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Miedo de empresarios causa desempleo entre latinos

Agencia AP. Desde Denver, Colorado. | 19 de Marzo de 2007 a las 00:00
Las nuevas leyes inmigratorias de Colorado, que entraron en vigor en enero del 2007, han hecho que muchas empresas constructoras dejen de aceptar contratos y de tomar personal por temor a ser sancionadas por emplear a trabajadores indocumentados, según el portavoz de un grupo constructor. En declaraciones este fin de semana al diario Summit Daily News, Dave Koons, presidente de la Asociación de Constructores de Casas del Condado Summit (en las Montañas Rocosas del oeste de Colorado), dijo que las nuevas leyes han "elevado el nivel de miedo" en la industria de la construcción. La asociación presidida por Koons agrupa a unas 50 empresas que trabajan mayormente en los centros de esquí y de turismo en el oeste de Colorado. La principal preocupación de los gerentes de esas empresas, explicó Koons, es que el gobierno estatal imponga sanciones económicas o presente cargos criminales contra empresas que sin saberlo contraten a indocumentados, sea directamente o indirectamente, por medio de subcontratistas. Koons puntualizó que, en el caso de los subcontratistas, una multa o una sanción estatal "podría hacer que esos empresarios lo pierdan todo". Las actuales leyes de Colorado, aprobadas durante una sesión especial de la legislatura estatal en julio del 2006, imponen una multa de 5.000 a 25.000 dólares si los inspectores verifican que cualquier empresa (no sólo de construcción) está empleado a inmigrantes indocumentados. Las nuevas leyes también requieren que los empleadores mantengan en sus archivos durante tres años una copia de los documentos presentados por los empleados para verificar que el empleado está legalmente en Estados Unidos. Para evitarse problemas, las empresas constructoras han modificado los contratos que ofrecen a las compañías subcontratistas, exigiendo que sean esas compañías quienes comprueben la autenticidad de los documentos presentados por los empleados y potenciales empleados. Esa situación, comentó Koons, ha hecho que varias compañías subcontratistas despidan a personal (sin importar la situación inmigratoria del trabajador), no contraten nuevos empleados, o renuncien a contratos o proyectos ofrecidos por el gobierno. La Asociación de Constructores de Casas del Condado Summit contrató recientemente al abogado de inmigración Eric Fisher para que capacite a los empresarios en cuanto al cumplimiento de las nuevas leyes. Según Fisher, las empresas constructoras enfrentan varios desafíos. Por ejemplo, cada vez resulta más difícil, incluso para los expertos, diferenciar entre un documento auténtico y uno falso. Además, aunque los empresarios pueden acudir a la base de datos del gobierno federal, por medio del programa Basic Pilot (una base de datos en Internet del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos), ese programa es "en cierta forma defectuoso", dijo Fisher, ya que el programa sólo verifica que el nombre dado por el empleado corresponda con el número de seguro social presentado, pero no detecta si ese seguro social fue robado. Por otro lado, el programa Basic Pilot no sirve para verificar la documentación de potenciales empleados sino sólo de personas que ya fueron contratadas por una compañía. De acuerdo con una notificación de la Oficina de Servicios Legales Legislativos de Colorado, las compañías deben verificar la documentación de los empleados contratados después del 7 de agosto del 2006 y no quienes ya trabajaban desde antes. Otro desafío, de acuerdo con Fisher, es el hecho que el gobierno de Colorado aún no ha especificado cómo piensa hacer cumplir las nuevas leyes, por lo que, a pesar de que las leyes están en vigor desde hace dos meses y medio, todavía existe "mucha confusión" entre los empresarios. Por ejemplo, la ley HB06-1017 requiere que las empresas verifiquen "la situación legal de trabajo" de los nuevo empleados y envíen los documentos correspondientes dentro de los 20 días al Departamento de Trabajo de Colorado. Pero HB06-1017 no define el significado de "situación legal de trabajo", por lo que, según un artículo publicado en la edición de marzo del 2007 de la revista Colorado Construcción, muchos empresarios erróneamente interpretaron que sólo debían enviar al Departamento de Trabajo de Colorado copias de los documentos y formularios que también se envían al gobierno federal, como los formularios I-9 y W-9. Y según una reciente encuesta realizada por Colorado Construction, un 75 por ciento de las empresas constructoras del oeste de Colorado carecen del número de adecuado de empleados como para finalizar los proyectos en los que esas empresas ya están trabajando. Por su parte, Richard O'Brecht, director ejecutivo de Contratistas Generales Asociados de Colorado, declaró que "la industria de la construcción quedará incapacitada sin los trabajadores inmigrantes", informó el diario Rocky Mountain News. Según O'Brecht, un 75 por ciento de los obreros de la construcción de Colorado son latinos y dijo que, aunque los empleadores sospechan que muchos de esos trabajadores son indocumentados, "los empleadores necesitan a esos obreros". O'Brecht opinó que, sin esos obreros, "no hay nadie que haga el trabajo".

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