de los departamentos vecinos", dice el informe del PNUD.

Esto ha sido motivo de alerta entre los costeños, porque el predominio mestizo podría erosionar los principios del estatuto de Autonomía que pretende "garantizar la representatividad y convivencia multiétnica, a través del ejercicio democrático de derechos históricos de pueblos indígenas y comunidades étnicas en el marco de la unidad nacional", advierte el estudio. El PNUD sugiere que esa tensión interna en la Costa sea enfrentada, de forma "urgente, constructiva e integral" por las instituciones autonómicas, los gobiernos regionales y el Gobierno Central. "El problema no es el campesino de frontera. Es un complejo proceso de expulsión de población mayoritariamente campesina en extrema pobreza, originaria del centro y norte del país, hacia las regiones autónomas, debido a la dramática reducción de la presencia y servicios del Estado... la especulación de tierras, el desempleo y la falta de ingresos en el sector rural".

Pearl Marie Watson, representante comunitaria de Monkey Point, jurisdicción de Bluefields, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), denunció que el gobernador Rayfield Hodgson, junto al concejal liberal de Bluefields, Luis Gutiérrez, han autorizado a más de cinco mil colonos chontaleños, asentarse en tierras comunales de la etnia Rama, entre la franja de tierras ubicadas en Río Indio y Monkey Point (reserva protegida). "A diario están botando más de dos manzanas de bosques entre río Indio Maíz, hasta Yaladina (Bluefields). Son más de cinco mil colonos los autorizados por Rayfield y el alcalde", denunció Watson. Hodgson reconoció que fue un error el avalar el ingreso de los colonos a esos territorios, pero lo justificó alegando que "lo hice para evitar derramamiento de sangre, ya que ellos se presentaron a mi oficina diciendo que eran comandantes de la Resistencia".

Watson dijo que las comunidades creoles y ramas desalojarán a los cinco mil colonos chontaleños de las tierras comunales que invadieron, pero "trataremos primero de hacerlo ordenadamente. Eso nos ha dicho la Policía y el Ejército, ellos nos apoyarán", dijo.

Pero hay otras realidades que reflejan el grado de abandono de la población caribeña. En estos cuadros se reflejan algunas de ellas, según cifras de Naciones Unidas publicadas en 2001:

Componente

% Costa Caribe

% resto de Nicaragua

Economía

Volumen de actividad pesquera

67

33

Contribución de la pesca al PIB

1.01

0.5

Oro

24

76

Área de bosques

70

30

Ganado bovino

32

68

Ganado porcino

37

63

Área de granos básicos

23

77

Pequeñas y medianas empresas

1.9

98.1

Transferencias a municipalidades

10

90

Pobreza

Pobreza extrema (% del total)

45.8

61.3

Número de municipios en pobreza extrema

12

7

Índices sociales

Viviendas sin agua potable

65

32.3

Escuelas

7.6

92.3

Viviendas sin energía eléctrica

33.9

52.3

Alfabetización

31.4

20.9

Esperanza de vida

65.8

68

Y en particular, es más grave la situación en el Caribe Norte,

Indicadores RAAN

Indicador

Nacional

RAAN

Electrificación 

52.3

8.92

Unidades telefónicas/100h

3.4

0.82

Agua potable

32.3

8.8

Servicios sanitarios

21.1

5.2

Cobertura de vacunación en menores de 5 años

BCG

82

55

Polio

78

36

DPT

82

36

Sarampión

80

16

Médicos por 10,000 h

7.26

4.93

Zona

Cobertura de agua

RAAN

16

Puerto Cabezas

33

Bonanza

20

Rosita

16

Waspam

15

Waslala

0

Siuna

8

Prinzapolka

8

 

Niveles de pobreza e indicadores de salud

Indicador

Nacional

  RAAN

Mga.

% en quintil

20

53

1.3

Mortalidad Materna

115

348

50

Mortalidad Infantil

35

47

22

Desnutridos    

20

34

8

Morbilidad EDA

431

1,037

379

Morbilidad IRA

2,628

2,790

2,104

Morbilidad malaria

19

100

4

Otro problema pendiente de resolver, es la demarcación de las tierras ancestrales de las comunidades étnicas. A finales de noviembre, durante un foro sobre demarcación territorial, la rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la costa Caribe de Nicaragua (Uraccan), Alta Hooker, acusó al Presidente Enrique Bolaños de burlarse de las comunidades étnicas, porque ordenó que no se inscriban los títulos de propiedades comunales que él mismo entregó en el municipio de Waspam, hace cinco meses a 85 comunidades costeñas y de Jinotega. "Es una burla del Presidente de Nicaragua con la costa Caribe. Significa un atraso en el proceso de demarcación de tierras comunales. El Presidente llegó a Waspam hace cinco meses y entregó cinco títulos de demarcaciones territoriales y ahora ha ordenado no inscribirlas", denunció Hooker. La titulación de estas tierras comunales se basó en la Ley 445 o Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, aprobada en enero de 2003, y uno de cuyos objetivos es garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, uso, administración y manejo de sus tierras y recursos naturales mediante la demarcación de las mismas. En aquella ocasión el mandatario demarcó 587.629 hectáreas de tierras (5,876.29 km2) y dijo que tal acción beneficiaría a 31,705 habitantes indígenas. "Cuando aprobaron los títulos para Waspam, todos nos sentimos felices porque dijimos que el proceso iba a avanzar, pero ahora nos damos cuenta que el Presidente Bolaños se ha burlado de las comunidades de la Costa. Esta es una de las maniobras más del Gobierno del presidente Bolaños en contra de la costa Caribe de Nicaragua. Por muchos años nos han venido diciendo que no se ha profundizado en el proceso de autonomía de la costa Caribe de Nicaragua, porque los costeños no nos ponemos de acuerdo, que no tenemos propuestas, pero ahora estoy más convencida que ellos (gobierno central) quieren seguir tomando decisiones por nosotros", lamentó Alta Hooker. (La Prensa 1 de diciembre).

Según el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, para estas elecciones el padrón electoral se calcula en 211 mil ciudadanos, y "se estima que un 20 por ciento de la población, sobre todo jóvenes, no tienen cédula de identidad". En 2002, el padrón estaba constituido por 112,212 pobladores (33,163 urbano y 79,049 rural) en el Sur y 83,438 (35,297 urbano y 48,141 rural) en el Norte.

El presidente del Consejo Electoral Regional (CER) de la RAAS Hugo Saavedra afirma que actualmente, el padrón electoral del Caribe Sur es de 124,947 personas, de las cuales 40,081 residen en el casco urbano y 84,866 habitan en el sector rural. En el caso de la RAAN, Nery González, presidente del CER, aseguró que el padrón electoral estimado es de 86,250 personas, de ellas 39,352 viven en la zona urbana y 46,898 residen en la zona rural. En total, según Saavedra, están registrados 211,197 ciudadanos. Los Centros de Votación registrados por la Dirección de Cartografía son 425, la mayoría se concentra en la RAAN, con 258, y 167 en la RAAS.

Sin embargo, de acuerdo a la proyección del Instituto Nicaragüense de Censos y Estadísticas (INEC), en 2004 había 122,773 ciudadanos mayores de 16 años (34,634 urbano y 109,83 rural) en el Norte y 201,997 (59,617 urbano y 142,380 rural) en el sur, para un total de 324,770. ¿Cómo se explica que el Padrón registre una tercera parte menos de la población en edad de votar?

La Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) del banquero Montealegre denunció que más del 30 por ciento de las personas inscritas en el padrón electoral no se encuentran en la costa caribe, según los resultados de estudios preliminares que miembros de esa coalición efectúan en esa zona. "Prácticamente, el 32 por ciento de la población no existe en el padrón regional, no sabemos si esas personas están muertas, han emigrado o es que el padrón electoral de la Costa Atlántica nunca ha sido depurado en lo más mínimo", declaró Salvador Talavera, presidente del Partido de la Resistencia, uno de los integrantes de la ALN y jefe de campaña de la alianza para las elecciones caribeñas. Talavera ejemplificó que en Bocana de Paiwas, de 17 mil 753 habitantes reflejados en el padrón electoral, distribuidos en 60 Juntas Receptoras de Votos (JRV), son 12 mil 306 personas las que viven en ese municipio, de acuerdo a la verificación que han realizado.

También el PLC ha denunciado anomalías. El vocero nacional Leonel Téller, señaló que en las revisiones preliminares, principalmente en río Coco Arriba, al menos 11,032 personas no están ubicadas en ningún centro de votación. "Hasta la fecha, hemos identificado a ciudadanos que pertenecen y son votantes, que son residentes de la Región Autónoma y que han sido enviados a votar en otros lugares que no son ni los centros ni las Juntas Receptoras de Votos donde ellos realmente deberían estar votando", dijo Téller. Y según Léster Flores, secretario de actuación política del PLC en el Caribe, "es un problema histórico, no crean que es un problema que viene desde lo que ustedes mal llaman pacto libero-sandinista, no viene desde ese momento". Después de la derrota electoral sufrida por el PLC en las elecciones municipales del 2004, magistrados liberales del CSE declararon que unos 30 mil electores se quedaron sin votar al no poder ubicar la JRV que les correspondía.

A partir del 1 de noviembre, el CSE inició un proceso de verificación para que cada elector comprobara en cuál JRV le corresponde ejercer el sufragio y entre el 24 y el 27 de noviembre, hizo "un proceso de verificación masiva, como si fueran cuatro días de elección" pero resultó en un fracaso estrepitoso. En los 167 centros de votación de la RAAS y los 258 de la RAAN, apenas un 36.18% de los electores acudió a verificarse, de acuerdo al reporte oficial del CSE. Por ejemplo, en seis circunscripciones del Caribe Norte se atendieron 5,425 ciudadanos de 22,436 inscritos, según informó el director específico de Organización Electoral adscrito al CSE, Víctor Calderón Mayorga, quien atribuye tanta inasistencia a la falta de costumbre de los ciudadanos. "Además no le dan importancia", dijo. En Bluefields, según Saavedra, de los 23 centros donde hay inscritos 27,690 electores que debían verificarse, solamente 946 lo hicieron y, 309 ciudadanos fueron incorporados al padrón respectivo. "Ha habido una pasividad de parte de la población. Nosotros dispusimos todos los centros de verificación abiertos, a pesar de las limitaciones", dijo Saavedra.

En opinión de Mauricio Zúñiga, del Ipade, que envió un equipo de observadores a las dos regiones caribeñas, "la apatía ciudadana, la falta de colaboración de los partidos políticos y una insuficiente campaña pública, son algunos de los factores que incidieron en la bajísima participación". El Ipade afirma que, según sus conteos, la participación fue del 12%. El presidente CSE, Roberto Rivas, considera que uno de los factores que pudo incidir es que en sectores urbanos, algunos partidos políticos procedieron a visitar casa por casa a los pobladores, con el padrón electoral facilitado por ese Poder del Estado. "Están en su derecho pero eso hizo que la gente se considerara ya verificada", dijo Rivas.

El Ipade comparte la opinión de Rivas, porque una de las causas fue el desorden creado por los partidos que efectuaron primarias. "Los partidos, con una copia del padrón, chequeaban la ubicación del ciudadano y muchos de éstos creyeron que con eso bastaba y no era necesario acudir a verificarse. Además, no instaron a los votantes a que se verificaran", dijo Zúñiga. Explicó que entre otras razones de la baja participación, está la apatía al proceso electoral regional debido al desencanto político, la ausencia de una intensa campaña en creole, miskito, garífuna y español en las radios locales; y el que muchos ciudadanos se fiaran de que sus datos estaban correctos por haber votado en las municipales. También, explicó Zúñiga, a muchos se les hace imposible recorrer largas distancias, abandonar sus cosechas o ir a verificarse luego de haber sido reubicados temporalmente a causa del paso del huracán Beta. Zúñiga insistió en el desdén ciudadano respecto al proceso electoral regional.

El proceso evidenció algunas anomalías de gravedad. En Punta Gorda, una comunidad de Bluefields, se pudo constatar que miles de ciudadanos residentes en Nueva Guinea, intentaron inscribirse en los padrones de los centros de votación. En esta comunidad, tenían previsto verificar a unas 500 personas, pero según datos oficiales llegaron casi tres mil a verificarse. "La persona que se encuentre haciendo cambio de domicilio de manera dolosa, será enjuiciada", advirtió el vicepresidente del CSE, magistrado Emmet Lang Salmerón, aunque el presidente del Consejo, Roberto Rivas fue más prudente y en su opinión "hay que hacer un análisis a profundidad, ya que puede ser un movimiento migratorio por razones laborales o de otra índole".

En el período 1998-2002, el Consejo Regional de la RAAN estaba integrado por 24 consejeros del PLC, 13 del FSLN y ocho Yátama. Los partidos regionales obtuvieron en la RAAS el 29% de los escaños mientras que en la RAAN, YATAMA obtuvo el 18%. En las elecciones de 2002, así votaron los caribeños:

Resultados Elecciones Regionales del Caribe – 2002 Votos Válidos

Región

PLC

FSLN

PAMUC

PRN

YATAMA

Totales

Padrón

Abstención

RAAN

16,584

14,961

3,240

1,109

9,837

45,731

83,438

37,707

45.19%

RAAS

17,245

7,272

n/a

1,425

1,727

27,652

112,212

84,560

75.35%

Total

33,829

22,233

3,240

2,534

11,564

73,128

195,650

122,267

62.49%

Con esos resultados, en el Caribe Norte el PLC logró 16 consejeros, el FSLN 15, Yátama 11 y el Partido Movimiento de Unidad Costeña, 1. Y en el Caribe Sur, el PLC obtuvo 29, FSLN 14 y Yátama 1. De acuerdo con la ley, a cada Consejo Regional se integran los diputados respectivos. En el Norte, son tres (dos liberales y un sandinista) y en el Sur dos, ambos liberales. Desde el punto de vista étnico, este cuadro refleja la creciente "españolización" o "mestizización" de los órganos regionales:

Región
Período
Mestizo
Miskito
Creole
Mayagna
Garífuna
Rama
RAAN 48 consejeros
1990-1994
18
25
2
3
0
0
1994-1998
22
22
2
2
0
0
1998-2002
23
21
2
2
0
0
2002-2006
27
18
1
2
0
0
Sub total
90
86
7
9
0
0
RAAS 47 consejeros
1990-1994
17
6
17
2
3
2
1994-1998
24
4
12
2
3
2
1998-2002
27
5
7
3
3
2
2002-2006
28
3
9
2
3
2
Sub total
96
18
45
9
12
8

Si nos atenemos a las tendencias históricas de participación electoral, de percepción entre los caribeños sobre la eficacia de sus órganos regionales de gobierno y la colonización de sus tierras por los campesinos mestizos, la abstención debe rondar entre un 60 y un 65%. Pero ese pronóstico podría alterarse por la agitación política que viven los dos grandes partidos, PLC y FSLN y por el resonante éxito de Yátama en las elecciones municipales del 2004, cuando logró conquistar Bilwi y otras dos alcaldías, lo cual podría animar en particular a los miskitos a volcarse a las urnas.

Pero otra vez los partidos acuden a estas elecciones con el mismo discurso electorero, carente de propuestas para los caribeños y repleto de demagogia.