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Inmigrantes con o sin papeles recibirán diálisis del gobierno de Arizona

Agencia EFE. Desde Tucson, Arizona. | 21 de Marzo de 2007 a las 00:00
El programa de seguro médico para personas de bajos recursos en Arizona (AHCCCS) pagará el costo del tratamiento de diálisis de inmigrantes con enfermedades renales avanzadas sin importar su estatus migratorio, pese a que leyes a nivel estatal y local les niegan la asistencia médica. La nueva medida, anunciada ayer martes, es parte de un acuerdo con el Instituto de Justicia William E. Morris, que hace cinco años había interpuesto una demanda contra AHCCCS en la que cuestionaba la definición de "emergencia" que utilizaba el programa. AHCCCS ahora considerará como emergencia el tratamiento de diálisis de pacientes con enfermedades renales en etapas terminales. En el 2001, el gobierno federal dictaminó que los tratamientos de diálisis no calificaban como "una emergencia", lo que provocó que AHCCCS suspendiera la cobertura de estos tratamientos. "Este acuerdo significa que a pesar del estatus migratorio de una persona y de las leyes estatales de Arizona, una persona de bajos recursos será elegible para recibir diálisis", dijo Ellen Katz, abogada del Instituto de Justicia William E. Morris. Katz destacó que este acuerdo salvará la vida de muchas personas que dependen de este tratamiento para poder sobrevivir, mientras esperan por un donante para un trasplante de riñones. "Si una persona que tiene fallas de los riñones no recibe la diálisis, su vida puede estar realmente en peligro", dijo la abogada. Indicó, asimismo, que como parte del acuerdo, AHCCCS se comprometió a notificar a los médicos, clínicas y hospitales sobre el derecho que tienen los pacientes con enfermedades renales avanzadas de recibir diálisis y que el gobierno pague por el cuidado. Por su parte, Rainey Holloway, vocera de AHCCCS, dijo que el costo anual de estos tratamientos será de aproximadamente 5.2 millones de dólares. El gobierno federal cubre cerca de dos tercios del costo del programa de asistencia pública de AHCCCS. Se calcula que cerca de 250 pacientes en Arizona serán beneficiados directamente por este acuerdo, de los cuales se desconoce cuantos de ellos son indocumentados. "Este acuerdo será un gran alivio para pacientes de bajos recursos", dijo Teresa Rosas, voluntaria en el hospital Santa María, quien afirmó que pese a que los tratamientos no fueron suspendidos, algunas personas no lo solicitaban por temor a que se les negara. De acuerdo con leyes federales y estatales, en Arizona, los inmigrantes indocumentados pueden recibir asistencia médica únicamente en caso de emergencia cuando su vida se encuentre en peligro. En el 2004, los votantes de Arizona aprobaron la ley 200, que niega el acceso a los inmigrantes indocumentados a ciertos programas de asistencia pública y exige a los empleados de estas dependencias reportar ante el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a los indocumentados que acudan a solicitar ayuda. Actualmente, se discuten en el legislativo estatal más de dos docenas de iniciativas de ley relacionadas con la inmigración ilegal, algunas de las cuales buscan ampliar los alcances de la ley 200.

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