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Se extiende en California ola antiinmigrante

Agencia EFE. Desde San Francisco, California. | 21 de Marzo de 2007 a las 00:00
Con la aprobación en Mission Viejo de una ordenanza que obliga a los contratistas de la ciudad a revisar el estado legal de sus trabajadores, ya son varias las ciudades de California que pretenden controlar a la inmigración indocumentada. La ordenanza, que exige a los contratistas verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, fue aprobada el lunes por el consejo municipal con 5 votos a favor y ninguno en contra. La medida puede servir de modelo para otras ciudades que buscan acciones legales similares. "Entendemos la frustración de las ciudades al no tener una solución de las leyes federales, pero no estamos de acuerdo en que localmente se tomen estas medidas. Necesitamos una reforma integral", comentó, Álvaro Huerta, Director de Comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, CHIRLA. "Estas medidas aumentan el problema y no reconocen que los inmigrantes son un factor de desarrollo de la sociedad. Si lo que querían era poner miedo en los inmigrantes, pues ya lo han logrado" agregó Huerta. Por otra parte, otras organizaciones como la Federación por la Reforma Inmigratoria en Estados Unidos, FAIR, entidad que promueve el control legal de la inmigración indocumentada, están seriamente empeñadas en hacer cumplir las leyes de inmigración aunque sea a través de las autoridades locales. Ira Mehlman, portavoz de FAIR, afirmó en rueda de prensa, que los gobiernos locales están cansados de ver que el gobierno federal no es capaz de controlar la inmigración ilegal. "El gobierno local no puede deportar a nadie, pero lo que sí puede hacer es regular los negocios que sirven como un imán para atraer inmigrantes ilegales", dijo Melhman. A partir de julio, los contratistas de Mission Viejo, ciudad del condado de Orange, que no se acojan al programa perderán sus contratos. "Es preocupante. Demuestra que las autoridades locales están tomando el papel del departamento de inmigración para aplicar leyes que creemos están peligrosamente quebrantadas", indicó, Jorge Mario Cabrera, portavoz del Centro de Recursos Centroamericanos, CARECEN. "Las ciudades que lo han hecho, tienen un nivel económico alto, pero también utilizan el trabajo de los inmigrantes. La diferencia con estas ciudades es que están bien organizadas y hay el suficiente fervor xenofóbico para producir estas medias de la noche a la mañana", expresó Cabrera. Escondido, una ciudad cercana a Mission Viejo, suspendió permanentemente, a mediados de diciembre, una ordenanza que buscaba penalizar a quienes alquilaran sus propiedades a personas indocumentadas, por considerar que su defensa legal era demasiado costosa en tiempo, dinero y esfuerzo y que la ciudad podía buscar otras formas para garantizar el arriendo de viviendas. Sin embargo, en su declaración de motivos, la resolución de suspensión afirma que la inmigración ilegal lleva al aumento de la delincuencia, la sobrepoblación escolar, el deterioro de los servicios de salud, la destrucción de los vecindarios y "a la disminución en general de la calidad de vida". La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU, siglas en inglés) había demandado a esta ciudad por esta medida. Por su parte, Costa Mesa, también en Orange, 40 millas al sureste de Los Angeles, puso en vigor en 2006 una norma de colaboración entre la policía de la ciudad y las autoridades de inmigración. La policía informa al departamento de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, cuando una persona es detenida y no presenta documentación válida como ciudadano o residente. El arresto en enero de Marcelino Tzir Tzul, un guatemalteco indocumentado, quien manejaba su bicicleta en dirección contraria una mañana cuando iba a trabajar, desató las protestas de activistas que defienden los derechos de los inmigrantes. "¿Querrá la policía de verdad, arrestar personas como ésta, cuando hay muchos más que cometen crímenes reales?, reclamó a raíz del arresto el reverendo Oscar Ramírez de la iglesia Fuente de Amor, en Costa Mesa donde Tzir asistía a clases de Biblia. Costa Mesa con cerca de 110 mil habitantes, posee según cálculos oficiales, más de un 30 por ciento de población latina. Fuera de California, un tribunal federal de Scranton, Pensilvania, estudia la legalidad de otra iniciativa contra los inmigrantes indocumentados, similar a la de Escondido, aprobada por la ciudad de Hazleton (Pensilvania). La ordenanza, cuya aplicación ha sido suspendida temporalmente por un juez, además castiga a quienes den empleo a indocumentados y también fue demandada por ACLU por considerarla inconstitucional. Esta semana se espera la presentación de una ley de reforma de inmigración en el congreso. "Seguimos cautelosamente optimistas. Esperamos para el jueves que el congresista Gutiérrez (demócrata de Illinois), presente una propuesta de ley, que sabemos será amplia pero no conocemos los detalles", explicó Cabrera. "Es un año difícil para la reforma por la cercanía de las elecciones presidenciales. Calculamos que tenemos hasta agosto para que una medida pueda ser aprobada por el Congreso", anotó Huertas. Mission Viejo, cuyo lema es "La promesa de California", está situada aproximadamente a 45 millas al sureste de Los Ángeles y con una población de 98 mil habitantes, de los cuales el 76 por ciento son anglosajones y un poco más del 12 por ciento latinos.

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