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La tragedia de los deportados y la de sus familias que se quedan

Por Cindy Carcamo y Valeria Godíne, The Orange county Register. Desde San Juan de Capistrano, California. | 1 de Marzo de 2007 a las 00:00
Gustavo Ponce amaba las hamburguesas del McDonlald’s. Idolatraba al jugador de fútbol brasileño Ronaldo. El adolescente de Costa Mesa, pasaba horas al teléfono platicando con su novia. El estudiante, de 16 años de edad, alumno en Estancia High School, no era el mejor alumno, pero nunca faltaba a sus clases de verano de inglés como segundo idioma. Amaba su vida en el Condado de Orange, lugar que calificaba como su hogar desde la edad de 12 años. Como muchos otros adolescentes, aún con sus mejores intenciones, él no era plenamente confiable al tratar con su empleador y una autoridad confrontadora. Algunos llamarían a ésto su impulsividad. O ingenuidad. O deshonestidad. Su historia, sin embargo, ilustra cómo los hijos de los inmigrantes, al transgredir la ley de inmigración de los Estados Unidos, ésto le puede traer severas consecuencias. Los oficiales dicen que el sistema trabaja y los procedimientos deben seguirse. Gustavo atrajo esta situación hacia sí mismo, ellos dicen. Ahora él está en Acapulco, México, 1,600 millas lejos de su casa, viviendo con parientes, atrapado en medio de una controversia sobre la inmigración indocumentada. Extraña a su familia, a su novia y su escuela. LOS COMIENZOS La vida de Gustavo en el Condado de Orange comenzó sin tener documentos de residencia legales. Como un joven de 12 años, oriundo de Acapulco, él fue el inmigrante más joven acarreado en la parte trasera de un camión que cumplió el cruce de la frontera. El no había visto a su madre desde que tenía 6 años. Cuando Gustavo logró su llegada al Condado de Orange su madre lo sentó al sofá y le leyó la cartilla. "No arrojes basura a la calle", "Obedece las señales de peatón y tránsito". Y lo más importante: "No robes". "Porque esta es una de las cosas que este país no tolera: los ladrones", le dijo ella. Gustavo, utilizando la identificación de su hermanos mayor, mintió para obtener un empleo de $7 por la hora en un 7-Eleven, que requiere una edad mínima de 18 años. Un compañero de trabajo alegadamente robó una tarjeta de crédito de un cliente y urgió que le utilizara. Gustavo se rehusó. Él no informó a su empleador sobre el robo de la tarjeta ni acusó al compañero de trabajo. No quería verse involucrado, dijo. El 5 de enero pasado, los oficiales de policía de Costa Mesa arrestaron a Gustavo y a su compañero de trabajo y les encarcelaron. Justo cuando Gustavo iba a salir de la custodia policíaca por insuficiente evidencia en su contra, un agente de inmigración, estacionado en la Cárcel de Costa Mesa por los pasados dos meses, le preguntó: "Espera. ¿Tienes tus papeles migratorios?". Esta vez Gustavo dijo la verdad. Eso fue cuando su vida comenzó a deshacerse. Gustavo no dijo a los oficiales que él tenía 16 años. Quería proteger a los miembros de su familia, algunos de los cuales también están aquí sin documentos. Y él, por igual, quería protegerse a sí mismo. Las autoridades de inmigración lo llevaron a la cárcel del Departamento de Policía de Santa Ana con la que la agencia federal tiene un contrato. Gustavo comenzó a decir a los oficiales, el 6 de enero, que él era menor de edad, pero fue ignorado. La policía de Santa Ana alegó que nunca obtuvo esa información y que si ellos la tuviesen, habrían notificado al Servicio de Inmigración inmediatamente. El 8 de enero, Gustavo se sentó con un oficial de nmigración y le dijo que era menor. Nunca mencionaba los nombres de los miembros de su familia. Temía que ellos fueran deportados. El 9 de enero, él fue llevado al Consulado Mexicano de San Ysidro. Fue referido a funcionarios mexicanos, que lo condujeron a un salón con niños que miraban "Bambi" en la televisión. Los oficiales mexicanos contactaron a su madre. Un primo suyo, residente en Rosarito, México, lo recibió y le dio alojamiento por casi un mes antes que se trasladara a Acapulco. (OCR) COMBATIENDO EL CRIMEN Desde que se iniciaron las revisiones migratorias en la cárcel de Costa Mesa, las autoridades han deportado personas sospechosas de diversos delitos, desde de andar de vagabundo a robo. En enero, unos 58 de las 470 personas arrestadas fueron deportadas. Esto significa un incremento respecto a los 45 de los cerca de 400 arrestados en diciembre. Hasta el 12 de febrero, cinco personas fueron deportadas, todas por delitos menores. Quienes apoyan este sistema en Costa Mesa dicen que así se cumple con la justicia. El Alcalde Allan Mansoor dicen que el caso de Gustavo se ha realizado acorde con la ley. "Es una historia triste e infortunada, pero pienso que debemos mirar cómo han de ser protegidas las leyes de los EE.UU. y no pensar del modo distinto negativo, que es el que dice que la inmigración ilegal está BIEN. Hay muchos que esperan venir aquí ilegalmente, ¿o no?", cuestionó él. "Otros creen que los casos como los de Gustavo contribuye a crear desconfianza entre la policía y la comunidad. Esto confirma sus peores miedos", dijo Héctor Villagra, director de la oficina del Condado de Orange para la Unión de Libertades Civiles del Sur de California. "Este es el Exhibit A sobre cómo un niño puede ser apresado por la red de Inmigración y deportado". PROCEDIMIENTO SEGUIDO Las autoridades de inmigración y policía dicen que este caso fue manejado apropiadamente, pero la deportación ha ocasionado mucha inquietud entre la comunidad hispana sin documentos de Costa Mesa. Algunas personas piensasn que una política que prometía enfocarse en los criminales peligrosos ha resultado en la deportación de personas que sólo han cometido delitos menores, o que, como Gustavo, fue liberado por causa de la evidencia insuficiente para probar su delito. Villagra dijo que los grupos de la comunidad inmigrante están pidiendo ayuda para crear talleres en torno a los derechos de los inmigrandes sin documentos. Los oficiales de inmigración dicen que ellos han hecho lo mejor que han podido con la información que tienen. La primera prioridad es tratar de reunificar a los menores indocumentados con sus familias, sea que ésta esté en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar. La portavoz de Inmigración y del Servicio de Adanas Virginia Kice explicó: "Si él (Gustavo) hubiese admitido previamente que era un menor, no lo hubiese metido a la cárcel. Este chico creó, por sí mismo, todo el escenario. Es todo lo que él hizo". Gustavo admite que sus mentiras fueron los que ocasionaron que regresara a México. No obstante, el quiere regresar a los EE.UU.. Más esta vez, con la documentación apropiada.

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