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Las leyes migratorias de EEUU son una madeja, según expertos

Agencia AP. Desde Scranton, Pennsylvania. | 19 de Marzo de 2007 a las 00:00
Las leyes sobre inmigración ilegal a nivel federal son tan complejas que podría tomar años para que el gobierno decida si una persona tiene o no permiso para residir en el país, dijo un experto al declarar el lunes en el juicio sobre las acciones contra los indocumentados. Stephen Yale-Loehr, abogado experto en migración y uno de los autores de un tratado de 20 volúmenes sobre el tema, dijo que hay muchas formas en las que los indocumentados pueden "regular su situación", entre ellas casándose con un ciudadano estadounidense u obteniendo asilo político. E incluso si algunos enfrentan la deportación, pueden aprovechar el largo proceso de apelaciones al nivel federal, dijo. "Su estatus legal actual en cualquier momento no determina si continuará en Estados Unidos", dijo Yale-Loehr, al declarar en favor de los demandantes que pretenden que se impida la implementación de la llamada Ley de Ayuda contra la Inmigración Ilegal en Hazleton. La ley, aprobada el año pasado y copiada por decenas de poblaciones en todo el país, sanciona a los caseros que rentan viviendas a indocumentados y a las empresas que les dan empleo. Una medida que la acompaña requiere que los inquilinos se registren ante la alcaldía. La ejecución de los reglamentos ha sido suspendida, en tanto se decide sobre la demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y los grupos de activistas hispánicos, los cuales dicen que la acción usurpa el poder exclusivo del gobierno nacional sobre las políticas de inmigración, generan divisiones entre blancos e hispanos en la ciudad de 31.000 habitantes, y causan problemas económicos a los empresarios y propietarios hispanos. La ACLU llamó a declarar a Yale-Loehr con la finalidad de demostrar que las medidas locales no subsanan las deficiencias de las del fuego federal y podrían terminar afectando a personas que pueden obtener la residencia legal y se encuentran en medio del proceso para hacerlo. Previamente el lunes, un experto llamado por los representantes de la ciudad declaró que la inmigración ilegal reduce los salarios para los trabajadores menos calificados de Estados Unidos. George Borjas, un economista de la Universidad de Harvard partidario de políticas de inmigración más duras, realizó un estudio de 20 años que encontró que los salarios de trabajadores no calificados nacidos en Estados Unidos bajaron cerca de un 8% en el corto plazo debido a la mano de obra de los inmigrantes. El experto manifestó que los inmigrantes indocumentados probablemente reducen más los salarios porque "intentan dar trabajo por un salario menor que el que obtendrían si fueran trabajadores autorizados". Si Hazleton expulsa a los inmigrantes ilegales, dijo, "la demanda de trabajadores no autorizados bajaría, y eso podría, en el corto plazo, incrementar los salarios". Las conclusiones de Borjas han sido cuestionadas por otros economistas, quienes sostienen que se ha exagerado el impacto de la inmigración sobre los salarios. El jefe de policía local Robert Ferdinand, quien rindió testimonio el lunes sobre los arrestos de indocumentados, es esperado de regreso el martes. El juicio, el primero que examina los esfuerzos locales para frenar la inmigración ilegal, previsiblemente concluiría el jueves.

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