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Fallo sobre ley antiinmigrante demorará meses

Agencia AP. Desde Scranton, Pennsylvania. | 22 de Marzo de 2007 a las 00:00
Un juez federal quien presidió un juicio de nueve días probablemente tardará meses en fallar si el operativo de Hazleton contra inmigrantes ilegales fue una respuesta razonable a un problema sobre los crecientes índices delictivos o un intento inconstitucional por regular la inmigración. El juez federal James Munley dijo que estaban en juego conceptos legales "muy complejos" y dio como plazo el mes de mayo para que cada parte presente argumentos adicionales en relación al caso, el cual gira en torno a si los gobiernos locales pueden actuar por su cuenta para frenar la inmigración ilegal. Kris Kobach, el fiscal del ayuntamiento, dijo en su argumento final que la ley federal y precedentes en la Corte Suprema claramente le dan a Hazleton el derecho de aplicar su Ley de Alivio de la Inmigración Ilegal, aprobada el verano anterior después de una gran cantidad de crímenes violentos que involucraron a inmigrantes ilegales. La ley tiene como blanco principal a los dueños de viviendas quienes rentan a inmigrantes ilegales y a los negocios que les dan trabajo. Una ordenanza que acompaña a esta ley exige que los inquilinos se registren ante el ayuntamiento. "Estas ordenanzas fueron redactadas con mucho detalle. Las violaciones a la constitución son imaginarias", expresó Kobach, profesor de leyes en la Universidad de Misurí. Pero Witold "Vic" Walczak, abogado de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU por sus siglas en inglés) mencionó en su argumento final que Hazleton había volteado los hechos para poder "satanizar a los indocumentados y convertirlos en sus chivos expiatorios injustamente" y culparlos por el crimen, escuelas sobresaturadas y otros problemas. "Tratar de achacar los problemas a los inmigrantes indocumentados es injusto", expresó Walczak, director legal de la ACLU de Pensilvania. La ACLU y un grupo defensor de los derechos de latinos, el Fondo para Defensa Legal y Educación de Puerto Rico, demandó a Hazleton para revertir dichas leyes, alegando que usurpaban la facultad del gobierno federal de regular la inmigración y que privaban a los residentes de sus derechos constitucionales a protección en igualdad de condiciones y a un proceso justo. Kobach calificó los argumentos legales de los demandantes de "tontos" y "absurdos". En particular, se burló del testimonio de un experto quien dijo que sólo un juez en materia de inmigración podía determinar el estatus migratorio de alguien. "Si uno cruza la frontera clandestinamente, se convierte en indocumentado en el momento en que pisa suelo estadounidense, no cuando dos años más tarde un juez dice, 'Vamos a deportarte'", expresó. Munley prohibió la aplicación de las medidas en Hazleton hasta que se resuelva el asunto en la corte, el primero caso en Estado Unidos en analizar los esfuerzos locales para reducir la inmigración ilegal. Docenas de ciudades grandes y pequeñas alrededor del país han seguido los pasos de Hazleton. La junta del ayuntamiento de Hazleton ha cambiado la ordenanza antiinmigrante varias veces con el afán de frustrar las objeciones legales de la ACLU, siendo la más reciente la noche del miércoles. La medida original indicaba que la raza y la etnia a la que alguien pertenece podrían usarse como fundamento para hacer una denuncia, siempre y cuando no fueran el "único o principal" factor - llevando a los demandantes a afirmar que la ciudad estaba aprobando el racismo. La junta del ayuntamiento eliminó esas tres palabras el miércoles, invalidando toda denuncia basada en la raza o grupo étnico, incluso si es de forma parcial. En otro giro, la junta también dijo que los negocios no serían penalizados a menos que emplearan a inmigrantes "a sabiendas" de su estatus ilegal.

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