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PRI propone despenalizar en México inmigración indocumentada

Agencia Notimex. Desde Ciudad de México. | 11 de Marzo de 2007 a las 00:00
La fracción del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Población, que data de 1974, la cual plantea despenalizar la migración indocumentada de centro y sudamericanos que arriban o transitan por México. Según la enmienda, actualmente se sanciona a los indocumentados hasta con 10 años de cárcel y son tratados como delincuentes por autoridades federales, estatales y municipales. El coordinador del Grupo de Trabajo de Migración de la fracción priista, Edmundo Ramírez Martínez expresó que no podemos ser ajenos e indiferentes a las condiciones inhumanas con las que en la mayoría de las veces son tratados los inmigrantes indocumentados centroamericanos. "Como Estado debemos de ser los primeros en otorgarles una protección de hecho y de derecho, para que los inmigrantes cuenten con asistencia digna en su estancia y regreso a sus países de origen, con lo que justamente se exige a los Estados Unidos de Norteamérica", dijo en entrevista en la Cámara de Diputados. Argumentó que la Reforma la Ley General de Población, que se presentó esta semana, pretende despenalizar la migración y sólo sancionar cuando existan casos de reincidencia, con multas económicas y detenciones que no sean exageradas. A juicio del legislador del Partido Revolucionario Institucional, "la actual ley ha generado y fomentado actos de corrupción, abusos y maltrato de los indocumentados en nuestro territorio por parte de las autoridades y algunas veces de la misma sociedad civil". Contrario de lo que pudiera pensarse, de que el despenalizar el estatus de indocumentado pudiera fomentar estos flujos migratorios, lo que generaría es la disminución de actos de corrupción y el respeto a las garantías individuales. Ramírez Martínez puntualizó que el objetivo de modificar dicha ley es reconocer que la acción penal en materia migratoria debe ser mediante querella, y no de carácter oficioso de las autoridades. El también secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios expuso que la reforma plantea multas hasta de 450 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta al extranjero, que habiendo sido expulsado, se interne nuevamente en el país, sin haber obtenido acuerdo de readmisión. Cuando las conductas señaladas fueren realizadas por un extranjero que hubiese sido expulsado de manera definitiva del país se impondrá, además de la pena pecuniaria prevista, de dos a cinco años de prisión. "Se impondrá pena hasta de 15 meses de prisión y multa de hasta 180 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta al extranjero que, por la realización de actividades ilícitas o deshonestas, viola los supuestos a que está condicionada su estancia en el país", señaló. "Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en las disposiciones legales aplicables respecto de las actividades ilícitas realizadas", destacó.

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