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Dicen que los inmigrantes son los delincuentes de Hazleton

Agencia AP. Desde Scranton, Pennsylvannia. | 15 de Marzo de 2007 a las 00:00
El alcalde de Hazleton describió el jueves una serie de crímenes violentos que lo llevaron a creer que los inmigrantes ilegales se estaban adueñando de su ciudad. En su defensa del operativo antiinmigrante, Lou Barletta le dijo a un juez que la tasa de crímenes violentos se elevó 60% entre el 2003 y el 2006, ahuyentando los negocios legítimos y haciendo que los residentes temieran salir de sus hogares. En el lapso de algunas semanas durante la primavera (boreal) pasada, dijo, inmigrantes ilegales fueron arrestados por disparar y matar a un hombre, dispararle a un área de juegos infantiles con un rifle de municiones y traficar con drogas. "La gente exigía que se hiciera algo", expresó Barletta, declarando en el cuarto día de un juicio para determinar la constitucionalidad de una norma municipal contra la inmigración ilegal. "Entiendo a aquellos que dicen que el gobierno federal está a cargo de regular la inmigración", expresó Barletta. "Sin embargo, se están cometiendo esos crímenes en nuestras calles". La ordenanza, aprobada a mediados del año pasado, impone multas a los propietarios de viviendas que las alquilen a los inmigrantes ilegales y niega los permisos de negocios a las empresas que los contraten. Una medida que la acompaña exige a los inquilinos que se registren en el ayuntamiento. La entidad activista por los derechos cívicos American Civil Liberties Union demandó a la municipalidad para que fuera derogada la medida, por considerar que solamente el gobierno federal tiene jurisdicción sobre asuntos de inmigración. La aplicación de la ley quedó suspendida hasta que fuera emitido un fallo en este juicio, el primero de su tipo que examina las gestiones municipales para combatir la inmigración ilegal, por considerar que Washington no compensa a las autoridades municipales y estatales por los gastos incurridos en prestar servicios sociales a los indocumentados. El abogado de la ACLU Witold Walczak confrontó a Barletta con estadísticas que muestran que los inmigrantes ilegales eran responsables de menos del 1% de los más de 8.000 crímenes cometidos en la ciudad entre el 2001 y 2006. "Tengo un dólar menos debido a ellos", replicó Barletta, quien está enfrentando un déficit presupuestario. "Nos falta un dólar o un agente de policía extra por uno de ellos". Además de discutir que la ley federal reemplaza los esfuerzos locales para controlar la inmigración, abogados del grupo activista intentan mostrar que el remedio de Barletta resultaría en discriminación en contra de la población hispana de la ciudad, estimada entre 7.000 y 10.000 personas. Un experto llamado por la ACLU declaró el jueves que la ordenanza probablemente promoverá la discriminación racial toda vez que patrones y propietarios de viviendas usarán la "prueba visual" para escoger a sus trabajadores e inquilinos. El profesor Marc Rosenblum, especialista en cuestiones de inmigración de la Universidad de Nueva Orleans, dijo que los caseros y patronos, temerosos de no poder hacer negocios en la municipalidad, seguramente darán sus empleos y apartamentos a otras personas no hispanas, sin tener en cuenta su situación legal de inmigración. "Todos ellos tienen incentivos reales para examinar las características de las personas", basando sus conclusiones en el aspecto físico de los futuros inquilinos y trabajadores, no en la información pertinente, dijo Rosenblum, que prestó declaración en el cuarto día del juicio para determinar la constitucionalidad de la Ley de Ayuda en la Inmigración aprobada por la municipalidad de Hazleton. Interrogado por el abogado municipal Kris Kobach, Rosenblum reconoció que sus pronósticos son puras conjeturas.

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