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Investigan a jefe de policía de Arizona Joe Arpaio

Phoenix. Agencias. | 15 de Diciembre de 2011 a las 00:00

Autoridades federales estadounidenses se aprestan a anunciar en las próximas horas las conclusiones de una investigación de derechos civiles sobre un alguacil de Arizona acusado de usar tácticas discriminatorias en sus patrullas de control de inmigrantes.

El Departamento de Justicia (DOJ) investiga desde el 2008 la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, por supuesta discriminación, inspecciones y requisas inconstitucionales, y por imponer una política de exclusivo uso del inglés en sus cárceles que discrimina contra las personas con limitado dominio de este idioma, dijo The Associated Preess.

Policía polémico

El jefe policial, que se ha proclamado como el alguacil más severo de la nación, ha cobrado notoriedad por alojar a reclusos en carpas y vestirlos con ropa interior rosada, publicitarse como intolerante con el delito y llevando al límite la acción policial contra la inmigración ilegal.

La agencia federal había anticipado pocos detalles de su investigación, pero Arpaio suponía que se enfocó en las 20 redadas inmigratorias que su departamento ha conducido desde enero de 2008.

En esas redadas, los agentes se concentran en un sector de la ciudad -en algunos casos, áreas con numerosa población hispana- durante varios días, atentos a infracciones de tránsito y a otras transgresiones. Los inmigrantes sin documentación representan un 57% de los 1,500 arrestados en esas redadas, según la oficina del alguacil.

Los críticos

Los detractores del alguacil Arpaio dicen que los agentes de su oficina se enfocan entre quienes cometen ligeras infracciones de tránsito según el color de su piel para poder pedirles pruebas de ciudadanía o residencia.

Arpaio lo negó y dijo que los agentes actúan cuando tienen causa probable para suponer que alguien ha cometido delitos y que se descubre después si están ilegalmente en el país.

Además de los derechos civiles, un jurado federal de investigación ha estudiado denuncias sobre supuesto abuso de poder de Arpaio desde por lo menos diciembre del 2009.

Exigen renuncia

El miércoles, decenas de críticos del polémico alguacil asistieron a una reunión de autoridades para exigir su renuncia en medio de reportes de investigaciones fallidas de delitos sexuales y otros problemas en su departamento.

Los críticos dijeron que el jefe policíaco debe irse por no haber investigado adecuadamente más de 400 delitos sexuales en el condado, malgastar $103 millones de dos fondos carcelarios en un período de ocho años al dedicarlos a otras operaciones, y encabezar pesquisas anticorrupción fallidas en contra de funcionarios del condado con los que Arpaio tenía diferencias.

La Junta de Supervisores del condado de Maricopa no cumplió con la solicitud de incorporar en su agenda para enero una resolución en la que se exija la renuncia de Arpaio. La junta tiene autoridad presupuestaria sobre el alguacil, pero no para despedirlo.
Este ha rechazado las exigencias de que renuncie y planea buscar un sexto período en el cargo el año próximo.

Poder limitado

La carencia de facultades de la junta para despedir a Arpaio no impidió que los detractores del jefe policial se presentaran para criticarlo, ni tampoco fue obstáculo para que un grupo integrado por menos personas lo defendiera.

"¿Cuál es el umbral de ustedes (la junta) para determinar cuándo se ha cometido una injusticia?", preguntó Chad Snow, presidente del Ciudadanos por una Arizona Mejor, un grupo que encabezó el esfuerzo para quitar del puesto al ex presidente del Senado estatal, Russell Pearce, y que recientemente lanzó una campaña para hacer que otros funcionarios electos expresaran su oposición al alguacil.

El segundo jefe de la oficina del Alguacil de Maricopa, Jerry Sheridan, dijo que los críticos de Arpaio buscan su renuncia en base a información engañosa sobre los casos de delitos sexuales y que el jefe policial actuó de inmediato para hacer que 30 detectives investigaran los casos después que los problemas salieron a la luz.

"Los agentes de policía cometen errores. No es algo que ocurra solamente en la oficina del alguacil. En todo el condado estamos manejando muchos asuntos en estos momentos relacionados con casos de crímenes sexuales. Una cosa que el alguacil sí hizo fue tomar acción inmediata cuando se percató que había un problema", afirmó Sheridan, declaración que hizo que muchos opositores de Arpaio comenzaran a toser ruidosamente mientras intentaba concluir sus comentarios a la junta.

La oficina del alguacil tuvo que reabrir 432 casos de delitos sexuales -entre ellos decenas de presuntos abusos a niños- que no habían sido investigados en forma adecuada o no fueron examinados para nada durante un período de tres años que concluyó en 2007.

Arpaio ofreció disculpas la semana pasada por las fallas en las investigaciones.

Serias acusaciones

La semana pasada The Associated Press reveló que más de 400 denuncias de delitos sexuales hechas ante la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, entre el 2005 y el 2007 -incluyendo decenas de supuestos abusos a menores de edad- no fueron adecuadamente investigadas. Y que en algunas instancias ni siquiera se trabajó en ellas, de acuerdo con oficiales de policía que trabajan o trabajaron en la oficina del alguacil y están familiarizados con los casos.

Solamente en El Mirage, donde la oficina de Arpaio ofrecía servicios policíacos por contrato, se descubrieron al menos 32 denuncias de abusos de menores -algunas víctimas tenían dos años de edad- a los que la oficina del alguacil no les dio seguimiento, incluso a pesar de que los sospechosos eran conocidos en todos los casos salvo en seis.

Muchas de las víctimas eran niños de inmigrantes sin permiso legal para estar en el país, dijo un oficial de policía de El Mirage retirado que revisó los expedientes.

Sin respuestas

Estas investigaciones fallidas han servido para abochornar al departamento, cuyo alguacil se describe a sí mismo como el "Alguacil más duro de Estados Unidos" y es un referente importante de los conservadores por sus esfuerzos por combatir la inmigración ilegal.

La oficina de Arpaio se negó en repetidas ocasiones durante meses a responder preguntas sobre las investigaciones y declinó una petición de registros públicos para un reporte de asuntos internos, citando acciones disciplinarias potenciales.

Brian Sands, un alto funcionario que está a cargo de disciplinar a cualquier empleado responsable de irregularidades, pudo hablar después sobre los casos. Declinó, no obstante, hablar sobre el motivo de que no hubieran sido investigados. "Aquí se han cometido violaciones a las políticas" del departamento, dijo Sands. "Es obvio, pero no puedo comentar de quién o cuáles".

La oficina del alguacil fue contratada para suministrar servicios policíacos en El Mirage ya que la ciudad tenía problemas con su entonces departamento de policía. Cuando terminó el contrato y regresó la policía a El Mirage, la ciudad pasó un año escudriñando en capas y capas de inquietantes casos no completados.

Trato deficiente

El detective de El Mirage Jerry Laird, que revisó algunas de las investigaciones, se enteró por un resumen del alguacil de entre 50 a 75 casos que tomó de la oficina de Arpaio que mostraba que una abrumadora mayoría de ellos no habían sido tratados como correspondía.

En otras palabras, no había informes de seguimiento, no hubo recolección de evidencia forense y no se hizo esfuerzo alguno más allá del reporte inicial del crimen.

Arpaio reconoció que su oficina había completado una investigación interna sobre las investigaciones inadecuadas, pero dijo que "no creo que sea correcto entrar en eso hasta que no lleguemos al fondo y veamos si hay acciones disciplinarias en contra algún empleado".

Una pequeña cantidad de casos de El Mirage fueron pasados a los fiscales, pero el Departamento de Policía de El Mirage dijo que ya era demasiado tarde para investigarlos: la evidencia anterior al 2006 a menudo ya no servía o ni siquiera fue recolectada, las víctimas se habían mudado o ya no querían lidiar con esos episodios de sus vidas.

Órdenes "de arriba"

Bill Louis, entonces asistente del jefe de policía de El Mirage que revisó los archivos luego de que el contrato del alguacil terminara, cree que la decisión de ignorar los casos fue tomada deliberadamente por los supervisores en la oficina de Arpaio, no por investigadores individuales.

"Conozco a los investigadores. No puedo creer que ellos hayan ignorado estos casos. No hay manera", dijo Louis. "La orden debió venir de arriba".

Louis cree que quien haya tomado la decisión sabía que los inmigrantes sin permiso legal de estar en el país, que frecuentemente están de paso o le temen a la policía, muy difícilmente se quejarían por la calidad de la investigación. Dijo que algunos casos involucraba incluso a familias con permiso legal de estar en el país.

El Mirage le pagó a la oficina del alguacil 2,7 millones de dólares por una amplia gama de servicios policiales desde 2005 hasta mediados de octubre de 2007, luego de que el Departamento de Policía fue criticado por una auditoría que determinó que era poco organizado y estaba mal supervisado y mal administrado.

Patrón de denuncias

Los registros policíacos de El Mirage obtenidos por The Associated Press en archivos públicos establecen un patrón de denuncias de delitos sexuales que no fueron investigadas por la oficina de Arpaio.

De acuerdo con Sands y Scott Freeman, un oficial del alguacil que escuchó quejas del entonces jefe de policía de El Mirage Mike Frazier sobre la calidad de las investigaciones de las denuncias de abusos sexuales, más de 400 casos en todo el condado fuero reabiertos. Freeman le dijo a los investigadores externos que examinaban el desempeño de la oficina de Arpaio hicieron varios arrestos en los casos reabiertos.

El reporte de abril del 2011 sobre supuestos errores de gestión dijo que la investigación interna de la oficina del alguacil fue interrumpida dos veces y reanudada en diciembre de 2010.

Aunque se ha intentado hacer un seguimiento de los casos, el asunto se ha complicado ya sea porque las víctimas no quieren continuar el proceso, o porque su paradero es desconocido o no contestan a la búsqueda de la policía.


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