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Inmigrantes exigen cese de cacerías y libertad sin fianza de los detenidos

Agencia EFE. Desde Washington. | 15 de Marzo de 2007 a las 00:00
Grupos pro inmigrantes reiteraron este jueves sus exigencias del inmediato cese de las redadas ante la "crisis humanitaria" que están causando y pidieron la libertad sin fianza de los detenidos en una carta al secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff. La misiva, firmada por la Alianza de Comunidades Fronterizas por los Derechos Humanos, el Movimiento por una Reforma de Inmigración Justa (FIRM) y otras coaliciones, indica que están "horrorizados por la agenda de redadas abierta y destructiva del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)". Estas organizaciones, cuyos activistas marcharon el miércoles ante las oficinas de Chertoff para demandar un alto a los operativos "porque están afectando a centenares de niños y familias de los inmigrantes", aseguraron que estas acciones han dado como resultado "una crisis humanitaria en ciudades del país como New Bedford (Massachusetts)". En una fábrica de productos de cuero en New Bedford fueron detenidos la semana pasada unos 376 trabajadores, entre ellos decenas de indocumentados que fueron trasladados a cárceles de Texas y otros estados, según familiares de los arrestados. Los familiares sostienen que como consecuencia de los arrestos, unos 200 niños, hijos de indocumentados, han quedado desamparados. El ICE dijo que 60 de los extranjeros sin "papeles" migratorios arrestados en esa empresa fueron dejados en libertad por razones humanitarias para que puedan prestar atención a sus niños. Los suscriptores de la carta indicaron a Chertoff, que como organizaciones, y sus aliados, que trabajan con las comunidades de inmigrantes, "hemos sido testigos de la devastación que ocurre cuando las familias y comunidades son afectadas (por las redadas) y los niños quedan abandonados". Demandaron al funcionario que use "inmediatamente" su autoridad para el cese de las redadas, facilite información a las comunidades afectadas sobre dónde se encuentran los detenidos y que asegure el acceso de abogados de inmigración para que puedan identificar los centros de detención. También exigieron un alto a la transferencia de los arrestados a cárceles alejadas de sus comunidades, y que se garantice la liberación, sin el pago de una fianza, de las madres, padres y otras personas cuyos hijos -al margen de su edad-, continúen en las comunidades donde se efectuaron las detenciones. Por otro lado, los peticionarios sugirieron que no se deporte a ninguna de estas personas, y que Seguridad Nacional coopere en las investigaciones federales sobre los operativos en New Bedford y otras ciudades, en relación a la legalidad de los interrogatorios y el tratamiento a los detenidos. Que asegure fondos federales para apoyar a los estados en los crecientes gastos en que incurren en la asistencia a las víctimas de las redadas. Asimismo, hicieron un llamado para que se realice una investigación federal sobre la paga y horas de trabajo y otras violaciones a las leyes laborales contra los trabajadores en los centros de trabajo afectados por los operativos. Adicionalmente, urgieron al Congreso a que apruebe una reforma migratoria justa que, en el apartado de las deportaciones, respete el debido proceso, ponga fin a la "injusta" detención y deportación obligatoria y facilite alternativas justas para prevenir el proceder de algunas autoridades policiales de inmigración basado en el perfil racial. Aconsejaron a los legisladores a que consideren medidas para que el ICE informe a las familias sobre los detenidos y su transferencias dentro de 24 horas tras las redadas y prohíba a esa agencia trasladar a los detenidos a otros estados durante los siete días siguientes a su arresto.

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