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Tras éxodo de inmigrantes, Alamaba emplea presos

Birmingham. La Nación. | 17 de Diciembre de 2011 a las 00:00

Alabama planea recurrir a una vieja práctica para cubrir miles de empleos que abandonaron los trabajadores latinos que huyeron de allí luego de que el estado implementara su ley contra la inmigración: reemplazarlos con prisioneros.

Luego del éxodo que desató la dura ley creada para desterrar a los inmigrantes indocumentados, el gobierno estatal, acorralado por los reclamos de los empresarios, comenzó a estudiar la posibilidad de recurrir a un programa de empleo para prisioneros que existe desde 1972, y que, además, nutre con sus ingresos las arcas públicas.

"Ha sido difícil encontrar gente que pueda trabajar por períodos de tiempo extendidos en los campos", dijo a La Nacion Brett Hall, comisionado adjunto del Departamento de Agricultura de Alabama.

El próximo mes, los viveros y las granjas del sur del estado comenzarán las plantaciones de árboles y flores, y temen no encontrar suficientes trabajadores.

"Tenemos una escasez crónica de mano de obra en algunos sectores clave de la economía", reconoce Hall. La agricultura es uno de los sectores más golpeados por el éxodo de los latinos. Pero esa huida -Hall estima que unos 100.000 inmigrantes dejaron Alabama- afectó también a la construcción, la industria y la hotelería.

Tal como ocurrió en Arizona, no pasó demasiado tiempo antes de que los empresarios locales levantaran la voz. La Alianza de Empresas de Birmingham emitió días atrás un comunicado en el que reclamó revisar la ley porque "no refleja los valores de equidad y compasión adoptados por los ciudadanos de Alabama".

En medio del repudio a la ley, el gobernador de Alabama, Robert Bentley, comenzó a abandonar su intransigencia y prometió cambios a la controvertida iniciativa, la más dura que se haya aprobado jamás en Estados Unidos en contra de los inmigrantes.

Todo podría terminar antes de que Bentley introdujera cualquier cambio, cuando la Corte Suprema de Justicia emita su opinión sobre una ley de Arizona, la primera iniciativa "antiinmigrante", que luego fue copiada por otros estados del país, entre ellos, Alabama.

Pero hasta que eso ocurra, las granjas, las fábricas y los negocios de Alabama deberán encontrar la manera de reemplazar a los latinos que se fueron entre gallos y medianoche.

Brian Corbett, vocero del Departamento de Correcciones de Alabama, dijo que hay unos 2000 prisioneros en condiciones de salir a realizar trabajos, pero muchos de ellos ya tienen empleos. Hall dijo que sólo el sector agrícola necesita al menos 1000 trabajadores el próximo mes.

Ya un programa de empleo agrícola que promocionó Bentley apenas comenzaron a asomar las consecuencias de la ley resultó un fracaso. La idea era que algunas de las casi 200.000 personas desempleadas de Alabama reemplazaran a los inmigrantes indocumentados en las granjas.

Hasta principios de diciembre, sólo 845 personas se habían anotado en ese programa, según cifras del Departamento de Relaciones Industriales.

Vieja práctica

La propuesta de Alabama de contratar a prisioneros, a los que se les paga por su trabajo, es similar a una iniciativa que propuso el gobernador de Georgia, Nathan Lewis, en junio último, luego de que el estado aprobara su propia ley "antiinmigrante". Ambas iniciativas reflejan una práctica que en Estados Unidos es tan antigua como algunas de sus prisiones: el trabajo penitenciario.

"Tenemos una historia muy fea en este país de abuso de trabajadores presos", indicó a La Nacion David Fathi, director del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés).

Fathi dijo que en muchos estados los prisioneros no están protegidos por las mismas leyes que el resto de los trabajadores, como, por ejemplo, el derecho a percibir un salario mínimo o de elegir si se unen a un sindicato.

Hall dijo que los prisioneros de Alabama cobran a veces un salario superior al mínimo. Pero, aun así, el Departamento de Correcciones se queda con el 40% de cada dólar que gana un convicto.

Aunque Fathi enumeró beneficios del trabajo penitenciario -una vez en libertad, una persona puede mantener el trabajo que consiguió como convicto, y puede incluso haber ahorrado dinero o cancelado deudas-, también dijo que, en el contexto legal actual de Estados Unidos, existe un serio riesgo de explotación.

"Hay también consecuencias sociales. No queremos una situación en la que las empresas y los gobiernos tengan un incentivo financiero para tener poblaciones carcelarias más grandes", concluyó Fathi.

 


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