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Detienen trasladado de detenidos en allanamiento en Massachusetts

Agencia AP. Desde Boston, Massachusetts. | 10 de Marzo de 2007 a las 00:00
Un juez federal de Massachusetts ordenó a las autoridades que no saquen de la entidad a ninguno de los trabajadores detenidos esta semana durante un allanamiento a una fábrica, lo que de acuerdo con algunas agrupaciones ha generado una "crisis humanitaria". El juez federal de distrito Richard Stearns, en cumplimiento de una solicitud presentada por el cónsul general de Guatemala, ordenó el viernes que ninguna de las 361 personas detenidas en la empresa Michael Bianco Inc. que permanecen en Massachusetts sea trasladada a centros de detención fuera del estado. La detención de los trabajadores _en su mayoría mujeres centroamericanas_ provocó un caos entre varias familias en la localidad de New Bedford, Massachusetts. Los trabajadores sociales estaban preocupados el viernes porque no todos los hijos de los detenidos han sido identificados o puestos bajo cuidado adecuado. Las autoridades dicen que el dueño de la firma, Francesco Insolia, explotaba a sus empleados a fin de cumplir con las demandas impuestas por contratos por el orden de 91 millones de dólares con la milicia estadounidense. Insolia niega los cargos. El gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, dijo que la "crisis humanitaria" no ha terminado aún y que dos equipos de 18 miembros _encabezados por el encargado del Departamento de Servicios Sociales, Harry Spence_ iban a viajar a Texas para hablar con los trabajadores enviados a centros de detención en El Paso y Harlingen. "Nuestro principal interés son los niños y las personas vulnerables que fueron afectadas por esto. Esta es una crisis humanitaria y no ha terminado aún", dijo Patrick. Marc Raimondi, vocero del servicio de inmigración y aduanas, no hizo comentarios sobre lo expresado por Patrick y tampoco sobre la orden del juez. Previamente esta semana, al menos 60 de los detenidos fueron liberados por razones humanitarias, en la mayor parte relacionadas con el cuidado de sus hijos. Sin embargo, todavía deben comparecer ante un juez migratorio para decidir su situación. Al menos 200 de los detenidos han sido llevados a centros de detención fuera de la entidad, dijo Raimondi.

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