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Cientos al borde de la deportación

Agencia EFE. Desde Charlotte, North Carolina. | 6 de Marzo de 2007 a las 00:00
Al menos 2,903 inmigrantes indocumentados –la mayoría latinos- han sido detenidos en el condado Mecklenburg, Charlotte, Carolina del Norte, de los cuales 1.520 enfrentan procesos de deportación, confirmó el martes el alguacil Jim Pendergraph. Simultáneamente, organizaciones nacionales a favor de los inmigrantes en Estados Unidos reiteraron al gobierno que decrete una moratoria a las redadas hasta que el Congreso apruebe una reforma migratoria. Pendergraph explicó que bajo el programa federal 287g y desde su puesta en vigor en abril de 2006, sus agentes han capturado en el condado Mecklenburg a 2,903 indocumentados. "De ese número de arrestados están en proceso de deportación 1,520. Además, 318 fueron capturados por manejar en estado de ebriedad", detalló. Según Pendergraph, de 871 hispanos indocumentados que habían sido deportados y reingresaron al país, 100 ya fueron arrestados y el resto es buscado en Charlotte y en otras ciudades del condado Mecklenburg. El programa federal 287g se refiere a una sección de la ley de inmigración vigente y que fue aprobada por el Congreso en 1996. El estatuto permite al servicio de inmigración hacer acuerdos con agencias de policía local (estatal y municipal) para hacer cumplir las normas migratorias. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el entonces Secretario de Justicia, John Aschcroft, activó la sección. Asimismo, incluyó lo nombres de al menos 600 mil extranjeros con orden final de deportación a la base de datos del National Crime Information Center (NCIC), un centro de información controlado por el FBI y la CIA, entre otras agencias. El alguacil explicó que una vez los indocumentados se encuentran en proceso de deportación, son trasladados a cárceles de los estados de Georgia y Alabama, y de ahí enviados a sus respectivos países. Pendergraph dijo que no tenía datos sobre los países de dónde proceden los detenidos. Entre otras facultades, el programa 287g permite al alguacil investigar el estatus de cualquier inmigrante detenido. Si se comprueba que se encuentra sin papeles, el arrestado puede ser remitido al DHS para su deportación. Otros condados que participan en el programa son Mecklenburg, Gastonia y Alamance. Los condados de Johnson, Catawaba y Cabarrus, en Carolina del Norte, y York, en Carolina del Sur, solicitaron al DHS su ingreso y esperan el visto bueno. Organizaciones nacionales reiteraron al Gobierno federal una moratoria a las redadas y deportaciones en espera de "una reforma migratoria justa" por parte del Congreso. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), recordó que los derechos constitucionales de todas las personas que viven en Estados Unidos están garantizados y que la discriminación es una transgresión de las libertades básicas. LULAC dijo que junto con el Fondo Mexicano-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), la Asociación Nacional de Funcionarios Electos (NALEO) y la Asociación Nacional de Abogados (ABA) examinan cómo se están llevando a cabo las redadas para determinar las acciones legales a seguir. Las organizaciones piden a los gobernadores de los estados que sigan el ejemplo del gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, quien recientemente manifestó su apoyo a los indocumentados y les aseguró que en ese estado "están seguros". Siguiendo los pasos de Blagojevich, el gobernador demócrata de Massachussets, Deval Patrick, revocó en enero una decisión tomada por su antecesor, Mitt Romney, que facultaba a la policía del estado a arrestar a los inmigrantes indocumentados en esa jurisdicción y comenzar un proceso para su deportación. Patrick sustituyó la medida por una disposición que únicamente facilita la deportación de los extranjeros en condición ilegal convictos por crímenes cometidos en Massachussets o que hayan huido de cualquier otro estado del país. El Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la principal organización hispana de Estados, reiteró su preocupación por las redadas y dijo que los arrestos están separando familias, cerrando centros de trabajo y han desacelerado las economías de regiones enteras. El pasado 21 de diciembre la entidad dijo que las detenciones no han podido detener a empleadores sin escrúpulos de seguir contratando y aprovechándose de trabajadores inmigrantes, y que seguramente "ésta no es una manera eficaz de resolver los reales problemas de inmigración en este país". La Raza confía en que el Congreso apruebe una reforma migratoria amplia antes del receso de agosto. Los demócratas aseguraron el lunes que un plan bipartidista, encabezado por los senadores Edward Kennedy (demócrata de Massachussets) y John McCain (republicano de Arizona) será enviado al Comité Judicial del Senado la próxima y que incluye una vía de legalización para la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

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