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Otro trágico caso de familias divididas por las deportaciones

Agencia AP. Desde Houston, Texas. | 11 de Marzo de 2007 a las 00:00
Rogelio Sánchez imaginaba una vida mejor para su familia. Quería progresar en la constructora donde trabajaba, luego entrar al ejército y volar un helicóptero. Pero primero, sabía que tenía que convertirse en residente legal en Estados Unidos. Fueron esos esfuerzos los que le consiguieron al esforzado trabajador de 25 años su deportación, forzándolo a dejar a su esposa embarazada, Luisa, y a sus dos hijos pequeños, todos ellos con ciudadanía estadounidense. La familia Sánchez es una de miles que han sido separadas por la presión del gobierno federal por detener y deportar a inmigrantes ilegales. Durante la última década, la agencia de Inmigración y Aduanas ha incrementado los operativos en sitios de trabajo y hogares y arrestado a más de 13.000 indocumentados a través de una iniciativa a nivel nacional llamada Operativo Devuélvase al Remitente. Al igual que Luisa Sánchez, de 22 años, y sus hijos, las familias de aquellos detenidos a menudo son ciudadanos estadounidenses a los que la deportación deja en el limbo. Tres millones de niños nacidos en Estados Unidos tienen al menos a uno de los padres con un estatus migratorio ilegal; una de cada 10 familias estadounidenses tiene a algunos de sus miembros con estatus migratorio ilegal, lo cual quiere decir que al menos uno en la familia es indocumentado, según el Centro Pew para Investigación Hispana y la oficina del representante José Serrano. Rogelio Sánchez había tratado de legalizar su estatus desde que él y Luisa se casaron hace cinco años. El pasado mayo, Sánchez recibió una carta en la que se le decía que se reportara al consulado estadounidense en Ciudad Juárez, a 1.368 kilómetros de Houston, donde residía. La joven pareja pensó que éste sería el paso final en el proceso para que Rogelio obtuviera la ciudadanía. En vez de ello, a Rogelio le dijeron que sería deportado y que no se le permitiría volver a solicitar una visa en 10 años. Si intenta reingresar ilegalmente, podría ser encarcelado por hasta seis años.

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