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Tribunales decidirán sobre representación de latinos en LA

Los Ángeles. La Opinión. | 18 de Julio de 2011 a las 00:00
El crecimiento de la población latina votante nunca ha sido suficiente para, por sí misma, lograr espacios de poder en California y particularmente, en el más latino de sus condados: Los Ángeles. Y no es precisamente por falta de votantes o de deseos de votar: los tribunales han fallado una y otra vez en favor de demandas que alegan que los políticos y comisiones a cargo de diseñar los distritos electorales en base a los números de cada censo han escogido diluir el poder de voto de las minorías votantes con el objetivo de permanecer en el poder. La supervisora Gloria Molina, quien durante 20 años ha representado al Distrito 1 en la Junta de Supervisores del condado lo sabe muy bien: fue gracias a una demanda que desafió la manipulación de la anterior junta que ésta se vio obligada a cambiar las fronteras distritales para permitir que los latinos votaran juntos y eligieran a un representante propio. "La realidad es que cuando las personas que toman la decisión de los distritos son las que ven afectada su capacidad política de ganar o perder un cargo, generalmente tratan de mantener el ‘statu quo", dijo Molina. "Me parece que hoy en día estamos viendo algo similar a lo que ocurrió hace 20 años. El caso Garza vuelve de nuevo". El caso Garza vs. Condado de Los Ángeles fue una demanda que emprendieron la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) y el Departamento federal de Justicia contra el condado de Los Ángeles en 1988. Estos alegaron que había que volver a hacer los distritos de la Junta de Supervisores, porque los anteriores habían sido hechos expresamente para separar y diluir el voto latino y no permitirle tener fuerza en ninguna de las cinco jurisdicciones. La Junta de Supervisores es un poderoso grupo de políticos que maneja grandes presupuestos y gobierna los fondos de transporte, el sistema de salud y todos los servicios sociales del condado, entre otras atribuciones. Cada supervisor representa un área en la que viven hoy en día más de 2 millones de personas. En 1988 les llamaban los "cinco reyezuelos" y en la historia moderna de Los Ángeles, no había un supervisor ni afroamericano, ni latino, ni mujer. Todos habían sido anglos, hombres y blancos. La demanda de 1988 duró hasta 1991, cuando finalmente se llevó a cabo un juicio de tres meses en Los Ángeles. Mark Rosenbaum, abogado principal de ACLU de Los Ángeles, fue uno de los litigantes. "Con esa demanda pudimos comprobar que los cinco individuos que entonces eran supervisores habían trabajado tras bambalinas para que no hubiera latinos en la junta", dijo Rosenbaum en entrevista. "El gobierno más poderoso a nivel local había llevado a cabo reuniones secretas para asegurarse que los latinos no llegaran nunca a ganar un puesto en la junta. No era republicanos ni latinos, eran ambos partidos, tratando de excluir a los latinos". Eventualmente, la corte federal confirmó lo que alegaba la demanda: los cinco "reyezuelos" eran culpables no sólo de prácticas que limitaban el poder de voto de los latinos sino que habían llevado a cabo un patrón de "discriminación intencional". Habían hecho lo mismo en las redistribuciones de los 30 años anteriores. El triunfo final se debió a una ley federal, que aún está vigente y que aún debe estar por encima de cualquier otra consideración a la hora de dibujar los distritos cada diez años: la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, aprobada por el Congreso en 1973 y que prohíbe la aplicación de cualquier práctica que coarte el derecho de un ciudadano a votar por su raza o color. En 1980, la Corte Suprema estableció que no es necesario probar discriminación intencional, sino que con probar efecto es suficiente. El tribunal ordenó al condado hacer de nuevo los cinco distritos, asegurándose de crear un distrito donde la población latina pudiera tener la fuerza suficiente para elegir a un candidato de su preferencia. Ese mismo año, el supervisor del Distrito 1, Pete Schabarum, quien había gobernado durante 19 años se retiró y en elección especial, el nuevo distrito eligió a Gloria Molina, entonces concejal de Los Ángeles. Para Alan Clayton, quien por muchos años trabajó para la Asociación de Empleados Chicanos del condado de LA, como director de igualdad de oportunidades, la historia del condado demuestra que "no nos dan nada de gratis, cada progreso lo hemos tenido que ganar a pulso". Clayton es, además, un experto en redistribución de distritos que ha estado metido en más de una lucha para lograr la expansión de distritos en el estado, ciudades y condado. "Hay buenas razones para colocar a las comunidades latinas en distritos en los que puedan tener un poder de voto. Por ejemplo, los latinos dependen mucho del transporte público", dijo Clayton. "En Los Ángeles, el dinero para transporte siempre termina por ir hacia el oeste…mientras las áreas de población que tienen menos carros y dependen de los autobuses reciben menos recursos. Eso es porque falta representación de estas comunidades", agregó. El condado no es el único sitio donde se han librado luchas de redistribución. Tampoco han sido los latinos las únicas minorías que han sido marginadas, en otros rincones del país, por ejemplo en el sur, se han librado batallas para evitar la división de la comunidad afroamericana e impedir que pudieran votar dentro de un distrito. No se trata tampoco de garantizar que se elija a un latino o a un afroamericano. La ley lo único que exige es que se garantice que donde hay una comunidad minoritaria, pero en suficientes números y que vote en forma cohesiva, este poder no se diluya o se impida. Clayton fue testigo de la batalla, librada también en 1991, para lograr aumentar los distritos latinos en la Legislatura estatal. En aquel entonces, la Legislatura aún tenía la tarea de dibujar sus propios distritos, aunque hoy en día el trabajo lo hace una comisión ciudadana. A diferencia del condado, donde la comisión es elegida por los propios supervisores. "La pelea fue tremenda en la Legislatura. El plan que presentaron demócratas y republicanos lo que hacía era seguir manteniendo el ‘statu quo’ y no dar paso a los latinos. Pero el entonces gobernador Pete Wilson lo vetó por razones políticas y en realidad, nos hizo un favor, porque entonces la decisión pasó a manos de tres jueces y expertos, que finalmente crearon distritos donde los latinos podían ser electos", dijo Clayton. Clayton, así como varios expertos en redistribución y organizaciones como MALDEF, opinan que la actual redistribución del condado de Los Ángeles probablemente sea objeto de demandas. Esta semana la comisión votó a favor de un plan que mantiene los distritos más o menos como están ahora, considerando que no estaban obligados a crear un segundo distrito latino. "También pensaron lo mismo en 1981", recuerda la supervisora Molina. "Pensaban que estaba bien lo que habían hecho. Ahora está pasando de nuevo: en este caso, un distrito, el mío, está lleno de votantes latinos y el resto está dividido. Creo que mi responsabilidad es intentar que cuando llegue la discusión a la junta, se considere de nuevo algún tipo de acuerdo". De lo contrario, asegura Tom Sáenz, presidente de MALDEF, "la demanda viene".

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