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Chesterfield evalúa costos de la inmigración ilegal

Agencia AP. Desde Tichmond, Virginia. | 3 de Marzo de 2007 a las 00:00
La Junta de Supervisores del Condado de Chesterfield quiere saber cuántos inmigrantes ilegales viven en el condado y cuánto le están costando a los contribuyentes. La junta aprobó unánimemente el miércoles la solicitud del presidente Kelly E. Miller para que el personal prepare un reporte sobre la inmigración ilegal para finales de abril. Miller quiere que el reporte incluya si el condado puede exigir a los contratistas que prueben que no contratan a inmigrantes ilegales. El también sugirió crear límites de ocupación residencial y evaluar el impacto de la inmigración ilegal en la matrícula escolar y los gastos en prisiones. "Quiero saber cuánto está costando y qué podemos hacer para reducirla", dijo Miller sobre la inmigración ilegal. La Corte Suprema ha dicho que las escuelas públicas deben educar a todos los niños desde jardín de infantes hasta el 12° grado sin importar su estatus legal. Debra Q. Marlow, vocera de las escuelas de Chesterfield, dijo que todos los estudiantes que demuestran que viven en el condado reciben educación. Esta regla es una de muchas que Miller considera desconcertantes. "Si hay niños de Richmond o Petersburg que están ilegalmente en las escuelas del condado y nosotros los descubrimos, ellos pueden ser retirados de nuestras escuelas", comentó Miller el jueves. "Pero si ocurre que están en este país ilegalmente, no podemos hacer nada", agregó. Becky Dickson, sub administradora de servicios sociales de Chesterfield, dijo que el condado ya está trabajando con la oficina federal de Aduanas e Inmigración - enviarán a la agencia un reporte diario sobre la lista de reos. Desde julio se han identificado 33 presos aptos para ser deportados. El condado también participa en el Programa de Asistencia por Delincuentes Extranjeros y ha recibido 145.000 dólares en los últimos años como reembolso por albergar en las cárceles a inmigrantes ilegales. Michael Zajur, presidente y fundador de la Cámara Hispana de Comercio de Virginia, dijo que los inmigrantes ilegales no significan una carga para los servicios locales. "Es completamente lo contrario", expresó. "Ellos no son una carga, sino una ganancia económica", subrayó. Chesterfield no es la primera localidad que acomete el tema. El concejo de la ciudad de Culpeper pidió datos similares antes de decidir crear un grupo de trabajo para estudiar el efecto financiero de la inmigración ilegal sobre el gobierno local. El condado Prince William determinó a principios de este año que gasta aproximadamente tres millones de dólares anuales en servicios para inmigrantes ilegales, pero que el beneficio económico era mayor al costo.

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