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Exigen renuncia de Arpaio en Arizona

Washington. PL. | 27 de Diciembre de 2011 a las 00:00

Activistas latinos en Arizona, Estados Unidos, exigieron este martes la renuncia del polémico alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, y exigieron a las autoridades policiales abandonar lo que denominan perfil racista contra los hispanos.

Varios ciudadanos celebraron la víspera un fallo judicial que prohíbe a los agentes detener a personas por la única sospecha de que se encuentran en el país sin papeles, reportó el diario Arizona Republic.

La decisión del jurado también reconoce a miles de latinos detenidos o interrogados por la oficina del alguacil la posibilidad de interponer una demanda civil al respecto, agregó el periódico.

La semana anterior, varias personas interpusieron un recurso legal contra Arpaio por discriminación racial y argumentaron que los agentes del orden detuvieron a conductores hispanos solo para investigar su situación migratoria.

La queja se sumó a otras violaciones y prácticas discriminatorias imputadas al funcionario por parte del Departamento de Justicia, luego de una pesquisa realizada desde 2008.

En su informe las autoridades señalaron que bajo el mando del alguacil, considerado el más severo del país, se realizaron inspecciones, requisas y detenciones inconstitucionales.

También se comprobó la imposición de una política de uso exclusivo del inglés en las cárceles, lo cual afecta a las personas con limitado dominio de ese idioma.

De acuerdo con informaciones divulgadas en diarios locales, el jefe policial lleva al límite la acción de los efectivos contra la inmigración ilegal y suele declararse intolerante ante el delito.

Los activistas elogiaron la sentencia como una confirmación de que los agentes no están autorizados a expulsar a nadie por solo pensar que pueda carecer de papeles.

La mera presencia no es un crimen, explicó Antonio Bustamante, defensor de derechos civiles y director de la Asociación de Abogados Hispanos de Arizona.

Lydia Guzmán, directora ejecutiva de una organización de defensa de los inmigrantes alertó que continuará documentando historias de personas maltratadas por la oficina de Arpaio, como quienes fueron esposados durante horas hasta demostrar que estaban en el país legalmente, citó el rotativo.

El abogado de Arpaio indicó que apelará la decisión y que los agentes continuarán cumpliendo con las actuales leyes migratorias.

El tema migratorio constituye una de las asignaturas pendientes del presidente Barack Obama quien después de tres años en la Casa Blanca, mantiene incumplida su promesa de aprobar una reforma migratoria adecuada.

Frente a la vacilación federal sobre el asunto, estados como Alabama, Arizona, Georgia, Carolina del Sur, Utah e Indiana amenazan con oficializar medidas radicales que criminalizan la estancia de indocumentados en esos territorios.

Permanecen en la nación unos 300 mil casos de personas en un limbo migratorio sobre quienes pesa la orden de expulsión definitiva, como parte de las disposiciones establecidas por el controvertido programa Comunidades Seguras.

Un informe de la Coalición Pro Derechos del Inmigrante en Los Ángeles, estimó a inicios de octubre que durante sus dos primeros años, la actual administración deportó a por lo menos un millón 400 mil inmigrantes, incluso a algunos por una simple multa de tránsito.

 


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