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Mormones pueden influir sobre republicanos en política migratoria

Salt Lake City. Agencias. | 11 de Junio de 2011 a las 00:00
Una declaración de la Iglesia mormona sobre inmigración podría influir sobre los delegados republicanos en la próxima convención estatal de ese partido y fortalecer a los líderes religiosos que lidian con las leyes de inmigración propuestas en otros estados. Los dirigentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días dijeron en la declaración del viernes, colocada en su cibersitio, que las leyes de inmigración deberían equilibrar las medidas policiales para hacerlas cumplir con programas que permitan a los indocumentados seguir trabajando en el estado. "Toda legislación que contenga únicamente disposiciones para imponer el cumplimiento de la ley probablemente no estará a la altura de los altos imperativos morales de tratar a los demás como hijos de Dios", dijo la declaración. La Iglesia mormona "apoya una posición en la que los inmigrantes indocumentados puedan cumplir con la ley y seguir trabajando sin que esto conduzca necesariamente a la ciudadanía". Aunque la posición de la Iglesia sobre la inmigración no cambia, insiste públicamente —en especial a los feligreses, que incluyen una fuerte mayoría de los legisladores— que los líderes mormones desean una amplia reforma inmigratoria. La declaración podría tener particular influencia durante la convención estatal republicana del 18 de junio, cuando los delegados debatirán una resolución de condena al proyecto 116 de la cámara baja, que permite a los indocumentados seguir trabajando en Utah a partir del 2013. "Parece que la Iglesia desea asegurarse de que su posición esté absolutamente en claro", dijo el senador republicano Curt Bramble, uno de los artífices del paquete de reformas de Utah. "Está diciendo que desea un proyecto amplio que equilibre la imposición de la ley con la realidad". El proyecto fue aprobado como parte de un paquete de reformas más amplias que también incluyó una medida policial. El paquete fue firmado en marzo por el gobernador republicano Gary Herbert. La medida policial fue congelada por un juez federal el 10 de mayo debido a preocupaciones constitucionales. La ley requiere que la policía controle la situación de ciudadanía de todo arrestado bajo sospechas de un delito, y da a la policía discreción para controlar la ciudadanía de quienes paran por infracciones de tránsito y otras contravenciones menores.

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