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La Izquierda y sus demonios, por Andrés Pérez Baltodano

None | 2 de Enero de 2006 a las 00:00

El pensamiento político y la propuesta de gobierno de un movimiento de izquierda moderno y renovado nicaragüense tienen que enfrentar tres tareas fundamentales: Defender nuestra soberanía, entendiéndola como una capacidad social que permita a los nicaragüenses determinar su destino como Nación; promover la construcción activa de ciudadanía, dándole al pueblo la capacidad política para condicionar la acción del Estado; y finalmente, facilitar por todos los medios que en nuestra sociedad se desarrolle una visión moderna de la historia que nos permita superar el providencialismo y el pragmatismo-resignado que nos ahoga.

La articulación de un pensamiento y un programa de izquierda para Nicaragua, sin embargo, no implica, simplemente, redactar un nuevo “ideario político” y una nueva “plataforma de gobierno”. Para modernizarse, la izquierda nicaragüense tiene que enfrentar sus propios demonios históricos. Y si son tres las tareas, tres son esos demonios: su actitud frente a los derechos y libertades individuales, su visión del mercado, y su valoración del autoritarismo y la coerción como medios para el mantenimiento del orden

Más allá de las diferencias que han dividido a las fuerzas de izquierda de Nicaragua y del resto del mundo, la lucha por la justicia social ha sido el común denominador que ha marcado la visión y la práctica política de este movimiento. Sin embargo, al levantar la bandera de la justicia social, la izquierda ha relegado a un segundo plano, o ha rechazado, el principio de las libertades y los derechos individuales que, junto con el de los derechos colectivos y la justicia social, constituyen los elementos indispensables de un humanismo integral.

Si la defensa de la justicia social ha sido la principal fortaleza de la izquierda latinoamericana, su resistencia a aceptar el principio de las libertades y los derechos individuales como elementos fundamentales de la condición humana, ha sido su principal debilidad. Y esta debilidad, además, ha sido la principal causa de sus fracasos cuando ha alcanzado el poder.

El socialismo ha sido incapaz de institucionalizarse en libertad. En otras palabras, ha sido incapaz de desarrollar el nivel de legitimidad democrática que se requiere para que el mantenimiento del orden no descanse en el uso de la coerción. En este sentido, las experiencias socialistas del siglo XX han confirmado lo que Jean Jacques Rousseau señaló hace más de dos siglos: para lograr su verdadera institucionalización, los modelos de organización social deben ser capaces de transformar el poder en autoridad y la obediencia en un sentido de obligación ciudadana.

La ausencia en la historia del siglo XX de una verdadera democracia socialista que promueva la justicia social dentro de un marco de derechos y libertades individuales no puede atribuirse, simplemente, a la “amenaza del capitalismo”. Tampoco al tiempo que supuestamente se requiere para consolidar y legitimar un sistema político.

Por supuesto que la fuerza del capitalismo ha atentado y atentará siempre contra el socialismo. Y por supuesto que la consolidación de cualquier sistema complejo de organización social y su legitimación son procesos de larga duración. Pero hay algo más que debemos reconocer en las experiencias del socialismo del siglo pasado y en el mismo socialismo cubano. El rechazo del socialismo al valor del individuo y sus derechos es el germen de su propia incapacidad para consolidarse democráticamente en el poder. El reconocimiento de este problema es una de las tareas que la izquierda nicaragüense y mundial tienen que enfrentar para superarlo

La glorificación de la Historia

La filosofía y las ciencias sociales marxistas tendieron casi siempre a ignorar o a minimizar el valor de la razón individual y asumieron que la razón es una facultad colectiva e histórica que trasciende la capacidad de comprensión del ser humano concreto e individual. Desde esta perspectiva, la Historia, así con mayúscula, es vista como un movimiento universal que, con vida y lógica propia, encarna una razón universal que sobrepasa el poder de la razón individual. La razón de esa Historia se encarna colectivamente en la clase trabajadora. En la práctica socialista del siglo XX, los individuos de carne y hueso tenían que rendirse frente a esas abstracciones o arriesgarse a ser aplastados por los que gobernaban en su nombre.

La elevación de lo colectivo sobre lo individual, y de la Historia sobre la vida y el desarrollo de la conciencia de hombres y mujeres concretas tuvo un eco especial en Nicaragua durante el experimento revolucionario de los años 80, por nuestra tradición política autoritaria, por la ausencia en nuestro país de ciudadanos dotados ! de derechos reales y efectivos, y por el peso del providencialismo religioso, que nos empuja a asumir nuestro desarrollo individual y el de la sociedad como procesos que nosotros no controlamos.

El providencialismo religioso nos había preparado desde hacía 500 años para aceptar que la razón de la Revolución Sandinista residía en la Historia y en el proletariado y campesinado nicaragüense, como abstracciones que sobrepasaban la capacidad de visión y acción del individuo. Por esta vía, la “Historia” se convirtió en un sinónimo de “Dios”. Pero como esa Historia no hablaba ni se dejaba ver -tampoco Dios-, necesitábamos del Partido y de la Dirección Nacional para entender su significado. Así pues, habiendo repetido por cinco siglos hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, nos fue fácil gritar: ¡Dirección Nacional ordene!

No cabe duda que la relación entre los derechos colectivos y sociales -indispensables para alcanzar las metas de justicia que orientan la visión de la izquierda- y los derechos individuales –indispensables para la legitimación democrática del poder– es tensa y hasta contradictoria. A pesar de esto, la izquierda tiene que aprender a vivir con esta difícil relación. Sin los derechos colectivos, los derechos humanos se congelan y la sociedad se estanca. Peor aún, sin los derechos colectivos, la sociedad sacrifica a todos aquellos hombres y mujeres que no cuentan con la capacidad real para hacer valer su individualidad. En un país de pobres y excluidos como Nicaragua, los derechos individuales -el derecho al voto, por ejemplo- son, como Marx decía y como lo diría el mismo Jesús, fantasmagorías.

Al mismo tiempo, sin derechos individuales, los derechos sociales carecen de una fundamentación democrática y, por lo tanto, promueven el fetichismo, el caudillismo, el autoritarismo, el totalitarismo, el vanguardismo y todas esas aberraciones políticas que rechazan a la persona humana concreta como la legítima fuente de derecho y de razón en la historia. Sin derechos individuales los derechos sociales son, en el mejor de los casos, asistencialismo, “compensación social”, caridad estatal.

En ausencia de una estructura de derechos individuales, el Estado, la revolución, los líderes revolucionarios, o los comités centrales, se convierten en los fetiches a los cuales el pueblo tiene que rendir pleitesía para sobrevivir en un mundo en donde todo -la vida y la muerte, la pobreza y el bienestar- depende de una voluntad externa a la de nosotros mismos. En esas condiciones, el Estado, la Historia, o la Revolución, se convierten en versiones seculares de la idea del Dios providencial, del Dios fetiche al que nos han acostumbrado las iglesias en nuestro país

El rechazo tradicional de la izquierda a los derechos individuales ha puesto un sello a su visión del mercado, llevándola a asumir que la existencia del mercado y el derecho a la propiedad privada implican necesariamente aceptar la lógica del capital como la racionalidad orientadora de la vida social. En este sentido, la izquierda ha mitificado la idea del mercado y ha asumido que éste es necesariamente incompatible con un modelo de sociedad organizado para expandir los derechos y la justicia para todos.

El mercado es una estructura de relaciones, transacciones, acuerdos e intercambios de bienes y servicios entre compradores y vendedores. La competencia que alimenta la producción y el comercio se organiza mediante normas y regulaciones que deben promover la eficiencia y proteger un bien común que debe articularse democráticamente. El mercado, así concebido, es compatible con un modelo de organización social humanista y cristiano. Más aún, un mercado competitivo y eficiente es compatible con la promoción de la justicia social.

Crear las condiciones que nos permitan encontrar el modelo de sociedad que necesitamos pasa por reconocer que no existe “el mercado”, sino diferentes modelos de relaciones entre Estado, mercado y sociedad. Esto se demuestra, por ejemplo, en las importantes diferencias que existen entre los modelos de relación entre el mercado, el Estado y la sociedad canadiense, la europea y la estadounidense. También en las diferencias que encontramos entre la función social del mercado en países como Costa Rica, Guatemala o Nicaragua. La diferencia entre todos estos modelos está determinada por el desarrollo de los derechos ciudadanos en cada una de esas sociedades.

En Nicaragua, un programa de izquierda tendría que promover la organización política de nuestra población para generar un poder social con la capacidad de democratizar el poder del Estado y, a través del Estado, del mercado. Esto significa que la democracia nicaragüense tiene que dejar de ser un simple ejercicio electoral para transformarse en un proceso permanente de construcción de aspiraciones colectivas. De este proceso surgiría el verdadero consenso social que necesita Nicaragua: un consenso que trascienda las visiones elitistas de los grupos que hoy controlan el poder y que no comparten el drama existencial que significa ser pobre en Nicaragua.

El bien común y el mercado

La izquierda debe ver la democracia como un intento permanente por integrar y balancear la racionalidad instrumental capitalista con la racionalidad sustantiva que se deriva de la ética humanista cristiana. En su expresión más concreta, este intento trata de establecer un balance adecuado entre el principio de las libertades individuales -incluyendo las que requiere el capitalista para operar dentro del mercado- y el principio de la justicia social que pro! mueve el respeto a la dignidad humana como un principio absoluto.

De ahí que el pensamiento democrático sea, fundamentalmente, un pensamiento que promueve las libertades individuales dentro del marco de un contrato social. En este sentido, el pensamiento democrático es un intento de promover la libertad de mercado dentro de límites diseñados para proteger el bien común.

En Nicaragua, el segundo país más pobre y desnutrido del continente americano, la definición del bien común tiene, necesariamente, que tener como objetivo principal la resolución del problema de la pobreza. Y para eso, el mercado y la libertad de mercado tienen que enmarcarse dentro de condicionantes éticos que faciliten la organización de una “economía de guerra” para combatir el hambre. Porque la libertad de mercado no puede concebirse como una libertad irrestricta. El mercado -lo señalan la enorme mayoría de los teóricos liberales del Occidente- no genera los valores que han hecho posible la convivencia democrática y el desarrollo y la consolidación de los derechos ciudadanos.

En este sentido, la visión económica de la izquierda es radicalmente diferente a la visión neoliberal de la derecha nicaragüense. El neoliberalismo defiende la racionalidad instrumental del mercado como la lógica que debe definir la organización de la sociedad. Esa racionalidad es ciega ante la injusticia social, la degradación del ambiente y la pérdida de la dignidad humana.

La ética humanista que orienta a la izquierda debe basarse en una racionalidad “sustantiva”, fundada en principios sociales y humanistas que deben ser articulados y promovidos democráticamente. Desde una perspectiva sustantiva, la bondad o maldad de una acción no se mide por sus resultados materiales, ni por su mayor o menor eficiencia, sino por su apego a principios fundamentales como la solidaridad, la justicia social y la dignidad humana.

Así pues, mientras que dentro del marco de una racionalidad instrumental la posibilidad de una vida digna depende de la capacidad del individuo para operar con éxito dentro del mercado, la racionalidad que debe sustentar el pensamiento humanista de la izquierda establece que la dignidad de las personas es la variable independiente a la cual debe adaptarse la organización de la economía y la sociedad. Las coincidencias entre el cristianismo y el pensamiento progresista de la izquierda son claras.

En el apartado 1881 del Catecismo encontramos esto: Cada comunidad se define por su fin y obedece en consecuencia a reglas específicas, pero el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. Desde esta perspectiva, los modelos económicos deben formularse en función de la dignidad humana, y no como lo propone el gurú del neoliberalismo Milton Friedman o los autores del fracasado Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Bolaños. Para Friedman y para la tecnocracia bolañista, la sociedad y sus necesidades deben ajustarse a la lógica de los modelos que garantizan la reproducción del capital.

El valor de la democracia no radica en su capacidad para ponerle fin a las tensiones que inevitablemente surgen entre la racionalidad instrumental del mercado y la racionalidad sustantiva humanista y cristiana, sino, sencillamente, en su disposición a aceptar el reto de entenderlas y reconciliarlas. En la otra acera, el totalitarismo y el neoliberalismo constituyen estrategias sociales que pretenden resolver, de manera definitiva, las tensiones y contradicciones que generan la combinación de estos principios.

Los resultados de este absolutismo reduccionista han sido siempre nefastos: el pensamiento totalitario “resuelve” las tensiones entre la libertad individual y la justicia social sacrificando la libertad. Y el pensamiento neoliberal lo hace sacrificando la justicia. El pensamiento político democrático debe ser capaz de asumir el reto de posicionar el mercado dentro del marco d! e un contrato social que refleje, con justicia, las obligaciones y derechos de todos los nicaragüenses. Desarrollar este pensamiento implica trascender las reducciones materialistas que, con signos opuestos, establece el totalitarismo disfrazado de socialismo y el neoliberalismo. Significa desarrollar la capacidad para evitar la política de la convicción y promover la política de la responsabilidad

De la convicción a la coerción

En su famoso ensayo La Política como Vocación, Max Weber identifica dos tipos de ética o racionalidad que pueden servir para orientar la acción política y la función de gobierno: la ética de la convicción, que se expresa en la defensa inflexible e incondicional de valores y principios absolutos; y la ética de la responsabilidad, que combina elementos de convicción con la flexibilidad que se requiere para alcanzar posiciones de consenso democrático.

La democracia requiere de una ética de responsabilidad. Desde esta perspectiva, el Estado democrático no es aquel que impone de cualquier forma una posición ética determinada. El Estado democrático es aquel que opera en función de valores sustantivos -como la justicia social- pero que, al mismo tiempo, reconoce la necesidad de defender y promover esos valores respetando los derechos individuales de todos. Desde esta perspectiva, un gobierno de izquierda democrático es aquel que intenta y logra desarrollar la capacidad para alcanzar resultados sociales justos y adecuados a través del reconocimiento, el balance y la conciliación de intereses y posiciones en conflicto.

La ética de la convicción -propia de organizaciones políticas totalitarias y de organizaciones religiosas que funcionan sobre la base de principios dogmáticos- es una ética absoluta que no admite divergencias. Se cree o no se cree. Se es o no se es. La ética de la responsabilidad es una ética que se nutre de convicciones y de valores, pero esas convicciones están abiertas a todas aquellas posiciones y propuestas que se articulan y expresan dentro de los procesos de participación política democráticos establecidos por la ley. Al Estado le corresponde tomar en consideración estas posiciones y balancearlas en función de un bien común articulado democráticamente.

La institucionalización de la ética de la responsabilidad debe verse como un esfuerzo para crear una visión contractualista moderna y democrática de la política que supere el uso de la coerción -el principal instrumento de los gobiernos y grupos que actúan de acuerdo a la ética de la convicción- y el pactismo, como tecnología política propia del pensamiento y la cultura pragmática, resignada y oportunista, que es la que prevalece en nuestro país. Promover el contractualismo y la ética de la responsabilidad no es promover pactos de cúpulas, ni defender centrismos amañados. Se trata de lograr una verdadera representación de los derechos y las obligaciones de los grupos sociales que componen nuestra Nación potencial, para traducirlos en un modelo de Estado, mercado y sociedad que nos proporcione a los nicaragüenses un horizonte y un destino compartidos. En este esfuerzo, la izquierda debe asumir la representación de los intereses de los sectores sociales más débiles de nuestra sociedad, respetando al mismo tiempo, los derechos del resto de los individuos y sectores de la sociedad nicaragüense.

Una posición de izquierda, orientada a defender los intereses de los sectores más débiles de la sociedad, tendría que ser capaz de lograr y mantener el apoyo democrático de la enorme mayoría de la población nicaragüense, porque nuestro país es una sociedad de pobres y excluidos. Más difícil, mucho más difícil que obtener el respaldo del pueblo nicaragüense, sería convencer a las élites del país a participar en el sacrificio colectivo que necesitamos hacer todos -los nicaragüenses que viven en Nicaragua y los que forman parte de la diáspora nicaragüense- para sacar al país de su miseria.

La derecha nicaragüense es uno de los sectores políticos más atrasados de América Latina. Su visión es nula y su pensamiento inexistente. Esto explica que no haya sido capaz de entender que la protección de sus propios intereses exige un esfuerzo y un sacrificio para salvar al país y a los pobres del país de su miseria.

Ni el conservatismo ni el liberalismo nicaragüense lograron sobrevivir el siglo XX. El primero prácticamente desapareció bajo el peso de su propia incapacidad para generar una visión y un pensamiento para Nicaragua. Por su parte, el liberalismo degeneró, a pesar de su existencia formal, en una asociación ilegítima para delinquir. Ambos grupos abandonaron las aspiraciones doctrinarias que facilitaron su surgimiento después de la Independencia y dejaron de pensar para convertirse en lo que, ya en 1867, Enrique Guzmán llamó “partidos-pandillas”, es decir, organizaciones que no tienen otro común denominador que su ciega adhesión a un caudillejo cualquiera o a mezquinos intereses de campanario.

Hay que señalar, sin embargo, que en la historia nicaragüense han existido intelectuales y políticos de derecha que han sido capaces de elevar su mirada más allá de sus intereses inmediatos. En el siglo XIX, y desde una perspectiva elitista, conservadora y utilitaria, Pedro Francisco de la Rocha logró articular una crítica contundente contra el idealismo de los liberales de su época y proponer un orden social sustentado en un consenso de intereses entre las clases dominantes, que tuviese en cuenta la necesidad de promover el desarrollo de las clases populares.

El pensamiento de De la Rocha contenía la fórmula que generó las condiciones para la consolidación del orden en países como Argentina, Costa Rica y Chile en el siglo XIX: la articulación de una “unidad armónica”, basada en un balance de intereses de los “diferentes elementos sociales” que componen la sociedad y no en “los juramentos”, y los valores abstractos y declamatorios que habían enarbolado las élites liberales nicaragüenses después de la Independencia.

Para De la Rocha, la construcción de una verdadera sociedad nacional hacía imprescindible que el Estado pusiese atención a la educación y al progreso material de lo que él llamaba las “clases ínfimas”. Desde su perspectiva utilitaria, esta tarea debía hacerse, no por un abstracto sentimiento humanitario de solidaridad y amor al prójimo, sino porque así lo demandaba la preservación del orden y el bienestar del país. Su conservatismo propugnaba por el mejoramiento de las condiciones de las clases marginadas como una medida práctica e indispensable para el desarrollo del Estado, de la nación nicaragüense y de los mismos intereses de las clases dominantes que él representaba.

En el siglo XX, el pensamiento de Carlos Cuadra Pasos, representa otro ejemplo de una visión elitista y conservadora que era capaz de compatibilizar el progreso y bienestar de la Nación con los intereses de las clases dominantes. Cuadra Pasos reconocía que la construcción del orden social requería transformar, “el poder en derecho y la obediencia en autoridad”. Este importante intelectual conservador entendía el orden como un balance de intereses que se legitimaba democráticamente mediante la articulación de un consenso social.

La intervención militar estadounidense que se inició con el derrocamiento de José Santos Zelaya y que desembocó en el somocismo, anuló la voluntad política de los partidos nicaragüenses y sus débiles bases filosóficas y doctrinarias. Con la intervención, la política nicaragüense se convirtió en una disputa partidaria orientada a obtener el apoyo de los Estados Unidos para alcanzar el poder. En esas condiciones, la función de los partidos políticos se limitó a interpretar la voluntad de los gobiernos de Washington y a defender intereses particulares dentro del limitado marco de acción impuesto por los Estados Unidos. Este juego lo continúan hoy los patéticos herederos del fracaso político de la derecha conservadora y liberal nicaragüense, saturada de “vivísimos” operadores políticos como René Herrera y Enrique Quiñónez, de anacrónicos caudillos como Arnoldo Alemán, y de entreguistas sin alma nacional como Enrique Bolaños. Por su parte, la derecha que hoy aspira al poder está compuesta por neoliberales confesos y sin imaginación como Eduardo Montealegre y de silenciosos, ultracuidadosos y esquivos personajes como José Rizo y José Antonio Alvarado.

Puntualizando: por no haber logrado asimilar la visión conservadora contractualista propuesta por ideólogos como De la Rocha y Cuadra Pasos, la derecha nicaragüense es hoy lo que es: una clase que se mantiene políticamente a la deriva; una clase incapaz de competir en el juego capitalista con sus equivalentes dentro de la misma región centroamericana; una clase que, para sobrevivir, depende de su capacidad de entrega sumisa a los Estados Unidos, de su subordinación al capital transnacional, y de su habilidad para mal traducir del inglés las recetas económicas y sociales que se generan en los organismos financieros internacionales.

El atraso de la derecha nicaragüense es un obstáculo para el desarrollo político del país. Encontrar dentro de la derecha interlocutores capaces de pensar nacionalmente como una manera de proteger sus propios intereses de clase, es -absurdo o no- una tarea que la izquierda debe emprender en nuestra absurda realidad política nacional para poder construir un proyecto nacional de justicia social

Ni capitalismo ni individualismo ni centrismo

La modernización de la izquierda debe verse como un esfuerzo por desarrollar una visión integral de la sociedad que permita la conciliación de los intereses y las aspiraciones de los diferentes sectores de nuestra comunidad nacional. Esta visión debe incluir una definición de la relación que en nuestro país debe existir entre los valores de la justicia social, los derechos y libertades individuales, la democracia y el mercado.

Reconocer el valor fundamental que tienen los derechos y las libertades individuales, como base indispensable de cualquier tipo de derecho social o colectivo, no es proponer el individualismo como una filosofía de vida para nuestra sociedad. Todo lo contrario. Lo que debemos proponernos es utilizar los derechos individuales como una base para edificar una sociedad justa; es decir, para trascender los límites sociales que impone la democracia liberal y el neoliberalismo.

De igual forma, reconocer la importancia del mercado y la legitimidad de la libertad de mercado no es proponer el capitalismo como racionalidad para orientar la organización de nuestro Estado y de nuestra sociedad. El mercado puede funcionar dentro de una sociedad y un Estado organizado para trascender los límites de la democracia liberal y el neoliberalismo.

La propuesta que aquí hemos hecho tampoco debe confundirse con eso que algunos llaman “el centrismo”. Este concepto ha generado una “hojarasca de palabras” en nuestro país. Humberto Ortega propone el centrismo “para encontrar posiciones centradas” (El Nuevo Diario 8/11/2005). Por su p! arte, Edén Pastora dice que “el centro es Dios” (El Nuevo Diario, 2/12/2005). Pero es que el centrismo no existe –entra al debate Ricardo Coronel Kautz– porque el Centro “es igual a cero” (El Nuevo Diario, 26/11/05). En esta grandísima confusión, no sabemos si Coronel Kautz se refiere al número cero o al comandante Pastora…

En conclusión, la modernización de la izquierda no se traduce en una aceptación del capitalismo ni en una celebración del individualismo ni en una confusión mental como el centrismo. La modernización de la izquierda representa un esfuerzo por reformular el sentido político y estratégico de este concepto, democratizando su contenido y adaptándolo a los retos que enfrenta hoy Nicaragua, sin modificar su posición ética frente al poder y la pobreza. Así pues, la modernización de la izquierda no es ni pragmatismo ni resignación, porque la izquierda debe mantener la ampliación de la justicia social, como su objetivo fundamental. Pero para consolidar la verdadera justicia es necesario aceptar el reto de reconciliar ese valor con la libertad y los derechos individuales.

Solamente así podrá consolidarse un socialismo en libertad que deberá promover, legítima y democráticamente, los derechos de la humanidad. ¿Hasta dónde? Hasta donde el desarrollo ético de la humanidad, nuestra inteligencia, y la complejidad de la vida biológica y de la vida social nos lo permitan.


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